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Nos acercamos a una de las etapas más decisivas del proceso electoral 2024. De acuerdo con el calendario electoral, el próximo 26 de abril inician las campañas para Ayuntamientos y Diputaciones Locales en el Estado de México. En nuestro estado, las y los ciudadanos acudiremos a las urnas para elegir 75 diputaciones locales, 125 presidencias municipales, 136 sindicaturas y 966 regidurías, para un total de 1,302 cargos de elección popular.

Al insertarse los comicios del Estado de México dentro del proceso electoral más grande de nuestra historia a nivel nacional, es común que el flujo de información sea tan masivo como dinámico. Prácticamente todos los diarios, programas televisivos o radiofónicos, así como las redes sociales comienzan a centrar su atención en las campañas electorales, candidaturas, propuestas y escenarios políticos.

La conversación pública en torno a los comicios, las alternativas y la contienda por el poder son una de las mejores evidencias de la vitalidad de una sociedad. Justamente en la participación y el interés ciudadano descansa buena parte de la construcción de una mejor democracia. Sin ello, ninguna sociedad sería capaz de mejorar la calidad de sus instituciones y liderazgos políticos.

No obstante, además de la cantidad de información que recibimos, debemos prestar atención a su calidad y a nuestra capacidad para discernir la validez y consistencia de la información. Desde luego, no se trata de descalificar a priori algunas fuentes, testimonios o evidencias. Menos aún de invalidar los señalamientos críticos hacia candidaturas, partidos o autoridades.

Lo que se busca es construir una conversación pública y una contienda electoral basadas en el civismo, la veracidad de la información, la cultura de la paz y el respeto a la legalidad. No podemos olvidar que la libertad de expresión debe ejercerse con responsabilidad. Por ello, como sociedad debemos rechazar los señalamientos que pretendan lesionar la imagen de cualquier candidatura basados en comentarios discriminatorios por razón de género, edad, origen étnico, aspecto físico, condición social, de salud o cualquier otra.

Pero también debemos tener mucho cuidado de caer y difundir noticias falsas que circulan en las redes sociales. La mejor manera de lograr esto es contrastando la información en diversos medios o fuentes oficiales. La inmediatez no siempre es compañera de la veracidad.

Para abonar a la transparencia y derecho a la información de la ciudadanía, el Instituto Electoral del Estado de México ha puesto en marcha, como en procesos electorales previos, el sistema “Candidatas y candidatos, conóceles”. A través de esta plataforma, la ciudadanía mexiquense podrá conocer la trayectoria profesional, académica, antecedentes políticos y propuestas principales de cada uno y cada una de sus candidatas. Se trata de una herramienta sumamente útil que debemos difundir, pues incentiva el conocimiento de los perfiles y el análisis de sus propuestas como elementos indispensables para el ejercicio de un voto crítico e informado, lo cual supone la base de una democracia sólida.

En las sociedades contemporáneas suele aceptarse que un gobierno democrático parte de dos principios bien establecidos: el voto universal y la regla de la toma de decisiones por mayoría. Sin embargo, una democracia incluyente debe revisar constantemente la instrumentalización de estos dos principios para garantizar una efectiva representación de intereses diversos, pero, al mismo tiempo, el respeto a los derechos de las minorías.

En este sentido, el primer principio —del voto universal— se refiere a los avances que históricamente se han alcanzado para extender el reconocimiento del derecho al voto a cada vez más sectores sociales. La evolución misma del concepto de universalidad ha sido fundamental, pues en siglos pasados bastaba con que los hombres libres votaran para que una sociedad se considerara democrática. Posteriormente, el sufragio se reconoció como derecho de las mujeres y en general de todas las personas sin distinción de su origen étnico, edad, condición social, religión, opiniones o preferencias, transitando a una verdadera universalidad. De este modo, y como señala Bobbio, a mayor universalidad del voto, mayor democratización de la sociedad.

Por otra parte, en una democracia incluyente, el segundo principio democrático referido —la toma de decisiones a partir del principio de mayoría— debe ser respetuoso de los derechos humanos reconocidos para las minorías. En un Estado constitucional, ningún proyecto político, decisión u objetivo puede vulnerar los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales. Pero, además de ello, una democracia incluyente debe incorporar los intereses y necesidades de las minorías que, aunque no cuenten con el peso demográfico, político o simbólico de la mayoría, sí se reservan su derecho a ser atendidas por el poder público.

Aunque lo anterior se ha reconocido teórica y legalmente, queda pendiente el reto de instrumentalizar estos principios de manera plena en nuestras sociedades de hoy. Al respecto, la autoridad electoral de nuestro país ha avanzado en materia de implementación del voto anticipado para personas con alguna discapacidad. Esta modalidad de voto fortalece los dos principios democráticos referidos, pues extienden aún más la universalización del voto e integran a minorías en la agregación de intereses.

