Para visibilizar los múltiples aportes de los pueblos indígenas y hacer claras sus demandas, en 1994 la Asamblea General de la ONU decidió conmemorar anualmente –los 9 de agosto– el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Doce años más tarde la propia Asamblea adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento internacional de vanguardia que brinda reconocimiento internacional a sus derechos humanos y colectivos, incluyendo el derecho a la autodeterminación; la consulta previa e informada, y el derecho a mantener y desarrollar sus propias culturas y tradiciones.
La Declaración es clara cuando afirma que estos pueblos tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales. De hecho, este año el Secretario General de la ONU puso el énfasis en los más de 200 pueblos que voluntariamente viven en aislamiento voluntario en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador e India, entre otros.
No obstante, el instrumento internacional abre una posibilidad más amplia, pues reconoce que los pueblos tienen derecho a “participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.”
Por fortuna, en el caso mexicano muchos pueblos y comunidades indígenas han manifestado abiertamente su voluntad de participar en la vida política de la nación y de sus entidades federativas. Aunque lo hacen constantemente, en ese camino han encontrado limitaciones formales e informales. Subsisten todavía en nuestro país normas e instituciones que fueron concebidas desde un supuesto mestizaje universal y raza cósmica que invisibiliza las características y necesidades específicas de los pueblos indígenas.
Por eso es de celebrar que la Constitución de nuestra entidad reconozca la composición pluricultural y pluriétnica del Estado de México, así como la existencia de los pueblos Mazahua, Otomí, Náhuatl, Matlazinca y Tlahuica. No lo es tanto que, en la historia democrática de la entidad, estos grupos y sus liderazgos hayan tenido una representación apenas marginal.
Lo cierto es que la representación política se fortalece en la medida en que todos los grupos sociales tengan cabida en la deliberación. Sólo así surgen políticas públicas incluyentes que se nutren de conocimientos colectivos y atienden las demandas generales de todas y todos.
Con ello en mente, este año el IEEM adoptó –por ver primera en su historia– acciones afirmativas que operaron en la elección de diputaciones y ayuntamientos. Gracias a su puesta en marcha –y evidentemente a la capacidad de las personas candidatas– tres mujeres indígenas ocuparán curules en el Congreso Local. Además, quince personas, también indígenas, representarán a estos pueblos en cargos municipales.
Me parece clave enfatizar que estas acciones afirmativas no surgieron en oficinas institucionales. Conforme a lo establecido en la Convención 169 de la OIT, partieron de una consulta previa e informada a los pueblos interesados. Fueron éstos quienes dijeron al IEEM su sentir respecto de las medidas que habrían de adoptarse para competir en condiciones de igualdad.
La cada vez más intensa presencia de representaciones indígena en la toma de decisiones fortalecerá la vida política del estado. 2024 demostró que la inclusión es posible y que hay liderazgos indígenas preparados para competir y triunfar.