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En 2023 la encuesta sobre percepciones políticas más utilizada en la región – Latinobarómetro

En 2023 la encuesta sobre percepciones políticas más utilizada en la región – Latinobarómetro – preguntó si los partidos políticos son indispensables para la democracia. 44% de las y los latinoamericanos encuestados contestaron que sí, el nivel más bajo desde 1997. Para tratar de explicar ese declive en la percepción sobre los partidos, por vez primera en la historia se preguntó si los partidos funcionan bien: 77% de las personas cree que no.

Los datos anteriores nos obligan a una reflexión profunda sobre la evolución reciente que han tenido los partidos políticos en América Latina y su contribución a la vida política.

Me encuentro entre quienes consideran que los sistemas de partidos son necesarios para la subsistencia de la democracia. El derecho de asociación está consagrado en nuestra Ley Suprema, así como en numerosos tratados internacionales e interamericanos. Éste es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

Los institutos políticos persiguen objetivos indispensables, como convertirse en la vía de acceso de la ciudadanía al poder. Además, logran convertir las demandas sociales en propuestas concretas de política pública y, cuando obtienen el voto popular, proponen los cuadros que conforman gobiernos. Su contribución también es necesaria para fortalecer las capacidades cívicas de la ciudadanía.

El constitucionalismo mexicano va más allá, al reconocer a los partidos como entidades de interés público. Esta categoría vino aparejada, hasta hace pocos años, del monopolio para la postulación de candidaturas. Además, reciben financiamiento público y acceden gratuitamente a tiempos en radio y televisión, entre otras prerrogativas que tienen el propósito de promover su subsistencia.

Pero si los institutos políticos han de recibir dinero público y pueden proponer candidaturas sin que éstas tengan que demostrar su representatividad, justo es que la normativa les imponga también obligaciones. La Ley General en la materia enumera varias, incluyendo la necesidad de preservar un padrón mínimo de militantes, conducirse bajo el marco de la ley, aplicar el principio de paridad en la postulación de candidaturas y entregar informes periódicos sobre el origen y destino de sus recursos.

Dada la centralidad de los partidos y la importancia de sus derechos y obligaciones, es natural que el entramado constitucional y legal de nuestro país mantenga normas estrictas para la creación y extinción de partidos.

Será en el próximo mes de enero que las organizaciones que quieran constituirse como partidos nacionales manifiesten al INE su interés. Presentarán para ello su Declaración de Principios y Estatuto, entre otros documentos. Después tendrán que probar su membresía, ya sea en 20 asambleas estatales o 200 distritales.

Requisitos similares deben cumplir quienes aspiren a constituirse en partidos subnacionales. Éstos deben solicitarlo ante el instituto electoral de sus entidades al año siguiente de la elección de gubernatura.

La extinción de partidos es más delicada. Sólo pueden perder el derecho a competir aquellas organizaciones a las que se les acredite alguna de las causales especificadas en la Ley. De hecho, al estar involucrado el derecho de asociación, en diversas ejecutorias los tribunales han aplicado el principio pro persona, que lleva a interpretar las normas de la manera que mejor proteja los derechos fundamentales de las personas.

La democracia mexicana se verá fortalecida en la medida en que se cuente con un sistema de partidos robusto y competitivo. Son deseables, por tanto, todas las políticas que lleven al fortalecimiento de estos institutos políticos.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA

Un número elevado de reaperturas no significa necesariamente que haya inconsistencias

Dice un viejo proverbio ruso que las telas se deben medir siete veces, ya que sólo se pueden cortar una vez. En efecto, cuando las cosas son importantes es necesario hacer todas las pruebas de validez que sean necesarias antes de que los eventos cobren definitividad.

Lo mismo pasa con los votos. Antes de que se expidan las constancias de mayoría, es preciso asegurar que las cuentas están bien hechas y reflejen nítidamente la voluntad del electorado. Por eso a nadie debe sorprender que en los últimos días se hayan escuchado anuncios en el sentido de que las autoridades electorales recontarían votos depositados en las urnas. Este mecanismo es una de las mejores salvaguardas de la integridad de los resultados finales y brinda mayor legitimidad a los gobernantes electos.

En el nivel federal y en el de las entidades federativas el procedimiento es bastante similar. Al finalizar la jornada de votación
las y los funcionarios de casilla cuentan los sufragios depositados en la urna. Si bien lo hacen frente a las representaciones partidistas, quienes hacen la clasificación (escrutinio) y el conteo (cómputo) son ciudadanos escogidos al azar. Esa misma noche
las actas son capturadas y digitalizadas para poder ser consultadas por la ciudadanía. Sus resultados son muy ágiles, pero no son verificados, por lo que no se les puede dar validez oficial. A pesar de ello, el Programa de Resultados Preliminares suele ofrecer datos bastante confiables. En el caso del Estado de México, por ejemplo, los datos al momento arrojan que el 99% de las candidaturas que ganaron en los cómputos definitivos lo hicieron en el PREP.

