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Hace unas semanas se emitió el último informe de Latinobarómetro

Hace unas semanas se emitió el último informe de Latinobarómetro. Las conclusiones son contundentes: a una década de deterioro continuo de la democracia en la región, podemos afirmar que el subcontinente enfrenta una recesión profunda. En Latinoamérica y el Caribe se ha deteriorado el apoyo a los valores de la democracia, al tiempo que la percepción sobre el desempeño de los gobiernos que resultaron del voto popular se mantiene a la baja.

Este declive no debe confundirse con el que ocurre en el plano económico. En aquella materia hay también signos de deterioro, pero se han gestado en el corto plazo y son perfectamente explicables por factores internos y externos. En efecto, después del repunte de 2022, el crecimiento económico de 2023 será de apenas 1.9%, de acuerdo a estimaciones de CEPAL.

Si bien en todos los continentes la economía crecerá de manera muy moderada, en Latinoamérica la ralentización de la mejora económica se explica no sólo por la caída de la demanda externa, sino por la magnitud de los niveles de endeudamiento, los  cuales acotan el margen de la política fiscal para dinamizar el crecimiento.

Pero la recesión política de la que hablamos es más profunda y no sólo se expresa en indicadores de desempeño. Encuentra cabida en las convicciones de la población. Latinobarómetro ha levantado estudios de opinión sistemáticos en todos los países latinoamericanos desde 1995. En su edición de 2023 advierte de una “ola de recesión democrática” sin precedentes.

A su decir, ésta es motivada, entre otros factores, por el desencanto respecto al poder público. A diferencia de las dictaduras que se generaron en los años setenta del siglo pasado, en el presente es posible distinguir dos factores.

Por un lado, mandatarios que llegaron al poder por las urnas, pero luego se eternizaron en él, cambiando las reglas electivas. Por el otro, lo generalizado que está la percepción de que las élites políticas en la región son corruptas.

Es revelador que veintidós exmandatarios en la región han sido formalmente depuestos por ese delito, o bien enfrentan acusaciones formales en la materia. El impacto de esos indicadores sobre el apoyo de la población a la democracia es ya evidente. 48% de los encuestados consideran que este régimen es “preferible a cualquier otra forma de gobierno”, lo cual genera signos de alarma, si se considera que en 2010 el apoyo llegó a ser de hasta 63%.

En algunos países los niveles de apoyo a la democracia han llegado a niveles francamente preocupantes. En Guatemala, por ejemplo, el grado de satisfacción con la democracia llegó al 29%, el más bajo en toda la región. A su vez, Ecuador presentó el nivel de indiferencia entre autoritarismo y democracia más alto, 27%. En México, 33 de cada 100 personas manifiesta preferir opciones autoritarias que democráticas, lo que arroja signos de alarma inusuales. El nuestro es el país con el mayor número de adeptos al autoritarismo.

Frente a ese desafío, las elecciones 2024 pueden ser un bálsamo de esperanza. En los tres órdenes de gobierno, la ciudadanía mexicana tendrá la posibilidad de refrendar gobiernos o sustituirlos. La vivencia de tomar por cuenta propia el destino político del país y sus entidades federativas puede estimular nuevamente la convicción democrática de la ciudadanía. De ahí la importancia de que las elecciones sean altamente eficaces, confiables y creíbles. Las instituciones estarán a la altura.

POR: AMALIA PULIDO

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México

@pulido_amalia

El pasado 4 de febrero la Organización de Estados Americanos celebró el Día de la Observación Electoral. Desde 1962 el organismo interamericano acude a los comicios nacionales que se llevan a cabo en la región, contribuyendo así a dar mayor confianza en sus resultados. Además, al ser una veeduría que se realiza a partir de metodologías rigurosas, genera recomendaciones que suelen ser útiles a congresos y autoridades electorales para la toma de decisiones. A la fecha, 28 países se han visto beneficiados de las más de 300 misiones desplegadas por la OEA.

