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Diversas posturas se han adoptado en los países de la región con respecto a la reelección presidencial. Mientras algunos Estados buscan eliminarla o prohibirla, otros han entendido que se trata de un derecho de las personas en el ejercicio del poder. Lo cierto es que la reelección presidencial, particularmente la ilimitada, da lugar a serias tensiones entre el derecho a ser reelecto y el derecho a elegir libremente en el marco de elecciones periódicas y auténticas.

Hace unos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desahogó una consulta presentada por Colombia. Dos preguntas fueron el tema a revisar. A la luz del derecho internacional ¿es la reelección indefinida un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos? En este sentido, ¿resultan contrarias al artículo 23 de la Convención Americana las restricciones que limitan o prohíben la reelección presidencial?

Toda consulta implica el ejercicio de una facultad interpretativa. A partir de un análisis detallado sobre la democracia representativa, en su opinión consultiva la Corte IDH pronuncia novedosos argumentos acerca de la reelección presidencial. En el marco del sistema interamericano, la reelección presidencial indefinida no se encuentra expresamente protegida como derecho autónomo. Derivado de un diálogo jurisdiccional, no existe un derecho humano específico y diferenciado a la reelección. La posibilidad de presentarse para un mismo cargo en otro periodo es una modalidad o una restricción del derecho a la participación política.

La Corte IDH recuerda que los derechos políticos no son absolutos, su ejercicio puede estar sujeto a regulaciones y restricciones. Prohibir la reelección presidencial indefinida tiene una finalidad acorde con el derecho convencional, ya que busca garantizar la democracia representativa y sirve como salvaguarda para asegurar el pluralismo político y la alternancia en el poder. De ese modo también se protege el sistema de pesos y contrapesos que afianzan la separación de poderes.

Fijar un periodo al mandato de gobierno implica atenerse al tiempo previamente señalado y propicia la sucesión de conformidad con las reglas establecidas. La permanencia en funciones de una misma persona por un largo ciclo, puede tener efectos nocivos en el régimen plural de partidos, porque favorece la hegemonía en el poder de ciertos sectores o grupos. En este sentido, la Corte IDH reafirma que, en una sociedad democrática, restringir la reelección presidencial no es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos.

Establecer límites a la reelección presidencial impone la lógica de la alternancia política como un evento predecible en los asuntos públicos, mantiene viva la expectativa de los partidos de oposición de obtener el poder en un futuro cercano a través de procedimientos institucionalizados. Bajo ese tenor, la Corte IDH reitera que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, de las obligaciones establecidas en el modelo convencional interamericano.

Sin duda los criterios de la Corte IDH son pertinentes al momento de discutir y diseñar el modelo de reelección que cada país, en ejercicio de su soberanía, prefiera. En el caso de México, todavía estamos observando el funcionamiento de la reelección legislativa y de autoridades municipales, aunque nunca se ha planteado que esta sea indefinida. En cualquier escenario, la reelección de autoridades demanda, como condición indispensable, un régimen democrático consolidado y la existencia de un sistema electoral robusto.

Si bien una idea primigenia de la democracia está relacionada con el gobierno de las mayorías, a la luz de la experiencia histórica hemos construido una noción más acabada de la democracia constitucional en donde esas mayorías gobernantes poseen frenos, contrapesos y obligaciones, especialmente frente a grupos minoritarios o históricamente vulnerados.

Entre los grupos que han sufrido discriminación o vulnerabilidad se encuentran las mujeres y la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI). Por desgracia, en diversas etapas y contextos socioculturales, estos grupos han visto coartados sus derechos y libertades. La decisión sobre su propio cuerpo, su derecho al trabajo, a ejercer sus derechos político-electorales o a desarrollar con libertad su vida privada son ejemplo de cuestiones que estas personas han tenido que conquistar frente a obstáculos de todo tipo.

La discriminación, el aislamiento y la lesión a la dignidad de las personas no es compatible con la democracia, pues ésta no puede permitir que tales conductas generen situaciones de desventaja para el ejercicio de los derechos y libertades en sociedad. Por ello, deben celebrarse las acciones afirmativas y decisiones legislativas que buscan garantizar los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como reconocer el papel que esto juega en la construcción de una cultura democrática.

