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Martes, 11 Julio 2023 09:00

Necesarias gobernabilidad y gobernanza

El pasado sábado 8 de julio fue uno más de los momentos históricos que han comenzado a verse hechos realidad en la entidad mexiquense.

 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) realizó el cómputo final de la elección, declaró su validez y con ello lo más importante hizo entrega a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de su constancia de mayoría y validez de la elección.

 

Es histórico 1) que sea una mujer quien encabezará el poder ejecutivo del EdoMex y 2) que por primera vez exista alternancia política en una entidad donde el sistema patriarcal tiene fuertes raíces desde 1942, año en el que llegó como gobernador sustituto Isidro Fabela, destacado diplomático quien además de cumplir con su función, formó un grupo que desde entonces dominó la política local y más de una vez la nacional.

 

De acuerdo con la conseja académica la existencia de ese grupo se ha mantenido por su cohesión, su creencia de dinastía hereditaria y la reproducción de una élite competente y experimentada en el servicio público que convirtió en principio político la lealtad a líderes y a instituciones.[i]

 

81 años después, 2023 es el año en el que la transición política existe en el poder ejecutivo mexiquense; es un año en donde las mujeres somos protagonistas en la vida política, ejemplo de ello es que de la lista nominal de casi 12.8 millones el 52% somos mujeres y el órgano encargado de organizar los comicios se conforma por un total de 7 personas, de las cuales 6 somos mujeres.

 

¿Cuál es la expectativa de la ciudadanía? La expectativa parece ser muy alta ante el cúmulo enorme de demandas sociales que la ciudadanía no vio satisfechas, lo cual reflejó a través de su voto en las elecciones, donde tienen el poder de premiar o castigar a través de su derecho político, la continuidad de un gobierno o el cambio de rumbo en la política pública.

 

Ante este viraje la gobernabilidad y la gobernanza serán necesarios e indispensables para la Gobernadora. Es evidente que la ciudadanía exige un cambio en las políticas públicas y que ello amerita la reconfiguración del régimen político actual en la entidad y con él la reconfiguración del poder en toda su extensión.

 

La gobernanza en donde el gobierno considera a la sociedad para definir valores, prioridades, agenda, futuro y rumbo de la mano de la gobernabilidad que implica disminuir las demandas sociales e incrementar la capacidad gubernamental, dependerán en gran medida de esa nueva reconfiguración que debe llegar también a las instituciones, incluidas las que gozan en el papel de autonomía.

 

Los resultados en el próximo proceso electoral donde se renovarán los 125 Ayuntamientos y 75 escaños del congreso local, son de gran relevancia para llevar a buen puerto la agenda pública y política, ahí están la gobernanza y la gobernabilidad.

 

[i] Hernández Rodríguez, Rogelio. “Amistades, compromisos y lealtades: líderes y grupos políticos en el Estado de México, 1942-1993” Editorial. El Colegio de México. 344 páginas. 1998

Muchas personas hablan del Estado de Derecho, de lo que es y lo que representa para la ciudadanía de un país que se denomine democrático. Contar con él, con un Estado de Derecho alivia, sin embargo, la realidad que se vive nos dice cosas distintas.

 

Un Estado de Derecho implica un sistema en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están obligadas a acatar leyes justas, imparciales y equitativas en donde todas, todos y aunque no les guste todes, tenemos derecho a igual protección de la ley sin discriminación. ¿Esto es así? ¿vivimos en un verdadero Estado de Derecho?

 

Las preguntas pueden ser respondidas en ambos sentidos, habrá quien no se haya sentido nunca discriminado o a quien la justicia le haya dado resultados adecuados, sin embargo, la mayoría de la ciudadanía vive en un hartazgo de las formas que la política ha generado y el déficit en resultados tangibles para un gran número de necesidades que apremian.

 

En su quinta edición del reporte sobre Índice de Estado de Derecho elaborado por la World Justice Project una organización internacional sin fines de lucro en donde se capturan las voces de miles de personas rurales y urbanas en los 32 Estados del país, nos brinda conclusiones que sin duda nos deben obligar a reflexionar al evidenciar un estancamiento en temas de justicia y grandes retos que tendrán que ser resueltos de forma inmediata.

