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En nuestro país, a partir de 2014 tenemos un Sistema Nacional de Electoral, el cual se integra por 33 autoridades administrativas electorales: una autoridad nacional denominada Instituto Nacional Electoral (INE) y 32 organismos públicos locales en materia electoral (OPLE´s).

En el caso OPLE´s, como el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), se definieron atribuciones especificas relacionadas con las elecciones locales, mismas que se relacionan, entre otras, con la administración del acceso a las prerrogativas de las candidaturas y partidos políticos, la preparación de la jornada electoral, la realización de cómputos y el otorgamiento de constancias, así como la realización de las tareas de educación cívica.

Así, las actividades relacionadas con la educación cívica se encaminan a la formación de ciudadanas y ciudadanos en nuestro país, es decir fomentar valores y prácticas democráticas en la ciudadanía, con el conocimiento de los derechos y obligaciones que tienen en materia política-electoral, como participar no solo a través del ejercicio de su derecho de voto, sino de ser votados en las elecciones sino también en los mecanismos de participación ciudadana que existen, que en las entidades federativas son muy diversos, como consulta popular, referéndum, plebiscito, revocación de mandato, etc.

Derivado de ello, a partir de 2015 se han realizado los Encuentros Nacionales de Educación Cívica, que tienen por objeto  generar líneas de acción a fin de conformar una agenda común con los 32 OPLE´s, para lo cual se establecen ejes temáticos específicos en aras de la potencialización de la educación cívica en las personas de nuestro país, y no solo en coordinación con autoridades electorales sino con la participación de la sociedad, a efecto de que tengan una repercusión e incidencia mayor en cada uno de los estados del país. Estos Encuentros Nacionales, se consolidan como una de las incitativas preponderantes que se generan en el seno de la hoy Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica (RED CÍVICA MX).

Para dar continuidad a los trabajos de educación cívica en nuestro país, el IEEM junto con la RED CÍVICA MX, organizará del 21 al 24 de septiembre próximos el XI Encuentro Nacional de Educación Cívica denominado “Propuesta de una deconstrucción de la cultura cívica desde lo local en las nuevas colectividades virtuales” (XI ENEC), el cual se realizará bajo la modalidad virtual con acceso a videoconferencia a quienes se inscriban como participantes. Este Encuentro tendrá por objetivo analizar estrategias de promoción y difusión de la cultura democrática, de fortalecimiento de la formación ciudadana y educación cívica desde la perspectiva de los organismos electorales de las entidades federativas, con miras de contribuir desde lo local, a la formación de nuevos cursos de acción para las recientes colectividades virtuales en el actual escenario de distanciamiento social.

Los ejes temáticos que se abordarán en el XI ENEC son: acciones afirmativas y medidas de inclusión, perspectivas sobre participación ciudadana de las minorías y grupos vulnerables. implementación de técnicas innovadoras para impulsar la formación cívica democrática de la población, estrategias para fortalecer la incidencia en la construcción de ciudadanía, educación cívica, experiencias de los organismos electorales nacionales y locales, educación cívica y desarrollo Social, un binomio indisoluble y experiencia, actualidad y retos derivados del contexto pandémico Construcción de ciudadanía y difusión de la cultura cívica bajo el contexto de la Pandemia por Covid-19 y desafíos a futuro.

El registro para la participación del XI ENEC se encuentra disponible en el minisitio  https://www.ieem.org.mx/2021/XI_ENEC/index.html, donde podrán conocer el detalle del programa de actividades que incluye conferencias magistrales y los 6 paneles alineados a los ejes temáticos. El registro está abierto a toda persona interesada en el fomento de la educación cívica de nuestro país, con la finalidad de intercambiar experiencias en la materia, avivando estrategias que fortalezcan una nueva manera de fomentar la participación de la sociedad civil.

Una vez que las y los mexicanos hemos cumplido con nuestro deber democrático de votar en la pasada jornada electoral del 6 de junio, eligiendo a quienes serán nuestros próximos gobernantes, toca el turno de reflexionar sobre las lecciones y experiencias que nos dejó lo que hasta el momento ha sido la jornada comicial más grande en la historia de las elecciones en México.

