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Las campañas son momentos estelares del proceso electoral

Las campañas son momentos estelares del proceso electoral. Mientras transcurren, las personas candidatas recorren las plazas, mercados y calles para presentar sus propuestas. Por su parte, la ciudadanía expone los problemas públicos que detecta y exige soluciones por parte de quienes aspiran a un cargo de elección popular.

Todo eso genera un contexto de civilidad altamente provechoso para la democracia, pues obliga a las personas a pensar las problemáticas en común y las mejores vías para resolverlas. Como demostraron Tocqueville en el siglo XIX y Putnam en el XX, el tejido social se densifica cuando la gente se organiza para hacer tareas en común.

Lo cierto es que las campañas tienen una fuerte relación con el resultado de las elecciones. Por ello, las leyes electorales definen con precisión sus momentos de inicio y término, así como las conductas permitidas y prohibidas. Así, por ejemplo, la Constitución dicta que en los años de elección presidencial las campañas federales deben durar 90 días, pero la duración de las locales se define en los congresos de los estados.

Puede haber desfases. El caso más extremo es del Estado de México, cuyas campañas locales iniciaron el 26 de abril, es decir, casi dos meses después del inicio de la campaña federal.

Las campañas cristalizan derechos fundamentales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos las enmarca en las libertades de expresión, de asamblea, de asociación y de información. A pesar de ello, el Comité facultado para interpretar el Pacto reconoce que debe haber restricciones sobre las campañas, incluido el uso de recursos públicos, el tipo de materiales que se pueden distribuir y, por supuesto, el financiamiento.

Las buenas prácticas internacionales sugieren que, como en México, las campañas sean financiadas con recursos públicos y privados, a efecto de garantizar que todas las propuestas estén al alcance de las personas que ejercerán su derecho al voto.

La modernidad ha impactado positivamente en el desarrollo de las campañas. Por un lado, con la proliferación de debates que permiten a la ciudadanía no sólo conocer las propuestas, sino inclusive ver cómo se contraponen. Algunas entidades como el Estado de México, ponen a disposición de las candidaturas municipales la organización de debates, lo cual amplifica el acceso a la información disponible para que la ciudadanía forme una opinión informada.

Por otro lado, se han puesto en marcha plataformas que permiten a las personas consultar los perfiles de las candidaturas desde sus computadoras o dispositivos electrónicos. “Conóceles” logra ese objetivo adecuadamente porque vincula a los partidos y candidaturas a subir su información, de manera que alcanza niveles altos de captación de datos.

A pesar de estos beneficios, hay un desafío particular que también arribó con la modernidad. En casi todos los países se ha detectado la difusión deliberada de desinformación justo en medio de las campañas electorales. A través de las redes sociales, han circulado mensajes que buscan confundir al electorado, sesgar sus percepciones o, en el peor de los casos, alejarlo de las urnas.

Las recomendaciones internacionales sugieren que los institutos electorales sean una fuente constante de información real que permita a la ciudadanía discernir la realidad cuando reciba información errónea en sus redes. Es recomendable que la ciudadanía verifique la información que consume antes de compartirla con sus familiares y amistades.

A veinte días de que finalicen las campañas, vale la pena reflexionar sobre su contribución a la democracia mexicana. Es la presentación pública de propuestas políticas la que da contenido a las elecciones y nutre sustancialmente las decisiones que habrá de tomar el electorado.

POR AMALIA PULIDO

Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México

@pulido_amalia

Los procesos electorales suelen ser coyunturas en los que estas dinámicas se pueden exacerbar

Hace unas semanas, el centro de investigación sobre democracia Varieties of Democracy  publicó su Informe 2024. De acuerdo con algunos de sus hallazgos, en la actualidad el habitante promedio del mundo disfruta de niveles de desarrollo democrático similares a los de 1985. Hoy, 5.7 miles de millones de personas viven en autocracias, lo que representa un incremento de 48% respecto de lo registrado hace apenas diez años.

Las cifras son coincidentes con las de otros estudios académicos y muestran preocupantes tendencias de deterioro en todo el mundo. Esto nos obliga a pensar en los riesgos que están viviendo las democracias en todo el planeta.