Desde los años 90, en el marco de la transición mexicana, nuestro país abrió las puertas a la observación electoral doméstica e internacional. Este aspecto ha sido fundamental para que actores políticos y ciudadanía puedan constatar que el quehacer electoral se realiza conforme a la norma. Cuando ha habido ventanas de oportunidad, los equipos de trabajo han hecho denuncias o recomendaciones, fortaleciendo así a nuestro sistema electoral.

La observación electoral, desempeña un papel esencial en la promoción de elecciones libres y justas. Las y los veedores actúan como vigilantes de la integridad electoral, mirando de cerca cada etapa del proceso, desde el inicio de los comicios hasta el conteo de votos. Su presencia disuade la manipulación y ofrece una capa adicional de transparencia y rendición de cuentas.

Esta figura trae consigo impactos beneficiosos en diversas partes del proceso electoral. Por ejemplo, las personas observadoras desempeñan un papel crucial en la detección y prevención de irregularidades durante la campaña electoral. Monitorean la igualdad de acceso a los medios de comunicación, la libertad de expresión y la conducta ética de las candidaturas. Al hacerlo, ayudan a garantizar que todas las partes compitan en igualdad de condiciones y a disuadir prácticas antidemocráticas.

El día de las elecciones las y los observadores desempeñan un papel crítico. La presencia de veedores en la instalación de las casillas, durante el proceso de votación y en los momentos de cierre y escrutinio aseguran de que todo se desarrolle de manera justa y transparente. Registran cualquier irregularidad y ofrecen una visión externa, imparcial e independiente del proceso y sus resultados.

Pero, a decir verdad, el caso mexicano requiere múltiples miradas de la observación electoral. Nuestro sistema es único en el mundo en cuanto a la manera en que las autoridades nacional y locales se coordinan para organizar elecciones. Cada una tiene tramos de responsabilidad perfectamente definidos. Hay estándares aplicables a las elecciones de cargos federales, estatales y municipales, pero también un margen importante de innovación que emerge en el ámbito de las entidades federativas. Por eso hay diferencias importantes entre las elecciones que se realizan en el Estado de México y las que se organizan en Oaxaca, Tlaxcala o Campeche, por citar algunos ejemplos.

Esta especificidad del ámbito local obliga a que la observación electoral deba ajustar sus metodologías para revisar los rasgos propios de cada elección estatal. Así, por ejemplo, quienes quisieran hacer veeduría en los comicios mexiquenses podrían centrar su mirada en el desafío que representa administrar elecciones locales en contextos donde el tamaño del padrón electoral y la cantidad de cargos a elegir tienen magnitudes del tamaño de países enteros. Otra alternativa sería revisar el desempeño de las acciones afirmativas que implementará el IEEM este año, o bien en la manera en que, por primera vez en la historia, las y los mexiquenses en el extranjero podrán participar en la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional.

Por eso es de celebrar que, a lo largo de los años, agrupaciones de la sociedad civil, así como ciudadanas y ciudadanos actuando en forma individual han observado los comicios mexiquenses. Se ha generado un importante capital social, tanto por el grado de organización, como por el alto nivel de especialización de algunas misiones desplegadas. Se tiene aquí uno de los principales activos democráticos para la entidad.

En el Estado de México la presencia de observadoras y observadores electorales logra adecuadamente que las distintas fases de un proceso electoral sean vigiladas por personas externas a las autoridades, los partidos y las candidaturas. Con ello, no sólo se aumenta el grado de exigencia para quienes administramos elecciones, sino que además se fortalecen las capacidades ciudadanas. Observar elecciones implica ejercer derechos político – electorales, al tiempo que se involucra en forma directa a la ciudadanía en los asuntos públicos.

Es importante destacar que la efectividad de la observación electoral radica en su independencia e imparcialidad. Las y los observadores deben operar sin filiación política o interés personal en el resultado de las elecciones. Esto les permite mantener una perspectiva objetiva y centrada en la protección de los derechos democráticos de todos los ciudadanos.

