Comunicación
Social

A dos semanas de las elecciones regionales en Alemania –que podrían marcar la pauta para el control político de la derecha en el país–, su sistema democrático se encuentra ante una encrucijada sobre los límites de la intolerancia: la posible ilegalización del partido Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán).

AfD es uno de los partidos de derecha más radicales de Europa occidental. El pasado 30 de julio, su dirigente, Alice Weidel, aprovechó la crisis migratoria en Ceuta –donde en una sola noche cruzaron de forma irregular 50 mil personas, y el acumulado que se aproximó a los 72 mil hacia principios de agosto– para exigir el cierre de fronteras alemanas y, de ser necesario, la suspensión del espacio Schengen, al advertir que “es probable que su destino sea Alemania”. La declaración se suma a prácticas intolerantes y discriminatorias que, como muestra el eco de sus palabras en otros líderes europeos, ya trascienden fronteras.

Las elecciones del próximo 6 de septiembre en Sajonia-Anhalt llegan en un momento en el que más de un millar de juristas alemanes han reclamado al Gobierno federal y al Bundestag, que se declare inconstitucional la existencia de la AfD. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley Fundamental alemana, aquellos partidos –o sus miembros– que busquen menoscabar o eliminar el orden fundamental democrático y libre pueden ser declarados inconstitucionales.

Las razones por las que un país incluye esto en su ley fundamental están dadas, muy probablemente en este caso, por la experiencia: la sociedad alemana conoce los riesgos de justificar políticamente, aunque sea por decisión de la mayoría, prácticas intolerantes. No sería la primera vez que Alemania recurre a este mecanismo, pues ya sucedió en 1952, contra un partido considerado heredero del nazismo, y en 1956, contra el Partido Comunista. El mecanismo no está exento de críticas, pues poner límites a la libertad de expresión es, para algunos, una amenaza a la propia democracia.

Concuerdo. Las democracias se fundamentan en la existencia de una pluralidad de visiones sobre lo que se puede y debe hacer en la esfera social. La pluralidad y la libertad de expresión son un bien que deben ser defendido. Sin embargo, cuando los discursos comienzan a vulnerar la dignidad de terceros, aparece una segunda premisa para decidir los límites de la tolerancia.

La tolerancia solo se le debe a aquello que cualquier ser racional estaría dispuesto a tolerar. De ahí la animadversión hacia la AfD: su discurso suele negar la dignidad de opositores políticos, población musulmana, alemanes con raíces extranjeras y comunidad LGTBIQ. La Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), una organización de la sociedad civil alemana, recogió aproximadamente 2,500 pruebas –entre declaraciones públicas, mensajes en redes sociales, documentos del partido– que, según la organización, demuestran que ‘es un partido que trabaja premeditadamente para acabar con el orden democrático liberal’. Ahí se traza, entonces, el límite de la libertad de expresión: la justificación para no tolerar un discurso comienza cuando su intolerancia daña a terceros. La libertad de creer y de expresar creencias no puede alcanzar hasta el daño al prójimo.

Las elecciones del próximo 6 de septiembre mostrarán qué tan fuerte es ya el respaldo a la AfD y sentarán el terreno para enero de 2027, cuando se defina la elección presidencial alemana. Conviene recordar, sin embargo, que los mecanismos para limitar la intolerancia tampoco deben utilizarse como arma para silenciar a partidos con los que no se está de acuerdo. Su uso debe ser equilibrado o corremos el riesgo de terminar donde empezamos, siendo tan intolerantes como aquello que buscamos frenar. La experiencia enseña y este caso lo demuestra, que tolerarlo todo no es tolerar.

Detrás de cada elección, hay una infraestructura poco notoria. Cuando el Estado de México renueva diputaciones y ayuntamientos, el proceso no solamente se organiza en las oficinas centrales de Toluca. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se extiende a todas las regiones de nuestra entidad. Para esta labor, instala órganos desconcentrado: estructuras que se despliegan en los 45 distritos electorales locales y 125 municipios, todo ello para que la ciudadanía exprese sus preferencias el día de la jornada electoral.

En cada proceso electoral, un equipo capacitado del IEEM recorre la entidad para evaluar inmuebles, es decir espacios físicos en los cuales se instalarán las oficinas del IEEM. Desde la definición de las rutas hasta las características que deben reunir los espacios, las sedes de los órganos desconcentrados se selecciona mediante de un proceso meticuloso. Así, en cada distrito se instala una Junta y un Consejo Distrital; en cada municipio, una Junta y un Consejo Municipal. Nacen con el proceso electoral y concluyen con él.