Amenazas como la violencia política, el despliegue deliberado de desinformación y el financiamiento ilícito pueden afectar en forma importante la integridad de los comicios y, por ende, la confianza de la ciudadanía en la democracia. Este último elemento es clave para que los procesos de renovación del poder político sigan teniendo como premisa fundamental el voto ciudadano.

En este artículo quisiera centrar la atención en la violencia político electoral. Estudios recientes de Data Cívica muestran que en México en el transcurso de diez años se ha triplicado el uso de la violencia contra actores políticos. Los procesos electorales suelen ser coyunturas en los que estas dinámicas se pueden exacerbar.

La ocurrencia de episodios de violencia política, o bien la percepción de que ésta puede suceder, pueden generar afectaciones a la integridad de las elecciones. En Latinoamérica están documentados casos en los que el crimen atenta contra la vida de alguna candidatura, o bien intenta su captura. Otros efectos más difíciles de medir, pero igualmente demostrados por los estudios cuantitativos, demuestran que la violencia complica la selección de funcionarios de casilla y afecta negativamente la participación ciudadana. “Votar entre Balas” documentó cómo después de que tres actores políticos fueran víctimas de asesinato en Apaseo el Grande, Guanajuato, la participación electoral pasó de 50% a 39%.

La violencia y la democracia mantienen una íntima relación. Si permitimos que la inseguridad permee en los procesos electorales, le quitamos su esencia a la democracia: el poder elegir libremente a nuestros representantes. La participación política sólo es posible cuando el aparato estatal mantiene las condiciones que permitan el libre ejercicio de todos los derechos fundamentales, incluidos los político-electorales.

En ese contexto, las autoridades del Estado de México nos hemos adelantado al inicio de las campañas para generar instrumentos que permitan prevenir la violencia. Se tienen protocolos para la custodia de materiales y documentación electoral.

Además, el Gobierno del Estado de México actualiza periódicamente mapas de riesgo que permiten focalizar las estrategias de protección.

A partir de un protocolo de protección a candidaturas que delimita las funciones del Gobierno del Estado, la Fiscalía y el Instituto Electoral del Estado de México, se diseñó un convenio que permitirá que las solicitudes que formulen las candidaturas o partidos se turnen en forma expedita. De hecho, antes del inicio de las campañas ya se atendieron requerimientos de precandidaturas que percibían que su integridad estaba en riesgo.

La administración electoral requiere un enfoque de riesgos que reduzcan la probabilidad y consecuencias de las distintas amenazas. En el IEEM no dudaremos en utilizar los recursos a nuestro alcance para garantizar a la ciudadanía un voto libre y seguro.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO (IEEM)

Los Organismos Públicos Locales Electorales tendrán la gran labor de revisar y validar las candidaturas a 19 mil 634 cargos que estarán en juego el 2 de junio

Se suele pensar en la labor de los institutos electorales como organizadores de comicios. Aunque es una función esencial, la literatura académica enumera otras que, por su naturaleza, deben ser asignadas a una institución electoral autónoma. Es el caso del registro de candidaturas. En esta etapa se resuelve quiénes podrán competir por el voto popular, y quiénes quedarán fuera. Por ello es necesario que esta labor se realice en apego a principios de objetividad, legalidad y certeza.

El registro de candidaturas deriva del derecho fundamental de las y los ciudadanos a votar y ser votados. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es claro cuando señala que las y los ciudadanos tienen el derecho a ser votados en elecciones periódicas y auténticas, a partir del voto libre y universal. El instrumento internacional explica que ese derecho se debe garantizar sin restricciones indebidas.

El Comité de la ONU habilitado para interpretar el Pacto explicó que sólo es posible la imposición de requisitos objetivos, como la edad mínima para ocupar ciertos cargos públicos, siempre y cuando estén previstos en la legislación. Inclusive, los plazos y condiciones para el registro de candidaturas deben ser amplios, a efecto de evitar que se vuelvan disuasorios de la participación.

Si bien los países signatarios del Pacto se comprometen a postular a las candidaturas que provengan de partidos políticos, también reconocen que personas ajenas a estos institutos pueden participar en la elección. En esos casos, se puede exigir un número mínimo de apoyos, siempre y cuando esa disposición no se traduzca en una barrera para ejercer el derecho al voto pasivo.

