Comunicación
Social

Muchas de las instituciones que nos rigen han sido, históricamente, diseñadas por y para hombres. No han considerado las necesidades diferenciadas entre uno y otro sexo.

 

El mercado laboral ofrece un buen ejemplo de los efectos de esa omisión. El ingreso de las mujeres a los empleos formales derivó para nosotras en una “doble jornada”. Es decir, adicional a las horas en el trabajo nosotras invertimos 40 horas en labores de cuidado, contra sólo 16 de los hombres. Los tiempos de disfrute son asimétricos.

 

Pero si los problemas en el trabajo han sido ya bien estudiados por diversas corrientes del feminismo, hay una zona menos explorada: las mujeres en la política. ¿Qué pasa con las mujeres electas que, después de ser elegidas mediante voto popular, toman su licencia de maternidad? Estas cuestiones –incluyendo, por ejemplo, las salas de lactancia– sólo han logrado posicionarse a partir de la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisión y la disyuntiva que han enfrentado entre sus derechos como trabajadoras, madres, ciudadanas y políticas.

 

Hace poco una política mexiquense explicó cómo, al hacer campaña embarazada, se le cuestionaba si sería capaz de legislar una vez que naciera el bebé. Otra mujer política de la esfera nacional evidenció que las principales oficinas en la Cámara baja ni siquiera cuentan con baños para mujeres. Uno y otro caso denotan cómo la actividad política en Latinoamérica se pensó como un espacio exclusivo para los hombres.

 

Es en este contexto que la Ley 2436 aprobada este mes en Colombia resulta en una innovación útil para todo el continente. Ésta garantiza a las mujeres electas el derecho a una licencia de maternidad que les permita continuar ejerciendo sus funciones. Esta normativa representa un avance significativo hacia la equidad de género en la política, al reconocer que las mujeres pueden ser madres y políticas al mismo tiempo.

 

El caso colombiano es interesante porque las personas legisladoras se valieron de estudios novedosos para sustentar la iniciativa. Por ejemplo, en la exposición de motivos presentan un estudio del 2019 en el que muestran que la reforma legislativa en Colombia que modificó la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas, tuvo un efecto negativo en el acceso al mercado laboral de las mujeres.

 

La ley colombiana se convierte en referente para América Latina al reconocer que las licencias tradicionales no necesariamente responden a las demandas de las mujeres en política. Con esta nueva modalidad de licencia, congresistas, diputadas, concejalas y edilesas podrán optar por tomar una licencia de maternidad que les garantice derechos como votar de forma remota, participar en debates y presentar proyectos legislativos sin interrupción de sus funciones.

 

Pero no podemos ignorar que la implementación de esta ley implica retos significativos. A nivel cultural y social, es crucial combatir los prejuicios que puedan surgir en torno a la elección de las mujeres de adherirse a esta modalidad o a la licencia tradicional. Es decir, no olvidar que la decisión de cómo ejercer su cargo y maternidad corresponde únicamente de la mujer gestante. Asimismo, las corporaciones públicas deben garantizar las condiciones tecnológicas y logísticas necesarias para que las mujeres puedan ejercer sus derechos sin discriminación.

 

La promulgación de esta ley es una invitación a reflexionar sobre las estructuras que perpetúan la desigualdad. Como lo señala la Corte Constitucional de Colombia, es indispensable que las medidas legislativas ataquen las causas profundas de la exclusión, reconociendo que la reproducción y las responsabilidades familiares no deben ser factores que limiten la igualdad de oportunidades. Las organizaciones políticas deben fomentar una cultura de apoyo y respeto hacia las mujeres que decidan ejercer su maternidad y su mandato.

Viernes, 06 Diciembre 2024 09:00

Pensar afuera de la caja

A mediados de los 90, las consultorías especializadas en sistemas de gestión empezaron a recomendar políticas para cambiar la cultura organizacional

 

A mediados de los 90, las consultorías especializadas en sistemas de gestión empezaron a recomendar políticas para cambiar la cultura organizacional. Decían que la repetición irreflexiva de las mismas rutinas producía monotonía. La idea de Vance y Deacon de “pensar fuera de la caja” resumía su propuesta de cambio. Había que lograr que los equipos de trabajo pensaran la realidad de maneras distintas para producir mejoras y, por ende, incrementos en la productividad.

 

El modelo electoral mexicano alcanzó altos grados de sofisticación a fuerza de convertir sus éxitos en rutina. Una vez que se lograron “distritaciones” a partir de bases científicas, el procedimiento se normalizó. Lo mismo ha pasado con la insaculación del funcionariado de casilla; el monitoreo de radio y televisión, y hasta la fiscalización. Las mejoras se han convertido en norma. Los participantes de la contienda saben qué esperar en cada etapa.

