Comunicación
Social

Martes, 30 Agosto 2022 00:05

Formalidad democrática y política: desafío en una realidad fluctuante (I)

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¿Será la creencia en la deseabilidad de la democracia, que tantos ciudadanos de las viejas democracias parecieran poseer, capaz de resistir a futuros desafíos?

Robert Dahl

 

Por algún tiempo se ha considerado que la democracia, como régimen de gobierno, cumple con una importante función política y social desde el momento en el que se encuentra plasmada en cuerpos normativos, tanto de carácter constitucional como legal. Sin embargo, por momentos parece que no es suficiente con plasmar por escrito las normas jurídicas, toda vez que se percibe una distancia evidente entre lo regulado por ellas y lo ocurrido en la realidad social. Por eso es importante revisar nuevamente el estatus que actualmente tiene la democracia escrita y descrita en el papel, como régimen e incluso como forma de vida, respecto a la realidad social. Lo anterior con la finalidad de determinar en qué medida la sola formalidad de la democracia es suficiente para lograr sus objetivos primordiales.

 

Respecto a la política gobernante y el impacto de su actividad y función en la realidad social se debe tener en cuenta que la existencia de un Estado constitucional de derecho es un mínimo para que la función del sector gubernamental pueda tener un logro eficaz de su encomienda jurídica, política y social. En una concepción de tipo holístico del Estado Constitucional, se ha considerado que es aquel que está sostenido por determinados principios de constitucionalidad (respecto a la protección de derechos y libertades) así como de legalidad (respecto a lo establecido en la norma jurídica y actuación con base en lo que en ella se prevé).

 

Lo anterior nos puede llevar a considerar que la democracia y la política, de primera mano, son dos elementos separados uno del otro sin que haya injerencia entre sí ni entre sus propios procesos. Sin embargo, ambos comparten muchas características en común que los hacen depender uno de otro, incluso para su propio funcionamiento. En otras palabras, la formalidad democrática y la realidad política, aunque disímiles, coexisten en una amalgama necesaria e ineludible para un buen gobierno.

 

La democracia es un régimen de gobierno utilizado en los Estados modernos, sobre todo en aquellos en los que se cuenta con un sistema jurídico protector de los derechos y de las libertades de las personas, de tal manera que se habla no solamente de Estados desde un punto de vista llano o escueto, sino que se trata de estados de derecho, democráticos y además constitucionales. Lo anterior es de suma importancia ya que existe la seguridad de que esos Estados cuenten con una regulación jurídica que está destinada a la modelación y formación del gobierno democrático, cuya característica principal es que es electo por el pueblo, es decir, se trata de regímenes en los que el gobierno está estructurado por elección popular. Y son precisamente las normas jurídicas relativas a toda esa estructura y organización, las necesarias para que se pueda llevar a cabo la formación de los gobiernos, las cuales están, desde luego, vaciadas en los cuerpos normativos creados por el Estado, que van desde la propia Constitución hasta las leyes y reglamentos de la materia.

 

En ese sentido, la democracia cuenta con una serie de valores y principios que desde el punto de vista formal y material hacen de ella un sistema viable para ser aplicado en Estados regidos por una constitución. Esos principios, si bien están diseñados desde la propia teoría de la democracia, son también el soporte de las instituciones que el Estado tiene en su estructura y cuyo funcionamiento está destinado a lograr que los seres humanos obtengan los medios necesarios para vivir adecuadamente. Por ello, esos principios deben permear en la esencia, no solamente del Estado o del régimen jurídico, político y social, sino también de esas instituciones y órganos estatales, con la finalidad de que favorezca a la población usuaria de los mismos. De esta manera concurre una autosustentación democrática-institucional que debe tener su aplicabilidad y eficacia en la vida concreta de la sociedad.

 

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