El artículo 35 de la Constitución mexicana agrega valor a esa disposición convencional, al reconocer que la ciudadanía mexicana cuenta con el derecho a ser votados “en condiciones de paridad” para todos los cargos de elección popular. Las candidaturas pueden recaer en postulaciones partidistas, o bien en personas que compitan por la vía independiente, cumpliendo los requisitos de ley.

Es tal la trascendencia de esta actividad que la reforma de 2014 no la centralizó en una autoridad nacional única. El INE registra las candidaturas federales, pero las estatales y municipales son responsabilidad de cada Instituto local. Los datos muestran lo adecuado de ese diseño: mientras que en 2024 la autoridad nacional registró candidaturas para 629 cargos, los OPLEs lo haremos para 19,634.

La distribución es virtuosa no sólo por el gran volumen de documentación a revisar, sino también por la heterogeneidad de las reglas. Las entidades federativas tienen reglas específicas que deben ser escrupulosamente revisadas por la instancia responsable del registro.

En los próximos días el Estado de México enfrentará una demanda muy importante de solicitudes de candidaturas. Se espera que al cierre del plazo de registro se inscriban alrededor de 7,700 personas que aspiran a un cargo local.  El Instituto contará con cinco días para revisar el cumplimiento de requisitos legales, tales como la edad, la residencia o no ser deudores morosos de pensión alimenticia.

Es importante mencionar que las candidaturas deben cumplir con el principio de paridad en sus tres vertientes, vertical, horizontal y transversal. Por vez primera en la historia mexiquense, los partidos estarán obligados a postular a personas con discapacidad, indígenas, afromexiquenses o pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+.

El apego estricto del registro de las candidaturas al marco convencional, constitucional y legal protege el derecho de las personas a ser votadas. Garantiza, además, que quienes sean electas cumplan con los requisitos para ocupar el cargo.

CITA 

El apego estricto del registro de las candidaturas al marco convencional, constitucional y legal protege el derecho de las personas a ser votadas.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO (IEEM)

Para contrarrestarlas, a nivel global se ha estructurado un rango amplio de respuestas institucionales

Desde hace algunos años, el mundo está registrando tendencias al alza del desencanto con la democracia. Los datos del Latinobarómetro 2023, por ejemplo, apuntan a que en nuestra región sólo el 48% de las personas encuentra que los regímenes democráticos son preferibles al autoritarismo. Esta cifra representó una disminución de 15 puntos porcentuales desde 2010. Junto con ello, las tasas promedio de participación en los comicios y el éxito de discursos altamente polarizantes y anti-sistémicos, han despertado las alertas sobre la salud del orden democrático en el mundo.

Para contrarrestarlas, a nivel global se ha estructurado un rango amplio de respuestas institucionales. Los institutos electorales en México, por ejemplo, han tratado de contrarrestar esta pérdida de entusiasmo mediante campañas que recuperan el valor central del sufragio. No basta con invitar a la gente a participar; debe enfatizarse la importancia que el agregado de preferencias tiene para definir la política pública de países y gobiernos locales. Lo valioso es dotar a las personas de elementos para sufragar de manera informada y para ello, debe disminuirse el tiempo que toma conocer a las candidaturas. Así se abren más posibilidades al involucramiento activo.

El Sistema Candidatas y Candidatos “Conóceles” es, precisamente, la manera en que el INE y los institutos locales acercamos la información de las y los contendientes al electorado. Una vez aprobado el registro de candidaturas, los partidos y quienes participarán en las campañas, tienen la obligación de capturar su información curricular y de identidad en el sistema. La idea es que las propuestas y los datos de las opciones políticas, estén al alcance de cualquier persona, desde sus computadoras o dispositivos electrónicos, a un click de distancia en una plataforma digital.

Es de destacar que, en algunas entidades federativas, incluido el Estado de México, ya se habían hecho esfuerzos parecidos. Conóceles logra estandarizar estos esfuerzos en un sistema con requisitos homogéneos, de manera que una persona pueda encontrar información similar, independientemente de la entidad. Esta herramienta facilita el acceso a la información y maximiza la transparencia en la difusión de candidaturas.