Sobre el particular, en esta ocasión me quiero referir sobre la implementación del voto electrónico en los procesos electorales del país. Esto, ya que el contexto inédito de pandemia nos ha recordado y mostrado la importancia del uso de las tecnologías de la información y comunicación en nuestras actividades diarias; en la escuela, oficina, trabajo, entretenimiento, etc. y en donde la materia electoral no ha sido la excepción. Por ello y ante el avance tecnológico que vive el mundo, hoy más que nunca toca reflexionar sobre la viabilidad de implementar el voto electrónico.

Lo anterior, con la finalidad de establecer nuevas formas de ejercer el sufragio, no sólo como una manera de aprovechar los avances tecnológicos y facilitar la emisión del voto, sino también como un mecanismo para incentivar la participación ciudadana. Y es que en el mundo, y México no es la excepción, existe una tendencia más o menos generalizada hacia la implementación del voto electrónico en sus diversas modalidades, ya sea a través de internet, o bien, mediante urnas electrónicas.

En el caso particular de nuestro país, conviene recordar que ya desde hace tiempo existen diversas pruebas piloto, aunque a la fecha todavía no se haya contemplado expresamente en la legislación electoral nacional el uso vinculante de dispositivos de votación electrónica (salvo en el caso del voto de los mexicanos en el extranjero). Y es que el legislador ha diseñado todo un entramado de recepción del voto que se decanta por la boleta electoral impresa. No obstante lo anterior, los órganos jurisdiccionales del país ya han validado el empleo de las urnas electrónicas para la recepción del sufragio, pues han sostenido en diversas resoluciones que esta modalidad de votación es legal, ya que no vulnera los principios rectores de la función electoral, ni las características del voto.

Las últimas pruebas piloto que se han implementado en el país, han sido los casos de Coahuila y Jalisco en las elecciones de este año; de igual manera, el año pasado se implementaron 94 casillas con urnas electrónicas en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo, en donde la emisión del voto bajo esta modalidad fue vinculante, es decir, contó y se agregó a las preferencias hacia partidos y candidatos. Los resultados de estos ejercicios fueron realmente exitosos, pues se pudo emitir el sufragio con rapidez y sencillez, a pesar de que el grueso de la ciudadanía no está familiarizada con la emisión del voto mediante urna electrónica.

Bajo este contexto, es que estoy convencida de que el gran reto es la implementación gradual y paulatina del voto electrónico, tal vez primero mediante el uso de urnas electrónicas y posteriormente vía internet. Para ello, se tendría que adecuar primero el marco legal, lo que implica en sí mismo otro gran reto pues presupone el acuerdo de las diversas fuerzas políticas para lograr reformar la legislación electoral nacional. 

No obstante lo anterior, considero que el camino del voto electrónico ya está de alguna manera trazado. Por ello, debemos transitar hacia su naturalización a fin de implementar la tecnología que permita hacer más sencillas las labores de las mesas directivas de casillas, eliminar errores en el escrutinio y cómputo y captura de resultados, obtener resultados el mismo día de la jornada electoral y, eventualmente, reducir los costos de los procesos electorales. Esto bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, así como de eficiencia y racionalidad.

No debemos perder de vista que el uso de la tecnología constituye la base sobre la cual, actualmente, se sustentan y solventan muchas de las actividades de la sociedad, inclusive, de las actividades propias de los órganos electorales del país. Por ello, el empleo paulatino del voto electrónico (urna electrónica y voto por internet) para garantizar y materializar el derecho humano al voto es técnicamente viable y socialmente deseable; la llamada e-democracia está más cerca que nunca.

El proceso de formulación de políticas públicas dentro de la administración gubernamental abarca, a grandes rasgos, una serie de etapas que se presentan en un ciclo que va desde la identificación de facultades y obligaciones del respectivo órgano de gobierno (diagnóstico), hasta la configuración de acciones (diseño), desarrollo específico de éstas (implementación) y el seguimiento de sus resultados (monitoreo y evaluación).

Así, el diseño y ejecución de las acciones tendientes a cumplir con las facultades y obligaciones de una entidad pública es un proceso que se representa en etapas con una dinámica propia, en donde cada una de ellas cuenta con actores, reglas, decisiones y resultados de distintos tipos.

Bajo este contexto de modelo de gestión administrativa el IEEM utiliza, desde hace ya varios años, la Metodología del Marco Lógico como herramienta para la Gestión para Resultados, considerando la elaboración de su Presupuesto basado en Resultados, el Sistema de Evaluación del Desempeño y la Matriz de Indicadores para Resultados. Este diseño administrativo se lleva a cabo en apego a lo señalado en disposiciones normativas federales y estatales aplicables al ámbito de competencia del IEEM, como organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones y como responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en la entidad mexiquense.