En ese sentido, el derecho a la identidad de género se materializó en el Estado de México en virtud de las recientes reformas al Código Civil que permitirán rectificar el acta de Nacimiento para que pueda corresponder con el género que cada persona asume y no forzosamente con aquel que fue asignado al nacer. Esta importante reforma elimina la necesidad de entablar un juicio para modificar el acta de nacimiento y permite que se haga por la vía de trámite administrativo ante el Oficial del Registro Civil. No menos sustancial es que, con esta reforma, nuestra entidad se convierte en la décimo cuarta del país en materializar el derecho a la identidad de género.

Por otra parte, un avance legislativo a destacar es la aprobación de la llamada “Ley Ingrid”, consistente en reformas para establecer como tipo penal la difusión indebida de información de víctimas, incluidas las imágenes, especialmente de mujeres y niñas. Como se recuerda con indignación, la ley toma su nombre del lamentable caso de feminicidio ocurrido en la Ciudad de México en febrero de 2020, en donde las fotografías de la víctima fueron filtradas, “viralizadas” en redes sociales e incluso colocadas en primeras planas de diversos diarios. De esta manera, la ley busca evitar la revictimización de las mujeres y niñas, así como proteger su dignidad y su memoria. 

Todo régimen democrático debe dar cabida a la aceptación y el respeto de los derechos inherentes a la persona. Modificar nuestras leyes en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad es un primer paso. Hacerlo fortalece la cultura política y la vuelve más democrática. Jamás debe escatimarse el reconocimiento a quienes luchan por la conquista de sus derechos.

El impacto de la tecnología en la vida cotidiana ha sido ampliamente discutido en los últimos años. Para nadie es ajena la influencia de las tecnologías en los diversos ámbitos de la acción humana: la comunicación, los avances médicos, los transportes, la cultura, los medios de producción y los patrones de consumo, por citar algunos ejemplos. Incluso, en estos meses de pandemia sanitaria, el papel decisivo de la tecnología se vio reforzado gracias a las videollamadas, teleconferencias, las compras por internet, las cadenas logísticas globales y la sustitución de mano de obra por la robótica.

La reflexión académica en torno a estos profundos cambios sociales ha sido fructífera, aunque no tan difundida como se esperaría. Todavía hoy, al pensar y analizar los problemas sociales contemporáneos, nos atamos a estructuras teóricas anteriores que, si bien son referentes, ya no poseen el potencial explicativo suficiente para entender el mundo actual. De ahí la relevancia de explorar nuevos caminos teóricos, voces y aportaciones que nos permitan comenzar a delinear explicaciones renovadas.

En este sentido, uno de los temas más enriquecedores es el de la tecnopolítica y su relación con la democracia. De acuerdo con Toret, la tecnopolítica puede definirse como “el uso táctico y estratégico de las herramientas digitales para la organización, la comunicación y la acción colectiva”. Al analizar esta definición podemos concluir que la tecnopolítica no busca redefinir los fundamentos o fines de la política, pero sí sus medios al colocar a las “herramientas digitales” —sean estas plataformas virtuales, programas de software, redes sociales u otras— como las vías principales por las cuales se desarrolla tal actividad política.

Lo anterior no es un ejemplo hipotético. Como destaca Antoni Gutiérrez-Rubí, por lo menos desde 2010 los movimientos sociales más emblemáticos a nivel mundial han utilizado principalmente las herramientas digitales para comunicarse, organizarse y potenciar su radio de acción. Basta pensar en la Primavera Árabe, #OccupyWallStreet, #BlackLivesMatter o, más recientemente, el movimiento feminista #MeToo. Todos estos movimientos políticos de profundas repercusiones al interior y exterior de sus países de origen han sido posibles gracias a las redes sociales. Pero además de movilizaciones sociales, la tecnopolítica también ha sido empleada por los gobiernos, no siempre de manera democrática. En este sentido, destaca el uso intencional y selectivo de software empleado para robar identidades digitales y acceder a información de la esfera privada. Pero el uso de la tecnología no debe asociarse únicamente con prácticas antidemocráticas. Existen casos de éxito en materia de gobernanza basada en la implementación de políticas digitales que buscan facilitar los servicios públicos a la ciudadanía e implementar políticas públicas de manera más incluyente. Es el caso de Eslovaquia, en donde más de mil quinientos trámites públicos pueden realizarse en línea a través de una credencial digital.

