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El Estado de México no sólo se distingue por su magnitud poblacional y territorial. También es una entidad con alta diversidad cultural. En nuestro estado, cohabitan múltiples expresiones culturales, idiomas, lenguas, religiones, identidades y visiones del mundo. Hay mexiquenses que viven con algún tipo de discapacidad, También los hay quienes viven sin ellas. Ello, sin embargo, no significa que todas y todos gocemos por igual de los derechos humanos reconocidos en nuestro aparato normativo y en los tratados internacionales. Existen, todavía, condiciones estructurales que levantan barreras para el ejercicio sustantivo de los derechos de todas y todos los ciudadanos.

Paradójicamente, la riqueza cultural del Estado no se ha visto fielmente reflejada en la vida pública del país y de las entidades federativas de México. Una revisión histórica de la integración de los cuerpos de representación política, por ejemplo, bastaría para advertir un gran rezago en materia de representación de todos los grupos poblacionales. Hay algunos, de hecho, que hasta hace pocos años han logrado, por primera vez en la historia del país, formar parte de un órgano legislativo. Estos sectores han enfrentado barreras sistemáticas minimizan sus posibilidades de acceder a puestos de toma de decisión en la esfera pública.

Por esta razón, desde el Instituto Electoral del Estado de México hemos decidido avanzar hacia la construcción de una nueva realidad política para los grupos que han sido históricamente vulnerados y subrepresentados de la entidad. Como autoridades públicas, tenemos un mandato constitucional para generar medidas y estrategias que permitan a la ciudadanía ejercer a plenitud sus derechos. La implementación de acciones afirmativas, precisamente, busca generar condiciones de equidad y justicia entre todas y todos los mexiquenses.

Sin embargo, aunque las acciones afirmativas sean ética y jurídicamente una opción responsable para revertir déficits y desigualdades en la representación política, es necesario que las autoridades presenten atención en su diseño. Por ello es importante que, previo a su instrumentación en los próximos comicios locales de 2024, tenga lugar una consulta libre y abierta a los grupos a los que serán dirigidas estas medidas. Escucharles de manera individual y colectiva, resulta trascendental para lograr mejores instrumentos, para visibilizar su condición y equilibrar la competencia político-electoral.

En la consulta, las más de 400 mil personas hablantes de alguna lengua indígena, podrán pronunciarse respecto de las acciones afirmativas idóneas para mejorar su representación. Del mismo modo, las más de 700 mil personas que viven con algún tipo de discapacidad. Asimismo, Siendo el Estado de México una de las entidades con mayor presencia afromexicana, a través de la consulta estas y estos ciudadanos podrán expresar su percepción acerca de cualquier medida que tenga por objeto maximizar su participación en los procesos electorales. Finalmente, más de 490 mil personas que se identifican como LGBTTIQ+ tendrán también derecho a emitir su opinión en la construcción de medidas afirmativas en beneficio de su comunidad.

Este 2023, se distinguirá por ser el año de la democracia mexiquense. No sólo habremos organizado y participado en la elección más integra que haya tenido la entidad. También, las y los mexiquenses históricamente vulnerados podrán participar en el diseño de medidas compensatorias efectivas, que les permitan realmente acceder a cargos de representación política. Se realizará del 25 de septiembre al 20 de octubre de 2023. Iniciemos la difusión de este gran esfuerzo democrático.

En las últimas décadas una buena parte de países latinoamericanos ha experimentado cambios sustantivos en su orden democrático

En las últimas décadas una buena parte de países latinoamericanos ha experimentado cambios sustantivos en su orden democrático. Con alternancias partidistas, el surgimiento de personalismos nunca antes vistos, con grandes y nuevas mayorías políticas o reformas electorales, hoy vivimos un momento clave para inscribir a América Latina y el Caribe al frente de principios democráticos. En ese sentido, recién fue publicado el Latinobarómetro 2023, uno de los recursos más completos en materia de opinión pública y de política comparada. Aprovecharé este espacio para comentar algunos de sus hallazgos más relevantes.

En primer lugar, el reporte de este año apunta a que la región está en medio de una recesión en su consolidación democrática. Los datos globales indican lo siguiente: el 48% de las y los latinoamericanos apoya la democracia, lo que representa el nivel más bajo de las últimas tres décadas. Más aún, las mediciones indican que el número de personas que prefieren un gobierno autoritario aumentó en todos los países de la región donde se realizaron levantamientos, salvo en Panamá.