 

En el caso del Estado de México este se encuentra en la posición 29 de 32 con un puntaje de .36/1.00 lo que significa que la adhesión del Estado a un correcto estado de derecho es muy débil, este es el Estado que recibirá la Mtra. Delfina Gómez, la primera mujer en gobernar la entidad en donde más del 52% somos mujeres y en donde el tema de la justicia civil y penal para muchas mujeres sigue siendo una deuda. Los datos ahí están en el número de feminicidios y violaciones diarias sin existir estado de derecho para las víctimas.

 

De los ocho factores que son medibles para ubicar a las entidades en un verdadero estado de derecho, el Estado de México en cuanto a los límites al poder gubernamental se ubica con un .41, este factor implica la existencia de frenos y contrapesos a quienes ejercen posiciones de poder y la rendición de cuentas al igual que temas como la sanción a personas funcionarias del gobierno estatal cuando abusan de sus funciones o incumplen con la normatividad en donde tiene un puntaje de .39.

 

El Estado de México tiene una historia de más de 9 décadas en donde el sistema patriarcal estuvo sumergido e impregnó en todos los ámbitos gubernamentales, derechos humanos, justicia, seguridad incluido el ámbito político- electoral que no fue la excepción; ante ello y el resultado de este proceso electoral, las lecciones son claras y la necesidad de construir un Estado de Derecho con nuevas ideas, permanente.

De un monitoreo en medios del 7 al 16 de junio se observa que 11 medios locales y al menos 4 nacionales abordaron el tema del abstencionismo de la reciente elección.

 

Los títulos hicieron referencia a la disminución en la participación ciudadana, a los más de 30 municipios que registraron baja participación e incluso, el costo de tal abstención; las notas periodísticas confirman que debe analizarse la causa y generar acciones para combatirlo.

 

Pero el abstencionismo no fue exclusivo de esta elección, en el Estado de México el mismo se ha hecho presente también en las elecciones para elegir tanto gobernador como diputados federales en procesos anteriores, por ejemplo no debe pasar desapercibido que para la Gubernatura en 2005 la participación fue de 42.68 %, en 2011 del 45.73% y en 2017 del 53.53%, siendo esta elección en donde la primera mujer que gobernará la entidad la Mtra. Delfina recibió más votos en comparación con los exgobernadores incluido Alfredo del Mazo.

 

Sin la colaboración de los ciudadanos en el proceso político la democracia carece de sentido y legitimidad [1] si eso lo traducimos en abstencionismo se deben buscar las causas y hacer modificaciones.

 

El déficit de la participación ciudadana debe verse desde una óptica multifactorial con la corresponsabilidad del conjunto de instituciones del Estado, actores y actoras políticas.

 

Para el IEEM es obligada una evaluación sobre la implementación de las actividades que se encaminaron a ello y la estrategia comunicativa.

 

Hay otros factores como son la pobreza y la exclusión política de minorías ya sea de facto o de jure porque inhiben e imposibilitan la participación ciudadana de estos sectores de la sociedad al tener desconfianza, desvinculación entre sí y con el gobierno y no sentirse representados ya que sus demandas no han sido resueltas en décadas.

 

Valores como la tolerancia y la confianza institucional son cruciales para la participación ciudadana y en este ámbito 4 de cada 10 mexiquenses expresan intolerancia a las opiniones contrarias a la suya, lo que se refleja en redes sociales aunado al aumento de mensajes de violencia y que alentaban al discurso de odio.

 

Los mexiquenses tienen 27.9% de confianza en los partidos políticos[2] y 35% en el IEEM[3]

 

El IEEM debe generar un estudio con instituciones para identificar los contextos municipales y distritales que obstaculizan la participación ciudadana en las elecciones y también la baja participación en otras vías ya que la ciudadanía mexiquense se involucra muy poco en actividades comunitarias o con organizaciones civiles que estén desligadas de partidos y actores políticos.

[1] Tocqueville

[2] ENCIG-2021

[3] Estudio sobre la calidad de la ciudadanía en el Estado de México (2019)

Las acciones afirmativas son una parte fundamental de la lucha por garantizar los derechos político-electorales de mujeres y grupos sociales discriminados.

 

Vergonzosamente el Estado de México es una de las 2 entidades de todo el país[1]que no cuenta con acciones afirmativas como las que el INE y otras entidades han implementado para personas indígenas, personas con discapacidad, afromexicanas, personas de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero.