¿Cómo afrontar esta realidad desde las instituciones políticas? Más allá de negar el avance de las tecnologías o intentar minimizarlas, las instituciones democráticas deben montarse en las nuevas realidades para aprovechar y potenciar, a su vez, su influencia y ámbito de acción. Lo anterior no se limita únicamente a utilizar las redes sociales para comunicar, sino a replantearse todos los procesos de organización, comunicación política, reformas legales e implementación de políticas y programas con el uso de las herramientas tecnológicas. Todo ello de manera transparente, buscando siempre expandir las posibilidades de participación ciudadana y acercando la labor y servicios de las instituciones públicas a la ciudadanía.

Pese a todo el ruido que hubo antes y durante el proceso electoral, la jornada del 6 de junio fue impecable por muchos aspectos. Salió fortalecida la democracia mexicana, y las advertencias de quienes auguraban un rechazo a los resultados electorales quedaron sin sustento. Deja un buen balance la elección más grande y compleja en la historia del país, quizás el dato revelador es el importante ejercicio cívico de millones de ciudadanas y ciudadanos. Pocas elecciones intermedias reportan una participación de casi el 52%, acontecimiento que pone de manifiesto la confianza de la población en el sistema democrático y revitaliza la legitimidad de las instituciones.

Debido a la decisión de la ciudadanía, muchos datos merecen comentario. Es inédita la elección de seis mujeres gobernadoras: de un total de 15 elecciones para el ejecutivo estatal, el 40% fue ganado por mujeres. Ese hecho alentador se repite en la integración de las legislaturas y las presidencias municipales. A nivel federal, las mujeres triunfaron en casi la mitad de los distritos y obtendrán 100 diputaciones de representación proporcional. Por primera vez en el Estado de México, 47 mujeres fueron electas presidentas municipales.

Gracias a la diversidad de acciones afirmativas relativas a grupos en situación de vulnerabilidad, 520 candidaturas se repartieron entre personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, migrantes o de la diversidad sexual. Un total de 64 fórmulas accederán a San Lázaro: 37 de personas indígenas, 5 afromexicanas, 8 con discapacidad, 4 de la diversidad sexual y 10 migrantes. De esas fórmulas, 38 están encabezadas por mujeres y 26 por hombres.

Insólito en el país, en el mes mayo comenzó el programa piloto para recibir el voto anticipado de personas en prisión preventiva. En cinco Centros Federales de Readaptación Social inició el primer ejercicio para ejercer el derecho al voto desde una prisión. Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán son los estados que participan en la prueba. 2,185 personas fueron incluidas en el proyecto: 505 mujeres y 1,680 hombres. Se hace efectiva de esa manera la presunción de inocencia y se restituye el derecho al sufragio y la información.

Sobre el tema de la reelección, también se desprende una interesante lectura. De las 34 mujeres que integrarán la LXI Legislatura del Estado de México, 14 lo hacen de manera consecutiva. Mientras tanto, en el caso de los varones, repetirán 13 de un total de 41. Algo similar ocurre en los ayuntamientos, donde 12 mujeres fueron reelectas y solo 15 hombres de un universo de 77. La alternancia sigue siendo un factor importante a considerar por los votantes.

Sopla distinto el viento después de la jornada electoral. En mayor o menor medida, con victorias y derrotas, todos los partidos políticos tienen razones para avalar los resultados. La narrativa post electoral se ha vuelto mesurada y los señalamientos de fraude se tornan esporádicos. México es un país de graves problemas no resueltos, de muchos desacuerdos y con una intensa deliberación política. Pero, como debe suceder en una democracia, pervive en el fondo un significativo acuerdo nacional: las elecciones son la única fórmula válida para competir y transmitir los poderes públicos.

