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Jueves, 22 Agosto 2024 08:00

Participación Electoral

La literatura académica sobre calidad de la democracia suele utilizar a la participación política como variable explicativa. Cada vez que nos involucramos en asuntos públicos, exigimos a los gobiernos o nos asociamos para hacer cosas en común, fortalecemos capacidades cívicas. La métrica más contundente es la asistencia a las urnas, pues es la prerrogativa ciudadana del sufragio la que nos permite decidir quiénes nos representarán y cuál programa nos convence más.

 

A pesar de la importancia de esta última variable, todavía se conoce poco sobre los factores que determinan la participación electoral. La ciencia todavía no define con precisión qué aspectos propiciaron que 61 de cada 100 personas inscritas en la lista nominal mexicana participaran en la elección federal de 2024.

 

Una de las respuestas más socorridas tiene que ver con la obligatoriedad del voto. El caso mexicano es curioso porque, si bien nuestra Constitución establece que el sufragio es obligatorio, jamás se ha sancionado la abstención. Un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) encontró que en América Latina la participación electoral es más alta en los países en los que es obligatorio votar, aunque no haya sanción (65%), comparado con los países en los que no lo es (55%). No obstante, cuando observamos la participación electoral en los países en los que es obligatorio y hay sanción, ésta en promedio alcanza el 82%.

 

Pero más allá de medias nacionales, los países federados ofrecen información interesante, ya que suelen registrar distintas tasas de participación entre sus entidades. En el caso mexicano Yucatán suele tener una mayor propensión al sufragio. En las elecciones 2024 ese estado, junto con Tlaxcala y Ciudad de México mantuvieron tasas por encima del 70%. Baja California fue la entidad con la menor participación, por abajo del 50%.

 

Inclusive dentro de cada entidad federativa hay variaciones importantes a nivel municipal. En la elección mexiquense de 2024, por ejemplo, participó el 65% de la población, un incremento importante (11%) respecto de los comicios de 2021. Este año fueron ejemplares los casos de Soyaniquilpan de Juárez, Timilpan y Texcalyacac que estuvieron por encima del 80%, superando sus propios niveles de participación en la elección de gubernatura 2023.

 

Estas variaciones específicas nos llevan a preguntar ¿existen otros factores que motiven que en unas comunidades se vote más que en otras? Dieter Nohlen, quizás el más afamado politólogo alemán, después de estudiar las tasas de participación en el mundo, agrupó las respuestas en tres grandes grupos: la complejidad de la administración electoral; el des/encanto por la política y el distanciamiento de las personas con la participación política –ya sea por marginación social o desafección por la política en lo general.

 

En efecto, no basta con multiplicar la cantidad de casillas y hacerlas accesibles a la ciudadanía. Las personas votan porque quieren influir en la política pública, porque aspiran a que determinadas propuestas se concreten en obras de gobierno. Por eso es que las propuestas de los partidos y candidaturas, así como las trayectorias de quienes aspiren a la representación popular son fundamentales para motivar el sufragio. En palabras de Nohlen, “la experiencia histórica y comparativa muestra que el nivel técnico, educativo y comunicacional de los organismos electorales no basta para generar un aumento de la participación electoral”.

 

La participación política no se agota al momento de votar. Si bien ya transcurrió la jornada electoral más grande de la historia, la ciudadanía tiene mucho que aportar al quehacer público en la medida en que se involucre en la construcción de soluciones. La democracia se fortalece cada vez que ejercemos nuestros derechos.

De acuerdo con Naciones Unidas, los pueblos indígenas constituyen el 6% de la población mundial y habitan el 28% de la superficie del planeta. Representan, por supuesto, una de las mayores fuentes de diversidad del planeta. La UNESCO estima que estos grupos poblacionales representan 5 mil culturas existentes.

 

A pesar de esa contribución, históricamente los pueblos indígenas han tenido que luchar para que se reconozcan sus formas de vida, sus identidades, sus formas de participación política y hasta el derecho sobre sus territorios. Lo hacen, además, en condiciones de desventaja, pues representan el 15 por ciento de los más pobres en el mundo.

 

Para visibilizar los múltiples aportes de los pueblos indígenas y hacer claras sus demandas, en 1994 la Asamblea General de la ONU decidió conmemorar anualmente –los 9 de agosto– el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Doce años más tarde la propia Asamblea adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento internacional de vanguardia que brinda reconocimiento internacional a sus derechos humanos y colectivos, incluyendo el derecho a la autodeterminación; la consulta previa e informada, y el derecho a mantener y desarrollar sus propias culturas y tradiciones.

 

La Declaración es clara cuando afirma que estos pueblos tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales. De hecho, este año el Secretario General de la ONU puso el énfasis en los más de 200 pueblos que voluntariamente viven en aislamiento voluntario en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador e India, entre otros.

