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El segundo instrumento es menos conocido. Me refiero a la cooperación técnica electoral, la cual concentra un enorme potencial transformador. Ahí cuando algún organismo electoral ha requerido soporte especializado para mejorar alguno de sus servicios, se han generado canales de cooperación para compartir buenas prácticas y optimizar procesos. Así, por ejemplo, la OEA ha implementado decenas de proyectos de auditoría a padrones electorales, y de asesoramiento en el desarrollo de sistemas de cómputo de votos y transmisión de resultados.

El impacto de la cooperación no ha sido suficientemente estudiado. Uno de los pocos artículos sobre el tema fue conducido por una universidad británica (LSE) y reveló que, a niveles más altos de asistencia técnica, el clientelismo disminuye y aumenta el reconocimiento de derechos políticos y económicos.

Por eso resulta afortunado que el instrumento de la cooperación recientemente se haya empezado a utilizar para resolver uno de los resabios más añejos de las democracias latinoamericanas: la igualdad de género en la participación política. Convocadas por la OEA, esta semana un grupo de expertas en distintos ámbitos del quehacer electoral acompañamos a las autoridades ecuatorianas para discutir las mejores prácticas para fortalecer la participación política de las mujeres.

Es claro que en la región la violencia política de género y el diseño de la legislación han impedido el avance sostenido de las mujeres en la política. De ahí la importancia de reflexionar sobre aprendizajes en distintos países de la región que, aunque se han desarrollado en contextos específicos, dan testimonio de qué mecanismos han dado buenos resultados en América Latina.

A partir de esta experiencia y en la conmemoración del 71 aniversario del reconocimiento del voto de las mujeres en México, me parece tarea obligada reflexionar sobre los desafíos y obstáculos que aún encontramos las mujeres para el pleno desarrollo de nuestros derechos político-electorales.

Es de reconocer que en México tenemos avances significativos, como son el financiamiento público y la tipificación de la violencia política contra las mujeres. Sin embargo, subsiste una cultura política heredada del patriarcado que sigue privilegiando el sesgo de afinidad como vía para crecer en política. Tenemos que seguir trabajando en visibilizar los liderazgos de mujeres, especialmente en los ámbitos local y municipal.

La igualdad en la participación política es posible ¡Nunca más una democracia sin mujeres!

Si bien aquellos son los polos más visibles, el país amazónico ha sido históricamente multipartidista. Son muchas las fuerzas que compiten, aunque algunas tienen presencia geográficamente delimitada. Las personas en la política tienen relativa autonomía respecto a sus partidos políticos. Esto último ha llevado a que en el plano local muchas de las disputas sean más personalistas que programáticas.

Destaco cinco razones por las cuales poner la lupa en esta jornada electoral.

En primer término, porque unos comicios de este tamaño – hay 463 mil candidaturas – permitirán distinguir cómo están ganando terreno dos grandes tendencias globales. Una, donde los populismos de derecha están ganando adeptos en Austria, Francia, Hungría y El Salvador, por mencionar algunas naciones, cuyos profundos problemas de gobernanza generaron condiciones para el surgimiento de líderes que desafían la política tradicional. Frente a ello, sobre todo en Latinoamérica, hay partidos de izquierda pujantes que, desde las banderas de la política social, están generando ofertas atractivas al electorado y reconquistando espacios de primera importancia.

Ahí un segundo aspecto de los comicios 2024. Brasil aplicó reglas innovadoras que consiguieron que 5 mil candidaturas recaigan en personas con discapacidad y que haya reservas de tiempo de propaganda gratuita para personas afrobrasileñas. Hay, sin embargo, un déficit innegable en términos de paridad: una de cada tres candidaturas es mujer.

En tercer lugar, el uso de las redes sociales vuelve a ser tema en Brasil. La justicia federal ordenó la suspensión inmediata de la red social digital X (antes Twitter), después de que la empresa se negó a bloquear cuentas de usuarios acusados de poner en riesgo la democracia del país. Esta resolución tendrá un impacto para la estrategia de la ultraderecha que solía informar/desinformar a través de esta plataforma.

Sao Paulo ofrece el cuarto elemento a observar, el cual está dado por la temible combinatoria entre expectativas cerradas y una entidad políticamente rentable. Un triple empate entre los principales contendientes a gobernar la ciudad más rica del país está polarizando el discurso político, al grado que en el último debate televisado un candidato aventó una silla metálica a uno de los punteros.

Estas elecciones también están marcadas por preocupaciones sobre la infiltración del crimen organizado en la política. Investigaciones recientes sugieren que la mayor facción del narcotráfico en Brasil, podría estar involucrada en campañas electorales con el objetivo de obtener contratos públicos y blanquear dinero. Esta situación pone en riesgo la transparencia del proceso democrático y subraya vulnerabilidades del sistema político.

Vem Pra Rua cantaban las juventudes brasileñas para invitar a la gente a salir a las calles a mostrar su desesperanza. El próximo domingo no necesitarán de manifestaciones para decidir el destino de sus ciudades. Para incidir bastará con ejercer el más eficaz de los derechos político-electorales. El sufragio libre expresa en forma nítida las preferencias de los pueblos.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión.

Pero hay también pincelazos agridulces en esa memoria. Ese día se pusieron a nuestra vista muestras contundentes de la fortaleza que hay en la unidad desinteresada. Recuerdo gente en la calle recolectando víveres y a otro tanto con botas y cascos, caminando a algún derrumbe al que iban con la esperanza de sumar y salvar vidas. Se formaban cadenas humanas y se hacían silencios impenetrables al ver un puño levantado.

