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En medio de esta celebración en el territorio mexiquense se desarrollan las campañas políticas de las 2 candidatas que hacen esta elección histórica e inédita por ser la primera vez en contender solo dos mujeres postuladas en una entidad con una patente historia patriarcal.

Con un calendario electoral que en lo sucesivo se debe revisar con mayor detenimiento, un reloj y días que no se detienen en la cuenta regresiva del 4 de junio, hubo quienes me preguntaron ¿los sacerdotes pueden ser parte de este proceso electoral en sus iglesias y desde sus púlpitos?; la respuesta es contundente: NO.

Los ministros de culto no pueden hacer proselitismo y mucho menos decirle a la ciudadanía mexiquense por quién deben votar. De forma personal pueden ejercer su derecho a votar por quién elijan, pero de ninguna manera es legal que arenguen a la ciudadanía católica a votar o no votar por alguna candidata.

Recordemos que la laicidad permitió transitar de autoridades sustentadas en un poder divino a gobiernos electos por la voluntad popular respetando la diversidad, la pluralidad.

Muchos sacerdotes se resisten a no incidir desde sus homilias en la vida política y publica promoviendo agendas propias, vulnerando los principios constitucionales de separación Iglesia - Estado, tal y como lo determinó la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el proceso electoral 2020-2021.

Basta recordar las sanciones impuestas a los ministros de culto que han intervenido en las elecciones difundiendo videos en redes sociales o desde sus iglesias, los casos del cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México fue uno de ellos, pero también está el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, Arzobispo emérito de Guadalajara que por hacer proselitismo con un mensaje hizo que se anulara la elección en Tlaquepaque; hay otros más: Monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas o los sacerdotes Mario Ángel Flores Ramos y Ángel Espinosa de los Monteros.

Los ministros de culto de todos los niveles deben respetar el principio constitucional de laicidad; de no ser así se corre el riesgo de la nulidad de la elección.

La ciudadanía que perciba este tipo de actuaciones puede expresarlas e incluso denunciarlas.

Los dirigentes religiosos no tienen representatividad política, por ende, no pueden ser ellos quienes moldeen las políticas públicas por encima o en contra de la voluntad popular, casos hay muchos, uno pendiente es la despenalización del aborto en nuestro Estado de México.

De acuerdo con la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política: “A mayor participación política de las mujeres, se han intensificado las formas de discriminación y de violencia contra nosotras”.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política en razón de Género, se encuentran 253 registros a nivel nacional, ninguna del Estado de México ¿significa que no hay violencia? ¡Claro que hay violencia!

El problema es que es normalizada e imperceptible en muchas ocasiones, por eso es vital seguir visibilizando el tema y generar una cultura de la denuncia que permita su erradicación y la sanción a quienes la ejercen.

Ayer aprobamos en el Consejo General del IEEM el registro de Delfina Gómez Álvarez por la candidatura común (Morena, PT y PVEM) y Paulina Alejandra del Moral Vela por la Coalición (PRI, PAN, PRD y NAEM), dos mujeres que inician formalmente su campaña hoy lunes 3 de abril.

En este proceso inédito e histórico en su primera parte que es la postulación de mujeres, un tema que debe ser atendido sin duda por la autoridad electoral y que está en el ámbito de sus facultades es el de prevenir, visibilizar y pronunciarse del cese a los casos de violencia política que se presenten incluida la violencia digital.

Las campañas hoy también se hacen en redes sociales en donde la violencia digital se comete y expande a través de medios como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, y que causa daños a la dignidad, la integridad y/o la seguridad de las víctimas.

El desprestigio, monitoreo y acecho, acoso, extorsión, amenazas, suplantación, robo de identidad, así como abuso sexual relacionado con la tecnología son algunas formas de violencia digital.

Los bots también son contraproducentes cuando son usados para dañar la imagen de una mujer que además contiende en una campaña política. Su uso para denostar o fomentar fakenews ante un electorado que hoy en día es el principal consumidor de información de las redes sociales, impide una democracia plena.

Por ello como institución electoral resulta vital contar con un documento rector que funja como directriz o guía de la forma en la que la ciudadanía puede identificar la violencia digital en este proceso contra las mujeres que participan y de cara al 2024.

Hay muchas personas que deben repensar su forma de conducirse en la arena política, el debate en este espacio se ensancha, pero eso no significa violentar.

_{[1] ONU Mujeres}

A pesar de ello y que en la Constitución del Estado de México también lo contiene hay una realidad cruel y adversa para millones de personas que fueron expulsadas de su municipio, de su casa, de su familia con el objetivo de buscar condiciones de vida distintas a las que la tierra mexiquense les ha ofrecido solo en papel por décadas.

Desde la época del programa Brasero (1942) ya se proveía de fuerza de trabajo humana a Estados Unidos, hoy en día somos la entidad 4 de todo el país expulsora de migrantes.

En los foros que la Comisión Especial para el voto de los mexiquenses residentes en el extranjero para el proceso electoral 2023 ha llevado a cabo en los Municipios que tienen la mayor tasa de matrículas consulares como son San Felipe del Progreso, Tejupilco, Ecatepec y Nezahualcóyotl. Los y las mexiquenses migran porque no tienen aquí las condiciones para poder subsistir, van en busca aún del sueño americano con todas las dificultades peligros y violación de derechos humanos que existen.

Hay quienes cuestionan porque en esta elección solo hay 5,469 mexiquenses que se registraron en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, tratare de explicar de forma breve que pasa.

