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Desde hace tres décadas, en México dejamos de preguntarnos cómo sucede. Cuando llegamos a la casilla en la que nos toca votar, encontramos siempre una boleta por cada uno de los cargos que nos toca elegir. Y no se acabarán, independientemente de a qué hora nos presentemos.

Las y los funcionarios de casilla también encontrarán los documentos listos para hacer su trabajo. Habrá listados nominales con la fotografía de todas las personas convocadas a sufragar; actas para asentar los resultados; formatos para escribir los incidentes e, inclusive, manteletas que nos muestran cómo ordenar las papeletas para facilitar el escrutinio al final del día.

Pero el hecho de que ocurra en forma periódica e ininterrumpida no nos debe confundir. La logística que involucra que estos documentos lleguen a tiempo a casi cien millones de destinatarios es una hazaña muy compleja que sólo se logra con una planeación muy cuidada, controles estrictos y trabajo en equipo. Si cualquiera de esos componentes falla, toda esa maquinaria diseñada para captar la voluntad ciudadana en un solo día sería inútil.

En un contexto polarizado, como el que ha envuelto algunas de las discusiones asociadas al proceso electoral 2025 por el que se elegirán personas juzgadoras, se hace necesario recordar los basamentos de ese proceso organizativo. Es interesante el modelo de optimización, pero sobre todo es fundamental explicar que todo está orientado a garantizar la integridad del proceso electoral. No sobran ni faltan boletas porque hay controles en cada trecho del camino, todo dispuesto para que la ciudadanía pueda confiar en sus procesos comiciales.

Pongamos el caso del Estado de México, la entidad más poblada del país. Este año se producirán 51.5 millones de boletas: casi cuatro veces más que en la elección 2023. Aunque el volumen es elevado, no se escatimó en garantizar su autenticidad. Se imprimen en papel seguridad y se incluyen diez marcas de seguridad en la impresión, lo que las hace infalsificables.

Pero para mayor control, ayer aprobamos dos ejercicios de verificación muestral. Cada uno de los 18 órganos desconcentrados del IEEM será responsable de verificar que las boletas y actas que les fueron suministradas cuenten con las marcas de seguridad, para confirmar su autenticidad. Lo mismo se hará el día de la jornada en una selección aleatoria de casillas.

La integridad de la documentación es tan importante que su custodia inicia desde el proceso de producción. Se producen en plantas que tienen un adecuado control de sus residuos y en presencia del IEEM, para garantizar que la cantidad producida corresponde con la requerida.

Ayer inició una actividad compleja. Durante nueve días, 35 camiones y camionetas trasladarán 148 toneladas de documentación desde la planta de producción hasta los órganos desconcentrados del IEEM.

Todos los vehículos viajan perfectamente cerrados y custodiados por personal del Instituto, así como por las autoridades de Seguridad Pública. Además, las cantidades se vuelven a verificar cuando llegan a su destino.

La cadena de custodia está en marcha. Esto hace trazable dónde estuvo cada boleta desde su producción hasta el momento en que los votos llegan a su destino para ser computadas y almacenadas en bodegas seguras.

El sistema electoral mexicano es uno de los más robustos del mundo, precisamente porque parte de la mutua desconfianza entre los actores políticos. Para contrarrestarla, promueve controles ciertos y objetivos en cada etapa de la elección. Ello asegura que el voto libre, seguro y auténtico sea la fuente de legitimidad de la representación popular.

El domingo pasado Ecuador completó una de las elecciones más esperadas del año en la región. Si el conteo oficial confirma los resultados preliminares, el Presidente Daniel Noboa sería reelecto con el 55.6% de las preferencias. Luisa González, la carta fuerte del Movimiento Revolución Ciudadana, habría obtenido el 44.4% de los votos válidos.

La amplia diferencia ha llevado a diversos actores a considerar irreversible el resultado. Es el caso de Pachakutik, el movimiento indígena que en la primera ronda alcanzó el tercer lugar, y que apoyó a González en el balotaje.

Sin embargo, la candidata opositora está solicitando el recuento total de los votos, al tiempo que su partido ha denunciado irregularidades en la contienda. En esos casos los informes de las misiones de observación internacional ofrecen información experta clave para el análisis.

Es el caso de los informes de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. Ambas instancias desplegaron nutridas misiones en el Ecuador y emitieron ya sus primeros reportes.

