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La semana pasada el mundo entero conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Como ya se ha hecho habitual, la fecha no consistió en una jornada de celebración sino de reivindicación de los derechos de todas las mujeres. En las principales ciudades de Europa, Norteamérica y Latinoamérica, por citar algunos ejemplos, las mujeres volvimos a ocupar las principales plazas y avenidas para manifestar nuestro repudio a la violencia de género y para alzar la voz en favor de nuestras conquistas.

Aunque la agenda feminista y las mujeres nunca estuvimos ausentes, reencontrarnos en la plaza pública después de dos años en pandemia fue significativo. El #8M sirvió, una vez más, como la coyuntura propicia para insertar en la agenda política y mediática las demandas más sentidas y los pendientes más urgentes en materia de género en nuestro país. Cabe mencionar que, por desgracia, las mujeres han sido uno de los sectores que más ha padecido el confinamiento sanitario, ya que la violencia en el hogar se incrementó y, con el cierre de las escuelas, muchas mujeres se vieron obligadas a dejar su trabajo ante la necesidad de cuidar de sus hijos.

Desafortunadamente, en nuestro país la principal protesta de las mujeres sigue siendo contra el feminicidio. Si bien en otros aspectos se han logrado avances sumamente significativos, tanto en la legislación como en la realidad cotidiana (como el incremento de mujeres estudiantes, el ingreso salarial, la inserción de más mujeres en altos cargos, la legalización del aborto, entre otros), las agresiones físicas contra la mujer, muchas de las cuales terminan en la muerte, siguen sucediendo.

En ese sentido, es importante recordar que la lucha por nuestros derechos nos une y nos identifica. No se trata únicamente de una jornada de protesta nacional, sino de actuar, acompañar y proteger a las víctimas día con día, desde cada uno de nuestros espacios de acción.

Desde el ámbito estrictamente electoral, conseguir el reconocimiento legal de los principios de paridad y no discriminación no ha sido sencillo. Han tenido que vencerse resistencias culturales, sociales y políticas. Sin embargo, el compromiso, tenacidad y valentía de miles de mujeres en México han logrado avances nunca antes vistos. Los últimos años han sido decisivos para institucionalizar estos principios; de trasladarlos de la ley a la práctica.

Como autoridad en la materia, el Instituto Electoral del Estado de México ha vigilado que las disposiciones sobre igualdad de género y no discriminación sean acatadas por todos los actores políticos en diversos rubros que van desde el financiamiento, la cobertura de medios de comunicación, el discurso político y la selección de candidaturas. Se trata de una tarea continua, que exige un compromiso por parte de las autoridades, los partidos políticos y la ciudadanía.

A pesar de los retos y los obstáculos a vencer, los avances son reales y tangibles. Impactan de manera positiva en la vida diaria de todas las mexiquenses. Por ello, la invitación desde el IEEM es a que se involucren en la vida pública de nuestro estado y nuestro país; que participen activamente en la solución de nuestros problemas más inmediatos; que alcen la voz para defender sus derechos y para que no cedamos en el terreno que juntas hemos conquistado.

Cuando una democracia pierde alguno de sus rasgos esenciales, pero mantiene, al menos en parte, sus estructuras democráticas, podríamos estar frente a un régimen híbrido, es decir, aquel que se mezcla con las características del autoritarismo. Esta categoría se utiliza para definir a los sistemas políticos que no se clasifican como democracias plenas, pero tampoco como dictaduras.

Una democracia es híbrida si combina elementos democráticos con otras formas de poder autoritario. Hoy en día, la mayoría de los regímenes políticos en el mundo no son ni claramente democráticos ni completamente autoritarios, sino que ha surgido un punto medio preocupante: los regímenes híbridos. En esta clase de sistema se mantienen los procedimientos electorales, pero los líderes manipulan todo el juego político; controlan al poder judicial; son invasivos con el legislativo y pretenden hacerlo con los medios de comunicación. Intimidan a la oposición y construyen un capitalismo o sindicalismo de amigos.

Quizás lo más grave de los regímenes híbridos es que están invirtiendo la lógica histórica, y las crisis ya no son una oportunidad para la democratización, sino para un giro autoritario. El problema serio es que los regímenes autoritarios no son menos democráticos que las democracias, simple y llanamente no son democráticos. ¿Qué tanto puede un Estado apartarse del principio democrático que tiene ahora un carácter universal?

Durante muchas décadas predominó la idea de que el tipo de régimen adoptado por un Estado era un asunto de exclusiva competencia interna; se rechazaba entonces toda posibilidad de una intervención colectiva para defender la democracia. Esta vez ya no, en el marco de un régimen democrático internacional, no pueden alegarse razones válidas para justificar la construcción de un modelo de organización política que niegue o desconozca los valores y principios que sustenten un orden constitucional democrático y un ejercicio legítimo del poder        

Aquella visión originaria de la no intromisión en los asuntos internos, se ha transformado de modo considerable. Cierto que un Estado puede adoptar con libertad las modalidades, características específicas y prioridades de organización y actuación de un gobierno, pero siempre y cuando no afecte el núcleo duro y esencial que, según el principio democrático, es imperioso mantener. Toda adhesión al modelo de la democracia representativa conlleva, forzosamente, el compromiso vinculante de no afectar sus componentes esenciales y fundamentales.

