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En fechas recientes algunas voces han sugerido no salir a votar en esta elección judicial. Pienso afortunado que quienes así piensen lo digan con total libertad. Ejercer los derechos fundamentales, como lo es la libre expresión, genera una ciudadanía más informada, más exigente y, por tanto, con mejores capacidades para fortalecer las cuestiones públicas.

Disiento, sin embargo, del contenido de su mensaje. Pienso que la democracia requiere la participación de todas las personas. Esto aplica por igual para quienes están de acuerdo con el objeto de una consulta como para quienes están en contra. La expresión formal de nuestra voluntad política – el voto – deja testimonio de la manera en la que cada persona entiende la política o, en este caso, la justicia. Retrata nuestras preferencias y las pone al servicio de una decisión colectiva.

En tiempos de incertidumbre política, es comprensible que algunas personas se sientan tentadas a la abstención como forma de protesta. Ante una elección inédita como la de personas impartidoras de justicia mediante el voto popular, surgen dudas legítimas: ¿tiene sentido votar cuando no conocemos enteramente las opciones? ¿Es más elocuente el silencio que la participación?

Sin embargo, en contextos como el actual, donde se juegan las bases mismas del orden constitucional abstenerse no es neutral: es ceder el poder a otros. No votar es renunciar —consciente o inconscientemente— a una de las herramientas más poderosas de la ciudadanía en una democracia. Es convertirnos en espectadores de decisiones que nos afectan profundamente, tanto en lo individual como en lo colectivo.

La historia constitucional muestra que los derechos no son conquistas permanentes, sino posiciones ganadas que pueden ser erosionadas si no se usan. El Estado de Derecho no se sostiene desde el diseño institucional, sino desde la práctica constante de quienes reclaman, denuncian, protestan… y votan.

Discrepo de quienes argumentan falta de información para poder ejercer su derecho responsablemente. Si bien es cierto que la ley es restrictiva en cuanto al alcance de las campañas, las autoridades electorales hemos puesto manos a la obra para garantizar un voto informado. En el Estado de México, por ejemplo, cualquier ciudadano o ciudadana puede encontrar en la página del IEEM los perfiles que nos facilitaron el 99.5% de las candidaturas contendientes. Esta información está al alcance de cualquier teléfono o computadora.

Además, se ha inaugurado un nuevo modelo para hacer debates que no obliga a la ciudadanía a estar pegada a los prime time televisivos. En cualquier momento las y los mexiquenses pueden entrar a internet y ver cómo contrastan las visiones sobre la justicia entre las y los candidatos que accedieron a discutir con sus competidores.

Pero me parece que la parte más grave de la desinformación está en el argumento de que votar es difícil. Por supuesto que votar con una “X” es distinto que hacerlo relacionando números, pero hay muchas situaciones en las que las personas seleccionamos a partir de números de correspondencia. Ante la enorme cantidad de cargos a elegir, el sufragio a partir de números es la apuesta más racional y que provoca la menor cantidad de errores.

No lo dudes: ejerce tus derechos. El Estado de Derecho se sostiene cuando las personas participan activamente en los procedimientos que les afectan. Y como advirtió Hannah Arendt, el poder surge donde las personas actúan juntas. Este 1 de junio tenemos la oportunidad de decir qué tipo de justicia queremos. Silenciarnos no hará que desaparezcan los desafíos. Participar, en cambio, puede hacerlos visibles y transformables. Votar es, hoy más que nunca, un acto de responsabilidad democrática.

Las primeras elecciones del Poder Judicial en nuestro país implican un cambio de paradigma. Este 1° de junio por vez primera la ciudadanía decidirá, con su voto, quiénes impartirán justicia.

El proceso ha estado marcado por la polarización. Algunas voces lo califican como un acto de expansión democrática; otras, como una amenaza al equilibrio de poderes. Pero más allá de esas posturas, vale la pena detenernos un momento y reflexionar: ¿por qué importa votar?

En México, sufragar es un derecho y una obligación. Aunque no hacerlo no implica una sanción, la participación ciudadana es alta: más del 60% del electorado ha votado en las últimas tres elecciones presidenciales. Conservamos el recuerdo de tiempos en que el voto era privilegio de pocos o una ilusión rota. En nuestro país, votar es un acto de memoria.

