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Martes, 09 Julio 2024 09:00

La relevancia de la seguridad humana

Después de la segunda guerra mundial y la caída del muro de Berlín la contraposición entre democracia y totalitarismo permitió ir afianzando la legitimación del modelo liberal democrático por encima de cualquier tipo de régimen totalitario llámese nazismo, fascismo, franquismo, o cualquiera de ese corte.

 

Se fue extendiendo la idea de construir democracias en todo el mundo por ser éstas las que tutelan de mejor forma los derechos humanos y la dignidad de las personas.

 

Dando seguimiento a su fortalecimiento y sin caer en los extremos que pueden dañar y menoscabar los derechos de las personas, las democracias se fueron afianzando en la Europa Occidental, Estados Unidos y muy paulatinamente en América Latina.

 

El mundo después del 11 de septiembre de 2001 refrendó esa postura, muchos países lo siguen haciendo con sus posicionamientos ante lo que ocurre en Ucrania o lo sucedido en Francia el pasado domingo, en donde el Nuevo Frente Popular frena a la extrema derecha francesa o el Partido Laborista en Inglaterra que obtiene una holgada mayoría respecto del Partido Conservador.

 

Las democracias protegen derechos, derechos de todas las personas, derechos humanos que son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y progresivos y por ello también la existencia de la seguridad humana como concepto y como forma de tutelar esos derechos.

 

Para nadie es ajeno que para muchas personas el lugar en el que viven es inseguro por los desastres naturales, el cambio climático o los relacionados con los desplazamientos forzados por el crimen organizado, las violaciones a sus derechos, la falta de empleo, de alimento, la pobreza y la pobreza extrema.

 

Ante esas circunstancias la ONU a través de la resolución 6/290, desde 2012 convino que la seguridad humana engloba: el derecho de las personas a vivir con dignidad y en libertad. Libres del temor y de la miseria, con la posibilidad de desarrollar plenamente su potencial humano. La seguridad humana está interrelacionada con la paz, los derechos civiles, políticos, económicos y culturales.

 

Existen diversos mecanismos para hacerlo, la ciencia y la academia son fundamentales para identificar las problemáticas sociales, políticas y económicas, en nuestro país existen los PRONACES (Programas Nacionales Estratégicos) de CONAHCYT que forman parte de esos andamiajes y que refieren tener como objetivo una estrecha colaboración con las comunidades para identificar y atender con eficiencia y eficacia los retos a los que se enfrenta la sociedad mexicana, ponderando que en el nuevo orden de cosas primero son los pobres.

 

Será importante dar seguimiento a la forma en la que el CONAHCYT lleve a cabo estos proyectos ya elevada a Secretaría como lo anunció la virtual presidenta Claudia Sheinbaum y su vinculación con todas las Secretarías en aras de identificar las dificultades intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de un número importante de mexicanos y mexicanas.

Martes, 02 Julio 2024 09:00

Realidades del Poder Judicial

El pasado 27 de junio se llevó a cabo el primer foro de Diálogos nacionales sobre la reforma al Poder judicial en la Cámara de Diputados, fue el primer encuentro de nueve aprobados por la Comisión de Puntos Constitucionales.

 

La propuesta de reforma que meses atrás causara tanta controversia y en su momento dejara fallidos los planes del presidente de la república, es una realidad y se ha tenido que comenzar a debatir después de los resultados del 2 de junio en donde cada fuerza política tiene claridad de las posibilidades de avance y veto a la reforma y las demás que se decidan iniciar.

 

Ante las preguntas ¿Qué Poder Judicial tenemos? y ¿Qué Poder Judicial queremos? se dio cuenta cómo se encuentra integrada políticamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es la máxima autoridad jurisdiccional del país y cabeza del poder judicial, que más del 80% de la ciudadanía refrendó en las urnas qué es necesario transformar, reformar.

 

La exigencia no es menor se trata de eliminar la concentración de poder que adquirió a través de sus interpretaciones y resoluciones. Así como la serie de privilegios económicos y la conformación de una élite que se ha generado no solo en el poder judicial federal sino en todos los poderes judiciales locales, ninguno se salva.

 

Hay muchos intereses que rodean la reforma. En las posturas fijadas por los y las ministras se dio cuenta de un grupo que abiertamente expresaron no estar de acuerdo con el voto popular de jueces y con la sustitución del Consejo de la Judicatura por el Tribunal de Disciplina Judicial (Norma Piña, Jorge Mario Pardo, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez y Alberto Pérez Dayan)

 

Así como quienes consideran que sí puede ser viable que la ciudanía decida con su voto la designación de jueces y magistrados sin que ello vulnere la independencia judicial, como es el caso de Lenia Batres, Jazmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara y Luis María Aguilar.