 

Ante los resultados que el INE logró en el Proceso Electoral Federal 2020-2021 con la incidencia e impulso por parte del Consejo General de la paridad de género al resaltar que de las 4,378 candidaturas de Mayoría Relativa postuladas a alguno de los 300 distritos federales las mujeres representaron el 58.9%, mientras que los hombres el 41.1%, lo que se vio reflejado directamente en la conformación de la Cámara de Diputados siendo ésta la más paritaria en la historia pasando de 48.20% de mujeres en su integración a 49.60%, y lo mismo con las acciones afirmativas para grupos de atención prioritaria, en el Estado de México no existe opción para no cumplir con los principios constitucionales que tutelan el reconocimiento de la composición cultural del país y con ello el ensanchamiento de la representación de éstos grupos que históricamente no han estado representados.


Las acciones afirmativas son “una medida compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales. Este tipo de acciones se caracteriza por ser: temporal, porque constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se proponen; proporcional, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; así como razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector determinado”[2]

 

Antes de que inicie el próximo proceso electoral, el IEEM está obligado a aprobar acciones afirmativas. Hay que tener claro que de materializarse no debemos hablar de un logro sino del cumplimiento a una omisión en la que, si bien se llega tarde, como diría el dicho: más vale tarde que nunca, estaremos cumpliendo con nuestra misión como institución electoral.

 

En el tema de la paridad habrá que revisar el lineamiento y hacer los ajustes correspondientes.


[1] La otra es Tamaulipas

[2] Jurisprudencia TEPJF 30/2014

Se puede decir que el Estado de México tuvo una jornada electoral que cumplió en gran medida con el cometido de las elecciones, instaló poco más de 20 mil casillas, capacitó a nuestros y nuestras vecinas quienes nos entregaron la boleta electoral, nos colocaron el líquido indeleble, marcaron nuestra credencial y contaron nuestros votos, también se contó con la verificación del PREP por parte del INE, la ejecución del conteo rápido que a diferencia de la elección del 2017 en esta ocasión no lo hizo el IEEM sino el INE al igual que el desarrollo del PREP casilla que tampoco se llevó a cabo en esa elección altamente cuestionada y a partir de 2018 el IEEM lo ha realizado en las elecciones que ha organizado, se suma la materialización del voto de mexiquenses en el extranjero de forma virtual, presencial y con el envío de la boleta así como actividades coordinadas de participación ciudadana que vale la pena estudiar de fondo pues el 50% obtenido ha sido una constante en elecciones para elegir gobernador en 2005, 2011 y 2017.

 

Casi en la recta final de este proceso electoral las preguntas obligadas son ¿Ahora, qué sigue? ¿Qué tendría que hacer el Instituto Electoral del Estado de México? ¿Cuál es el balance que hace?

 

El IEEM, en efecto, como institución pública está obligada a realizar una autorreflexión y también una seria y formal evaluación de la forma en la que tomó decisiones y de los resultados que tuvo en la organización de la elección donde solo hablamos de una sola boleta, a diferencia de lo que ocurrirá en el siguiente proceso electoral que está ya a la vuelta.

 

Es evidente que uno de los trabajos inmediatos es evaluar el trabajo de las áreas directivas del instituto mediante metodologías que permitan darnos elementos objetivos del cumplimiento o incumplimiento de sus responsabilidades, dar cuenta de los errores que deben ser corregidos de inmediato.

 

Otro es desde ahora, comenzar a revisar el Reglamento de órganos desconcentrados que proceso tras proceso las consejerías hemos modificado en aras de contar con órganos que realicen su trabajo con integridad electoral pero que lamentablemente no hemos, insisto, erradicado la endogamia que existe en su conformación que es dañina para el Instituto y excluyente con la ciudadanía, lo mismo que la conformación de las consejerías a nivel distrital cuyo método de sorteo poco abona en los procesos democráticos.

 

Es claro que las acciones afirmativas para grupos históricamente discriminados: ciudadanía afromexiquense, de la diversidad sexual, indígenas, migrantes y con alguna discapacidad ya no pueden esperar, nuestra entidad es una de las dos entidades de todo el país que no tiene ninguna.

 

La autorreflexión de quienes integramos el colegiado nos debe encaminar pronto a evaluar la organización y tomar las decisiones correspondientes.

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