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Parece bastante cierto afirmar que el principio de checks and balances no basta para resaltar la importancia que un tribunal constitucional tiene dentro de una democracia. Desde 1995, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado pasos trascendentes en su consolidación como un tribunal constitucional. Su nueva identidad se cristalizó de la mano de un conjunto de cambios que repercutieron en el ámbito de su competencia, su estructura y organización. A partir de entonces, el máximo Tribunal pretende refrendar una narrativa que ponga énfasis en la metamorfosis de su responsabilidad constitucional.

Convertida ahora en una institución estratégica para el equilibrio, la estabilidad y la gobernabilidad de nuestro país, la SCJN ha contribuido de distintas maneras a la consolidación de la democracia mexicana. En su transformación hacia un genuino tribunal constitucional, sostiene el Ministro Arturo Zaldívar, la Corte ha sido un contrapeso real a la acumulación del poder, ha favorecido el pluralismo y el debate democrático, y es hoy un factor determinante para el fortalecimiento de las instituciones.

Con la finalidad de asumir un papel fundamental, que antes no había tenido, la SCJN es algo más que un árbitro de los conflictos políticos y garante de la constitucionalidad de las leyes y actos del Estado. A partir de ser un tribunal constitucional, comenzó a generar criterios con los que dotó de mayor contenido a las normas constitucionales y convencionales. Gracias a la capacidad para invalidar cualquier acto de gobierno que contravenga a la Constitución y los tratados de derechos humanos, la Corte ha suscitado cambios significativos en la manera como se planea y se hace política. Tal vez no del modo más deseable, pero al menos sí decoroso.

Una SCJN fuerte, sólida e independiente, gana legitimidad frente a la función que le toca en una democracia representativa. Si bien la democracia es una forma de gobierno en la que el poder de decisión de la cosa pública pertenece al pueblo, siempre es pertinente garantizar algunas precondiciones para su funcionamiento. Una de ellas consiste en invalidar aquella ley o decreto que vulnere el goce o el ejercicio de los derechos fundamentales.

Cuando un juez constitucional invalida una ley, el coste democrático recae sobre el legislador. Una democracia constitucional está comprometida, por un lado, con los valores democráticos entre los que destaca la soberanía popular y, por otro lado, con la limitación del poder que evita la arbitrariedad. Por esa razón, no debe presumirse mayor legitimidad en los legisladores por el simple hecho de ser electos popularmente. De esa manera, los mecanismos de control constitucional de leyes y actos del Estado tienen, precisamente, un origen democrático.

Bajo el principio de la división de poderes, como forma de organización del poder público estatal, el control constitucional de las leyes y decretos tiene un enorme significado para los Estados modernos. Proteger los derechos de las personas mediante la declaración de invalidez de una ley o acto del Estado por no ser constitucional, es una forma de defender a las instituciones democráticas. Corresponde a la SCJN exigir, en todos los casos, el

cumplimiento de un parámetro de regularidad constitucional, donde el primer comprometido es el legislador.

Puede ser que a los legisladores y funcionarios públicos no les guste el tono o la retórica de las ministras y los ministros, pero cuando se invalida una ley o decreto por inconstitucional, la SCJN no invade poderes, solo respeta su separación. Eso es, precisamente, defender la democracia.

Conocer las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resulta de vital importancia no solo para los estudiosos del derecho, sino también para cualquier ciudadana y ciudadano. Entre otros aspectos, esto nos permite conocer el alcance de nuestros derechos y la manera en que las autoridades deben garantizarlos. En ese sentido, entre las decisiones que ha tomado recientemente la SCJN, por su esfuerzo interpretativo y creación argumentativa, destaca la declaración de invalidez relativa a diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y de los Códigos Nacional de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación, a través de las cuales se extendía el catálogo de delitos que darían lugar a la prisión preventiva oficiosa.

Pocas acciones de inconstitucionalidad dejan un testimonio tan notorio de la congruencia que debe existir entre opiniones y votos. Contundente y clara, la Corte se pronunció acerca del trabajo legislativo. Si bien el artículo 73 constitucional habilita al Congreso para expedir leyes, esté no puede hacer un uso laxo o poco riguroso de esas facultades. En la medida que las normas incidan intensamente sobre los derechos fundamentales, el ejercicio de las atribuciones legislativas debe ser controlado judicialmente, al menos, con el mismo rigor con el que se examinan las restricciones a los derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la prisión preventiva no puede justificarse por la gravedad del delito. Debido a su naturaleza cautelar y no punitiva, no es correcto predeterminarla por el tipo de conducta, sino por las necesidades de la investigación y la no evasión de la justicia. Bajo cualquier óptica, la prisión preventiva oficiosa es una figura procesal que afecta un derecho sustantivo: la libertad. Ésta atenta contra la presunción de inocencia y, en nuestro país, se ha utilizado como un fallido intento de disuasión anticipada.