De esta manera, el IEEM ejerce sus funciones a través de sus órganos centrales y desconcentrados, y dentro de éstos últimos, a través de las vocalías distritales y municipales. Por ello, para el proceso electoral de 2021 designó 135 vocalías en las juntas distritales (45 ejecutivas, 45 de organización electoral y 45 de capacitación), así como 250 vocalías en las juntas municipales (125 ejecutivas y 125 de organización electoral), haciendo un total de 385 vocalías, proceso de designación en el que, dicho sea de paso, el Instituto implementó acciones afirmativas para asegurar la participación de un mayor número de mujeres.

Es así que en atención a la relevancia de las funciones que desarrollan, el IEEM lleva a cabo la evaluación del desempeño de las vocalías distritales y municipales. Este es un proceso que tiene como objetivo medir y calificar el comportamiento laboral y grupal, así como los resultados relacionados con las funciones encomendadas a las personas que ocupan una vocalía en las juntas distritales y municipales, a efecto de poder determinar el cumplimiento de las políticas, programas, funciones y metas institucionales; lo que permite, además, contar con un elemento objetivo a considerar en la sustitución de vocalías.

Para estos efectos, la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral es la encargada de coordinar la aplicación de la evaluación, bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva, vigilando que ésta se sustente en parámetros objetivos, medibles y verificables. Para ello, el IEEM hace uso de la tecnología y ha implementado un sistema informático propio denominado Sistema Informático de Evaluación del Desempeño.

En la evaluación se valora el cumplimiento cualitativo y cuantitativo de las metas individuales y colectivas asignadas a las vocalías, así como su participación en la capacitación focalizada, buscando medir sus funciones sustantivas y prioritarias que desarrollan en el marco del proceso electoral de la entidad mexiquense. Cabe referir que las metas individuales y colectivas se integran por indicadores de eficacia y, en su caso de eficiencia, que son medidas cuantitativas que proporcionan información sobre el cumplimiento de las actividades.

Así, el IEEM implementa un modelo de profesionalización transversal en todos sus órganos, basado en los conocimientos en materia electoral de su personal y de su experiencia laboral, bajo la directriz de la gestión administrativa de evaluación de resultados en el desempeño de las funciones. Lo que permite que el Instituto sea un organismo sólido, confiable y profesional.

De esta manera, el IEEM refrenda su visión en el sentido de constituirse como un organismo electoral que, con base en la búsqueda de la mejora continua y de la calidad, certeza y transparencia en sus procedimientos, logre ser un referente nacional en las tareas de organización de los procesos electorales estatales, así como en las actividades de desarrollo de la cultura política democrática y de administración electoral en la entidad.

La Jornada Electoral del 6 de junio, sin duda alguna, representó el mayor reto electoral en la historia del México moderno. Por primera vez, concurrieron 32 elecciones locales con la renovación total de las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. De igual modo, estuvieron en disputa 15 gubernaturas, se renovaron 30 Congresos locales que representan 1,063 diputaciones y 1,926 presidencias municipales en 30 entidades federativas. Lo anterior equivale a la elección de 21,368 cargos de elección popular por la vía democrática en un contexto inédito de pandemia.

En este sentido, paralelamente al elevado número de cargos en disputa, el proceso electoral 2021 también se caracterizó por la cantidad de casos en los cuales los representantes populares buscaron reelegirse.  Si bien es cierto que desde 2014 (año en que se aprobó la reforma constitucional que posibilitó la reelección para legisladores tanto a nivel federal y local, así como de integrantes de ayuntamientos), ya se había tenido en México experiencia sobre la reelección en cargos de elección popular, no menos cierto es que la pasada Jornada Electoral sirvió para apuntalar aún más este tema, pues ahora contamos con reglas claras y con diversos criterios jurisdiccionales que han servido para configurar la elección consecutiva en el país.

Sobre este particular, destaca por ejemplo, la definición sobre la no exigencia de separarse del cargo para quienes busquen reelegirse, además de la coexistencia de la paridad de género, tema en donde ha quedado claramente establecido que los partidos políticos deben garantizar el cumplimiento de la paridad de género a la luz del derecho a la elección consecutiva.