Quienes trabajamos en la administración electoral lo sabemos bien. Cada elección es un reto y una oportunidad para perfeccionar nuestros procesos. En este ejercicio inédito, con pocos referentes internacionales, rediseñamos mecanismos que parecían consolidados: boletas, financiamiento, geografía electoral, paridad, cómputos. La elección hizo necesaria una importante dosis de creatividad que – en algunos casos – pudiera generar buenas prácticas replicables en futuras elecciones.

En los regímenes democráticos, el voto es la herramienta más poderosa para expresar preferencias, exigir cuentas e incluso es utilizado como mecanismo de protesta. En nuestro país, la reforma judicial es una realidad y, desde hace varios meses hemos trabajado incesantemente para garantizar las condiciones adecuadas para que toda la ciudadanía encuentre una casilla en su sección, con los materiales, y las boletas suficientes. Es el momento de manifestar el deseo colectivo, hagámoslo con determinación para que nadie decida por nosotros.

Sufragar no es solo elegir, también es exigir. Votar es una expresión legítima de voluntad popular. No votar es ceder espacio a que otras personas decidan. En un contexto de ampliación de derechos, no acudir a las urnas equivale a renunciar a un nuevo espacio de participación.

Las elecciones judiciales no están exentas de retos. Pero no nos paralicemos, por el contrario, hagamos nuestro este proceso electoral. Estemos vigilantes, cuestionemos y, sobre todo, participemos activamente. Es decir, ejerzamos y asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas.

Y es que en la democracia mexicana podemos garantizar que el voto cuenta y forma parte del resultado final. Cada etapa del proceso está respaldada por mecanismos técnicos y ciudadanos para proteger tu voluntad. Tendremos transmisión en vivo de los cómputos; nuestras vecinas y vecinos estarán en las mesas; habrá vigilancia ciudadana, presencia de observadores y observadoras, y medidas de seguridad informáticas y físicas. Todo está preparado para que tu voto sea respetado.

Aunque somos una democracia joven, tenemos valores democráticos arraigados. Tenemos certeza sobre el proceso, pero incertidumbre sobre el resultado. Las elecciones se deciden exclusivamente con el voto de la ciudadanía, no hay resultados a priori.

Si bien esta elección es distinta a las anteriores, también representa una oportunidad. Las personas que resulten electas tendrán la responsabilidad de impartir justicia y de estar cercanas a sus comunidades.

No podemos ser espectadores. Votar es asumir la responsabilidad de construir el país que queremos. Se trata de no ceder el espacio de decisión ni abandonar lo que tanto costó conquistar.

Este 1º de junio, cada persona votante contribuirá a una democracia que sigue creciendo y necesita de todas y todos. Votar es una forma de cuidar la justicia y la democracia misma.

En los últimos meses, los titulares de los periódicos se han centrado en la elección del Poder Judicial de la Federación. No sólo se ha discutido la conveniencia de que la ciudadanía decida con su voto a las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros tribunales y juzgados del ámbito federal. También se debaten los términos en que la Ley General en materia electoral reguló estos procesos, así como las decisiones que el INE ha adoptado para llevar a buen puerto esta elección inédita.

El fuerte centralismo mexicano explica, en buena medida, que el debate se haya mantenido incompleto. Se asume erróneamente que lo que ocurre en los tribunales más visibles es representativo de toda la impartición de justicia, sin que eso necesariamente sea el caso.

De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2024 del INEGI, los tribunales locales recibieron 39% más asuntos que aquellos del ámbito federal. Además, es en el plano de los tribunales y juzgados de los estados donde se resuelven asuntos sobre pensiones alimenticias, custodias de menores, contratos incumplidos, arrendamientos, sucesiones y la inmensa mayoría de los delitos que impactan la vida cotidiana.

Por eso es necesario que la discusión pública considere también los procesos por los que se elegirán magistradas, magistrados, juezas y jueces locales en 18 estados y la Ciudad de México. En esas entidades están en juego más de 1,800 cargos jurisdiccionales locales, por lo que bien vale la pena revisar cómo se están desarrollando las elecciones desde otro plano.

El poder reformador de la Constitución dio a los estados una amplia libertad para configurar sus procesos electivos. Ello generó un menú muy amplio de posibilidades en términos de cargos a elegir, tiempos, procedimientos e incidencia de la institucionalidad local.