 

En ambos casos se tienen planteamientos distintos para temas como la carrera judicial, el escalonamiento de jueces o el cambio total de todos los jueces y magistrados.

 

Entre los planteamientos expresados, los de ministra Margarita Ríos Farjat mostraron también la realidad que se vive en el déficit de justicia que hay en todo el país al mencionar que las Fiscalías y los ministerios públicos también son parte del problema sin formar parte del Poder Judicial, también tendrían que revisarse. Hizo varios planteamientos que sería valioso se analizaran.

 

La política está hecha de consensos, la reforma al Poder Judicial es un hecho y ahora de lo que se trata es de no perder de vista el objetivo primordial, que es la justicia. La solución de controversias a través de juicios en las diferentes materias que existen exige contar con juzgadores y juzgadoras calificadas, con conocimiento del derecho, con ética en su actuar. La carrera judicial sin duda es un mecanismo importante, pero ahí también hay que erradicar vicios que se generan y suceden en todas las materias y designaciones, el asunto también es cultural.

Martes, 25 Junio 2024 09:00

La reforma al Poder Judicial

La reforma al poder judicial es inevitable y va. Hace unos días Claudia Sheinbaum, virtual presidenta, recibió los resultados de la encuesta realizada a la ciudadanía sobre el Poder Judicial. La virtual presidenta expresó: “Sería una metodología representativa para todo el país, qué opina la ciudadanía de las y los jueces, de los ministros, qué opina de la elección”.

 

En los resultados de la encuesta se observa que más del 70% está de acuerdo con dicha reforma, sin embargo, hay grupos y sectores que mantienen fuertes críticas a esta propuesta ¿Por qué les causa tanta molestia? ¿realmente es tan mala la opción que se propone? Quizás lo que está de fondo es una serie de intereses económicos y políticos que han salido a la luz pública desde hace ya varios años.

 

El nepotismo con el que se ha conducido el poder judicial es lacerante para la sociedad mismo que desde hace mucho, mucho tiempo se ha querido ocultar. En el estudio realizado por Mexicanos contra la corrupción, por ejemplo, se destacó que hijos, papás, parejas, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros. Los favores entre integrantes de este poder se materializaban al contratar a familiares de los amigos o conocidos y viceversa.

 

Las cifras son alarmantes porque en ese reporte se enlistaron los datos de 112 jueces y magistrados que utilizaron sus facultades para conseguir empleo a sus esposas o parejas, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos, 27 a sus papás sin contar los más de siete mil funcionarios que comparten espacios laborales con sus parientes.

 

Esta es solo una de las caras del poder judicial que debe ser modificada, otra más es el alto costo que representan Vs el enorme déficit de justicia que existe en el país.

 

Hay quienes critican que los jueces sean electos por voto popular, sin embargo, esto es algo que ocurre en Estados Unidos por ejemplo en donde los jueces hacen campaña para ser electos en su distrito o condado.

 

Ahora con el contexto que se tiene y los resultados electorales, quienes están en desacuerdo con la propuesta podrían cambiar de posición ya que es evidente que habrá una reforma y en lugar de polarizar con discursos que intentan decir que la parte intelectual y profesional se va a perder, quizás sería mejor que optaran por analizar y proponer formas adecuadas de selección de jueces y magistrados.

 

De nada sirve contar con un alto grado de intelectualidad si no se tiene ética y sensibilidad para darse cuenta de la gran demanda en el tema de justicia que existe.

 

Es muy evidente que la confianza pública en el poder judicial se ha erosionado y me refiero a la confianza de la ciudadanía, la que decide en ocasiones mejor no denunciar porque ya sabe que pasarán largas horas antes de poder hacerlo o que denunciando no pasará nada.

 

Los jueces y magistrados no estaban acostumbrados a ser visibilizados y ser parte de la conversación pública, hoy en día la reforma al poder judicial cada vez toma más fuerza, no hay que perder de vista que los tribunales electorales desde la reforma de 1996 forman parte del poder judicial y ahí también seguramente hay tela de donde cortar.

Entre las propuestas de reformas que se han expresado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentran: 1) crear un Instituto Nacional Electoral (INEC) con una nueva forma de designar o seleccionar las consejerías con la disminución de 11 a 7 el número de sus miembros, darle otras competencias además de un cambio en la duración de su encargo de 9 a 6 años, 2) la elección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por voto popular y también 3) la propuesta de eliminar a diputados y senadores plurinominales, todas ellas como parte de una transformación de fondo del sistema electoral mexicano.

 

Las reformas, no son novedad después de concluido un proceso electoral, prácticamente siempre ha sucedido en la historia política de nuestro país y, menos novedoso lo es en la actualidad ya que estas reformas han estado patentes durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador e incluso han sido avaladas por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum quien el día de ayer anunció que un 77% y un 83% de la población aprueban se lleve a cabo la reforma al poder judicial, seguramente todas las demás contarán con el mismo aval.