Si una medida cautelar como la prisión preventiva se vuelve automática, adquiere el cariz de una pena prematura. Acorde con los estándares interamericanos, la prisión preventiva se justifica siempre en función de las particularidades del caso concreto, a través de la ponderación de los elementos que concurran en éste. En ningún supuesto la medida cautelar puede quedar determinada por el tipo de ilícito que se imputa a la persona. Hacerlo de ese modo equivale a la imposición de una acción punitiva de manera previa a la declaración de culpabilidad.

La SCJN explora con prudencia los cambios profundos que desde el año 2008 fueron incorporados al sistema de procuración y administración de justicia. Pasar de un modelo inquisitivo a uno acusatorio y oral, plantea un nuevo equilibrio entre el órgano de acusación y el presunto responsable de un ilícito. Ahora es diferente el estándar probatorio para vincular a una persona a proceso. En este nuevo sistema penal, la libertad personal durante el proceso cobra mayor relevancia, pues se constituye como un requisito sine qua non para garantizar el derecho humano a la presunción de inocencia.

Al examinar la prisión preventiva, la SCJN establece que su objeto es específico y limitado a dos aspectos básicos: primero, no sustraerse a la acción de la justicia y, segundo, la peligrosidad del sujeto y los elementos particulares del caso. Puede proceder para cualquier delito, incluso contra la defraudación fiscal, el contrabando o los delitos cometidos por la comercialización de facturas sin sustancia, solo que es una tarea que corresponde al juez y no al legislador, debiendo el juzgador hacer una valoración objetiva de la medida aplicable.

De esta manera, la SCJN ha resuelto de forma impecable e implacable. No puede el legislador secundario introducir nuevos supuestos de prisión preventiva oficiosa distintos de los que ya están previstos, limitativamente, en el artículo 19 constitucional. La prisión preventiva oficiosa es un instrumento de castigo predeterminado que afecta la presunción de inocencia, porque es una sentencia adelantada. Por no tener soporte convencional, quizás ya sea el momento de retirarla incluso de la Constitución.

Queda algo de cinismo, o tal vez mucho, cuando se toca el tema de la perspectiva de género. Persiste aun la falta de compromiso y el tema choca con las convicciones más arraigadas de las personas, con sus dogmas, sus lealtades, su percepción del deber y de lo posible. Señala con toda razón Marcela Lagarde que los temas de género todavía irritan y desconciertan, pero también producen afirmación, seguridad y abren caminos.

Tiene sentido afirmar que de tanto usar el término, la perspectiva de género ha sido víctima de la burocratización. Demasiadas personas encargadas de implementar esta clase de perspectiva, creen que es posible sumarla a la concepción del mundo patriarcal y que no deben modificarse sus creencias, valores y principios. Tampoco es acertado suponer que la perspectiva de género debe voltearlo todo, ponerlo de cabeza. Lo que sí torna evidente es la desigualdad real entre hombres y mujeres, y conduce necesariamente a descubrir lo negado o a contrariar el viejo orden simbólico. Ese plano del que las mujeres nos afanamos por salir.  

Al no comprender que la perspectiva de género corresponde a un nuevo paradigma cultural, que implica redistribuir los poderes sociales, es posible la perseverancia de actitudes hasta bochornosas. En la más reciente cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 29 hombres se dieron el lujo de aludir al género frente a una sola mujer que, por cierto, no era Jefa de Estado sino canciller de Panamá, y quien tuvo los arrojos para hacerles notar la afrenta.

Hace unos días, en una reunión entre líderes de distintos partidos se habló insistentemente de paridad, de igualdad sustantiva y de la obligación del Estado para impulsar el liderazgo femenino. Sin embargo, no había ninguna mujer presente. De nueva cuenta en la Cámara de Diputados se hace notoria la desigualdad en cifras: de las 46 comisiones que se integran, las mujeres no alcanzan a presidir el 50%.