Así, por ejemplo, el Constituyente permanente dio a los congresos de los estados 180 días para reformar sus propias constituciones para renovar a los poderes judiciales locales. En consecuencia, algunas entidades federativas pudieron iniciar sus procesos en los últimos meses del 2024 y otras lo hicieron ya avanzado el 2025. Las oportunidades de planeación fueron distintas para cada caso.

También son disímiles los volúmenes de candidaturas. Toda vez que el constituyente abrió un plazo de tres años para la renovación de los poderes judiciales locales, cada congreso local decidió la proporción de cargos que iría al proceso 2025.

Habrá que ver la manera en que los institutos electorales locales regulan temas novedosos como la manera en que se hará vigente el principio de paridad, o bien el mecanismo para hacer los cómputos. Cada autoridad fue tomando decisiones, sin contar con muchos precedentes.

Por eso fue relevante la discusión que ayer sostuvimos las Presidencias de 17 institutos electorales para discutir cómo están avanzando los procesos locales. Más allá de compartir experiencias y resolver conjuntamente problemas técnicamente complejos como los que este proceso impone, el evento auspiciado por el Instituto Electoral del Estado de México fue una contribución a la discusión sobre las mejores prácticas locales para administrar elecciones judiciales.

El sofisticado sistema electoral mexicano también se ha enriquecido de la periferia al centro. Por eso es necesario escuchar las contribuciones de los institutos electorales de los estados, cuya creatividad y profesionalismo pueden aportar una nueva dosis de innovación para mantener a México como referente de política pública, inclusive en comicios tan desafiantes como los del Poder Judicial.

Parecía una apuesta imposible: posibilitar el voto de más de 13 millones de personas en apenas cuatro meses. Aquel fue el reto que el Instituto Electoral del Estado de México asumió a finales de enero, cuando convocamos a la más grande elección local de personas juzgadoras que jamás se haya registrado.

Estamos llegando a la mitad de ese periodo. El momento es ideal no sólo para dar cuenta de cómo la elección avanza en forma ordenada, sino también para hacer públicos los grandes números que describen este momento histórico.

En la federación y en las entidades que llevarán a cabo comicios judiciales, un primer reto estuvo dado por la geografía judicial. La manera en que están delimitados los ámbitos competenciales de las y los juzgadores no siempre es adecuada para desplegar una logística como la que se requiere en una elección.

Por fortuna, a diferencia de lo que ocurrió en otras entidades, los distritos mexiquenses sí permiten el despliegue y repliegue ágil de materiales y equipos de trabajo, por lo que la elección es factible. Mejor aún, hay correspondencia entre el electorado que elegirá a cada impartidor de justicia y su respectiva jurisdicción.

De ahí que el IEEM operará la elección en esos 18 distritos, cuyos polígonos corresponden a la geografía judicial. Ya instalamos oficinas en cada uno de ellos.

Lo cierto es que, a diferencia de las elecciones de diputaciones, esta vez los distritos no tendrán pesos poblacionales similares. Así, por ejemplo, el listado nominal del distrito de Tlalnepantla de Baz es 27 veces más grande que el del menos poblado, Sultepec. En promedio están registradas para votar 729 mil personas en cada distrito.

Pero resulta interesante que no todos los distritos ni todas las regiones elegirán el mismo número de cargos. Esto es así porque la reforma mexiquense considera un plan de implementación a tres años, de manera que este año, además de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y todas las vacantes en el Tribunal de Disciplina Judicial, sólo se renueva la mitad de magistraturas y las plazas de jueces y juezas que estuvieren vacantes. El resto se definirá hasta 2027.

Por eso hay que tener en cuenta que en esta elección cada distrito elegirá a distinto número de personas juzgadoras. En Toluca, por ejemplo, las personas votarán por 27 cargos locales, mientras que en Texcoco lo harán por la mitad. El votante promedio tendrá la opción de sufragar por 19 cargos locales.

En cinco distritos no se elegirán jueces ni juezas porque no hay vacantes. Se decidirán hasta 2027.

¿Cómo estar preparados para recibir el voto del electorado mexiquense? El INE dispuso la ubicación de 9,215 casillas seccionales en todo el Estado de México, ubicadas en 6,830 puntos. Ocho de cada diez casillas son urbanas, como consecuencia de las grandes tendencias demográficas que se viven en la entidad.

