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Quizás la herramienta más democrática de todas sea el sufragio, el voto es una forma de expresión que sirve para tomar una decisión colectiva. Votar siempre implica elegir entre distintas alternativas. Es un acto que presupone libertad, sin ella es imposible ejercer el genuino derecho a escoger. No hay formulación más simple y universalmente aceptada de la noción de igualdad que el voto. Todo sufragio cuenta y vale lo mismo, sin importar quien lo haya manifestado y cuáles son sus condiciones de vida o el lugar que ocupa en el ámbito social.

Votar tiene un enorme significado, cambia a las sociedades, las vuelve más democráticas, plurales, abiertas. Da la posibilidad a la alternancia, pone a prueba el ejercicio del poder político, permite a la ciudadanía discernir, discutir y decidir en torno a distintas ofertas y oportunidades de gobierno. Mecanismo indispensable y sumamente representativo, a través del voto la ciudadanía expresa sus intereses, necesidades y demandas. El voto es un medio de expresión política de la voluntad individual.

Este 6 de junio, como en otras elecciones, el voto decidirá muchas cuestiones, va más allá de elegir ayuntamientos y la integración de la legislatura local. El sufragio repercute en temas diversos. Es a través del voto como se dispone qué partidos políticos conservan su registro y quienes lo pierden. Determina también el monto de sus prerrogativas, el acceso a la radio, la televisión y el financiamiento público. Puede ser el rechazo de cualquier opción partidista y decidirse por una independiente. Premia o castiga a la reelección, exige la rendición de cuentas.

Empodera a la ciudadanía y le permite participar en el ámbito de lo público, el sufragio es efectivo, una vez depositado en la urna contribuye a generar representación política, da sentido a la división del poder y califica lo que sucede en el circo de lo político. Votar ayuda al correcto funcionamiento de un sistema democrático. Es capaz de mandar un mensaje vigoroso que desaliente malas prácticas de la clase política. Exige resultados y pone costo a las promesas incumplidas.

Quizás agrega la perspectiva de considerar a la ciudadanía como algo mucho mayor que un conjunto de derechos y obligaciones. Votar consigue la cohesión de innumerables identidades individuales y colectivas, que difícilmente puede conseguirse de otra manera. Es el primer paso de una ciudadanía que se interesa, participa y se informa de los asuntos públicos. Sin el voto, el proceso político y la democracia carece de sentido y legitimidad.

Existen distintos tipos de participación política, cada uno de ellos difiere en el tiempo y el esfuerzo para su ejecución. El voto es la medida más común de hacerlo posible en las democracias liberales. Es una actividad relativamente sencilla, que requiere poco esfuerzo, pero que contribuye de manera notable para que una sociedad sea más dinámica y comprometida. Expande la agenda de los gobiernos y exige que se cubran los espacios vacíos que han dejado el Estado y las instituciones tradicionales.

Sin duda, las ciudadanas y los ciudadanos pueden intervenir en los asuntos de interés colectivo de distintas maneras. Los mecanismos de participación para ejercer control social de sus representantes y gobernantes son amplios, pero el voto es menos complicado y, posiblemente el más efectivo. La esencia de la democracia es una ciudadanía activa, en donde las personas intentan resolver de manera conjunta y solidaria sus necesidades. Sufragar auxilia razonablemente a que eso suceda.

Este 6 de junio es importante que la ciudadanía vaya a votar, simplemente porqué es un derecho y una obligación.

Debido a su gran popularidad, las encuestas se utilizan con amplia frecuencia durante los procesos electorales. Suelen despertar interés por el valor predictivo que se les atribuye. Son una técnica de investigación social que mide la intención de voto y las preferencias en la etapa previa a la jornada electoral y durante ella. Generan muchas expectativas en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los partidos políticos y la ciudadanía. Pero cuidado, las encuestas no determinan el voto.

Medir el clima de opinión enfrenta una realidad compleja de entender. Es un fenómeno multifactorial que debe abordarse desde diferentes perspectivas. Motivo de crítica y señalamiento, por su imprecisión en algunos casos, las encuestas ofrecen una información fundamental para vitalizar la democracia y hacer valer el derecho de la ciudadanía a informarse. Contribuyen a la construcción del voto razonado y una opinión pública más enterada.

