Un llamado a actuar frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género
Escrito por Patricia Lozano Sanabria
En las últimas semanas, la opinión pública de nuestro país se ha vuelto a sacudir a raíz de la desaparición de diversas mujeres jóvenes en diversas entidades de la República. Por desgracia, no se trata de casos aislados. De acuerdo con algunos registros periodísticos, en los primeros meses de lo que va del año, específicamente de enero a mediados de abril, se contabilizaron 748 mujeres desaparecidas. Pero la desaparición de mujeres es solo una forma de violencia. Otras que, por desgracia, también se han incrementado son los feminicidios y las violaciones, por mencionar los ejemplos que más lesionan a las víctimas y a su entorno familiar.
Este panorama, poco alentador, porta dos riesgos. El primero de ellos es que la espiral de violencia contra las mujeres termine por habituarnos a conocer estas cifras. Es común el fenómeno en el cual las sociedades se “acostumbran” a escuchar de casos violentos y a normalizar la incidencia de tales comportamientos. Más allá de esto, el segundo riesgo tiene que ver con la impunidad, que sirve como un aliciente perverso para los agresores y que puede incrementar más ataques contra las mujeres ante la falta de sanciones eficaces y contundentes.
El problema de la violencia contra la mujer es un asunto que compete y compromete a todo el Estado mexicano. De ahí la importancia de que cada autoridad, en el ámbito de su competencia y en la esfera de su actuación, genere estrategias para combatir este fenómeno. Ciertamente no todas las instancias públicas están facultadas para llevar a cabo tareas de investigación y persecución del delito, pero todas estamos llamadas a establecer mecanismos para identificar el problema, reducir los márgenes para la ocurrencia de agresiones, implementar canales institucionales de comunicación, y orientar a las víctimas para que denuncien.
En el ámbito electoral, el Instituto Electoral del Estado de México en coordinación con la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C. (AMCEE) y el Instituto Nacional Electoral establecieron la “Red de Mujeres Electas” la cual tiene como objetivo primordial ser un canal de comunicación permanente con las mujeres que se encuentran actualmente en el ejercicio del cargo y contribuir a la lucha por la erradicación de la Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género (VPMRG). Lo anterior incluye actividades de capacitación, orientación y seguimiento a los casos que se pudieran presentar; así como la realización de un análisis estadístico que permita visibilizar la gravedad de estas conductas y generar nuevas estrategias para seguir combatiéndola.
A través de esta iniciativa, los institutos electorales trascienden su esfera de actuación al no limitarse a vigilar las disposiciones en materia de VPMRG solamente durante los procesos electorales, sino que mantienen una comunicación permanente con aquellas mujeres que acceden al ejercicio del cargo público. Por ello es fundamental seguir promoviendo la incorporación de más servidoras públicas de elección popular a esta Red, para que, entre todas, sin importar el origen regional, étnico o partidista, dialoguemos sobre un problema que demanda la consolidación de un frente común.
El respaldo institucional es sumamente importante para compartir experiencias y prevenir casos de VPMRG, pues en muchos casos el temor provoca que no se alce la voz ni se identifiquen comportamientos de este tipo. El mensaje para las mujeres electas como resultado de un proceso electoral es que no están solas ni deben tolerar manifestaciones de violencia. Existe un robusto cuerpo legal y procesal que nos protege y que debemos promover en nuestra entidad y nuestro país para que, desde nuestro ámbito de competencia, la violencia contra las mujeres se erradique.