 

No obstante, el instrumento internacional abre una posibilidad más amplia, pues reconoce que los pueblos tienen derecho a “participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.”

 

Por fortuna, en el caso mexicano muchos pueblos y comunidades indígenas han manifestado abiertamente su voluntad de participar en la vida política de la nación y de sus entidades federativas. Aunque lo hacen constantemente, en ese camino han encontrado limitaciones formales e informales. Subsisten todavía en nuestro país normas e instituciones que fueron concebidas desde un supuesto mestizaje universal y raza cósmica que invisibiliza las características y necesidades específicas de los pueblos indígenas.

 

Por eso es de celebrar que la Constitución de nuestra entidad reconozca la composición pluricultural y pluriétnica del Estado de México, así como la existencia de los pueblos Mazahua, Otomí, Náhuatl, Matlazinca y Tlahuica. No lo es tanto que, en la historia democrática de la entidad, estos grupos y sus liderazgos hayan tenido una representación apenas marginal.

 

Lo cierto es que la representación política se fortalece en la medida en que todos los grupos sociales tengan cabida en la deliberación. Sólo así surgen políticas públicas incluyentes que se nutren de conocimientos colectivos y atienden las demandas generales de todas y todos.

 

Con ello en mente, este año el IEEM adoptó –por ver primera en su historia– acciones afirmativas que operaron en la elección de diputaciones y ayuntamientos. Gracias a su puesta en marcha –y evidentemente a la capacidad de las personas candidatas– tres mujeres indígenas ocuparán curules en el Congreso Local. Además, quince personas, también indígenas, representarán a estos pueblos en cargos municipales.

 

Me parece clave enfatizar que estas acciones afirmativas no surgieron en oficinas institucionales. Conforme a lo establecido en la Convención 169 de la OIT, partieron de una consulta previa e informada a los pueblos interesados. Fueron éstos quienes dijeron al IEEM su sentir respecto de las medidas que habrían de adoptarse para competir en condiciones de igualdad.

 

La cada vez más intensa presencia de representaciones indígena en la toma de decisiones fortalecerá la vida política del estado. 2024 demostró que la inclusión es posible y que hay liderazgos indígenas preparados para competir y triunfar.

 

Viernes, 27 Septiembre 2024 08:00

¿Quiénes integran los institutos electorales?

Ayer el Consejo General del INE designó consejerías de 20 institutos electorales locales. Con este hecho, se cubrió el relevo escalonado

 

Ayer el Consejo General del INE designó consejerías de 20 institutos electorales locales. Con este hecho, se cubrió el relevo escalonado que mandatan la Constitución y la legislación electoral.

 

En 2014 se aprobó una reforma constitucional de gran calado que apostó por mejorar la institucionalidad democrática en el país. Antes de la modificación normativa, las autoridades electorales de las entidades federativas surgían de procesos políticos en que los congresos locales designaban a personas que gozaran de la confianza de los partidos. En ocasiones esa fórmula minó los márgenes de autonomía de algunas de las personas designadas.

 

La enmienda del 2014 cambió esa ecuación y apostó por la independencia de los institutos electorales locales y a que fueran dirigidos por especialistas con una alta preparación técnica. Quienes arriban a sus Consejos Generales ya no pasan por el tamiz de los consensos partidistas, sino que surgen de procesos públicos, abiertos y exhaustivos donde sus méritos –y sólo éstos– son los que cuentan.

 

El concurso de este año ejemplifica bien este ideal. Después de que el INE emitió convocatorias públicas para las entidades donde existían vacantes, se desarrolló un concurso de cinco etapas. Una vez que se verificó que las y los aspirantes cubrieran con los requisitos de ley, éstos debieron presentar un examen de conocimientos electorales y redactar un ensayo donde resolvieran problemas hipotéticos en la aplicación del derecho electoral.

 

Los textos fueron evaluados por personas externas de la academia, quienes desconocían su autoría. Además, quienes aprobaron esas primeras etapas fueron sometidos y sometidas a un examen de habilidades gerenciales y a una entrevista por parte de consejeras y consejeros de la autoridad nacional. Los videos de las audiencias están disponibles para consulta, a efecto de que se pueda verificar la congruencia entre el desempeño y la calificación otorgada.

 

Cabe destacar que las representaciones partidistas de los ámbitos nacional y estatal fueron consultadas para conocer si hubiere antecedentes objetivos en la trayectoria de las personas que las hicieran incompatibles para ocupar los cargos.

 

Para poner las cosas en perspectiva, casi 2 mil personas participaron este año en los procesos de selección. De ese universo, apenas el 3% fueron designadas y tomarán protesta. En aquellos casos donde no hubo consenso o no se encontraron perfiles idóneos para ocupar alguna vacante, el INE declaró el concurso desierto.