La observación electoral es una herramienta indispensable para garantizar elecciones íntegras y democráticas. Su presencia es un recordatorio constante de que, en última instancia, la voz del pueblo debe ser escuchada y respetada en la arena política. Para el caso del Proceso Electoral 2024 ya está abierta la convocatoria para observar los comicios. Inscríbete, participa y recuerda que la convocatoria cierra el 7 de mayo.

Es a partir de esos estudios y de la experiencia comparada que los organismos internacionales han generado recomendaciones

En los últimos años, los estudios sobre elecciones han abierto novedosas líneas de investigación alrededor del papel de los organismos electorales. La logística para que millones de personas puedan acudir a las urnas supone una planeación muy bien cuidada.

Cada votación tiene impactos en la representación política y la legitimidad de los gobiernos. De ahí que la administración de elecciones no admite errores o imprevistos. Los riesgos se deben calcular anticipadamente.

Es a partir de esos estudios y de la experiencia comparada que los organismos internacionales han generado recomendaciones.

Por ejemplo, la guía de buenas prácticas en materia electoral de la OEA, sugiere que estas autoridades cuenten con independencia en su capacidad de decisión y acción. Los árbitros no deben estar sometidos en su desempeño a ninguna influencia gubernamental o política. También enfatiza la necesidad de contar con personal especializado y con presupuesto propio para la ejecución de sus actividades.

Otras recomendaciones internacionales tienen que ver con la necesidad de asociar los presupuestos a los programas de trabajo institucionales. Esto es así porque, en materia electoral, los recursos que se invierten deben corresponder con el ciclo electoral. En años de comicios, se despliegan tareas que no ocurren en otros momentos, por lo que debe haber fondos suficientes para llevarlas a cabo.

En el caso de México hay otro grado de complejidad. El proceso de transición dotó a los procesos comiciales de estrictas medidas de seguridad y muchos espacios de control y vigilancia. La integridad de las elecciones y el ejercicio pleno de los derechos políticos, se han constituido sobre la base de procedimientos ciudadanos, colegiados y vigilados en todo momento por los contendientes. Ello trajo consigo un aumento en las necesidades de recursos. No son costos. Velar por la integridad electoral es una inversión de gran valía para la sociedad.

Los datos, sin embargo, a veces apuntan hacia otra dirección. En 2023, por ejemplo, de los 32 institutos electorales locales del país, sólo 7 no vieron mermados sus requerimientos presupuestales. El dato es preocupante, si se considera que las prerrogativas que se entregan a los partidos van al alza, al tiempo que los recursos para la organización comicial decrecen. Las instituciones deben hacerse más eficientes, pero el cambio debe ejecutarse gradualmente y con responsabilidad.

Valen la pena esas consideraciones, de cara a las elecciones 2024, donde habrá predominancia de lo local. El 2 de junio, 97 millones de mexicanas y mexicanos no sólo votarán la nueva presidencia. También renovarán más de 19 mil cargos en las 32 entidades. Por primera vez en la historia, el proceso federal concurrirá con elecciones locales en todos los estados del país. Esto debe motivarnos a centrar nuestra atención al ámbito subnacional y a estar pendientes de la labor realizada por los institutos electorales locales. La democracia nacional debe mucha de su fortaleza a estas instituciones.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA

La Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI de 2021 muestra que 7 de cada 10 mexicanas han sufrido algún tipo de violencia

Cada 25 de noviembre el mundo conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta fecha nos recuerda la urgencia por erradicar esta cruda expresión de la desigualdad de género. Si bien el llamado global ha logrado abrir canales, aún hay áreas de oportunidad para visibilizar el problema. Una de las que más llama mi atención tiene que ver con el manejo de datos empíricos. Aunque contamos con importantes herramientas, debemos perfeccionarlas y ampliar su uso.

Las cifras no son números aislados. Representan vidas, experiencias y la necesidad imperante de tomar acciones. Por eso hay que ponerles atención. La Organización de las Naciones Unidas indica que una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual en algún momento de su vida. Cada año 45 mil mujeres son asesinadas por sus parejas o familiares. Este último dato representa más de la mitad de los homicidios mundiales contra mujeres. Es decir, para muchas mujeres sus hogares y familias no representan puntos de resguardo y tranquilidad, sino focos de riesgos.