Pero quizás el número más impactante en el Estado de México está dado por la cantidad de documentos que es necesario producir. Este año imprimiremos 53 millones de boletas, cuatro veces más que en la elección de 2023. Para optimizar recursos se harán en tamaño media carta.

Además, se están produciendo 10 mil urnas que se añadirán a las casi 30 mil que recuperamos de otros procesos. Veinte toneladas de materiales estarán a disposición de los votantes el día de la jornada.

El proceso de producción está en marcha bajo una supervisión continua del IEEM. No hay margen para errores ni retrasos. Todo debe estar dispuesto para que el 1º de junio tú encuentres una boleta cerca de tu domicilio.

La logística de una elección inédita avanza sin interrupciones. Pero esta historia se está escribiendo en tiempo real. En este proceso millones de personas votantes tendrán en sus manos la responsabilidad de moldear un nuevo capítulo en la justicia del país: vota, es justo.

Las normas que regulan el acceso a las candidaturas no son un asunto menor. Están estrechamente ligadas al derecho fundamental de las personas a ser votadas.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –entre otros instrumentos internacionales y regionales– reconocen al sufragio pasivo como un derecho humano y, por tanto, obligan a los países a garantizarlo.

Pero no todas las personas llegan a la boleta, ni mucho menos reciben financiamiento para sus campañas. Los estándares internacionales reconocen que las naciones pueden reglamentar este derecho por razones de edad, nacionalidad, instrucción o residencia. Cualquier restricción debe estar basada en criterios objetivos y razonables. Los procedimientos para acceder a una candidatura deben ser accesibles y no discriminatorios.

Ese conjunto de reglas ha sido eficaz para guiar los diseños de reglas para la postulación de candidaturas a cargos ejecutivos y legislativos, pero han resultado insuficientes para las candidaturas al Poder Judicial. El caso mexicano –único en el mundo en que la totalidad de personas juzgadoras será sometida al voto popular– ha dejado claro que hacen falta nuevos ejes sobre los cuales edificar este sistema.

Así, por ejemplo, nuestro país decidió que los partidos se mantengan ajenos al proceso electoral judicial. No sólo carecen de la prerrogativa para postular candidaturas, sino que están impedidos a apoyar a alguna de las existentes y no participan en la toma de decisiones dentro de los órganos colegiados electorales.

Derivado de lo anterior y de la necesidad de que los perfiles contaran con las credenciales jurídicas para realizar su labor de impartidores e impartidoras de justicia, el Constituyente permanente determinó que fueran los poderes de la federación y de cada entidad federativa quienes propusieran las candidaturas. Lo hacen después de rigurosos procesos en los que comités especializados revisan la elegibilidad e idoneidad de cada candidatura. La ley exige sortear a la lista de personas idóneas para determinar el listado final de candidaturas.

A diferencia de lo que ocurre en las elecciones tradicionales, en los comicios judiciales no corresponde a los institutos electorales verificar a quienes se postulan. Esta responsabilidad recae en los poderes y, una vez definida su lista, la remiten a la autoridad electoral para que ésta incluya sus nombres en las boletas y desahogue el resto de etapas del proceso electoral.

El IEEM ya recibió las candidaturas que los tres poderes de la entidad proponen para cubrir las 91 vacantes sobre las que decidirá el voto popular en 2025. Se registraron 539 candidaturas, de manera que a cada cargo corresponden, en promedio, seis opciones. Las y los mexiquenses tendrán opciones reales para decidir a sus magistraturas, juezas y jueces.

Debe reconocerse la institucionalidad con la que operaron los tres poderes del estado. A pesar de los plazos tan estrechos, el IEEM recibió en tiempo los listados de las candidaturas y los expedientes correspondientes. Ello permitirá avanzar, sin contratiempos, hacia las siguientes fases de producción de documentación y difusión de los perfiles que compiten. Una vez que se resuelvan algunos detalles, la lista final será publicada para conocimiento de la ciudadanía y testimonio de este momento histórico.

El próximo 1º de junio podremos elegir a quienes impartirán justicia en el estado más poblado del país. Ya tenemos opciones idóneas entre las cuales decidir. El turno está ahora en la ciudadanía que podrá informarse y, con su voto, escoger la mejor opción. Vota, es justo.