Coincidieron en que la jornada electoral transcurrió de manera pacífica y con una alta participación ciudadana: 83%. Es importante señalar que el Ecuador tiene la figura de voto obligatorio para todas las personas que tienen entre 18 y 64 años de edad. Los informes también señalaron que la logística funcionó adecuadamente, muestra de ello es la eficiencia del sitio de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que publicó el 90% de las actas en menos de tres horas, fortaleciendo la percepción de transparencia del sistema de transmisión. Mientras la misión europea reconoció la trazabilidad del sistema, la OEA destacó la ‘participación pacífica, decidida y contundente de la ciudadanía’, lo que reafirma el valor del sufragio como expresión legítima de la voluntad popular.

Pero hubo algunas irregularidades que vale la pena mencionar. En especial, fue controvertida la decisión del presidente Daniel Noboa de no solicitar licencia para separarse del cargo durante la campaña. La ley exige licencia a quienes buscan la reelección inmediata. Noboa argumentó que no se trataba de una reelección, sino de una candidatura bajo un mandato interrumpido por la ‘muerte cruzada’, y optó por ausencias temporales comunicadas a la autoridad electoral.

Un segundo aspecto que generó preocupación y que cada vez es más evidente en los comicios fue la desinformación deliberada. La OEA cita un monitoreo en redes que concluyó que 74% de los contenidos virales fueron falsos. Uno de cada cinco contenidos incluyó elementos de inteligencia artificial para fines de desinformación.

La Unión Europea fue crítica en un elemento central: el uso de los medios públicos en favor del presidente Noboa. Se documentó una cobertura abrumadoramente positiva hacia él, incluyendo promoción de su gestión durante el periodo de veda. En contraste, su oponente, Luisa González, recibió cobertura menor y predominantemente negativa.

Las dos misiones de observación explícitamente reconocen la validez técnica, funcional y operativa de la elección ecuatoriana. No obstante, su legitimidad normativa se ve debilitada por prácticas que erosionan la equidad.

Para la construcción de la democracia, cada experiencia es un espejo útil. El caso ecuatoriano recuerda que la equidad y la certeza son condiciones indispensables que se construyen desde la fortaleza institucional, la imparcialidad de los árbitros, y una ciudadanía exigente. El país andino mostró avances y también retrocesos de los que las democracias latinoamericanas deberán no solo tomar nota sino acciones concretas para contrarrestarlos.

Los cimientos del constitucionalismo mexicano actual dejan verlas instituciones, políticas y principios que las generaciones pasadas establecieron para resolver los grandes desafíos de su tiempo.

Es en este marco que las conmemoraciones del natalicio de Benito Juárez nos invitan a reflexionar sobre la importancia del pensamiento liberal del siglo XIX y su herencia al México moderno.

Entre los principales precursores de nuestra Constitución, se encuentra la “Ley Juárez”, que suprimió los tribunales especiales eclesiásticos y militares, limitando el fuero militar a delitos puramente castrenses. El entonces Ministro de Justicia impulsó esta norma que materializó principios fundamentales que perduran hasta nuestros días: la igualdad ante la ley, la eliminación de privilegios y la secularización del Estado.

Pero más allá de este legado de Juárez, el liberalismo tuvo una profunda contribución a las instituciones democráticas que quedaron plasmadas en la Constitución de 1857. Tres pilares nos acompañan todavía.

En primera instancia, y acorde con el principio igualitario consagrado en las leyes de reforma, se reconoció que el derecho a votar y ser votado es universal y, por tanto, no podría ser restringido a personas con determinada educación o propiedades. Hago énfasis en lenguaje masculinizado porque el sufragio se mantuvo como una prerrogativa exclusiva de los varones.

Una segunda contribución de aquellos albores constitucionales fue el voto directo. Los ciudadanos dejaron de participar en elecciones primarias para elegir a quienes votarían –en su nombre– por los gobernantes. Al eliminar los mecanismos indirectos, diseñados para que las élites pudieran revertir decisiones adoptadas por la ciudadanía, se dio pauta para que la población ejerciera su derecho a elegir representantes.

La proporcionalidad del sufragio constituye la tercera herencia. Para favorecer el principio de “una persona, un voto”, se establecieron distritos con umbrales de población más o menos similares (entre 20 mil y 40 mil habitantes).Así, se garantizaba que los legisladores tuvieran una representación homogénea.

Correspondió al gobierno del Presidente Juárez impulsar la Ley Secundaria que regularía los preceptos electorales de la Constitución del 1857.Este nuevo cuerpo normativo generó aportaciones que prevalecen hasta nuestros días. Las juntas electorales –basadas en distritos y municipios– para supervisar los comicios y la idea de concentrar a los potenciales votantes en un padrón electoral quedaron plasmadas en esta Ley e influenciaron la normatividad vigente.

