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El acelerado ritmo con que avanza el desarrollo tecnológico ha generado aparentes contradicciones con algunos principios fundacionales de las sociedades modernas. Mientras surgen plataformas que facilitan la discusión pública, también es más recurrente la discriminación y la violencia digital que enfrentan ciertas personas, lo cual afecta considerablemente el ejercicio de sus derechos.

No obstante que se están generando los primeros modelos para regular la Inteligencia Artificial (IA), cada día surgen novedosos esquemas que, aunque tienen usos positivos, también significan nuevos retos. Uno de ellos es el uso de inteligencia artificial generativa para crear imágenes sintéticas como los deepfakes. Este tipo de generación de puede vulnerar los derechos fundamentales de las personas, por que debemos empezar a centrar más atención en ello.

En tiempos en que las democracias enfrentan tensiones crecientes, resulta necesario aprender sobre la forma en que otras regiones evalúan sus procesos electorales. Hace algunas semanas, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) emitió un Informe que analiza el estado actual de los derechos fundamentales. Si bien sus hallazgos se circunscriben a los países del viejo continente, nuestra región puede obtener lecciones desde otras democracias que también enfrentan desafíos relacionados a la esfera digital.

El reporte de la FRA subraya un punto crucial: los derechos fundamentales de las personas no son una realidad fuera de los regímenes democráticos. Más allá de ser un mecanismo para regular la competencia política, los procesos electorales son pruebas de fuego para el respeto efectivo de los derechos de la ciudadanía dentro de los límites geográficos de una nación. El voto libre y secreto; la equidad en la contienda; la protección frente a la desinformación, y el acceso a la información se convierten en indicadores para medir a las democracias.

Uno de los apartados más reveladores del reporte analiza la regulación del espacio digital. El reporte señala que en las plataformas en línea se genera desinformación, discursos de odio y campañas de manipulación que pueden distorsionar la voluntad popular.

La lección europea apunta hacia la necesidad de establecer marcos regulatorios claros que vinculen a las plataformas tecnológicas a mayor transparencia y rendición de cuentas. La libertad de expresión no debe convertirse en excusa para permitir la manipulación masiva. El reto, sin embargo, consiste en equilibrar la regulación sin entorpecer la libertad de expresión.

Entre las propuestas más prometedoras del reporte de la FRA se encuentran cuestiones como la creación de sistemas de respuesta rápida ante desinformación grave por parte de observatorios independientes; alfabetización mediática en escuelas y paneles con la ciudadanía para prepararla ante la manipulación informativa, y la regulación del contenido publicado en línea para garantizar los derechos digitales de la ciudadanía. Será importante evaluar marcos normativos y prácticas relacionadas con lo digital, para fortalecer nuestra cultura democrática y garantizar la equidad en la competencia electoral.

Sin duda, uno de los principales recordatorios del reporte es entender que el respeto a los derechos no se limita a la jornada electoral. Debemos observar el ciclo electoral completo. Accesibilidad en las campañas, cobertura mediática justa, protección frente a la violencia política y rendición de cuentas forman parte del entramado democrático en el que se sostienen y propagan los derechos humanos. La democracia mexicana no solo se mide con urnas llenas, sino en la forma en que la ciudadanía puede participar en política y en la discusión pública sin que sus derechos sean vulnerados, incluyendo lo digital.