 

Para la eliminación de los diputados de representación proporcional una pregunta legítima es si la ciudadanía se siente representada por los pluris como también se les denomina, ¿verdaderamente representan a las minorías? la pregunta es legítima ya que la representación proporcional surgió para que los partidos políticos que no obtuvieran mayoría lograran también ser parte de las decisiones del país en el congreso federal y los congresos locales y con ello el voto de la ciudadanía que opto por esa opción realmente se encontrara representada, es decir la representación proporcional busca que las minorías políticas también tengan voz y voto en los asuntos públicos, por ello, desde la reforma de 1977 se instauró este sistema mixto en el que las cámaras de los congresos tanto federal como locales cuenten con diputaciones de representación proporcional.

 

¿Funciona? La realidad es que incluso los partidos que obtienen mayorías les son asignados espacios de representación proporcional, quizás es algo que deba cambiar si no son eliminados por completo. Entre las distintas críticas que existen a este tipo de espacios es que los mismos diputados plurinominales desvirtúan su naturaleza y son espacios utilizados y ocupados mayoritariamente por hombres, aunque la paridad total llegó y deben también considerar mujeres en las listas es algo que en realidad les ha costado mucho trabajo cumplir derivado del sistema patriarcal en el que nos encontramos.

 

Además las listas que son integradas y registradas por los propios institutos políticos no son abiertas a su militancia sino son los lugares selectos de personajes que tienen peso político importante para el partido y que se han destacado por su labor y trayectoria en algunos casos, en otros los espacios son otorgados a personas que suelen enquistarse en ese tipo de espacios para hacer política personal o de camarilla sin efectos y beneficios reales para la ciudadanía o su misma militancia, basta revisar en las últimas legislaturas quienes y cuantas veces han ocupado esos espacios y qué decir de la vulneración a derechos de las mujeres, las llamadas Juanitas y Manuelitas siguen presentes, se suma también obligarlas a cerrar filas y guardar silencio antes que interponer cualquier medio de impugnación que pudiera resolver darles el lugar que les corresponde ante la paridad total.

El día de ayer 10 de junio, se cumplieron 13 años de la reforma en materia de derechos humanos. Esta reforma es de las de gran calado que se han hecho en nuestro país y que a pesar de tener ya 13 años aún persisten prácticas añejas e indebidas en diferentes instancias jurisdiccionales y administrativas sin importar incluso de qué materia se hable.

 

Sin duda, ha sido un gran acierto la reforma en mención, ya que parte de los cambios ocurridos en ella es poner al centro la dignidad de las personas y con ello el fin y objetivo de crear una cultura de derechos humanos que antes no existía, ejemplo de ello es que se hablaba de garantías individuales que eran limitativas, con la reforma Constitucional de 2011 se establecen los derechos humanos como eje central de la impartición de justicia y de la visión del derecho para todas las autoridades.

 

Uno de los artículos que sufrió modificaciones y cuyo cumplimiento permite materializar los derechos humanos contenidos en la Carta Magna es el 1º constitucional al que se le agregó que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…”

 

El texto constitucional y todas las disposiciones que se reformaron en 2011 son aplicables a todas las ramas del derecho y el derecho electoral no escapa, afortunadamente, de la implementación.

 

El derecho de participar en las elecciones para votar o ser electo o electa es muy importante, más aún en un régimen catalogado como democrático. No solo ello, todas las etapas del proceso electoral están tuteladas por derechos humanos entre los que se encuentra el derecho de no ser discriminado (a), el derecho de opinar, disentir, expresarse, la libre asociación y participación ya sea a través de los partidos políticos o de las candidaturas independientes.

 

En los últimos procesos electorales se ha hecho obligatorio cumplir con el principio de paridad en el que las mujeres deben ser postuladas en un 50% y en espacios en donde verdaderamente arriben a los cargos de toma de decisión, también se han incluido a través de las acciones afirmativas a los grupos históricamente discriminados.

 

Lo anterior no ha sido sencillo y hay quienes aún tuercen las normas para incumplir con estos principios. En el caso de la sesión llevada a cabo el pasado 9 de junio por el Consejo General del IEEM en la que se declaró la validez de la elección y se hizo la asignación de las diputaciones de representación proporcional, a juicio de la que escribe, se vulneraron principios constitucionales al no correr de forma legal la fórmula establecida en el Código Electoral del Estado de México algo que lacera derechos humanos como el de votar y ser votados (as) y a partir de ello tener escaños de representación proporcional. Mi voto fue en contra tal y como sucedió en 2021 al no haber paridad, para muchos puede ser disco rayado, pero es claro que solo así y a punta de sentencias es que lamentablemente se han tenido que ir generando criterios que tutelen la dignidad de las personas, por ende sus derechos humanos.

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