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En México, según lo dispone el artículo 1º de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos por ésta y en los tratados internacionales vigentes en el país, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que ella misma mandata.

 

En armonía con lo anterior, el diverso artículo 29 constitucional, establece la prohibición de restricción o suspensión de diversos derechos, entre ellos, de aquellos que son componentes del derecho a la identidad como el nombre y el reconocimiento de la personalidad jurídica.

 

Bajo este contexto, y por cuanto al tema que aquí interesa, cabe traer a cuenta lo resuelto por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes SCM-JDC-1050/2019 y SCM-JDC-1215/2019. En éstos, el órgano jurisdiccional conoció de dos asuntos en los que los respectivos actores alegaban violación a su derecho a la identidad con motivo de la negativa del Instituto Nacional Electoral de expedirles su credencial para votar con fotografía.

 

En ambos casos, la relevancia jurídica se hizo consistir en que los actores eran ciudadanos que se encontraban suspendidos en sus derechos político-electorales como consecuencia de estar cumpliendo una sentencia firme y definitiva que les imponía una pena privativa de la libertad, aunque con el beneficio penitenciario de condena condicional y libertad preparatoria, es decir, que los actores se encontraban cumpliendo sus respectivas condenas en libertad.

 

Al respecto la Sala Regional determinó que, en atención a la evolución que ha tenido, la credencial para votar es un instrumento mediante el cual se protegen y garantizan dos bloques de derechos humanos, a saber: a) los derechos político-electorales y b) el derecho a la identidad.

 

En caso de que exista una suspensión de los derechos político-electorales de una persona, ello no debe ser motivo para privarle de un medio de identificación oficial, puesto que tal circunstancia no le priva de la calidad de ciudadano o ciudadana. Por tal motivo, la Sala Regional ordenó al INE expidiera la credencial para votar de los actores, únicamente para efectos de identificación y dejando intocada la respectiva suspensión de derechos. Así, en acatamiento a lo resuelto el INE emitió el acuerdo INE/CG62/2020 por el que aprobó los mecanismos para garantizar el derecho a la identidad de las personas suspendidas en sus derechos político-electorales.

 

Con tal medida se logra una adecuada protección del derecho humano a la identidad de sectores de la sociedad que se encuentran en situación de vulnerabilidad y se contribuye a su eficaz reinserción social.

Por lo anterior, ya no cabe concebir a la credencial únicamente como un instrumento para votar y ser votado, sino antes bien, debe ser entendida como un instrumento que garantiza el derecho a la identidad y como un documento indispensable para acceder a otros derechos sociales, económicos y culturales de la ciudadanía.

personas a cambiar su identidad de género en razón del sentido que cada quien tiene de sí misma, a partir de las ideas relacionadas con la masculinidad o feminidad que existen en un determinado contexto social. En este sentido, cabe recordar que históricamente las personas pertenecientes a la diversidad sexual en general, y las personas trans (transgénero, transexuales y travestis) en particular, han sido un grupo en situación de vulnerabilidad que ha luchado constantemente por el reconocimiento de sus derechos fundamentales.

 

Al respecto, el pasado 21 de noviembre de 2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 346/2019. La trascendencia de esta resolución radica en que permite a las ciudadanas y ciudadanos adecuar sus actas de nacimiento a efecto de hacerlas concordar con la identidad que se otorgan en relación con su nombre y sexo. Esto, mediante un procedimiento administrativo expedito y sencillo que sólo requiere el consentimiento libre e informado de la o del solicitante y sin la necesidad de iniciar un juicio.

 

Por ello, el estado mexicano tiene la obligación de regular y establecer los procedimientos adecuados para tales fines, sin que éstos sean complicados, tardados o que impliquen cargas judiciales excesivas. Acorde con lo anterior, nuestro máximo Tribunal ha establecido que tales procedimientos deben cumplir con los siguientes parámetros: a) estar enfocados a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida; b) estar basados únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante, sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables; c) ser confidenciales; d) los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros y documentos de identidad no deben reflejar la identidad de género anterior; e) ser expeditos y, en la medida de lo posible, deben tender a la gratuidad; y f) no deben exigir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/u hormonales.

 

Esto, sin que el cambio de identidad de género ponga a la persona solicitante en una situación de vulnerabilidad que le pueda significar actos de discriminación en su contra, en su honor o reputación, en detrimento del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

 

Lo anterior es así ya que en todo país que se precie de ser democrático, la pluralidad de ideas y formas de vida constituyen un elemento esencial, y en donde la tolerancia se erige como el pilar de la convivencia humana. Por tanto, toda persona debe tener garantizado el derecho de elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida así como, en su caso, obtener una reasignación sexo-genérica en sus documentos, sin estigmas, etiquetas o estereotipos, pues el papel de la sociedad debe consistir en reconocer y respetar la autoadscripción de cada individuo, contribuyendo así, a la generación de una reconfiguración socio-cultural que propicie el respeto integral de los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad.

  

En ese sentido, me pronuncio a favor de un estudio exhaustivo y pormenorizado orientado a la regulación del tema que ahora se analiza, pero desde la perspectiva de una adecuada armonización del orden jurídico en el que se atienda un reclamo social y se garantice el ejercicio de derechos de un grupo minoritario, pero sin afectar o transgredir otras conquistas de no menor relevancia. Sólo así estaremos dando pasos firmes en el proceso de consolidación democrática en el que se encuentra nuestro país.

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