 

Me parece importante abonar que, aunque la meritocracia tiene críticas inherentes a su funcionamiento en una sociedad con desigualdades profundas, el principio de paridad permea en el proceso de selección mexicano para garantizar que mujeres y hombres tengan igualdad en oportunidades para ejercer cargos públicos. Derivado de esos esfuerzos de nivelación, algunas entidades tendrán mayorías de mujeres en sus órganos de dirección.

 

En el caso del Estado de México, el Consejo General estará totalmente integrado por mujeres. Es un orgullo que el estado más poblado del país haya logrado visibilizar cuadros femeninos que hoy lideran la gubernatura, la mayoría del congreso y las presidencias de las autoridades electorales administrativa y judicial. El cambio debe resaltarse, si se considera que hasta hace un par de décadas era apenas marginal la probabilidad de que alguien que no fuera varón ocupara un cargo de relevancia en los sectores público y privado de la entidad.

 

México tiene en sus institutos electorales locales un activo democrático de primera importancia. Esto es así porque el proceso de selección de sus dirigencias asegura independencia y profesionalismo, al tiempo que las normas comiciales aseguran estándares de calidad en todo el territorio nacional.

 

Felicito a las y los colegas que el próximo 1º de octubre iniciarán una nueva etapa en la institucionalidad democrática del país.

 

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA

Viernes, 13 Septiembre 2024 08:00

¿Sirven los debates?

En otros momentos el debate presidencial hubiera sido menos trascendente. Los estudios de opinión pública han demostrado consistentemente que estos ejercicios tienen un efecto apenas marginal en la intención de voto

 

Los ojos del mundo están puestos en las elecciones de Estados Unidos por la importancia de aquel país como potencia mundial. Pero hay un dato inusual que en 2024 ha despertado un interés adicional: la sustitución del otrora candidato del Partido Demócrata, aun cuando el proceso estaba muy avanzado. Como es sabido, de cara al errático desempeño que tuvo en el primer debate, el actual presidente, Joe Biden, declinó a su nominación.

 

Es en ese contexto que el debate presidencial entre la candidata Demócrata sustituta, la vicepresidenta Kamala Harris, y el expresidente Republicano Donald Trump atrapó la atención. Mientras que de la primera se desconocía su capacidad de debatir, el segundo es conocido por ser un orador con mente ágil y una retórica feroz. 

 

En otros momentos el debate presidencial hubiera sido menos trascendente. Los estudios de opinión pública han demostrado consistentemente que estos ejercicios tienen un efecto apenas marginal en la intención de voto. Se dice que las y los posibles electores perciben a quienes discuten desde sus preconcepciones políticas, de manera que los debates suelen simplemente confirmar prejuicios.

 

En esta coyuntura, sin embargo, estados como Arizona, Georgia, Michigan y Pennsylvania reflejan intenciones de voto prácticamente empatadas. Esto provoca que los debates presidenciales adquieran una importancia adicional. Cualquier cambio en las preferencias –por mínimo que sea– puede ocasionar que alguno de esos estados se decida en favor de un partido u otro.

 

En cuanto al contenido del debate, deben destacarse tres aspectos. Resaltó su formato y flexibilidad. Fue refrescante presenciar una discusión sin tapujos. Ambas personas candidatas mostraron lealtad a sus ideologías y electorado. Abiertamente hablaron de sus posturas respecto al aborto, inmigración, economía y relaciones exteriores –específicamente Rusia-Ucrania e Israel-Palestina–. En otros contextos, temas tan polémicos son omitidos por las candidaturas para que su posicionamiento no ahuyente a potenciales adherentes.

 

Al respecto, es de reconocer el trabajo de quienes moderaron el ejercicio. No solo pusieron sobre la mesa preguntas clave y contundentes, sino que además hicieron verificación de datos en tiempo real. Frente a declaraciones graves de Trump, Linsey Davis y David Muir llamaron directamente a oficinas gubernamentales para hacer su análisis respecto de la veracidad de las afirmaciones.

 

El segundo aspecto a resaltar proviene de la representación descriptiva que ofrece Kamala Harris: mujer, asiática y afroamericana. La candidata rompe con lo que se creía imposible para Barack Obama y Hillary Clinton, y lo lleva un paso más allá. Aunque su feminismo ha merecido opiniones mixtas en diversos medios de comunicación, el hecho es que romper ese techo de cristal en un país que ha tenido tantos problemas alrededor del sexismo y del racismo tiene valía. En caso de salir triunfante, su electorado se hará cargo de exigirle rendición de cuentas y representación sustantiva.