Parte de la narrativa de los procesos electorales, la precisión de las encuestas no es una problemática vernácula o estrictamente doméstica, es un fenómeno que se vive en todo el mundo. Quienes contestan los sondeos han cambiado, hoy lo hacen informantes conscientes de que las encuestas son un tema de discusión pública y que sus respuestas son trascendentes, eso provoca que al responder saben que participan en un juego de datos, en un proceso de consulta que posteriormente se publicará en los medios y así lo utilizan. No es extraño que oculten su voto y jueguen con el encuestador, circunstancia que vuelve complejo calibrar la tendencia del sufragio. No debe olvidarse que, incluso a nivel mundial, cerca del 20% del electorado toma su decisión justo en la casilla electoral.

Nada fácil estimar la intención de personas que aún no saben por quién van a votar. El ecosistema de la opinión pública y su medición también está impactado por la emergencia de un enorme cúmulo de noticias falsas o fake news. Los informantes empoderados y desinformados constituyen un elemento que complica, todavía más, la ecuación que deben resolver las encuestas electorales. Todas las elecciones son difíciles de medir, es mayor la competencia y las contiendas controvertidas o polarizadas modifican de forma muy dinámica las preferencias y, por tanto, los resultados.

Nunca han sido las encuestas una bola de cristal, y no vaticinan el futuro. Los sondeos toman una fotografía de un momento específico de la opinión pública. El escenario podría cambiar de un instante a otro como consecuencia de algún evento específico, un escándalo o algo contundente que impacte las percepciones ciudadanas. Los ejercicios demoscópicos ayudan a comprender una elección, a entender el balance de fuerzas y las tendencias que marcan al electorado, pero no adivinan el porvenir.

Hacer encuestas es un trabajo altamente sofisticado, el gran desafío es interpretar. El cuestionario es un instrumento frágil, solo el fraseo y la posición de una pregunta puede cambiar los porcentajes de las respuestas. Otro factor son los usos a modo de los sondeos. La lógica demostrativa y científica de una encuesta se erosiona frente a los fines de una campaña. Los principios metodológicos se debilitan ante las necesidades de darse a conocer, de diferenciarse, convencer y ganar. Representa un gran peligro que las encuestas se conviertan en propaganda y respondan al interés de la mercadotecnia política. Las candidaturas y partidos suelen aplaudir las encuestas favorables y desacreditar las que no lo son.

Demasiado cuidado deberá tenerse con las encuestas disfrazadas de propaganda. En todo el mundo las llamadas push polls deben tomarse con cautela, para evitar confundir al electorado y sesgar la opinión del votante. La gran mayoría son estrategias propagandísticas que se utilizan para modificar la tendencia del voto.

La ciudadanía tiene la oportunidad y el deber de informarse antes de acudir a las urnas y razonar con detenimiento su sufragio. Las encuestas electorales son valiosos ejercicios estadísticos, pero este 6 de junio la piedra angular de nuestra democracia es la participación ciudadana.

Nos encontramos a cuarenta días de celebrar la jornada electoral del 6 de junio de 2021. Se trata, como todos sabemos, del proceso electoral más grande en la historia de nuestro país, pero también uno de los más complejos debido a la situación sanitaria global.

Son varios los factores necesarios para llevar a cabo, con éxito, el proceso electoral 2021. Desde luego, uno de ellos es la fortaleza, la responsabilidad y el compromiso del árbitro electoral de nuestra entidad federativa. En ese sentido, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha venido cumpliendo, en tiempo y forma, con todos los pasos y requerimientos del proceso electoral, de la mano de partidos políticos y candidatos. La experiencia acumulada del instituto y la capacidad del personal que lo integra garantizan que cada elemento y cada reto que se presente sea resuelto con eficiencia y eficacia.

Pero más allá del papel central que juega la autoridad electoral, es necesario enfatizar la importancia que tiene la participación ciudadana para este proceso electoral en particular. Diversas labores dependen, directa e indirectamente, de la ciudadanía mexiquense. Es importante referirse a tres de ellas.