Y es que entre las personas que hoy hacen trabajo con perspectiva de género, se encuentran miles que no se suman a los esfuerzos por eliminar la opresión genérica. Les ha tocado desempeñar una labor no elegida. No tienen la convicción ni la necesidad vital de identificarse con el agravio de las mujeres. Su trabajo solo es institucional y reproducen en él un tratamiento machista y misógino. Hostilizan a las personas realmente comprometidas y frustran sus esfuerzos o se oponen directamente. Hay demasiado oportunismo en el discurso de género.

Muchas distorsiones provienen de la perspectiva de género y limitarla a las mujeres exige una complicada transacción encubierta. Por esa razón, personas, grupos e instituciones que asumen posturas hostiles y que no se identifican con el feminismo, son capaces de adoptar con cinismo e hipocresía formas, en apariencia, convenientes con la perspectiva de género. Están dispuestas a no conectar con las luchas específicas de las mujeres en ámbitos ajenos al suyo y no sentirse convocados por reivindicaciones y causas feministas. Lo suyo es la retórica y no se percatan de que esa actitud es incoherente con el cobijo del género.

Pero a pesar de todos los tropiezos, la perspectiva de género avanza, se difunde y expande. Con cinismo o sin él, con desfachatez o sin ella, las mujeres están decididas, como género, a ejercer su derecho de intervenir en el sentido del mundo y en la configuración democrática del orden social.

Muchos elementos acechan a la democracia en América Latina; un día sí y otro también, las amenazas son cada vez más persistentes. A los problemas comunes se agrega ahora la codicia y los intereses particulares de un individualismo egoísta, que olvida el bien común y el interés general como objetivo de convivencia y progreso. La región se mueve entre la autocracia y el fin del consenso democrático.

Hace tiempo que algunos síntomas vienen anunciando la desmoralización social, entre los factores que inciden y dibujan a una democracia disfuncional y atrofiada. Lejos de atajar los problemas de raíz, quienes han tenido la responsabilidad de solucionarlos, aplican solo medidas paliativas para combatirlos. Como tal, aun cuando la democracia sigue aglutinando un amplio apoyo en la zona, se advierte también un franco retroceso. Distintos indicadores apuntan que existe en la región un malestar inquietante y progresivo con esta forma de gobierno.

Poco favorecen los sucesos en Nicaragua y El Salvador, no lejos está Venezuela, y en Sudamérica se presentan con frecuencia conflictos que intimidan la estabilidad de un régimen. La democracia está en recesión: si antes el peligro radicaba en los golpes de Estado, actualmente la descomposición comienza de manera más velada y sutil. Hoy las democracias mueren en las manos de líderes electos que hacen uso y abuso del poder para subvertir los mecanismos democráticos a través de los cuales llegaron al mando.

Apenas en 2019, Nayib Bukele irrumpió como un terremoto en la política salvadoreña. Hoy, a solo dos años de asumir la presidencia, está en el ojo del huracán. Se le acusa con evidencia de atentar contra la independencia y la separación de poderes. Maniobró para conseguir una nueva integración de la Sala Constitucional en la Corte Suprema, y a solo tres meses, esa nueva composición le obsequió la reelección el pasado 4 de septiembre. Nicaragua tiene también una historia muy particular, Daniel Ortega ha consolidado un poder personal y familiar, como nadie en la historia moderna de ese país.

Acompañado por su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta, Daniel Ortega ha logrado consolidar todas las ramas del gobierno bajo el control de su partido y ha limitado las libertades fundamentales en su país. Para contender por cuarta ocasión consecutiva a la presidencia, ha desmantelado a la oposición. Mediante el predominio del Frente Sandinista, en los próximos comicios Ortega garantiza su victoria a través de la eliminación de cualquier indicio de competencia partidista.

Varios estudios ponen énfasis en los peligros para la democracia en América Latina. Más allá de la insatisfacción ciudadana, que crece de manera paulatina, organizaciones como Human Rights Watch destacan la desbordante tentación de establecer regímenes autocráticos. Esa clase de liderazgos son los que rara vez resuelven los problemas que utilizan para justificar su ascenso al poder. Se trata, en muchas ocasiones, de gobiernos que no rinden cuentas y se vuelven más propensos a la represión, la corrupción y la mala gestión. Dado que suelen darle prioridad a perpetuar su propio poder, a los autócratas no les agrada el escrutinio auténtico y la crítica.

