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Cada 9 de agosto, el calendario internacional nos recuerda una deuda viva: la que el mundo ha contraído con los pueblos indígenas. Pero este recordatorio, tantas veces ritual y formal, corre el riesgo de volverse costumbre. Resulta imperativo pasar de las palabras a la acción para que la inclusión de las personas indígenas sea amplia y construida en colectivo.

Aunque el anhelo de la inclusión debe dimensionarse desde múltiples estrategias, la arena electoral ofrece una oportunidad de construir políticas desde la visión de los propios actores. Adquiere una importancia mayúscula revisar cómo las democracias se pueden fortalecer a partir del diseño de instrumentos que mejoren la participación de los pueblos y comunidades indígenas.

El Estado de México ofrece un escenario ejemplar para explorar la riqueza de la multiculturalidad. Mazahuas, otomíes, nahuas, matlatzincas y tlahuicas habitan realidades que dialogan con la globalización muchas veces desde la exclusión. Hablan lenguas milenarias y sostienen saberes ecológicos, aunque también han aprendido a defender sus tierras de las amenazas que imponen los procesos de urbanización acelerada, el cambio climático y los megaproyectos.

Los pueblos y comunidades indígenas han tenido que reinventar sus formas de existir entre dos mundos. En los municipios con mayor concentración de hablantes indígenas —San Felipe del Progreso, Temoaya, Donato Guerra, entre otros— la comunidad es el eje y la tierra es raíz. En ciudades como Ecatepec o Naucalpan, la presencia indígena migrante desafía el mito de la modernidad homogénea.

La inclusión de personas indígenas en la política, en donde han estado históricamente subrepresentadas, ha sido lenta pero contundente. Un punto de inflexión fue el Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual mandata la consulta como eje primordial en la interacción entre el Estado y la autonomía propia de las comunidades cada que se considera implementar medidas que pudieran afectarles directamente. Las consultas previas, libres e informadas han permitido nutrir la praxis electoral de procesos respetuosos.

Así surgieron las acciones afirmativas que el IEEM impulsa desde el proceso electoral 2023-2024 para elegir diputaciones y ayuntamientos, a efecto de que personas indígenas, con discapacidad, afromexiquenses y de la comunidad LGBTTTIQ+ accedieran a candidaturas y a cargos de representación popular a partir de una contienda en condiciones de equidad. Las propias comunidades indicaron el camino a seguir.

Porque no se trata solo de ocupar espacios, sino de transformar las lógicas de representación, desde una perspectiva que valore la autonomía, la autodeterminación y la cosmovisión de los pueblos originarios. Será importante seguir el trabajo de las 18 personas indígenas que resultaron electas en 2024. No porque deban de estar sometidas y sometidos a un escrutinio distinto, sino para exigir representación sustantiva más allá de la descriptiva.

Las políticas públicas deben dejar de ver a los pueblos y comunidades indígenas como grupos pasivos de asistencia y comenzar a reconocerlos como agentes activos en la creación de futuro. Eso implica no solo garantizar la consulta, sino promover su participación en espacios de toma de decisiones hasta llegar a una democracia plural que trasciende acciones afirmativas.

El futuro no se puede seguir construyendo sin los pueblos indígenas. Si algo sigue enseñándonos la milpa —ese sistema agrícola que no entiende de monocultivos— es que la diversidad no es un problema a resolver, sino una sabiduría a cultivar.