Los que sí son oficiales son los cómputos distritales y municipales que a nivel federal y en casi todas las entidades federativas inician el miércoles siguiente a la elección. Y es justo aquí donde están los mejores controles de la autenticidad de los resultados. Al establecer un catálogo cierto de causales de recuento, se evita que éstos sean producto de la negociación política y la intimidación. Los paquetes se abren cuando cumplan los requisitos.

Un número elevado de reaperturas no significa necesariamente que haya inconsistencias en el proceso. Se puede tratar de errores aritméticos, pero también a problemas comunes como que la copia sea ilegible. En el Estado de México, por ejemplo, se recontó el 17% de las casillas, lo que lejos de incomodarnos nos permite garantizar que se tuvo un doble control para asegurar que su voluntad es fielmente traducida a los resultados finales.

Como todos los actos electorales, los cómputos distritales y municipales son susceptibles de ser impugnados. Si, a pesar de la doble revisión, alguno de los actores políticos siente que su derecho ha sido violado, puede recurrir a los tribunales. Como en el proverbio ruso, los resultados electorales en México son confiables porque se les mide tantas veces como sea necesario para garantizar que reflejan debidamente el voto popular.

POR AMALIA PULIDO
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
@PULIDO_AMALIA

El cómputo de votos es fundamental para la legitimidad de una elección

El cómputo de votos es fundamental para la legitimidad de una elección. No sólo debe ser preciso. Al tratarse de expresiones de la voluntad popular, las actividades que conducen a la sumatoria final de los sufragios obtenidos por cada fuerza política deben darse en apego a principios constitucionales.

El reto no es menor, si se considera que el listado nominal federal asciende a 98 millones. Entidades grandes como el Estado de México tienen más de trece millones de votantes registrados.

¿Cómo lograr que 1.2 millones de personas funcionarias de casilla agreguen las preferencias que una nación entera expresa en las urnas? La ley electoral mexicana deposita esa responsabilidad en personas que no son cuadros partidistas ni representantes del gobierno.

Las campañas son momentos estelares del proceso electoral

Las campañas son momentos estelares del proceso electoral. Mientras transcurren, las personas candidatas recorren las plazas, mercados y calles para presentar sus propuestas. Por su parte, la ciudadanía expone los problemas públicos que detecta y exige soluciones por parte de quienes aspiran a un cargo de elección popular.

Todo eso genera un contexto de civilidad altamente provechoso para la democracia, pues obliga a las personas a pensar las problemáticas en común y las mejores vías para resolverlas. Como demostraron Tocqueville en el siglo XIX y Putnam en el XX, el tejido social se densifica cuando la gente se organiza para hacer tareas en común.

Lo cierto es que las campañas tienen una fuerte relación con el resultado de las elecciones. Por ello, las leyes electorales definen con precisión sus momentos de inicio y término, así como las conductas permitidas y prohibidas. Así, por ejemplo, la Constitución dicta que en los años de elección presidencial las campañas federales deben durar 90 días, pero la duración de las locales se define en los congresos de los estados.

Puede haber desfases. El caso más extremo es del Estado de México, cuyas campañas locales iniciaron el 26 de abril, es decir, casi dos meses después del inicio de la campaña federal.

Las campañas cristalizan derechos fundamentales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos las enmarca en las libertades de expresión, de asamblea, de asociación y de información. A pesar de ello, el Comité facultado para interpretar el Pacto reconoce que debe haber restricciones sobre las campañas, incluido el uso de recursos públicos, el tipo de materiales que se pueden distribuir y, por supuesto, el financiamiento.

Las buenas prácticas internacionales sugieren que, como en México, las campañas sean financiadas con recursos públicos y privados, a efecto de garantizar que todas las propuestas estén al alcance de las personas que ejercerán su derecho al voto.

La modernidad ha impactado positivamente en el desarrollo de las campañas. Por un lado, con la proliferación de debates que permiten a la ciudadanía no sólo conocer las propuestas, sino inclusive ver cómo se contraponen. Algunas entidades como el Estado de México, ponen a disposición de las candidaturas municipales la organización de debates, lo cual amplifica el acceso a la información disponible para que la ciudadanía forme una opinión informada.