Pero el desafío de las elecciones de personas juzgadoras 2025 cambia ese escenario. Obliga a legisladores, autoridades electorales y participantes a resolver desafíos para los que el aprendizaje logrado en las últimas décadas no es suficiente. Apunto algunos retos.

 

La distritación electoral suele equilibrar la cantidad de personas. A partir de ello, hemos diseñado logísticas que permiten que en cada uno de esos polígonos se instalen órganos desconcentrados capaces de desplegar la logística operativa y realizar los cómputos de votos.

 

Las demarcaciones que rigen la actividad judicial están pensadas desde una perspectiva distinta. Hay distritos judiciales cuyo tamaño supera la capacidad logística, por lo que se podrían requerir sedes institucionales accesorias.

 

Un segundo reto tiene que ver con la cantidad de candidaturas. La mayor parte de las instituciones del país tienen capacidades para procesar, acaso, a unas centenas de personas aspirantes a los cargos de elección. Por citar el caso más visible, la autoridad nacional tendrá el doble de candidaturas judiciales que en la elección más grande que haya tenido hasta ahora.

 

En este tema sí hay prácticas subnacionales de las cuales se puede echar mano. Institutos como el del Estado de México registran cada tres años casi 8 mil candidaturas, por lo que hay aprendizajes que se pueden compartir.

 

Las personas votantes tienen derecho a contar con toda la información necesaria para emitir su voto. El sistema electoral mexicano ha descansado ese propósito en dotar a los partidos de recursos públicos para las campañas y en habilitar espacios gratuitos en radio y televisión para la difusión de las propuestas.

 

En 2025, la enorme cantidad de candidaturas provocará que los espacios en medios sean insuficientes y se pulvericen. No hay recursos privados ni públicos para campañas.

 

Habrá que recuperar experiencias como “Conóceles” o “Decide-IEEM” para provocar que las candidaturas pongan su información en línea y la hagan consultable por la ciudadanía. Serán útiles, también, las experiencias de algunos institutos locales que aprendieron a hacer debates – en una producción en serie – y con poca inversión.

 

Pero el desafío más importante está dado por los tiempos. En las elecciones a las que estamos acostumbrados, los procesos inician meses antes de que inicie el año de la elección. Muy pocas comienzan en enero.

 

El escenario de la elección judicial se vislumbra distinto. Son apenas tres los estados que ya tienen la elección judicial en su constitución local. Si las modificaciones constitucionales se aprueban en los próximos días o semanas, es previsible que sea hasta avanzado el próximo año que se discutan las reformas a las legislaciones secundarias e inicien los comicios estatales.

 

Será necesario que los calendarios y programas recorten muchas actividades para poder cumplir en tiempo con una encomienda constitucional que requiere objetividad, certeza y legalidad. Habrá que pensar fuera de la caja.

 

 

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDOMEX

@PULIDO_AMALIA

Jueves, 28 Noviembre 2024 08:00

El faro democrático en América Latina

En un contexto mundial marcado por polarización, crisis institucionales y el auge de liderazgos disruptivos, Uruguay se presenta como un ejemplo de estabilidad y civismo democrático. La reciente elección presidencial, que llevó al centroizquierdista Yamandú Orsi al poder con el 49.84% de los votos emitidos, reafirma no solo la solidez del sistema político uruguayo, sino también su capacidad para ofrecer lecciones para el fortalecimiento institucional.

 

Con una población cinco veces menor a la del Estado de México, este país ha construido uno de los sistemas políticos más democráticos del mundo. Forma, junto con Costa Rica, parte de los 24 países clasificados por la revista The Economist como democracia plena: los únicos dos de la región. Esto se explica por la fortaleza de sus instituciones, el diálogo entre partidos y la participación ciudadana. Como resultado, sus comicios cuentan con altos niveles de confianza, lo que les permite aligerar costos y transitar fácilmente entre un signo político y otros.

 

En cuanto a la solidez institucional, habría que mencionar que su Corte Electoral está cumpliendo 100 años. Nació con la misión de llevar a cabo el registro civil y organizar los comicios. Desde 1824 es autónoma del gobierno, al grado que se le considera un cuarto poder.

 

En el caso uruguayo, se identifica una ciudadanía participativa, consciente de sus derechos político-electorales y con un alto grado de cultura cívica. Así, en los comicios del domingo pasado votó casi el 90% del padrón electoral, cifra similar a la alcanzada en la primera vuelta celebrada en octubre y que, cabe mencionar, incluye a las personas extranjeras que han vivido en el país por más de 15 años. Si bien el voto en este país es obligatorio, y quienes no lo hacen enfrentan una multa que equivale a $850 Pesos mexicanos, esta penalización no es diferente a la de otros países con voto mandatorio que difícilmente alcanzan esos niveles de asistencia a las urnas. Lo que en realidad mueve a las y los votantes son las ganas de ejercer sus derechos.