 

Ello me lleva al tercer elemento a resaltar: el desempeño de Harris. Desde los primeros minutos del debate pudimos verla dominar el espacio. La candidata se acercó al pódium de Trump para estrechar su mano, con lo que sorprendió con un gesto inusual. Con este lenguaje corporal comenzó a sentirse cómoda. Su narrativa se estableció desde el abordaje del primer tema. Mientras ella presentaba sus propuestas en contraposición al actuar del expresidente, él se dedicaba a defender las acciones y decisiones por las que era criticado. Más allá de su oratoria, la Vicepresidenta demostró ser buena estratega al orillar a su rival a confesar principios altamente cuestionables.

 

La ciudadanía fue quien verdaderamente ganó con el dinamismo de este ejercicio. Fue ésta la que pudo, no sólo conocer las propuestas de las candidaturas, sino también saber cuáles son sus principales contrastes. El electorado se enriquece en cada espacio en que la oferta política se exhibe con nitidez.

 

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA

Viernes, 30 Agosto 2024 08:00

Elecciones en contextos violentos

Pero los procesos comiciales no ocurren en el vacío. Se conjugan con el contexto político, social y hasta económico de las comunidades en que ocurren

 

El pasado 2 de junio se llevaron a cabo las elecciones más grandes en la historia de nuestro país. Las instituciones democráticas y la ciudadanía demostraron, nuevamente, que el sufragio es la vía óptima para conducir el relevo del poder político en forma pacífica y civilizada.

 

Pero los procesos comiciales no ocurren en el vacío. Se conjugan con el contexto político, social y hasta económico de las comunidades en que ocurren. Cuando el marco institucional es adecuado, éste garantiza que las elecciones se den inclusive en entornos complejos.

 

Por eso, al poner en retrospectiva las elecciones de este año, conviene incluir en el análisis los episodios de violencia que se han registrado en las últimas décadas. Su sombra pone en riesgo la libertad y autenticidad del sufragio, de manera que ha sido necesario incorporar esta variable en el diseño, planeación y ejecución de los comicios. 

 

La teoría suele enfocar el problema de la violencia electoral entre dos extremos. El primero supondría un escenario hipotético en que la gobernanza criminal está tan bien afianzada que las elecciones transcurren pacíficamente. El segundo polo en la literatura académica refiere aquellos casos en donde la violencia tiene niveles extraordinarios, pues más de un grupo del crimen organizado está buscando controlar el territorio en cuestión. 

 

Como lo ha documentado “Votar entre Balas”, las elecciones mexicanas han tenido lugares y momentos que se ubican entre esas dos posibilidades. Son preocupantes las cifras de personas que han muerto en su intento por participar en la política, así como los contextos específicos en que han ocurrido. Además de la pérdida de vidas humanas, la violencia ha traído consigo efectos asociados a la participación electoral, la igualdad de las contiendas y la mecánica de trabajo de las instituciones electorales. 

 

De ahí la necesidad de documentar la manera en que la administración electoral mexicana asumió el riesgo l de violencia y adoptó medidas que hicieran posible el voto ciudadano, sin poner en riesgo a las personas.

 

El avance metodológico para la creación de “mapas de riesgo” permitió focalizar la seguridad en aquellas regiones con mayor probabilidad de incidencia. Se diseñaron rutas seguras para el traslado de paquetes. Algunos institutos electorales – como el del Estado de México – se coordinaron con las instituciones de seguridad para ofrecer medidas de protección a aquellas candidaturas que así lo requirieran. Tenemos, por así decirlo, un nuevo modelo de administración comicial que asume como variable fundamental la protección de la ciudadanía.

 

En ocasiones las medidas de seguridad han debido ser extremas. Fue el caso de las valientes decisiones adoptadas por los institutos Nacional Electoral (INE) y de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas (IEPC), los cuales, a unas horas de las elecciones determinaron dar de baja la totalidad de las casillas en Chicomuselo y Pantelhó, y así suspender la celebración de elecciones en esos lugares.  Otro caso es el del municipio Capitán Luis Ángel Vidal, en donde sí se llevaron a cabo, pero el día de la jornada fue quemada la paquetería electoral. 

 

Por fortuna, las leyes electorales prevén mecanismos de elección extraordinaria para estos casos atípicos. El domingo pasado se llevaron a cabo elecciones extraordinarias en dos de esos municipios, ya que fue necesario suspender nuevamente las de Pantelhó. Gracias a que las instituciones tomaron medidas importantes para salvaguardar la elección, como un incremento de presencia policial y el traslado de paquetes hacia la capital de la entidad fue posible completar satisfactoriamente los comicios en contextos tan difíciles. 

 

La capacidad de las instituciones electorales mexicanas para adaptar sus procesos a una realidad desafiante es un activo que contribuye a la estabilidad de la democracia mexicana. Mi reconocimiento a las consejerías y funcionariado que hicieron posible este nuevo aporte desde Chiapas.

 

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA

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