Las Juntas están integradas por personas que ocupan Vocalías, y los consejos por personas Consejeras. Aunque son figuras diferentes, ambas tienen un fin común: cuidar la voluntad ciudadana. Por un lado, las vocalías son el músculo operativo. Una Junta Distrital se integra por tres personas que ocupan las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral y de Capacitación. Las Juntas municipales, se integran por las Vocalías Ejecutiva y de Organización. Estas personas participan en un proceso de selección, cumpliendo requisitos, pruebas y entrevistas, para ser designadas en diciembre por el Consejo General. Las vocalías, entonces, cumplen programas, rinden informes y sostienen una parte importante del andamiaje logístico.

Por otra parte, las consejerías sostienen el espíritu colegiado de nuestro modelo electoral.  Su integración es mixta, pues los consejos son encabezados por dos personas de su junta –la Vocalía Ejecutiva, que preside con voz y voto, y la de Organización Electoral, que funge como secretaría con voz pero sin voto– y a su lado participan seis consejerías electorales con voz y voto, más una representación de cada partido, con voz pero sin voto. Hay un diálogo permanente entre aparato profesional y vigilancia ciudadana.

El Consejo General también las designa en diciembre del año previo después de un proceso de selección, y por cada propietaria hay una suplente. Las consejerías deben cumplir los mismos requisitos que aquellas del Consejo General –ciudadanía mexicana, credencial para votar vigente, no haber sido candidata en los últimos 4 años, entre otras–, salvo dos: la residencia se entiende referida al distrito o municipio y el título profesional no es necesario. 

Los consejos distritales y municipales no son una ocurrencia de nuestros ordenamiento, por el contrario son una parte fundamental de la integridad electoral. Entre otras funciones, realizan los cómputos y extienden las constancias de mayoría. Detrás de los resultados hay revisión de actas, resolución de inconsistencias y, cuando corresponde, recuentos de votos. Las representaciones partidistas acompañan estos actos, pueden formular observaciones y participan en su documentación. Todo acto es verificable.

En este modelo, la cercanía territorial se acompaña de coordinación y rendición de cuentas. El órgano central supervisa; existen informes periódicos, y los actos de los órganos distritales y municipales pueden ser impugnados conforme a la ley.

Hay una decisión de fondo: acercar la organización electoral a todos los rincones del Estado y generar confianza ciudadana. Vale la pena recordar que detrás de los comicios hubo decenas de personas armando, desde cada distrito y municipio, las piezas de la elección.

El Índice Global de Participación Juvenil (GYPI, por sus siglas en inglés) -que mide la participación de las juventudes en la vida económica, cívica y política.

Cada 12 de agosto, en el marco del Día Internacional de la Juventud, conviene repensar lo que por décadas se ha repetido de las personas jóvenes. Si afirmamos que son “el futuro”, ¿en dónde quedan sus demandas de hoy?

El Índice Global de Participación Juvenil (GYPI, por sus siglas en inglés) -que mide la participación de las juventudes en la vida económica, cívica y política de más de 140 países- ofrece una imagen distinta. Según el Reporte Final 2025 del GYPI, el promedio mundial del índice de participación es de apenas 61 sobre 100. Noruega encabeza la lista con 84 puntos y Afganistán la cierra con 14. Pero además de las diferencias entre países, aquellas entre dimensiones no son menos relevantes. Mientras la socioeconómica promedia 76 puntos, los asuntos políticos apenas alcanzan 51 y las elecciones 54: las juventudes acceden con más facilidad a la escuela que a las instituciones donde se toman las decisiones.

No solo importa la distancia entre extremos. Lo preocupante es que la participación de las juventudes es heterogénea entre las distintas esferas de lo público y que en ningún país del mundo se garantizan plenamente sus derechos.

México ilustra bien esa tensión. De acuerdo con el mismo reporte, obtiene 61 puntos en el índice general y refleja un país con un potencial considerable de renovación democrática. Casi una cuarta parte de la población tiene entre 25 y 29 años. Pero en la dimensión política cae a 45. La investigación indica que los partidos han sido lentos en integrar a las juventudes en sus procesos de decisión, y que sus estructuras juveniles funcionan, a menudo, como plataformas simbólicas.

Esta distancia entre juventudes y política institucional también se refleja en los niveles de interés de la ciudadanía. Los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, elaborada por el INE y el INEGI, muestran que sólo 41.8% de las personas jóvenes de 15 a 17 años y 42.6% de quienes tienen entre 18 y 19 años manifiestan interés en los asuntos del país.