 

Respecto al nivel de debate entre las fuerzas políticas debe llamar a la reflexión. En esta ocasión la discusión no sólo se centró en las diferencias tradicionales entre izquierda y derecha, sino que tuvo como eje principal a la inseguridad. El incremento de esta problemática generó que el candidato heredero de Mújica culpabilizara al gobierno actual, mientras que el exsecretario de la Presidencia actual de Lacalle Pou, acusó al Frente Amplio de "fracasar" en el combate a las "causas y consecuencias" de la criminalidad.

 

Aunque difieren en el diagnóstico y en las propuestas, ambos candidatos se comprometieron a reconocer el triunfo. El candidato del oficialismo –el centroderechista Álvaro Delgado– felicitó al ganador la misma noche de la elección. La aceptación de la derrota es un activo de las democracias más civilizadas y nos enseña que, bajo este régimen, nunca hay victorias o derrotas permanentes. De ahí la importancia de respetar las reglas.

 

Y es quizás ese elemento el que más llama la atención. Con base en elecciones continuas con resultados creíbles, los procesos en Uruguay son bastante simples. En la tradición del Cono Sur, el electorado inserta la boleta con su preferencia a un sobre que se deposita en urnas. No hay papel seguridad, marcas de seguridad ni microtextos. Lo que verdaderamente blinda al sufragio es la confianza entre actores políticos y ciudadanía. De hecho, las Comisiones Receptoras de Voto se integran por funcionarios públicos, sin que ello implique una ventaja para ninguna de las candidaturas.

 

La tierra de Benedetti nos recuerda que la estabilidad democrática no es un regalo, sino un logro construido a lo largo de décadas de compromiso ciudadano y político. Este país, que sufrió una dictadura militar entre 1973 y 1985, ha sabido consolidar un sistema en el que el poder cambia de manos sin conflictos ni tensiones innecesarias.

 

¡Enhorabuena, Uruguay!

Viernes, 22 Noviembre 2024 08:00

Divide y gana

En el marco del Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, una de las académicas más reconocidas en temas de democracia directa

 

En el marco del Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, una de las académicas más reconocidas en temas de democracia directa –la Dra. Yanina Welp– dictó una Conferencia Magistral provocadora. Después de explicar cómo ha avanzado la polarización en el mundo, propuso algunas medidas para revertirla a través de la re-politización.

 

La polarización es un fenómeno complejo de conceptualizar y entender. Nos referimos a ella cuando hablamos sobre la diferencia ideológica entre dos fuerzas políticas. Pero también usamos el término para describir esas identidades que nos hacen distanciarnos de otros grupos o colectivos en la sociedad. Es esta última, la afectiva, la que puede provocar profundas divisiones en la sociedad.

 

Uno de los hallazgos de Welp para explicar que el populismo esté emergiendo con mayor frecuencia como modelo político se centra en la consolidación de las redes sociales como medio para interactuar políticamente. Éstas han exacerbado la división, pues nos vuelve susceptibles a pensar que todas las personas piensan como lo hacemos nosotros. 

 

Además –como se ha registrado en múltiples procesos electorales en los últimos diez años–, estas plataformas tienden a diseminar noticias o datos falsos, lo que distorsiona la visión sobre “los otros”. Mantener la integridad de la política implica que el periodismo y otros elementos de revisión permitan a la ciudadanía discernir la verdad de la mentira.

 

Pero hay otro componente que históricamente se ha asociado a la polarización: el populismo. La academia ha entendido este concepto como discurso político, ideología y estrategia. Del lado de la práctica política, típicamente esta etiqueta va acompañada de una connotación negativa y, hasta hace poco, las personas en la política no se definían como tal.

 

Sin embargo, se ha demostrado con mayor frecuencia que la polarización ideológica es deseable en las democracias porque refleja el pluralismo. En tanto, el populismo es una aproximación política a la ciudadanía que pretende ser una respuesta ante al desencanto social con el status quo. Con base en esto, hay dos puntos interesantes para discusión.

 

Primero, es necesario dejar al populismo y pensar en los populismos. La literatura académica apunta a que una sola categoría y conceptualización del término es insuficiente. Así como este fenómeno político se presenta con programas alineados a la derecha (Trump o Milei) y que se valen de la polarización afectiva, también están los clásicos, alineados a la izquierda y que, en ocasiones, utilizan a la redistribución como estandarte y al mercado como enemigo.