En primer lugar, no se logra comprender que quien migra lo hace para tener lo que aquí no consigue: comida, vivienda digna, calzado, salud, educación por mencionar lo mínimo para sí y para su familia lo que implica que millones están en condiciones de inmigrantes que difícilmente darán sus datos o acudirán al consulado por miedo a ser deportados, irse también tiene un alto costo, hay familias que ahorran y gastan todo para lograr cubrir el gasto que implica pasar al otro lado.

Por otra parte, cuando se está ya estable nuestros connacionales tienen hasta 3 trabajos porque allá la vida es cara y además deben enviar dinero a su Municipio; ingreso por remesas que para el Estado de México representaron para 2022: 3,156.1 millones de dólares, es decir, aportó en este rubro el 6.0% a nivel nacional[1].

Estos son solo dos grandes causas, hay más. A pesar de ello la cifra que tenemos en relación con el 2017 en donde solo se registraron 365 creció 1,398.36% para este 2023.

A pesar de haber quienes incorrectamente se empeñan en ver este ejercicio democrático en función del costo- beneficio, habrá que recordarles que los derechos humanos no tienen precio y son en esta entidad una deuda histórica.

El registro de las plataformas electorales desde hace mucho tiempo ha sido un requisito para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el contenido de dicha plataforma electoral, será la que las candidatas que lo obtengan están obligadas a sostener y difundir a lo largo de las campañas electoral en que participan.

Las plataformas electorales son propuestas de carácter político, económico y social, enarboladas por los partidos políticos que deben estar sustentadas en su declaración de principios y programa de acción que son documentos básicos de los partidos políticos que contienen la esencia de sus ideales de un Estado y todo lo que el mismo conlleva.

Queda claro que para tener registro de candidatas hay que tener el registro de la plataforma, ahora vienen las interrogantes y los cuestionamientos que pueden ser varios entre ellos ¿la ciudadanía que elige a quien gobierna conoce el contenido de las plataformas? ¿su contenido se materializa? ¿existe un mecanismo vinculante que logre verificar que cumplen quienes arriban a los cargos públicos con lo que se ofertó en la plataforma electoral?

Hoy en día hay una grave crisis en la democracia a nivel mundial, pero en el caso de nuestro país lo que se observa es un fenómeno muy grave que debilita todos los días lo que se ha construido en décadas por miles de mexicanos y mexicanas que incluso perdieron su vida por exigir libertad de expresión, por ser reconocidos como minoría y tener derecho a participar en las elecciones.

Hoy se debe tener claro que esa democracia anhelada ha pasado por crear y modificar instituciones, claro que es válido citar autores y especialistas en democracia, pero no se debe abonar a la polarización que existe y que sigue en aumento.

La democracia es lo mejor que hasta hoy tenemos, por ello las herramientas y mecanismos que tiene para afianzarla deben ser usadas, las plataformas deben ser dadas a conocer en su contenido a la ciudadanía y crear un mecanismo vinculante que permita verificar que se materializan por quien gane la contienda en los años de su encargo.

El pasado 8 de marzo la sociedad mexicana fue testigo de la fuerza que las mujeres tenemos para poder salir a la calle, exigir respeto, justicia, igualdad y fin a la violencia de cualquier tipo.

En política hace muy poco tiempo se estableció la tipificación del concepto de violencia política en razón de género, eso ocurrió en 2020. Quizás por ello es tan difícil que las personas que violentan con palabras, expresiones y lenguaje corporal no entiendan que su conducta además de violenta, lacera y vulnera los derechos humanos tales como el derecho político de participar, expresarse y hasta disentir en un sistema democrático.

La violencia que se vive, ya sea: hostigamiento laboral, sexual u obstaculización del ejercicio del cargo a través de los estereotipos que son las ideas, cualidades y expectativas que, quien violenta a las mujeres quiere atribuirnos desde su óptica, es muy grave.

Descalificar, decir qué es lo que una mujer en un cargo público en ejercicio de sus funciones debe hacer, cómo lo debe hacer, qué sí debe decir, de qué sí se debe ocupar o preocupar: es violencia; son creencias que se tienen desde la masculinidad machista de algunos hombres, para justificar la discriminación de género reforzándola incluso en prácticas institucionales que se normalizan.

Hay una gran negativa a considerar que los estereotipos de género son violencia. Actualmente se tiene el PES[1] que un mecanismo jurídico para denunciar violencia política en el que existe 1 elemento que es, quizá, el más difícil de acreditar para todas las mujeres que decidimos denunciar y es el relativo a que es por razón de género, es decir, que se dirige a una mujer por ser mujer.

A pesar de ello, estoy convencida de que hacerlo es lo correcto, todas las mujeres que somos violentadas debemos denunciarla, es el primer paso para cambiar la cultura patriarcal que vivimos.

Las mujeres que ocupamos un cargo público tenemos facultades definidas en los diversos cuerpos normativos que nos rigen; en mi caso, siempre he expresado la forma en la que construyo y expreso mis decisiones apegadas en todo momento a la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza y paridad.

Hay aún un gran camino que avanzar para erradicar la violencia. Como defensora de esta causa, estoy obligada a sentar un precedente en el IEEM de la violencia de la que fui objeto, a mostrar sororidad con quienes aún tienen miedo de denunciar y de externar a la sociedad y a quienes forman parte del poder legislativo, que fue un gran acierto legislar sobre la violencia, pero también ahora, a revisar su eficacia en la totalidad del procedimiento: todas las mujeres de la entidad lo necesitamos.

_{[1] Proceso Especial Sancionador.}