Ciertamente, en estudios de opinión como éste el fraseo de las preguntas es fundamental. Por ejemplo, a 45% de los encuestados le da igual su régimen de gobierno o considera que uno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Sin embargo, el 66% de las y los latinoamericanos consideró que la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno. La educación cívica es fundamental para reducir estas discrepancias. Autoridades y actores políticos debemos asociar la democracia no sólo a la emisión de un voto; sino al goce efectivo de un conjunto muy amplio de derechos.

Debemos prestar también mucha atención a los hallazgos del caso mexicano. Los datos de la encuesta arrojan que el apoyo a la democracia disminuyó 8% y que el apoyo al autoritarismo aumentó 11 puntos porcentuales. Uno de cada tres mexicanos, cree que un gobierno autoritario puede ser mejor. Cambiar estas tendencias pasa por un rango de actividades diverso. Desde el IEEM, por ejemplo, estamos impulsando consultas a pueblos originarios y a las infancias mexiquenses. La inclusión y la participación ciudadana son vitales para la toma de decisiones. En mi columna anterior, hablé de algunas áreas de oportunidad para mejorar como país en estos indicadores. El Latinobarómetro, refuerza la necesidad de actuar conjuntamente.

Con los datos de este levantamiento, vale recordar las palabras de Eduardo Galeano, uno de los latinoamericanistas más destacados de la historia reciente. El escritor uruguayo decía que, a partir de lo que nos une, y sobre la base del respeto a las numerosas identidades nacionales que nos configuran, América Latina es, sobre todo, una tarea a realizar. Nuestras democracias tienen todavía mucho por avanzar. Hagamos uso de estos datos para entender los fenómenos detrás del descontento ciudadano con la democracia. Es posible erradicar estas tendencias.

POR AMALIA PULIDO

@pulido_amalia

El Continente Americano es la segunda región con la percepción de integridad electoral media más alta del mundo. México y EU ocupan la posición 16

Hace algunas décadas, en uno de los estudios pioneros sobre consolidación democrática, Juan Linz y Alfred Stepan destacaron el factor actitudinal de la población hacia la democracia. La consolidación, decían, también se expresa cuando, frente a las crisis políticas y económicas más severas, la gran mayoría de las personas creen que cualquier cambio político futuro debe emerger y respetar parámetros y procedimientos democráticos.

No son pocos los académicos que resaltan la importancia de los valores y los aspectos culturales. Lo cierto, sin embargo, es que este factor se nutre, en buena medida, de las condiciones materiales en las que se desenvuelve la sociedad: el crecimiento económico, la igualdad de oportunidades y especialmente, los procedimientos bajo los cuales se organizan los comicios.

Nueve partidos políticos de ese país centroamericano presentaron ante la corte constitucional un recurso para detener la calificación de los comicios

Transformar la voluntad de la ciudadanía en representación es un tema complejo. La diversidad de sistemas electorales que existen en la actualidad es sintomática del desafío que representa la agregación de preferencias y la nivelación de la competencia política. De ahí que cobre interés analizar cómo se desempeñan estas reglas en otras latitudes. La elección guatemalteca, es un buen ejemplo para ello.

El pasado 25 de junio, el Tribunal Supremo Electoral convocó a poco más de 9.3 millones de personas a elecciones generales, en las que se votó por los miembros del Congreso y en primera vuelta, por la Presidencia. Sin embargo, con la publicación de los resultados preliminares, nueve partidos presentaron ante la corte constitucional un recurso para detener la calificación de los comicios. El argumento fue el del fraude electoral, un discurso cada vez más recurrente en América Latina y que en ocasiones no encuentra sustento en la realidad.

Hay múltiples elementos para estudiar de esta elección. Me detendré en uno de ellos: la segunda vuelta, implementada también en Francia y Brasil. Esta regla típicamente es entendida como una medida que beneficia a la gobernabilidad. Al elegir a alguna de las dos candidaturas más votadas, las primeras vueltas permiten al votante expresar su primera preferencia y después actuar estratégicamente. Asimismo, a la candidatura electa, le dotan de una mayor legitimidad.

