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La República Dominicana es un país caribeño compuesto por 31 provincias y 1 Distrito Nacional, que a su vez se encuentran divididos en 158 municipios. A lo largo de su historia, se ha independizado en cuatro ocasiones de injerencias y ocupaciones extranjeras: de España en 1821 y 1863, de Haití en 1844 y de Estados Unidos en 1924. Esta situación denota la lucha constante de este país por otorgarse un gobierno propio sobre la base de un régimen democrático.

Bajo este contexto, el pasado domingo 16 de febrero celebró elecciones municipales a las cuales estuvieron convocados alrededor de 7.5 millones de ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, la Junta Central Electoral (JCE) de aquel país, apenas a unas horas de iniciadas las votaciones, decidió suspender las elecciones, hecho que se suscita a unos cuantos meses de que el pueblo dominicano tenga elecciones presidenciales.

El motivo de tal determinación fueron diversos problemas técnicos relacionados con el sistema de voto automatizado que fue utilizado por primera vez, aunque sólo en 18 municipios del país, entre ellos su capital Santo Domingo, pero que representan más del 60% del electorado. En los restantes 140 municipios, las votaciones fueron realizadas mediante el método tradicional de boletas físicas.

De acuerdo con lo aprobado por la JCE, las elecciones municipales extraordinarias tendrán verificativo el próximo 15 de marzo, en razón de que las autoridades municipales electas deben tomar posesión el 24 de abril siguiente.

Ahora bien, sobre el caso particular dominicano cabe reflexionar sobre la lección que nos deja, lo que es por demás conveniente si recordamos que en México hay una tendencia más o menos generalizada hacia la implementación del voto electrónico en sus diversas modalidades, por lo que existen en el país diversas pruebas pilotos de larga data, aunque a la fecha todavía no se haya contemplado en el marco normativo electoral el uso vinculante de dispositivos de votación electrónica, salvo en el caso del voto de los mexicanos en el extranjero.

A manera de ejemplo, se destaca que el INE aprobó el Acuerdo INE/CG569/2019 por el que definió los lineamientos para instrumentar el voto electrónico en una parte de las casillas, en el marco de los procesos electorales locales de este año en Coahuila e Hidalgo.

No obstante lo anterior, la crisis por la que atraviesa el pueblo dominicano como consecuencia de haberse suspendido sus elecciones municipales, se debe tomar como una experiencia valiosa en el sentido de que nos permite identificar áreas de oportunidad para lograr una implementación exitosa en México, habida cuenta que ha sido muy complejo edificar regímenes democráticos en América Latina y que la confianza ciudadana representa el más valioso tesoro del llamado contrato social, pues es indispensable que la ciudadanía de un país confíe en sus instituciones.

Así, me permito identificar las siguientes directrices que, de manera enunciativa y no limitativa, se deben tomar en cuenta para la implementación exitosa del voto electrónico en México:

1. Inevitablemente, se debe propiciar la implementación y utilización de tecnologías en los procesos electorales del país.
2. Con la utilización de tecnologías, se deben garantizar los principios rectores que rigen las elecciones, a saber: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
3. La implementación del voto electrónico debe ser gradual y paulatina, e ir acompañada de la respectiva regulación normativa.
4. Se debe contar con el consenso de todas las fuerzas políticas.
5. Debe establecerse un protocolo de seguridad en caso de que se presenten inconsistencias técnicas al momento de sufragar.
6. Por ningún motivo, se debe poner en entredicho nuestro sistema electoral pues se podría provocar inestabilidad social y crisis institucional.

Lo anterior, en el entendido de que toda democracia presenta constantemente múltiples desafíos. Por ende, las autoridades electorales, primeras responsables en la cadena de custodia de la confianza ciudadana, tienen el deber de cuidar a la democracia como el activo invaluable de nuestro régimen de gobierno. Por lo pronto en el caso dominicano, la autoridad electoral deberá garantizar elecciones municipales extraordinarias y presidenciales confiables; y realizar, por lo menos, una auditoría a su sistema de voto automatizado con la finalidad de rendir cuentas al pueblo dominicano, pues en palabras de un líder partidista: “la democracia dominicana está mal herida”.