 

Es decir, los populismos no se enfrascan en una sola categoría ideológica.  Lo que unos y otros sí comparten son discursos que activan encuadres dicotómicos que consiguen cohesión a través de la inventiva de “amenazas” o “enemigos” del pueblo.

 

Un segundo aspecto que dilucidar tiene que ver con la relación populismo-polarización. Cada vez más en las ciencias sociales interiorizan la relevancia del estudio de las emociones y la subjetividad para entender la política desde las instituciones y desde la sociedad. Eso para que, además de entender el motor de la movilización ciudadana, podamos aproximarnos a la respuesta de la pregunta histórica en la Ciencia Política: ¿las instituciones moldean a la ciudadanía o viceversa?

 

Es una realidad innegable que el apoyo a la democracia está en detrimento. Este desencanto ha facilitado el surgimiento de liderazgos populistas que a su vez han contribuido a un clima social polarizado. Desde los organismos públicos locales electorales hemos generado mecanismos para garantizar elecciones confiables; sin embargo, éstos han sido insuficientes. 

 

Es momento de hacer una reflexión profunda de qué nos falta por hacer desde este marco teórico. Debemos trabajar en el diseño de políticas públicas, tal vez como propone la Dra. Welp, re-politizando la polarización.

 

 

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDOMEX

@PULIDO_AMALIA

Jueves, 14 Noviembre 2024 09:00

Cuando las infancias participan

Este mes las urnas están esperando las papeletas de niñas, niños y adolescentes.

 

En medio de una cultura adultocéntrica, la frase de arriba parece errada. Estamos acostumbrados y acostumbradas a conocer únicamente las preferencias de quienes tienen 18 años o más. Por fortuna, desde 1997 en México se organizan ejercicios de participación dirigidos a quienes aún no cumplen la mayoría de edad.

 

La Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) es uno de los esfuerzos de educación cívica más significativos. Su realización parte de la idea de que las infancias y juventudes no solo deben ser considerados como grupos pasivos, sino como personas con derechos plenos. Bajo esta lente, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce su derecho a expresar libremente sus opiniones y a participar en asuntos que les impactan. Se les prepara para una vida independiente.

 

El desarrollo de estas consultas ha demostrado un impacto positivo en la construcción de ciudadanía, ya que inculca desde temprana edad el conocimiento de los derechos y el sentido de pertenencia. En 2013, Ana Novella demostró que la participación a temprana edad en ejercicios ciudadanos fomenta un sentido crítico y una mayor responsabilidad social en la adultez. Quienes en la niñez participan en estos ejercicios suelen desarrollar una ciudadanía activa y crítica enfocada en la justicia social y los principios democráticos.

 

En este marco, la CIJ 2024 representa un esfuerzo nacional con un enfoque en temas actuales y de gran importancia para las generaciones jóvenes, tales como los espacios comunitarios seguros, el cuidado ambiental y la prevención de adicciones. El INE implementará modalidades presenciales y a distancia para asegurar una participación accesible e incluyente, especialmente considerando las diversas realidades socioeconómicas y geográficas de México. Para esto, se instalarán más de 43,217 casillas en todo el país.

 

En el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) estamos orgullosas y orgullosos de nuestra experiencia en la materia. Desde 1999 hemos realizado ejercicios similares, con el objetivo de fortalecer el sentido cívico y el conocimiento de los derechos entre las infancias y juventudes del Estado de México. La consulta de 2023 marcó un hito, pues logramos llegar a más de un millón de participaciones.

 

Los resultados de las consultas enfatizan la capacidad de niñas, niños y adolescentes para articular opiniones fundamentadas sobre sus realidades. En el caso de la consulta 2023 del IEEM, por ejemplo, se hicieron evidentes sus preocupaciones sobre el mal estado de las calles, la escasez de agua y la inseguridad. Hubo propuestas en el sentido de trabajar en equipo con los vecinos y de mantener la limpieza en los espacios públicos, por citar sólo algunas soluciones predilectas. Así, transitamos a una herramienta de participación que no solo es formativa, sino que tiene potencial para la incidencia.

 

Ejercicios como las CIJ no sólo fortalecen la democracia, sino que contribuyen a la construcción de una cultura cívica en la que cada persona, sin importar su edad u otras identidades, tiene voz y es tomada en cuenta en condiciones de igualdad.

 

Los desafíos que enfrentan las infancias y juventudes pueden ser complejos, pero su participación es esencial para que las soluciones reflejen sus necesidades y aspiraciones.

 

¡Participa!: ya sea acercando a las infancias y juventudes que te rodean a este ejercicio de participación ciudadana o como persona voluntaria en el desarrollo de esta CIJ 2024.

 

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión.

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