Se dice fácil, pero garantizar que el voto de cada persona sea respetado, amerita el trabajo sin descanso de diversas instituciones. Mientras esa posibilidad exista, nuestras diferencias podrán atenderse en un ambiente de paz y pluralidad. Justo eso aporta el reciente proceso electoral: en elecciones limpias y libres, la ciudadanía ya determinó qué espera en los años venideros. Desea alternancia en los gobiernos, división de poderes, partidos con auténtica presencia nacional y una sociedad alerta e interesada en los problemas cotidianos.

Parece un lugar común analizar un proceso electoral a partir de sus resultados. La confianza aumenta cuando los protagonistas se sienten satisfechos, también mejora la percepción ciudadana si se advierte que la organización de las elecciones cumple con todos sus cometidos. La integridad electoral, concepto de enfoque reciente, se ha convertido en una herramienta útil para evaluar la calidad de las democracias.

Basada en dos dimensiones, mediante la integridad se examinan todas las fases del ciclo electoral, desde el diseño legislativo, hasta la votación durante la jornada electoral, el conteo de votos, la divulgación de los resultados, incluso su impugnación. También se contempla el comportamiento de los actores, quienes deben conducirse de conformidad con las normas, los valores y principios que dan sustento a las elecciones democráticas. Como referencia de calidad global o sinónimo de una buena elección, la integridad alude a las elecciones cuya preparación y gestión son profesionales, imparciales y transparentes, aquellas en donde se respeta la voluntad popular.

Existe todavía preocupación sobre la calidad de las elecciones, en México y en todo el mundo. Basta una mirada a Nicaragua para entender la dimensión del problema. No desaparecen del todo los cuestionamientos, y aun se da espacio a la autoproclamación. Frente a innumerables intereses políticos y personales, considerar genuina y libre una elección exige algo más que realizarla de modo relativamente ordenado. Toda elección con integridad supone una labor técnica sujeta a un intenso escrutinio y crítica, pero también se acompaña de la aceptación de la derrota.

El proceso electoral se encuentra en su etapa final y definitiva. Las elecciones más grandes y complejas del país arrojan ya los resultados, federales y locales. Todos ganaron o perdieron algo, la ciudadanía optó por castigar, premiar o buscar otras opciones. Nadie es invencible en las urnas, y los electores mandaron un contundente mensaje en donde la alternancia ocupa un sitio privilegiado. Crece la pluralidad y se replantean los equilibrios, hay un alentador incremento de la participación política y el discurso del fraude y la posverdad no fueron tan estridentes.

Parece razonable el reparto de triunfos y derrotas, ninguno pierde o gana todo. Esa combinación de resultados favorece el aliento en las instituciones y da buenos motivos para disminuir la conflictividad. Se atendieron con solvencia los desafíos organizativos del proceso, la transparencia promovió su entendimiento, las acciones, resoluciones y acuerdos de las autoridades fueron mucho más comprensibles para la ciudadanía. Más allá de los datos fríos que lanzan los comicios, la integridad devela que la combinación de circunstancias incrementa la sensación de credibilidad y legitimidad en las instituciones. Tanto el INE, como los Organismos Locales Electorales, hicieron una gran labor.

Resultaron infundadas las conjeturas precipitadas y las acusaciones de parcialidad en contra del árbitro electoral. Por muchas razones, el 6 de junio significó un referente para el fortalecimiento de nuestra democracia. La ciudadanía reconoció el valor de su voto y refrendó su seguridad de que cuenta y se cuenta bien. Las diversas instancias de observación electoral han externado su acompañamiento al desempeño del INE y los institutos electorales de las entidades federativas. El balance general del proceso fue muy positivo. El representante de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) afirmó que las instituciones electorales en México refrendaron su trayectoria de solvencia en la organización de los comicios.

Funciona el Sistema Nacional Electoral. A 7 años de la reforma constitucional de 2014 se ha mejorado sensiblemente la coordinación y cooperación entre la autoridad electoral nacional y las de carácter local. Por supuesto se perciben áreas de oportunidad, pero que no quede duda, en México la integridad electoral ya es una realidad.