Por otro lado, se han puesto en marcha plataformas que permiten a las personas consultar los perfiles de las candidaturas desde sus computadoras o dispositivos electrónicos. “Conóceles” logra ese objetivo adecuadamente porque vincula a los partidos y candidaturas a subir su información, de manera que alcanza niveles altos de captación de datos.

A pesar de estos beneficios, hay un desafío particular que también arribó con la modernidad. En casi todos los países se ha detectado la difusión deliberada de desinformación justo en medio de las campañas electorales. A través de las redes sociales, han circulado mensajes que buscan confundir al electorado, sesgar sus percepciones o, en el peor de los casos, alejarlo de las urnas.

Las recomendaciones internacionales sugieren que los institutos electorales sean una fuente constante de información real que permita a la ciudadanía discernir la realidad cuando reciba información errónea en sus redes. Es recomendable que la ciudadanía verifique la información que consume antes de compartirla con sus familiares y amistades.

A veinte días de que finalicen las campañas, vale la pena reflexionar sobre su contribución a la democracia mexicana. Es la presentación pública de propuestas políticas la que da contenido a las elecciones y nutre sustancialmente las decisiones que habrá de tomar el electorado.

POR AMALIA PULIDO

Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México

@pulido_amalia

Los procesos electorales suelen ser coyunturas en los que estas dinámicas se pueden exacerbar

Hace unas semanas, el centro de investigación sobre democracia Varieties of Democracy  publicó su Informe 2024. De acuerdo con algunos de sus hallazgos, en la actualidad el habitante promedio del mundo disfruta de niveles de desarrollo democrático similares a los de 1985. Hoy, 5.7 miles de millones de personas viven en autocracias, lo que representa un incremento de 48% respecto de lo registrado hace apenas diez años.

Las cifras son coincidentes con las de otros estudios académicos y muestran preocupantes tendencias de deterioro en todo el mundo. Esto nos obliga a pensar en los riesgos que están viviendo las democracias en todo el planeta.

Amenazas como la violencia política, el despliegue deliberado de desinformación y el financiamiento ilícito pueden afectar en forma importante la integridad de los comicios y, por ende, la confianza de la ciudadanía en la democracia. Este último elemento es clave para que los procesos de renovación del poder político sigan teniendo como premisa fundamental el voto ciudadano.

En este artículo quisiera centrar la atención en la violencia político electoral. Estudios recientes de Data Cívica muestran que en México en el transcurso de diez años se ha triplicado el uso de la violencia contra actores políticos. Los procesos electorales suelen ser coyunturas en los que estas dinámicas se pueden exacerbar.

La ocurrencia de episodios de violencia política, o bien la percepción de que ésta puede suceder, pueden generar afectaciones a la integridad de las elecciones. En Latinoamérica están documentados casos en los que el crimen atenta contra la vida de alguna candidatura, o bien intenta su captura. Otros efectos más difíciles de medir, pero igualmente demostrados por los estudios cuantitativos, demuestran que la violencia complica la selección de funcionarios de casilla y afecta negativamente la participación ciudadana. “Votar entre Balas” documentó cómo después de que tres actores políticos fueran víctimas de asesinato en Apaseo el Grande, Guanajuato, la participación electoral pasó de 50% a 39%.

La violencia y la democracia mantienen una íntima relación. Si permitimos que la inseguridad permee en los procesos electorales, le quitamos su esencia a la democracia: el poder elegir libremente a nuestros representantes. La participación política sólo es posible cuando el aparato estatal mantiene las condiciones que permitan el libre ejercicio de todos los derechos fundamentales, incluidos los político-electorales.

En ese contexto, las autoridades del Estado de México nos hemos adelantado al inicio de las campañas para generar instrumentos que permitan prevenir la violencia. Se tienen protocolos para la custodia de materiales y documentación electoral.

Además, el Gobierno del Estado de México actualiza periódicamente mapas de riesgo que permiten focalizar las estrategias de protección.

A partir de un protocolo de protección a candidaturas que delimita las funciones del Gobierno del Estado, la Fiscalía y el Instituto Electoral del Estado de México, se diseñó un convenio que permitirá que las solicitudes que formulen las candidaturas o partidos se turnen en forma expedita. De hecho, antes del inicio de las campañas ya se atendieron requerimientos de precandidaturas que percibían que su integridad estaba en riesgo.

La administración electoral requiere un enfoque de riesgos que reduzcan la probabilidad y consecuencias de las distintas amenazas. En el IEEM no dudaremos en utilizar los recursos a nuestro alcance para garantizar a la ciudadanía un voto libre y seguro.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO (IEEM)