Adicionalmente, la legislación de 1861 se ocupó de establecer diversos delitos electorales, como la compra de votos, la falsificación de documentos electorales y la coacción a votantes.

Lo cierto es que el talante democrático de Benito Juárez fue palpable hasta en las circunstancias más difíciles. Durante la invasión francesa, a pesar de tener un gobierno itinerante que no controlaba todo el territorio, insistió en preservar la continuidad de las instituciones republicanas. Recordemos que, en 1863 y 1864, convocó a elecciones para renovar el Congreso a pesar del alto riesgo que implicaba la ocupación de los imperialistas.

Las instituciones que hoy definen y enorgullecen a la democracia mexicana son producto de nuestra historia. Por eso, la mejor manera de honrar a quienes las forjaron es participando y ejerciendo nuestros derechos.

La observación electoral ha analizado las campañas mexicanas desde el control del gasto o bien de la equidad en el acceso a medios de comunicación

En los próximos días, centenas de visitantes extranjeros registrados por el INE ingresarán a nuestro país para acompañar la elección judicial 2025. Se suman a las más de cien mil personas observadoras domésticas que se acreditaron para ejercer ese derecho.

El hecho no debe sorprender. La transición democrática mexicana estuvo siempre asociada a la presencia de la sociedad civil organizada en los puntos críticos de la administración de comicios. Fueron organizaciones ciudadanas las que se hicieron presentes en las casillas, a finales de los años 90, para atestiguar que las medidas adoptadas para garantizar el voto libre y auténtico. La ciudadanización y la profesionalización de las elecciones había llegado para quedarse.

Conforme avanzó el proceso democratizador en México, las elecciones fueron cada vez más sofisticadas. Aspectos como el acceso a radio y televisión, el voto migrante, la fiscalización de recursos y la paridad entraron en escena e hicieron del sistema electoral mexicano ejemplo mundial. Las organizaciones de observación caminaron al parejo de esa transformación y también adoptaron cada vez más solvencia técnica. Pronto, la observación dejó de ser un tema de cobertura de casillas para convertirse en control ciudadano de cada uno de los procesos institucionales y fuente permanente de recomendaciones.

Por eso no es exagerado afirmar que nuestro país tiene, en sus organizaciones de observación, un activo democrático de primera importancia. Me refiero, por supuesto, a aquella observación comprometida con los principios internacionales en la materia. Es decir, aquella que es neutral y que brinda recomendaciones para mejorar los procesos sin interferir en los mismos. La ley electoral mexicana es precisa al señalar los límites que la observación no puede traspasar para preservar su imparcialidad.

De ahí la importancia de analizar el rol de la observación electoral en la elección judicial, un proceso que – como se sabe – tiene pocos precedentes y ha obligado a las autoridades a innovar en muchas áreas.

También las misiones deberán serlo. Tendrán que adaptar sus manuales y metodologías a los desafíos de una elección distinta. Por citar sólo algunos ejemplos, será interesante conocer diagnósticos sobre la manera en que se edificó el proceso de selección de candidaturas. Pasar de procesos partidistas a comités de evaluación especializados requiere un cambio de mirada en la observación.

Lo mismo ocurre con quienes se pronuncian sobre el diseño de los documentos utilizados en este proceso electoral. El reto electivo en esta elección judicial es distinto por el número de cargos a elegir, por lo que serán de suma importancia las observaciones y recomendaciones que se hagan respecto al formato de las boletas y su eficiencia para que la ciudadanía exprese sus preferencias.

La observación electoral ha analizado las campañas mexicanas desde el control del gasto o bien de la equidad en el acceso a medios de comunicación. Por eso la elección judicial obliga a un cambio: el foco se ha trasladado a las redes sociales y a la creatividad en la generación de contenido. Será importante conocer si, desde el punto de vista de las misiones, en la elección judicial se han generado matices en los contenidos de las campañas y cómo ha sido el acceso de la ciudadanía a las propuestas de quienes compiten por un cargo.

Como ocurrió a finales de los noventa, el sistema electoral mexicano arriba a un cambio cualitativo de gran profundidad. La mirada ciudadana será fundamental para imprimir confianza y mejorar procesos. Para que el voto ciudadano siga siendo la más nítida expresión de la voluntad popular, es necesario que los comicios tengan los controles que sólo la observación electoral puede ofrecer.

POR AMALIA PULIDO

@PULIDO_AMALIA