En primer lugar, son las ciudadanas y ciudadanos quienes se integrarán, a partir del 1o de mayo, como Capacitadores/as Asistentes Electorales Locales y Supervisores/as Electorales Locales. Su papel de coordinación y apoyo con el personal del Instituto Nacional Electoral (INE) es fundamental, ya que son los responsables de recibir, clasificar y almacenar la documentación electoral y los materiales electorales que se reciben en los órganos desconcentrados del IEEM, al tiempo que son los encargados de reportar la información que alimenta el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE).

Por otra parte, la ciudadanía que participa como Observadores y Observadoras Electorales son una pieza clave para la vigilancia, la transparencia y la legitimidad de la jornada electoral. Su presencia robustece nuestra democracia al exigir un comportamiento ético y apegado a los principios que rigen la actividad electoral de todos los que intervenimos en la organización de los comicios.

No menos importante es el papel de las y los funcionarios de casilla. Debemos reconocer ampliamente el compromiso de las personas que han aceptado participar en las mesas directivas de casilla el día de las elecciones. La ciudadanía puede estar segura de que el IEEM instrumentará todos los protocolos sanitarios y no escatimará recursos o esfuerzos para garantizar la salud de quienes hacen posible los comicios.

Desde el IEEM hacemos un llamado a la ciudadanía mexiquense para seguir participando. Las ciudadanas y ciudadanos son protagonistas de la construcción democrática en nuestra entidad. Su rol no debe limitarse a ejercer su voto, sino a informarse con responsabilidad, a compartir puntos de vista frente a las propuestas de partidos y candidatos, y a participar activamente en la organización de los comicios. Hoy, como nunca, su participación es la base de nuestra democracia.

Establecer si una medida restrictiva a un derecho fundamental cumple con su ideal, sin que ese límite vulnere en su aplicación el contenido esencial del derecho, amerita someterla a un test de proporcionalidad. La idea de proporcionalidad evoca una relación adecuada entre cosas diversas, que la hace razonable por ser armónica y materialmente justa.

Definido como un “límite de los límites a los derechos fundamentales”, el principio de proporcionalidad se integra por un conjunto de criterios o herramientas que permiten medir la licitud de todo género de límites normativos a las libertades y derechos, así como de cualquier interpretación o aplicación de la legalidad que restrinjan su ejercicio. Aún cuando el legislador dispone de una amplia facultad para configurar o concretar derechos, y para intervenir en su órbita, de acuerdo con los dictados de la conveniencia política, el desempeño de esa atribución deberá estar, a su vez, enmarcada dentro de unos límites. Es al legislador a quien corresponde, en principio, realizar el test de proporcionalidad.

En el ámbito de su actuación discrecional, el legislador debe respetar “los límites de los límites a los derechos fundamentales”, es decir, atender los presupuestos materiales y procesales que cualquier intervención en los derechos humanos habrá de observar. El principio de proporcionalidad constituye entonces la cautela que todo condicionamiento o restricción a esta categoría de derechos debe cumplir para tener justificación jurídica. Este principio permite determinar hasta dónde la ley supone una intervención indebida en los derechos fundamentales, o bien, hasta dónde la ausencia de ley afecta de forma incorrecta éstos derechos.

Conviene destacar que los derechos fundamentales no encierran al legislador en un catálogo predeterminado y riguroso de opciones políticas. En el desarrollo de toda actividad legislativa, la restricción o el impedimento podría armonizar la libertad con las necesidades sociales y configurar de modo adecuado el ejercicio de los derechos. No todo límite o restricción carece de justificación plausible o es desproporcional.

Impedir la fiscalización de los ingresos y gastos de una precandidatura, no se advierte como un asunto menor de conformidad con la sanción prevista por el legislador. Se debe suponer que, a través de la proporcionalidad, se asegure que la intensidad de la restricción o el medio para su aplicación sea el indispensable para que el límite cumpla eficazmente su función, sin que invalide el contenido esencial de ese derecho. Procurar la proporcionalidad compromete al legislador a ser razonable y ponderado al determinar el tipo de sanciones que las conductas omisas deben recibir.

