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Desde el punto de vista cuantitativo, la paridad exige que los partidos políticos o coaliciones registren hasta un 50% de candidaturas de cada género, desde la perspectiva cualitativa, el mandato de la paridad busca asegurar las mismas posibilidades reales de triunfo a ambos géneros.

Así, para poder verificar la paridad, previo al registro de candidaturas se crearon los bloques de competitividad que son: 1) nociones jurídicas que tienen un tronco común: los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, 2) su finalidad es evitar que los partidos políticos sigan simulando y relegando a las mujeres a competir en candidaturas donde tuvieron su peores resultados y que incluso fueron paradogicamente muchos gobernados por hombres y 3) tienden a garantizar la paridad en la competencia electoral.

Estos bloques se conforman a partir de dividir en tres partes iguales las demarcaciones en las que pretenden competir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, considerando el porcentaje de la votación de la elección inmediata anterior del mismo tipo, configurando un bloque de baja, uno de media y otro de alta, cada uno de estos bloques debe cumplir con la paridad de acuerdo a nuestra normatividad.

Por ello en la sesión de Consejo General del pasado 5 de abril, manifeste mi voto en contra de uno de los bloques presentados toda vez que en el bloque de media se observo una disparidad, al tener un total de 10 distritos que lo conforman y proyectar una propuesta de 6 espacios para hombres y 4 para mujeres, lo cual no es acorde al principio de paridad desde mi óptica ya que 1 espacio debe ser para una mujer y así cumplir 50% cada género.

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No se trata de una cuestión matemática sino de una lucha que han dado muchas mujeres a lo largo de la historia y en nuestro país, como bien refirio en un voto particular la Ministra Fajard: “tan veloz como se han generado estas medidas complementarias para abonar a que las mujeres tengan mejores condiciones para la participación política, igualmente se estan ideando atajos para sacarle la vuelta a la paridad y para logar que los avances sean socavados;” por ello mi voto fue en contra, me parece congruente con mi obligación en el cargo que desempeño y ante la ciudadanía.

Aún y con ese dato los debates son un mecanismo que la ciudadanía debe explotar y las instituciones garantizar su efectivo ejercicio para tener un voto informado y razonado sin dejar de mencionar que ello depende en gran medida de la calidad de la información que expresen las candidaturas y por supuesto del formato que se proponga para llevarlos a cabo.

Por ello la moderación activa suele ser la mejor opción en aras de elevar el nivel y la fluidez de la discusión sin embargo; no deben dejarse de lado detalles como la ubicación de quienes participan, ya que ésta influye para que exista esa confrontación de ideas, por ejemplo no es lo mismo que se ubiquen verticalmente a poder verse directamente y frente a frente las caras, como el debate que se llevó a cabo entre Macron y Le Pen por la presidencia en 2022 en Francia ello permite un contacto directo y la confrontación de las ideas que permite observar el lenguaje oral y desnuda el corporal.

Otro rubro son las temáticas que se aborden pues si son muchos los temas el tiempo resulta corto para una explicación profunda de cómo y con qué recursos humanos, materiales y económicos van a realizar lo que proponen las candidaturas, además de dar a conocer los datos duros con lo que se contrasta su oferta política.

Algo muy relevante es que el debate del pasado domingo es histórico por ser la primera vez que existen 2 mujeres Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum contendiendo por el cargo más importante del país como lo es la presidencia de la república.

Recordemos que en México el primer debate que se televiso fue el de 1994 derivado de la crisis política en la que el país se encontraba con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el homicidio de Luis Donaldo Colosio. El formato fue acartonado y los electores solo tenían como opciones a hombres, las mujeres no tenían oportunidad alguna.

Tuvieron que pasar 71 años a partir del reconocimiento del voto femenino para que las mujeres que nos representan como género por fin rompan ese techo de cristal, existe una altísima probabilidad de que una de ellas sea la presidenta de nuestro país se esperaría que sea el inicio de una nueva forma de hacer política y ejercer el poder.

Parte de ese estado de derecho son los derechos humanos, inherentes para todas las personas sin importar su raza, color, sexo, edad, religión, nacionalidad, lugar de residencia, lengua o cualquier condición; son derechos que tenemos solo por existir y están garantizados: son universales e inalienables, ahí están el derecho a la vida, a la libertad, la alimentación, la salud, el trabajo, los cuales son solo algunos de los derechos que tenemos y que deben ser respetados.

Sin embargo y a pesar de que en 2011 nuestro país dio un viraje en este rubro con la reforma constitucional en materia de derechos humanos poniendo al centro la dignidad de las personas y estableciendo un nuevo paradigma al incorporar todos los derechos humanos de los tratados internacionales, la obligación de las autoridades de ponderar el principio pro persona, promover respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; el tema de los linchamientos pone de manifiesto la crisis de las autoridades, del estado y también de todos nosotros como sociedad.

La violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones se ha normalizado y muestra de ello son los linchamientos que son grupos numerosos de hombres y mujeres de diferentes edades y estratos sociales que participan de manera directa o bien azuzando la violencia, ante la tentativa o rumor de ilicitos como son robos, secuestros y violación de sus derechos.

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Ante la corrupción, la impunidad, el abuso, existe un exacerbado nivel de enojo, frustración, rabia y descontento de la ciudadanía, todas son causas de la violencia individual y colectiva, los datos lo corroboran pues de 1988 a 2014 se registraron 366 casos y de 2016 a 2022 de acuerdo con un estudio realizado por la UAM 1619 casos e intentos, siendo Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero los estados donde se registran con mayor frecuencia. Mucho que reflexionar más por hacer.