El problema alcanza a todas las naciones del mundo, pero hay países donde la problemática se agudiza mucho más. En México, por ejemplo, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que más de 600 mujeres han sido asesinadas por razones de género de enero a septiembre del 2023. Estas cifras revelan a la violencia contra las mujeres, como un problema sistémico, enraizado en las estructuras sociales. De ahí la importancia de contar con buenas herramientas de medición.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI es una de las más valiosas. Además de ser la principal fuente de información del tema, este instrumento ha hecho de México una referencia internacional por los estándares éticos y metodológicos aplicados en su levantamiento. También nos ha permitido dimensionar adecuadamente el problema. Las cifras del 2021 muestran que 7 de cada 10 mexicanas han sufrido algún tipo de violencia en la vida. La representatividad a nivel estatal deja ver que, para el caso mexiquense, son 8 de cada 10 mujeres. La entidad más poblada del país es también la de mayor prevalencia.

La recopilación de datos a partir de una perspectiva de género es esencial para comprender la magnitud de esta crisis. Lo es en todos los ámbitos de la vida pública, incluyendo por supuesto todo lo que atañe al libre ejercicio de los derechos político – electorales. Hombres y mujeres deben poder participar en condiciones de igualdad, libres de cualquier forma de violencia. Se necesitan datos para garantizar mejor las prerrogativas ciudadanas.

En el IEEM estamos no sólo comprometidos con erradicar la violencia política contra las mujeres, sino también a producir información útil para comprender todas las dimensiones del problema. La evidencia es fundamental para que las mujeres puedan ejercer sus derechos libres de miedo, violencia e inequidad.

Todavía hay mucho que decir de los procesos electorales estadounidenses a nivel subnacional

El pasado 7 de noviembre hubo elecciones en algunos estados de la unión americana. Kentucky, Virginia, Mississippi y Pensilvania, votaron gubernaturas, alcaldías, legislaturas. El resultado más significativo fue el de los referéndums en Ohio: la ciudadanía votó por el sí a la despenalización del aborto y el uso recreativo del cannabis. Aunque el federalismo electoral estadounidense es, de lejos, el esquema institucional más estudiado del planeta, aún hay mucho que decir de sus elecciones a nivel subnacional. Me permitiré compartir mis impresiones sobre estas consultas realizadas hace un par de días.

En primer lugar, hay que decir que la democracia directa no formó parte nuclear en el diseño constitucional original estadounidense. Para los federalistas, la forma ideal de democracia era la representativa, con mecanismos de contrapesos entre poderes. El colegio electoral es, de hecho, muestra del espíritu de democracia indirecta que aún persiste en el sistema electoral estadounidense. En 2016, a pesar de tener 3 millones de votos más que Trump, Clinton no fue electa como presidenta de Estados Unidos.

Aún con ello, lo cierto es que a nivel local los mecanismos de participación directa no son poco comunes en la historia norteamericana. Luego de la declaratoria de independencia, algunos estados adoptaron sus nuevas cartas magnas mediante estas vías. En Massachusetts, por ejemplo, los votantes adoptaron una nueva constitución en 1780, después de rechazar una propuesta inicial mediante referéndum. Lo mismo pasó en New Hampshire cuando adoptaron su constitución en 1783. En realidad, la tradición de aprobar enmiendas constitucionales a través del plebiscito es un aprendizaje que surgió desde lo local.

Dicho esto, no son pocas las ventajas que suponen los ejercicios directos de participación. Convocar a las urnas únicamente para renovar cargos puede disminuir el involucramiento en el proceso democrático. Al permitir que se participe directamente mediante referendos, iniciativas populares u otros mecanismos, se fomenta la participación activa en una gama más amplia de temáticas. El destino del gasto público, medidas reproductivas y hasta tratados internacionales, han sido sometidos al escrutinio público en otras naciones.