De acuerdo con el carácter universal del principio democrático, los Estados se apremian a tener una vida política bajo ciertos parámetros. En la apuesta por un diálogo político más intenso, se toman en cuenta dos premisas: una positiva, que consiste en la realización de buenas prácticas democráticas y de protección a los derechos humanos, cuya implicación trasciende las esferas electorales; y otra negativa, que alude a la respuesta ante cualquier condición o acción de un Estado que altere sustancialmente sus procesos democráticos o vulnere de manera grave los derechos fundamentales.  

Lejos quedó la típica “neutralidad” del derecho internacional respecto al tipo de gobierno y los valores políticos que se ejercen a nivel interno. Hoy sí importan y la indiferencia de otros tiempos ha cambiado para manifestarse en un conjunto de reglas y principios prodemocráticos. En este nuevo contexto, el paradigma democrático marca un punto de inflexión en el corpus iuris del derecho internacional, y el principio de no intervención tiene un alcance relativo.

En un Estado de derecho, la cita con las urnas siempre es un buen indicio. En una democracia no existe mejor instrumento para tomar decisiones colectivas que mediante el ejercicio de un voto libre, responsable, razonado y auténtico. Solamente la ciudadanía debe tener el poder de elegir a sus representantes populares, así como de ratificar o retirar su confianza en ellos durante el ejercicio de su encargo público.

En ese sentido, en este año que comienza, la ciudadanía mexicana está convocada a las urnas en seis entidades federativas. Los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas llevarán a cabo sendos procesos electorales para renovar sus gubernaturas, mientras que Durango y Quintana Roo, además de sus titulares del Poder Ejecutivo, elegirán autoridades municipales y diputados locales, respectivamente. No menos importante es la elección extraordinaria que en el Estado de México llevaremos a cabo en el municipio de Atlautla, en virtud de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Para las autoridades electorales de todo el país organizar los procesos electorales implicará enfrentar diversos retos. Nuevamente tendremos que implementar estrictos protocolos sanitarios en todas y cada una de las etapas del proceso electoral, privilegiando el trabajo remoto, en los casos donde sea posible, y el aprovechamiento de las tecnologías para agilizar y facilitar procesos. Asimismo, se exhortará a que personas candidatas, partidos y coaliciones observen en todo momento las indicaciones de las autoridades de salud para ajustar las campañas electorales y evitar prácticas que pongan en riesgo la salud de la ciudadanía.

Por otra parte, en diversas regiones del territorio nacional la incidencia delictiva y la violencia son factores que deben atenderse para evitar, a toda costa, que su presencia influya en los procesos electorales. Toca a las autoridades electorales vigilar la aplicación de las leyes electorales en este rubro y servir como canal de comunicación permanente con candidatos y candidatas para evitar la comisión de actos de Violencia Política en Contra de las Mujeres por Razones de Género. A propósito de este último punto, autoridades electorales y actores políticos tendrán que velar y comprometerse con el cabal cumplimiento de las medidas de paridad de género mandatadas por la Constitución General.

Finalmente, debemos entender que la contienda electoral se caracteriza por ejercicios de contraste y debate de ideas, pero también que debe regirse por el diálogo, la competencia cívica y la observancia de la legalidad. Al margen de los resultados que arrojen los comicios de 2022, la ciudadanía mexicana ha manifestado en reiteradas ocasiones su confianza en el papel que desempeñan las autoridades electorales. Aunque siempre es perfectible, nuestro sistema electoral ha permitido la alternancia, ha fortalecido la legitimidad democrática y ha demostrado regirse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad.

La agenda electoral de 2022 es una nueva oportunidad para demostrar la madurez de la ciudadanía y el papel decisivo que desempeñan las autoridades electorales locales en la construcción de la democracia en nuestro país.

Nada o poco favorable resultó el 2021 para la democracia en el mundo; por segundo año consecutivo se experimenta un retroceso sin precedente. Según el informe del semanario británico The Economist, en los últimos doce meses el Índice de la Democracia Global sufrió la peor caída desde 2010. Lamentablemente, el punto más débil está en América Latina, donde la democracia padece un acelerado descenso que ubica a la región como la de mayor deterioro democrático.

Menos de la mitad de la población mundial vive ahora en una democracia, y más de un tercio lo hace bajo un régimen autoritario. Es cierto que el impacto de la pandemia es innegable, pero también lo son la extensión considerable del poder del Estado y la erosión de las libertades individuales. El compromiso cada vez más precario con una cultura política democrática, ha dado lugar a la expansión de gobiernos autócratas o al crecimiento de populistas antiliberales como sucede en el caso de Brasil.

Varios gobiernos elegidos democráticamente, incluidas algunas democracias consolidadas, están adoptando con frecuencia prácticas autoritarias. El retroceso democrático a menudo ha contado con un apoyo popular significativo. La corrosión de la democracia ocurre en distintos entornos y contextos, y cada vez es menor la proporción de democracias de alta calidad. Después de un año con una agenda electoral bastante intensa, las instituciones democráticas en América Latina estuvieron demasiado expuestas y nunca habían sido tan frágiles.