Para este proceso electoral concurrente 2023-2024, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se ha comprometido a implementar las acciones necesarias a efecto de garantizar el Voto Anticipado en el estado de México para la ciudadanía que tenga alguna incapacidad física que impida, limite o dificulte su asistencia ante la casilla que le corresponda durante la Jornada Electoral. En ese sentido, el pasado 20 de febrero, el Consejo General del IEEM aprobó los Formatos Únicos de la Documentación Electoral, para el Voto Anticipado de la Elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2024. Dichos formatos cumplen con las especificaciones técnicas de la documentación electoral, los requerimientos establecidos en las disposiciones legales y, no menos importante es que se encuentran personalizados atendiendo a las particularidades de la elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2024.

Con esta decisión, se procede ahora a la impresión de los formatos y su posterior distribución. Con ello, el IEEM da un paso firme hacia la inclusión y la no discriminación, de manera que nuestra democracia siga consolidándose bajo un paradigma de inclusión, para que ninguna persona se quede sin ejercer su derecho humano al voto.

El pasado domingo 4 de febrero, El Salvador concurrió a elecciones presidenciales. El resultado no fue sorpresivo para nadie: con 82.6% de los votos recibidos, Nayib Bukele consiguió reelegirse para un nuevo periodo presidencial de cinco años. Se trata del primer presidente salvadoreño, en ocho décadas, en presentarse a una reelección. La Constitución del país centroamericano prohibía, en al menos seis artículos, que un presidente ejerciera un nuevo mandato. ¿Cómo interpretar lo sucedido?

El caso salvadoreño debe alertar a toda la región Latinoamericana. Son muchas las aristas que admiten un análisis a profundidad. Sin embargo, me gustaría apuntar solo tres; todas ellas, una muestra de una profunda vocación antidemocrática. 

1. El gobierno de Bukele implantó con éxito la idea de que un gobierno electo debe conseguir resultados a cualquier costo. Por desgracia, la crítica situación de inseguridad y pobreza que padece El Salvador alimentó las expectativas de una sociedad urgida de mejores condiciones de vida. Desde un inicio, Bukele volcó a las fuerzas de seguridad para encarcelar, en tiempo récord y sin debidos procesos, a miles de ciudadanos. Es célebre la construcción de un magno centro de detención —la cárcel más grande de América— que en pocos años ha llenado de presuntos miembros de pandillas. Sin embargo, en una democracia los objetivos políticos, cualesquiera que sean, deben perseguirse dentro de los márgenes permitidos por la ley y el respeto a los derechos humanos. Cualquier violación a estos límites es propia de las dictaduras.

2. El poderosos aparato propagandístico no solo consiguió posicionar la figura personal de Bukele, sino erosionar las coordenadas de la realidad. El mejor ejemplo de ello es, justamente, el combate al crimen. Decenas de miles de personas han sido exhibidas ante la opinión pública como criminales sin que medie ni importe un juicio sobre su culpabilidad. Adicionalmente, se ha replicado la versión de que El Salvador se ha convertido en el segundo país más seguro del continente, solo después de Canadá. Sin embargo, las cifras que “sustentan” tal afirmación emanan del propio gobierno, sin que otras autoridades o instituciones puedan proporcionar información al respecto. El cerco informativo ha vulnerado el derecho de acceso a la información de la sociedad salvadoreña, sustituyendo la realidad con un discurso oficial.

3. Los excesos autoritarios pudieron detenerse a tiempo por medio de contrapesos constitucionales. Aunque su gobierno gozara de mayoría legislativa y aprobación popular, las garantías judiciales, el respeto a las leyes y a los tratados internacionales debieron imponer límites a su actuación. Sin embargo, Bukele atropelló las instituciones, destituyó a funcionarios incómodos y colocó a personajes subordinados, no para desempeñar sus obligaciones, sino para favorecer al presidente con interpretaciones sesgadas a la ley.

Una dictadura no solo se impone con las armas, también lo hace cuando burla los contrapesos institucionales. En una auténtica democracia, cualquier proyecto político, por más legítimo que sea, debe sujetarse al debate de ideas, al control de otros Poderes y a la sujeción a las leyes. Las fuerzas políticas que caminen en sentido contrario, traicionan peligrosamente a la democracia.

Este año que inicia nuestro país llevará a cabo el proceso electoral más grande de su historia, pues la totalidad de las entidades federativas concurriremos a comicios locales, a la par de los procesos electorales federales que renovarán la Cámara de Diputados, el Senado y la Presidencia de la República. Dentro de este magno proceso electoral, el Estado de México tendrá una de las elecciones estatales más grandes, toda vez que la ciudadanía mexiquense elegirá 75 diputaciones locales, 125 presidencias municipales, 136 sindicaturas y 966 regidurías, para un total de mil 302 cargos de elección popular. Será un proceso electoral complejo por sus dimensiones, por la cantidad de actores políticos que competirán y por el número de procedimientos que la autoridad electoral debe instrumentar.

No obstante, el reto no puede medirse únicamente a partir del número de votantes, urnas o candidaturas. El éxito de un régimen democrático descansa, sobre todo, en la legitimidad de sus instituciones, la renovación cívica y pacífica del poder público y la participación de la ciudadanía en condiciones de libertad. Lo anterior nos obliga a la sociedad, autoridades, partidos políticos y candidaturas a conducirnos a la altura que las circunstancias nos demandan y a observar, en todo momento, la legalidad de nuestras decisiones.