Cualquiera diría que las instituciones fundamentales del Estado resisten bien frente a las extralimitaciones de los líderes autócratas, pero eso no parece suficiente. A diferencia de los dictadores tradicionales, los aspirantes a autócratas de hoy en día emergen de entornos democráticos. Incluso las democracias más consolidadas del mundo se han mostrado vulnerables ante la demagogia y la manipulación (no debemos olvidar el asalto al Capitolio en Washington). Peligra la democracia en América Latina ante la velocidad de contagio de un virus político: la autocracia.        

Entre el 21 y el 24 de septiembre, dará inicio el XI Encuentro Nacional de Educación Cívica, organizado por la Red Nacional de Educación Cívica de los Organismos Públicos Locales Electorales y de la Sociedad Civil (Red Cívica), en esta edición, albergado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Se trata de un esfuerzo institucional loable y fundamental para la construcción de la cultura democrática, no solo en nuestra entidad federativa, sino a nivel nacional, que conjunta la experiencia de servidoras y servidores públicos, docentes e investigadores.

Hablar de educación cívica es sinónimo de cultura democrática, ya que ambas están relacionadas de manera simbiótica. Por desgracia, como otros componentes de la democracia, el civismo es un concepto más usado que valorado. Originado como idea y praxis desde la tradición helénica, el civismo se encuentra en los basamentos de la construcción de regímenes en donde la ciudadanía es partícipe efectiva de los asuntos públicos. Desde luego, esta noción no supone una mera participación desinteresada o poco informada; en su lugar se refiere a una deliberación responsable, reflexiva y analítica en torno a los problemas que enfrenta ese cuerpo colectivo denominado polis en Grecia o civitas en la Roma antigua.

Por la manera en que se comporta frente a la participación, el civismo exige al menos dos elementos. Por una parte, el uso de la razón en la palabra y, por la otra, la libertad necesaria para pronunciarla. De ahí que no se pueda concebir una cultura propiamente cívica en donde las personas no tengan consciencia de su entorno social, pero tampoco en donde persisten gobiernos no democráticos que transgreden libertades, o que no permiten la deliberación política. Afortunadamente, la idea que equipara al civismo con la formación de ciudadanos obedientes, pasivos y acríticos ha sido superada.

En su lugar, al impulsar el debate de ideas y la solución más apropiada de los problemas públicos, el civismo construye capacidad de diálogo y, a través de él, se fortalece el tejido social y las redes ciudadanas. Del mismo modo, el civismo como “proceso civilizatorio”, cultiva y desarrolla valores democráticos como la tolerancia, la solidaridad, la equidad y el respeto a la cultura de la legalidad. Por esta poderosa razón, la democracia solo puede florecer en sociedades con una cultura cívica arraigada, donde el respeto a las instituciones y a las leyes es cotidiano.

Temas de actualidad, que aún enfrentan importantes resistencias entre tomadores de decisiones, así como entre ciudadanas y ciudadanos, solo pueden ser exitosamente deliberados dentro de una cultura cívica. El atropellado, pero a su vez decidido avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de las personas de la comunidad LGBTTTIQ, de los pueblos indígenas o de otros sectores sociales, ha sido posible gracias al empuje de las redes ciudadanas construidas. De ahí la necesidad de enfatizar que, sin civismo, las instituciones democráticas corren el riesgo de ser inoperantes.

Es precisamente gracias al civismo, y como señalan autores de la talla de José Fernández Santillán, que en democracia es más importante la ciudadanía que sus gobernantes. Por ello, se invita cordialmente a la ciudadanía a seguir el XI Encuentro Nacional de Educación Cívica a partir del próximo 21 de septiembre (https://www.ieem.org.mx/2021/XI_ENEC/index.html?fbclid=IwAR1HhfY3mNdaSEj-831_X9bjI3mX0j40TE0GNaReGCYK7tsX4z1lc8Xt1Qw#programa)  y a conocer la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 del Instituto Nacional Electoral. La participación e interés ciudadanos son los pilares que sostienen a nuestra democracia.

México aún tiene un déficit importante en la construcción de ciudadanía integral. En las sociedades contemporáneas se abre el debate sobre la necesidad de plantear nuevas formas de ser ciudadana y ciudadano. Un encuentro sobre educación cívica da la oportunidad de abonar al concepto de ciudadanía inclusiva y ubicar su trascendencia en una democracia representativa.