En Guatemala, sin embargo, sucedió algo distinto. Para diversos analistas, las encuestas jugaron un papel clave. Por ejemplo, aunque varios de estos instrumentos apuntaban a la candidata Zury Ríos Sosa entre las primeras posiciones, los datos preliminares la ubicaron en el sexto lugar. La narrativa del fraude se alimentó de esta aparente contradicción.  Lo cierto es que la probabilidad de error es natural en estos insumos, más aún cuando se generan estimaciones para una gran cantidad de propuestas. Las encuestas no hacen pronósticos, sino que ofrecen estimaciones sobre las preferencias en el día del levantamiento.

Aunque algunas casas encuestadoras omiten reportarlo, el estadístico calculado está asociado siempre a un intervalo de confianza. El caso guatemalteco nos deja, por tanto, una importante lección. Las encuestas no están diseñadas para garantizar cómo resultarán los cómputos finales. Nadie puede tener esa total seguridad. Ese acto de enajenación del control de los resultados es, precisamente, el que constituye el paso definitivo hacia la democracia.

Aunque las principales misiones observación internacional han enfatizado que la elección operó con eficacia y seguridad, en Guatemala, se extiende una narrativa del fraude electoral. Es fundamental que las fuerzas políticas apuesten por el respeto a las reglas y por los cauces institucionales. En democracia, a veces se gana y a veces se pierde. No hay triunfos ni derrotas absolutas. Vale la pena siempre recordarlo.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA

No debe verse en el sentido acotado de la asistencia a las urnas. Dentro y fuera de la jornada electoral hay vías para participar y ejercer los derechos políticos

Los ejercicios comiciales suelen evaluarse desde la nitidez con la que logran generar una adecuada representación política y a partir de los incentivos que logran para la participación ciudadana. En ambas dimensiones, se requiere del ejercicio de derechos como las libertades de expresión y de asociación, así como el acceso a la información.

La participación, en ese sentido, es fundamental para que una democracia representativa funcione y evolucione en beneficio de la población. Sin embargo, participar no debe verse en el sentido acotado de la asistencia a las urnas. Dentro y fuera de la jornada electoral hay canales para participar y para ejercer los derechos políticos.

Joseph Klesner, en uno de los estudios pioneros sobre participación política en México, atinadamente advirtió que la determinante más fuerte de la participación es el involucramiento en actividades generadoras de capital social. El caso mexicano coincidió así con textos paradigmáticos de la ciencia política que encuentran que las personas son más proclives a participar en cuestiones públicas cuando pertenecen a organizaciones, participan en obras de caridad y desarrollan actividades en común con sus vecinos, por ejemplo.

La construcción de capital social es esencial para promover tasas altas de participación política en México. A esa misma conclusión nos dirige el Informe País realizado por el PNUD y el INE. La participación cívica y comunitaria se distinguen por ser las dimensiones de mayor intensidad entre las y los mexicanos. La base de esto radica, principalmente, en la confianza. Las personas establecen lazos más fuertes con sus conocidos y vecinos, que cuando se trata de funcionarios públicos.

De lo anterior se desprenden dos líneas de acción bastante claras. En primer lugar, es preciso seguir fomentando el involucramiento ciudadano en actividades cívicas y comunitarias. Como autoridades, debemos fomentar el estrechamiento de los lazos sociales.

Ello pasa por un conjunto amplio de programas de gobierno: la recuperación de espacios públicos, la erradicación de la violencia de género y la discriminación, por mencionar algunos ejemplos. Lo segundo es reducir la distancia entre la ciudadanía y las instituciones.

Debemos lograr que la participación política se entienda como una forma eficiente de resolver problemáticas. Mecanismos como el presupuesto participativo, acciones afirmativas, candidaturas independientes, consultas indígenas, pueden implementarse. La innovación tecnológica también acotará la distancia entre la gente y sus autoridades. El voto debe ser útil y accesible. Para tener una democracia de todas y de todos, es necesario fortalecer el tejido social.

Emitir un voto libre e informado, también pasa por practicar la deliberación y la acción colectiva en muchas otras facetas de la vida social. Acudir a las urnas no es un evento aislado, sino una decisión que parte del involucramiento que tenemos en los entornos más próximos a todas y todos nosotros.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA