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Los criterios en cuestión detallan las conductas prohibidas no sólo para las candidaturas, sino también para otros actores involucrados: gobiernos, partidos y medios de comunicación, entre otros

En contextos donde globalmente el desempeño de las democracias es cuestionado, los organismos electorales enfrentan un doble desafío: organizar elecciones técnicamente sólidas y demostrar que son capaces de ofrecer resultados que fortalezcan la legitimidad del sistema democrático.

Como señala el artículo que hace un par de semanas publicaron Fukuyama, Dann y Magaloni, una democracia que no “entrega” —es decir, que no responde con eficacia a las expectativas básicas de los ciudadanos— pierde adhesión, alimenta el desencanto y abre espacio a discursos autoritarios o antipluralistas.

En este contexto, el buen delivery de los órganos electorales no se limita a la logística comicial; se juega también en el diseño y aplicación de reglas que garanticen equidad en la contienda, trato imparcial a los actores políticos y acceso equilibrado a los recursos y medios de comunicación. La legitimidad de una elección democrática depende tanto del acto de votar como de las condiciones en que se compite.

Es desde esa perspectiva que deben revisarse las campañas federales y locales de las entidades con proceso electoral judicial que se están poniendo en marcha. Ayer tocó el turno al Estado de México, el séptimo en iniciar esta etapa tan relevante para la obtención del voto.

Desde días antes de ese arranque formal, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) emitió unos criterios para garantizar la imparcialidad, la neutralidad y la equidad. Al hacerlo oportunamente, asumió un compromiso institucional con el equilibrio democrático de la contienda y brindó certeza para que las personas contendientes inicien sus campañas con la misma información, en igualdad de condiciones y con claridad.

En una elección donde los parámetros tradicionales han cambiado, resulta fundamental que la autoridad utilice su facultad reglamentaria para mantener los equilibrios.

Los criterios en cuestión detallan las conductas prohibidas no sólo para las candidaturas, sino también para otros actores involucrados: gobiernos, partidos y medios de comunicación, entre otros. Con ello se logra mantener al proceso comicial en curso como uno estrictamente ciudadano, sin sesgos indebidos ni simulaciones.

Toda vez que la Ley prohíbe el financiamiento público y privado a las campañas, estos criterios aseguran que los recursos de origen no se traduzcan en ventajas indebidas

En este proceso, los recursos económicos no son el principal instrumento de campaña. Lo son las ideas, la trayectoria, el conocimiento jurídico, y la capacidad de comunicar propuestas. Esto exclusivamente en espacios como las redes sociales y los foros de debate –organizados tanto por el IEEM como por instituciones externas–. Estos últimos ejercicios, diseñados con criterios de imparcialidad, trato igualitario y transparencia, no solo compensan las limitaciones en la propaganda, sino que reafirman la idea de que la contienda se gana por méritos.

Cada detalle del proceso importa y cada acción institucional orientada a garantizar la equidad se traduce en una aportación estructural. Esta elección, además de innovadora, es una oportunidad para demostrar que otra forma de competir electoralmente es posible.

Así, en el arranque de esta campaña judicial, el IEEM no solo abre una nueva fase del calendario electoral. Abre también una etapa donde se pone a prueba la eficacia de las reglas que ha diseñado. La ciudadanía, con su voto informado, será la que decida. Pero esa legitimidad empieza por una premisa elemental: que todas las personas candidatas lleguen a esta fase en condiciones verdaderamente iguales.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDOMEX

@PULIDO_AMALIA