La tecnología, sin lugar a dudas, facilitó este proceso. Saber en dónde se necesitaba ayuda y poder llamar a nuestros seres queridos fue de gran utilidad ante la catastrófica realidad. Sin embargo, poco habríamos sabido qué hacer de no ser por lo que un terremoto previo –el del 19 de septiembre de 1985– dejó a las generaciones que lo vivieron y a las que les seguimos.

El terremoto de aquel año marcó la vida de todos los territorios donde fue arrojando su energía destructiva. Las cifras oficiales e inclusive las estimaciones privadas subestiman el grado de nivel de catástrofe que este fenómeno dejó a su paso. Más de 40 mil personas heridas, 4 mil 100 personas rescatadas con vida de entre los escombros y ni hablar del número de personas que perdieron la vida, las cuales –se cree– podrían contarse por decenas de millares.

Ciertamente nadie estaba preparado para un evento de esa magnitud. Esto, tristemente, incluyó al gobierno que enmudeció y quedó paralizado. La sociedad tomó las riendas de sus vidas y las de sus vecinos ante la falta de respuesta y proactividad gubernamental, y dejó un legado que perdura hasta nuestros días. La ciudadanía, ya desencantada con el régimen por la crisis económica de 1982, se adueñó del espacio público y no hubo vuelta atrás.

“No sin nosotros” escribió Carlos Monsivais, para describir cómo en 1985 surgió una sociedad civil que lidereó el proceso de rescate y reconstrucción. Más aún, esa comunidad solidaria reclamó que el diseño, planeación y ejecución de la política pública pasara –a partir de ese momento– por la participación de la ciudadanía.

La sociedad civil que emergió del sismo del 85 no es aquella en que se disputa la lucha de clases, para seguir los términos gramscianos. Surgió más bien como una experiencia voluntaria, marcada por un ánimo de resolver los problemas y dejar de esperar que el gobierno de aquel momento lo hiciera. Por eso es tan importante aquel sentido comunitario que la ciudadanía mexicana adquirió de aquellos años, pues los lazos solidarios que se crearon atraviesan posiciones políticas, credos religiosos y niveles socioeconómicos. Su hilo conductor es, más bien, la conciencia de que la sociedad es más fuerte cuando actúa conjuntamente.

El propio Monsivais lo describía acertadamente, cuando explicaba que la colectividad del 85 redefinió en la práctica sus deberes ciudadanos. La sociedad civil permitió a sus usuarios “independencia política y mental”. Esa generación intensificó sus propios deberes, alimentada por el deseo de servir y por la energía que le irradiaron las multitudes que salieron a las calles a proteger a los suyos.

A 39 años del temblor, quiero reconocer a esa sociedad civil que impulsó la democracia. Ésta no se desarrolla en el vacío. Requiere de una comunidad participativa, como la que nos heredó aquella generación combativa. Quiero agradecer a las personas que se movilizaron y tomaron las calles porque gracias a su valentía hoy tenemos un país más democrático con instituciones electorales sólidas y personas exigiendo sus derechos en el espacio público.

Una de las respuestas más socorridas tiene que ver con la obligatoriedad del voto. El caso mexicano es curioso porque, si bien nuestra Constitución establece que el sufragio es obligatorio, jamás se ha sancionado la abstención. Un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) encontró que en América Latina la participación electoral es más alta en los países en los que es obligatorio votar, aunque no haya sanción (65%), comparado con los países en los que no lo es (55%). No obstante, cuando observamos la participación electoral en los países en los que es obligatorio y hay sanción, ésta en promedio alcanza el 82%.

Pero más allá de medias nacionales, los países federados ofrecen información interesante, ya que suelen registrar distintas tasas de participación entre sus entidades. En el caso mexicano Yucatán suele tener una mayor propensión al sufragio. En las elecciones 2024 ese estado, junto con Tlaxcala y Ciudad de México mantuvieron tasas por encima del 70%. Baja California fue la entidad con la menor participación, por abajo del 50%.

Inclusive dentro de cada entidad federativa hay variaciones importantes a nivel municipal. En la elección mexiquense de 2024, por ejemplo, participó el 65% de la población, un incremento importante (11%) respecto de los comicios de 2021. Este año fueron ejemplares los casos de Soyaniquilpan de Juárez, Timilpan y Texcalyacac que estuvieron por encima del 80%, superando sus propios niveles de participación en la elección de gubernatura 2023.

Estas variaciones específicas nos llevan a preguntar ¿existen otros factores que motiven que en unas comunidades se vote más que en otras? Dieter Nohlen, quizás el más afamado politólogo alemán, después de estudiar las tasas de participación en el mundo, agrupó las respuestas en tres grandes grupos: la complejidad de la administración electoral; el des/encanto por la política y el distanciamiento de las personas con la participación política –ya sea por marginación social o desafección por la política en lo general.

En efecto, no basta con multiplicar la cantidad de casillas y hacerlas accesibles a la ciudadanía. Las personas votan porque quieren influir en la política pública, porque aspiran a que determinadas propuestas se concreten en obras de gobierno. Por eso es que las propuestas de los partidos y candidaturas, así como las trayectorias de quienes aspiren a la representación popular son fundamentales para motivar el sufragio. En palabras de Nohlen, “la experiencia histórica y comparativa muestra que el nivel técnico, educativo y comunicacional de los organismos electorales no basta para generar un aumento de la participación electoral”.

La participación política no se agota al momento de votar. Si bien ya transcurrió la jornada electoral más grande de la historia, la ciudadanía tiene mucho que aportar al quehacer público en la medida en que se involucre en la construcción de soluciones. La democracia se fortalece cada vez que ejercemos nuestros derechos.