Para entidades tan pobladas como el Estado de México estos recursos son fundamentales, toda vez que generan una ruta sistemática para ofrecer información útil a casi trece millones de votantes potenciales. En los comicios de este año se esperan hasta 7 mil 700 registros. Difícilmente se encontrará otra fuente pública que aglutine la información de ese número de aspirantes a cargos de elección popular en la entidad.

La ciencia política, desde hace décadas, ha hablado de la importancia del derecho a la información en una democracia. Los costos de informarse son un gran obstáculo para que las y los electores, puedan sufragar conociendo a sus candidaturas y sus propuestas de gobierno. Para reducirlos, a nivel federal y en todas las entidades del país contaremos con el Sistema Conóceles. Estamos comprometidos para que el próximo 2 de junio el voto sea libre, secreto y razonado.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO (IEEM)

Los topes de gastos, las obligaciones en materia de fiscalización o la regulación de los tiempos de radio y televisión son algunas medidas ejemplificativas

La transición democrática mexicana tuvo paralelismos en la sofisticación de nuestro sistema electoral. Al tiempo que nuestros comicios se volvían más competitivos, fueron incorporados controles para garantizar un relevo pacífico del poder apegado a los principios de la materia electoral.

Los topes de gastos, las obligaciones en materia de fiscalización o la regulación de los tiempos de radio y televisión son algunas medidas ejemplificativas. Cada una de estas innovaciones estuvo justificada por desequilibrios que ocurrieron previo a la transición y buscaron resolverlas.

Este es el caso de la difusión que los medios de comunicación hacen sobre las candidaturas y partidos durante los procesos comiciales. En los años del sistema de partido hegemónico era común que la mayoría del tiempo en noticiarios se dedicara a la candidatura oficial. Ello, en detrimento de la información respecto a las otras ofertas políticas.

Los monitoreos, precisamente, surgieron para contrapesar estos sesgos. Esta herramienta es esencial para que los medios ejerzan su libertad de expresión y contribuyan al derecho a la información de las personas de manera imparcial. En efecto, estos recursos no inciden en las políticas editoriales de cada medio, pero sí brindan señales de sus tendencias a la ciudadanía.

El propósito de estos trabajos es verificar el cumplimiento de los tiempos de transmisión, evaluar el enfoque periodístico, la imparcialidad y la participación de los actores. Se realiza en medios electrónicos, impresos, internet y alternos. No sólo se recolectan los testigos de la información, también se realiza un análisis su contenido.

Además, se monitorea la propaganda en exteriores y eventos públicos, ponderando un tratamiento equitativo y transparente durante la elección. Una vigilancia efectiva de la propaganda en la vía pública contribuye a una competencia más justa.

A nivel nacional, el INE cuenta con una larga trayectoria revisando noticiarios, programas de espectáculo, así como programas de debate, opinión y análisis. Para este 2024, por ejemplo, no sólo analizará la información para conocer el trato otorgado a cada partido. También se utilizará para conocer la presencia de violencia política contra las mujeres o mensajes discriminatorios contra poblaciones vulnerables.

El principal propósito es promover la reflexión y dotar a la ciudadanía de información oportuna sobre posibles sesgos en la cobertura y las tendencias mediáticas. 

También hay ejemplos que surgen del ámbito local. El Estado de México, por ejemplo, tiene una amplia experiencia realizando estos trabajos. En 2021 se obtuvieron 55 mil 264 registros de propaganda y para la Elección de la Gubernatura de 2023, esta cifra aumentó a 334 mil 284. El IEEM cuenta con alta capacidad para documentar la actividad propagandística en periodos electorales. Este 2024 se verificará, además de radio y televisión, internet, propaganda urbana y hasta cines.

Todos los partidos tienen acceso a los testigos de las coberturas y suelen ser utilizados como medios de prueba para la presentación de denuncias. Esto refuerza la confianza en el proceso y promueve una cultura de respeto a los cauces institucionales.

Los medios de comunicación son un actor clave en todas las democracias de la actualidad. En todo el mundo, influyen significativamente en cómo la ciudadanía forma su opinión, sus actitudes democráticas y sus preferencias. Para las candidaturas, funcionan como canales para difundir sus propuestas y sus programas de gobierno.

El debate democrático requiere de medios libres y de un despliegue equitativo. El monitoreo durante procesos electorales desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la equidad y la transparencia electoral.

POR AMALIA PULIDO

Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)