Coinciden The Economist e IDEA Internacional en establecer que la calidad de la democracia se juzga a partir de cinco criterios: el pluralismo electoral y la existencia de procesos democráticos; el funcionamiento del gobierno; la participación política de la ciudadanía; la cultura política del país; y el respeto a las libertades civiles. Pues bien, los países latinoamericanos registraron una declinación en todos ellos. Bajo dichos estándares, México, Ecuador y Paraguay perdieron su estado de “democracia defectuosa” y ahora están colocados como una “democracia híbrida”, es decir, más cerca del autoritarismo.

Particularmente vulnerable en algunos contextos de transición, la democracia en los países latinoamericanos con cambio de régimen ha sufrido rupturas parciales y su inconsistencia o precariedad es ahora más notoria. A pesar de los logros democráticos en varias naciones de la zona, aún persisten señales preocupantes de degradación, que se caracterizan por generar una serie de problemas que afectan la calidad democrática. La situación debe preocuparnos, pues nunca como ahora se ha cuestionado tanto el valor, la viabilidad y el futuro de la democracia.

Pero entre confrontar desafíos y revivir la promesa, el más reciente Informe de IDEA Internacional sobre la Democracia en el Mundo pone el acento en su condición resiliente a largo plazo. Pese a la pandemia, el número de democracias no ha variado en América Latina y el Caribe en los últimos dos años. Es evidente que la situación sanitaria afecta de modo negativo algunos aspectos de la democracia, como la libertad de movimiento y la integridad de las personas, tal vez de cierta manera, incluso la libertad de expresión; sin embargo, los países de la región respondieron de forma adecuada al desafío de celebrar elecciones en circunstancias especialmente complicadas. Pronto pusieron en marcha disposiciones electorales que permitieron a la ciudadanía seguir ejerciendo sus derechos democráticos.

Podrá seguirse cuestionando o polemizando sobre el desempeño de las democracias. Lo que ya no es debatible es que, a pesar de sus defectos, ofrece mejores resultados que los regímenes híbridos o no democráticos.

Nuevamente en 2022 nuestro país presenciará procesos electorales en diversas entidades federativas. Siempre debe celebrarse que la cita con las urnas sea el instrumento democrático mediante el cual la ciudadanía de cada estado define su rumbo colectivo. No obstante, debemos reiterar el llamado para que, a lo largo de los procesos electorales locales de este año, autoridades, personas candidatas y partidos ratifiquemos nuestro compromiso con la erradicación de la Violencia Política Contra la Mujer por Razones de Género y actuemos en consecuencia.

En días recientes, la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C. (AMCEE) presentó el proyecto “Red Nacional y Estatal de Mujeres Electas”. Se trata de un planteamiento sólido y pertinente, cuyo objetivo es que la propia AMCEE, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), establezcan un vínculo de contacto con las mujeres que hayan sido electas derivado de un proceso electoral y que se encuentren en el ejercicio de su cargo público, para brindarles orientación, seguimiento y acompañamiento sobre sus derechos y obligaciones en la prevención y erradicación de los posibles casos de violencia política que pudieran experimentar en el ámbito del ejercicio de su encargo, por el simple hecho de ser mujeres.

Para lograr lo anterior, la AMCEE ha propuesto diversas estrategias, que van desde lo informativo, hasta lo preventivo. Entre estas estrategias destacan: 1) informar y capacitar a las mujeres electas sobre como prevenir, atender y denunciar cualquier conducta que pudiera constituir violencia política en su contra por razón de su género;  2) dar a conocer las instancias de apoyo a las que se puede recurrir; así como las medidas de protección o las medidas cautelares a las que tienen derecho; 3) brindar apoyo, asesoría, seguimiento y acompañamiento en el ámbito de las facultades de cada institución electoral, sobre los casos de Violencia Política Contra las Mujeres por Razones de Género que pudieran experimentar en el ejercicio de sus derechos político electorales; y 4) llevar un registro sobre los casos relacionados de Violencia Política Contra las Mujeres por Razones de Género, que permitan generar datos estadísticos e insumos para diversas instancias.

Para solucionar un problema público es necesario hacerlo visible en la agenda pública. Por esa razón, la correcta identificación de casos de Violencia Política Contra la Mujer por Razones de Género, su atención, denuncia y registro estadístico permitirá no solo visibilizarlo sino conocer las dimensiones reales del problema, diseñar mejores estrategias para combatirlo hasta erradicar este tipo de violencia. Igual de relevante es que el proyecto planteado por la AMCEE fortalece los vínculos generados entra las instituciones electorales y las mujeres que han resultado electas. La idea que subyace en el fondo es que, al margen de las facultades de cada autoridad electoral o del signo político de las candidatas, todas debemos estar del mismo lado cuando de violencia política se trata.  

Sin duda, es una iniciativa innovadora y necesaria a la que debemos dar seguimiento, pues la construcción de nuestra democracia no es compatible con la existencia de casos de Violencia Política Contra las Mujeres por Razones de Género.