Una serie de estudios especializados revelan que la democracia atraviesa por una severa crisis a nivel regional e internacional. Los discursos excluyentes, desinformados, xenófobos, polarizantes y violentos han atraído a diversos sectores sociales. El Informe Latinobarómetro 2023 habla, en ese sentido, de una “recesión democrática” en nuestro continente, caracterizada por la erosión de los cimientos democráticos y una marcada pérdida de apoyo a la democracia como forma de gobierno.

De manera preocupante, el informe señala que entre 2010 y 2023 el respaldo a la democracia en la región pasó del 63% al 48% y que, a pesar de periodos de expansión económica, factores como la corrupción, la marginación y la incapacidad de las élites para abordar las desigualdades han sido factores cruciales para la pérdida de confianza en las instituciones democráticas. Nuestro país, al igual que Guatemala, Costa Rica o Venezuela, se cuenta entre las naciones con la caída más pronunciada en el apoyo a la democracia.

Por ello, las autoridades electorales, no solo somos responsables de organizar un proceso electoral más, sino de velar porque la democracia siga siendo la vía predilecta de nuestra sociedad para elegir a sus representantes. Ello solo podrá conseguirse mediante árbitros electorales imparciales y autónomos, que deliberen de cara a la sociedad y que fundamenten sus decisiones en la legalidad y el compromiso social. Para ello, es necesario un comportamiento ejemplar de las personas candidatas y partidos, para que la contienda electoral se desarrolle dentro de los cauces institucionales y las ofertas políticas, cualesquiera que éstas sean, mantengan un compromiso con la tolerancia, el civismo y los derechos humanos.

El IEEM, de la mano de la ciudadanía mexiquense, se encuentra listo para organizar el proceso electoral 2024. Confiamos en que este proceso electoral pase a la historia no solo como el más grande, sino como el más incluyente, paritario y legítimo de nuestra democracia.

El ciclo electoral en América Latina admite varias lecturas. Quizás la característica más notable es la volatilidad en la intención del voto y los giros discursivos para la ampliación de la base electoral. El electorado deambula en medio de sorpresas y así lo revelan las elecciones en Guatemala, Ecuador y Argentina.

Nadie anticipaba la victoria de Bernardo Arévalo en el país centroamericano. Sin aparecer entre los favoritos, el candidato del partido “Semilla” superó la primera vuelta y hoy es el presidente electo. Gobernará, si lo dejan, con un Congreso adverso, donde tienen mayoría partidos de la política tradicional contra los que se ha manifestado de manera firme. Después de la sacudida que asestó un golpe contundente a la clase política dominante, el inédito respaldo para Arévalo muestra el alto nivel de decepción en el sistema político del país vecino.

En Ecuador hace cinco meses se vaticinaba una elección de trámite para el partido del expresidente Rafael Correa. Pocos o nadie auguraba el triunfo de un semidesconocido Daniel Noboa, empresario de 35 años e hijo del hombre más rico del país. No proviene de un partido político, ni se define ideológicamente, pero su discurso liberal lo sitúa en la centroderecha. Una cara nueva para un apellido añejo cumple el sueño familiar de la presidencia en Ecuador.

Al sur del continente, en Argentina se espera a la segunda vuelta electoral que decidirá el triunfo por la Presidencia de la República. Algunas encuestas colocan a Javier Milei como el gran favorito. Sin embargo, en cualquier competencia electoral, hay una fijación de nuestra atención con el ganador, porque los candidatos no solo se baten con respecto a sí mismos, sino con relación a las expectativas. En un contexto caracterizado por la extrema polarización, el discurso polémico y antiestatista de Milei puede llevarlo a las puertas de la Casa Rosada o hacerlo fracasar rotundamente.

El ciclo electoral en América Latina es uno de hastío. La ciudadanía percibe a los gobernantes y partidos tradicionales como incapaces de brindar soluciones. La incertidumbre es el común denominador y los candidatos outsiders captan el interés de los votantes con ideas libertarias que seducen más de lo debido. Una mezcla de euforia, miedo y hartazgo se combinan para derrotar al oficialismo.

Aquellos políticos que habitan en la periferia de los partidos cobran ahora notoriedad y pasan al centro de la escena; los candidatos antisistema emocionan precipitadamente. Se puede venir desde afuera sin tener un discurso antipolítico o ser un político profesional que hace carrera a fuerza de atacar el estatus quo institucional. En ambos casos, les favorece un contexto de creciente deslegitimación política.

Queda mucho rumbo en el ciclo electoral latinoamericano, el próximo año habrá elecciones generales en varios países de la región: El Salvador, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, sin olvidar a los Estados Unidos. Presentarse como alguien ajeno a la política seguirá siendo un recurso estratégico para volverse más atractivo, mientras entre la ciudadanía predomine la desconfianza.