Lo anterior, sin dejar de reconocer que aún hay temas pendientes por resolver, como lo que acontece a nivel federal en donde hay un vacío legal al no existir la normatividad que regule la figura de la elección consecutiva de diputados federales y senadores. En este ámbito, cabe recordar que esta posibilidad empezó a aplicar respecto de las diputaciones federales y senadurías electas a partir del pasado proceso electoral federal de 2018, por lo que es en el proceso electoral de este año que se tuvo la posibilidad buscar la elección consecutiva.

Así, según cifras reportadas por el Instituto Nacional Electoral, a nivel federal se recibieron un total de 434 manifestaciones de intención por parte de diputadas y diputados. De este total, 48% (210) fueron presentadas por mujeres y 52% (224) por hombres. En el caso del Estado de México, para la legislatura estatal 46 personas buscaron la reelección, de las cuales el 56% (26) fueron diputadas y el 43% (20) fueron diputados, lo que en conjunto representa el 61% del total de diputaciones que buscaron la permanencia en la legislatura.  Y para ayuntamientos, en el 55% del total de municipios que conforman la entidad mexiquense se buscó la reelección con 69 personas; 42% (29) fueron mujeres y 57% (40) fueron hombres.

De esta manera, cabe recordar que la elección consecutiva posee una doble dimensión; por un lado, representa el derecho de las personas que ostentan un cargo de elección popular para postularse nuevamente por el mismo encargo, y por el otro, significa el derecho de la ciudadanía de evaluar (y de aprobar o reprobar), a través del sufragio popular, el desempeño y la gestión de sus representantes populares. Por ende, tal figura constituye en sí misma, un mecanismo que fortalece la vida democrática del país.

El proceso electoral en nuestra entidad tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes del Poder Legislativo, de la o del titular del Poder Ejecutivo y de las y los integrantes de los ayuntamientos, y se conforma por los actos que realizan las autoridades electorales, los partidos políticos y la ciudadanía.

El Proceso Electoral 2021 inició el pasado 5 de enero, con los preparativos de la elección, el día 6 de junio se realizó la Jornada Electoral y concluirá con los cómputos y declaraciones que realizan los Consejos del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) o con las resoluciones que, en su caso, pronuncien los órganos jurisdiccionales electorales.

Así, dentro de la etapa final, continúan los trabajos arduos por parte del IEEM para poder otorgar certeza a la ciudadanía, respecto de los resultados finales de las elecciones. De manera relevante, está la realización de los cómputos distritales y municipales, los cuales constituyen la suma que realizan dichos órganos desconcentrados del IEEM, de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las casillas que fueron instaladas en los 45 distritos electorales y en los 125 municipios mexiquenses, según se trate de la elección de diputados o de ayuntamientos. Cabe mencionar que los cómputos constituyen los resultados definitivos de la elección y sólo se pueden modificar por mandato de alguna sentencia de los tribunales electorales.

De esta manera, cada uno de los Consejos distritales y municipales deben celebrar sesión el día de mañana, una vez que inicia en ningún caso se puede interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos. Los Consejos distritales y municipales proceden a hacer el cómputo de la votación de cada una de las elecciones, examinarán los paquetes electorales, separando los que tienen muestras de alteración; abrirán los paquetes que aparezcan sin alteración, siguiendo el orden numérico de las casillas; cotejarán el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obre en poder de la Presidenta o Presidente del Consejo, y si los resultados de ambas actas coinciden, lo asentará en las formas establecidas para ello.

Cabe precisar, que los Consejos deben realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la votación recibida en una casilla, cuando existan objeciones fundadas en los siguientes casos: los resultados de las actas finales de escrutinio y cómputo que obren en el paquete y las que estén en poder del Consejo no coincidan o sean ilegibles; el total de boletas extraídas de las urnas no coincida con el número de total de los ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron; y la diferencia sea determinante para el resultado de la casilla; el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación; y todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido político o coalición; cuando no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder de la Presidenta y el Presidente del Consejo y en caso de que existan alteraciones evidentes en los distintos elementos de las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos.

Ahora bien, es importante señalar que los Consejos distritales o municipales pueden llevar a cabo un recuento de votos en la totalidad de las casillas, en el supuesto de que la diferencia entre el candidato o planilla presuntamente ganadora y el que haya obtenido el segundo lugar en votación sea igual o menor a un punto porcentual en el distrito o municipio.