Relacionado con la garantía del contenido esencial del derecho, el test de proporcionalidad consiente que el límite o la condición prevista por el legislador no resulten excesivos. Solo lo que es desproporcionado vulnera el contenido esencial de un derecho. Por esa razón, toda restricción debe estar prevista en una ley y no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender un propósito útil y oportuno que la haga necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando existan varias opciones para alcanzar ese fin, se elegirá la que menos atente contra el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con la intención que se persigue.

Parece aventurado afirmar que la violencia política contra las mujeres desaparecerá. Pese a los importantes e innegables avances, aún persisten prácticas que constituyen un reflejo de la discriminación y los estereotipos de género. Sin negar que ahora existen condiciones adecuadas para disminuirla de modo significativo, suena atrevido afirmar que se erradicará. Por desgracia, este proceso electoral pudiera ser particularmente violento.

Las agresiones continúan siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. El aumento de su participación y representación política no está exento de éstas. Los ataques y embestidas hacia las mujeres, por ser mujeres, tienen como trasfondo la descalificación y cuestionamiento sistemático de sus capacidades.

Con profundas raíces, así como otras formas de violencia por razón de género, la agresión política tiene un claro objetivo: preservar las jerarquías y mantener la “minusvalía” femenina. La violencia hacia las mujeres que participan en la esfera pública busca mantenerlas en un rol subordinado. A través de esta clase de violencia se pretende garantizar la hegemonía del orden social patriarcal.

Hoy en día las acometidas no se reducen a campañas machistas o misóginas, también son visibles en renuncias manipuladas o forzadas de mujeres electas. De la calumnia, difamación y el acoso a través de los medios de comunicación, se pasa al bloqueo, la presión y obstaculización en el desempeño normal de sus tareas. Dado el avance de la paridad en la esfera pública, la violencia política contra las mujeres en razón de género se ha incrementado.

Romper esas prácticas discriminatorias es necesario; conseguir la igualdad sustantiva es factible. La implementación de acciones afirmativas revela logros y visibilizar la violencia política por razón de género ayuda a desvanecerla. Después de un proceso electoral especialmente iracundo con las mujeres hace tres años, entre 2018 y 2021 mucho ha cambiado el marco normativo. El compromiso de las autoridades se expresa en un importante número de medidas, tanto administrativas como jurisdiccionales. Los diagnósticos deberían suponer que el Proceso Electoral 2021 sería menos violento y agresivo con las mujeres que el 2018, pero nada lo garantiza.

Las reformas alusivas a la “paridad en todo” y “violencia política contra las mujeres en razón de género” consolidan una normativa específica que regula este tipo de conductas. El sistema de competencias que prevalece otorga a cada orden y órgano la facultad para sancionar conductas que constituyan cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Para brindar atención a los casos de violencia política por razón de género, se han desarrollado diversos procedimientos que toman en cuenta la urgencia de aplicar las medidas pertinentes. Mucho se ha logrado en los años recientes y se ha facilitado el acceso a los mecanismos de protección: protocolos, guías y lineamientos están a la mano. Aunque bastantes mujeres lo conocen, otras no; por ello socializarlos y hacerlos más accesibles es un buen comienzo. Capacitar e insistir en la infraestructura institucional es un complemento. Inculcar la cultura de la denuncia es indispensable; las mujeres deben perder el miedo de perseguir al agresor.

Ante la violencia política por razón de género, lo primero es romper la aceptación social de este fenómeno, fracturar y quebrar el mensaje de que la agresión a la mujer es tolerada. Abolir el sentimiento de inseguridad y desánimo, al tiempo de despertar y fortalecer la confianza en las instituciones.

Parece que el temor político al reclamo de las mujeres que exigen una vida libre de violencia no está a la par de las medidas normativas, administrativas y jurisdiccionales adoptadas. Persuadir a los posibles agresores, necesariamente pasa por hacer efectivas las normas, guías y protocolos vigentes. Solamente aplicando la ley, conseguiremos avances tangibles. La existencia de un marco jurídico que proteja, prevenga o disuada a los agresores es un gran logro, pero no es suficiente. Erradicar la violencia política en razón de género amerita una persecución inteligente que infunda temor de seguir ofendiendo.