El gasto que ejercera el IEEM para el proceso electoral y lo que resta del ejercicio fiscal nada tiene de austero o precario si consideramos que la precariedad hace referencia a la escazes de recursos económicos, pero ¿Cuáles son los principales gastos que el IEEM eroga?

Por una parte las prerrogativas de los partidos políticos que ascienden a la cantidad de $1,154,084,754.00 (Mil ciento cincuenta y cuatro millones, ochenta y cuatro mil, setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) y que son parte del diseño de financiamiento público que se tiene desde 1996; este rubro cada año aumenta debido a la formula que se corre en la que se considera el numero de personas que forman parte del padrón electoral que en el caso del Edo Mex ahora es ya de poco mas de 13 millones.

Otros rubros con alto costo son el PREP que costara 39 millones de pesos, la telefonía que incluye la del órgano central, desconcentrados, tabletas, telefonía celular a empleados del IEEM por un monto de $4,598,916.00 (cuatro millones quinientos noventa y ocho mil novecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) y a los capacitadores asistentes electorales locales que llevaran a cabo el PREP casilla el 2 de junio por la suma aproximada de 16,675,000.00 (dieciséis millones seiscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).

Algunos rubros que deberían pronto reconsiderase son: el alto costo de la renta de inmuebles que en este proceso es de 68 millones y también porque no replantear el tema salarial que en este presupuesto es del orden de los 501 millones de pesos en donde se incluyen los salarios de las consejerías electorales.

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El IEEM no carece ni ha carecido en su historia de recursos económicos, todo lo contrario, lo cual es altamente contrastante con las cifras que tiene la entidad en variables como la pobreza y la pobreza extrema producto de procesos de desinterés y abandono que vivieron millones de mexiquenses antes de conocer la alternancia política en territorio mexiquense.

Se define en la ley como una institución “autónoma” en su funcionamiento e “independiente” en sus decisiones sin embargo, desde su nacimiento en 1996 poco o nada se ha interesado en que la ciudadanía conozca lo que hace a pesar de la enorme cantidad de recursos públicos que ha ejercido y ejerceremos, es fundamental que se modifique y transforme la visión de fondo del instituto, un buen comienzo es transparentar todo el gasto que se eroga, es nuestra obligación.

Estamos en proceso electoral concurrente, en el ámbito federal ya los y las aspirantes de las diferentes fuerzas políticas se encuentran en plena campaña, en el caso de la entidad mexiquense será hasta el 26 de abril cuando inicie formalmente esa etapa; la pregunta obligada es ¿Cuáles son las propuestas que presentan para este las mujeres migrantes que se fueron por las precarias condiciones de vida, empleo, justicia y seguridad? ¿Qué oferta política tienen para las mujeres migrantes que huyen de la delincuencia organizada, de sus propias parejas que las violentan económica, sexual, psicológica y patrimonialmente? ¿hay propuestas concretas para erradicar la migración de miles de mujeres y sus hijos? Yo creo que no se ha dimensionado en su totalidad particularmente la migración femenina.

Nos preparamos para que poco más de 13 millones de mexiquenses ejerzan su derecho a votar entre los cuales se encuentran los connacionales que radican en el extranjero; fue una mujer quien presento un juicio para que por primera ocasión los migrantes mexiquenses voten por las diputaciones locales de representación proporcional; del total de personas que se registraron el 49.60% son mujeres: 8,162, en el IEEM ahora nos ocupamos de sus derechos político electorales, lamentablemente a través de una sentencia porque el órgano garante de ello, sigue en deuda con este sector de la población excusándose en decir que es facultad del legislador, vergonzoso pero cierto.

A pesar de los importantes esfuerzos que como institución el INE sí ha hecho y que el IEEM debería considerar para avanzar en garantizar sus derechos, se observa que siguen latentes los prejuicios, las costumbres, los estereotipos de género para que las mujeres migrantes participen, ejemplo de ello son los lideres migrantes, que son hombres ¿y las mujeres?, es importante incorporar mujeres ya en muchos estudios se ha dicho que al involucrarlas, las políticas públicas que se implementen reflejaran la diversidad que somos y visibilizara la necesidad de contar con un enfoque transfronterizo porque las mujeres migrantes han trascendido las fronteras.

La migración femenina se dirige en mayor medida a los Estados Unidos, de 2015 a 2020 se tiene un dato de 145 mil mujeres que migraron lo que represento un 30.2% respecto del 69.8% de hombres, su segundo destino es Canadá con un 25.6% y España en un 13.3%.

Es fundamental que los partidos políticos a través de sus candidaturas generen una agenda migratoria, el Estado de México no cuenta con diputación migrante y hay muchas mujeres interesadas en participar y eliminar esas barreras que aún persisten.

Las mujeres migrantes enfrentan violencia en su trayecto al país de destino y en su destino, hay mujeres madres embarazadas migrantes que sufren discriminación, las mujeres migrantes son víctimas de explotación laboral, sexual, la trata es un problema que se incrementa y lacera sus vidas y la de la sociedad en general, las mujeres que ya sufrieron este largo y tortuoso camino en muchas ocasiones son deportadas y viven el mismo o peor calvario.

Es fundamental contar con un perfil migratorio de la mujer mexicana migrante pues las mujeres que migraron en los años noventa no son las mismas mujeres de ahora; las une el deseo de vivir mejor, de ser libres, de ejercer sus derechos a plenitud y estamos obligados todas las instituciones del Estado a ello.