Según el estudio muestral de participación ciudadana del INE para las elecciones 2023-2024, los mayores niveles de participación se concentran en dos extremos: quienes recién cumplen 18 años y el amplio tramo de 40 a 84. Por el contrario, las personas entre 19 y 29 votaron por debajo del promedio nacional. En su momento, diversos análisis encontraron que esto se debe a un desencanto con la política. Después del entusiasmo detrás de la primera vez que se marca una boleta, entre las juventudes empieza a crecer la desconfianza en el sistema político y a ensancharse la distancia que perciben entre sus necesidades y las propuestas de las candidaturas.

Uno de los debates más interesantes alrededor del mundo se refiere a la edad legal para ejercer el derecho al voto. La decisión de los Estados al respecto ha sido distinta en cada caso. Hay países en los que pueden votar a los 16 o 17 años en las elecciones generales, mientras en otros esto solo aplica para la elección de ciertos cargos. En Colombia, por ejemplo, existen Consejos de Juventud: espacios de representación liderados por personas jóvenes -14 a 28 años- y votadas por el mismo grupo etario.

Pero no podríamos afirmar que esas medidas en sí fomentan que las juventudes vivían su ciudadanía activamente. Mientras la política no las integre como agentes de cambio, difícilmente sentirán la cercanía necesaria para actuar y tomar interés en los asuntos públicos que impactan a todas las personas sin distinción de edad.

Por eso la efeméride merece una lectura menos complaciente. Combatir la exclusión juvenil no es celebrar a las juventudes como promesa, sino remover las barreras que hoy les impiden decidir. Sus aportaciones y exigencias de derechos deben escucharse ahora, no en un futuro que siempre se aplaza.

El 7 de agosto pasado, los medios de comunicación se pintaron de rojo, azul y amarillo de nuevo. Tras un tenso balotaje entre dos candidatos de polos ideológicos opuestos, Abelardo de la Espriella asumió oficialmente la presidencia de Colombia.

Más allá de la toma de posesión, uno de las puntos más discutidos a lo largo del proceso electoral colombiano giraba en torno al impacto geopolítico de estos comicios. Independientemente de que ganara la izquierda o la derecha, la dirección de Colombia tendrá un impacto en los países colindantes y en la relación con Estados Unidos a nivel regional. Desde una mirada geopolítica, el foco de atención recaía sobre el tema de seguridad.

La frontera porosa de la zona amazónica que divide Colombia, Ecuador y Perú representa un reto para la seguridad de los tres países. La rápida expansión de grupos del crimen organizado que dedican sus operaciones a la minería ilegal y el tráfico de armas es uno de los principales problemas de la región. Se suma a lo anterior la limitada capacidad de los Estados para garantizar la seguridad territorial y humana de sus poblaciones.

A pesar de que cada gobierno enfrenta retos distintos y ha implementado soluciones distintas, las estrategias puestas en marcha por los tres gobiernos comparten una lógica común, acorde con ideologías de derecha. En Colombia, por ejemplo, las propuestas privilegian el fortalecimiento de las capacidades operativas, una mayor presencia militar, herramientas tecnológicas para el control del territorio y el fin de cualquier proceso de paz. En Perú, por su parte, el énfasis recae en la creación de megacárceles, el uso de inteligencia artificial y operaciones coordinadas entre las fuerzas policiales y militares. Finalmente, Ecuador prioriza reforzar su frontera sur mediante el uso de drones, sensores y sistemas de vigilancia.

En conjunto, las propuestas parecieran anteponer medidas coercitivas a soluciones estructurales. La experiencia latinoamericana ha demostrado que estas políticas suelen generar resultados limitados cuando no se acompañan de soluciones institucionalizadas impulsadas por la sociedad civil, de la apertura de oportunidades de desarrollo y del respeto a los derechos humanos.

Un intento por analizar las distintas dimensiones de seguridad y sus posibles respuestas en la región nos obliga a mirar el territorio con objetividad: tiene una extensión amplia, estructurada sobre múltiples aristas de desigualdad social y conformado por zonas marginadas de difícil acceso. Los mercados ilegales no pueden entenderse desde una única causa ni resolverse únicamente con coerción.

Lo que está en juego en Colombia, Ecuador y Perú trasciende los límites fronterizos de cada uno. Estamos frente a un cambio político y social importante, en el que las estrategias de “mano dura” encuentran cada vez más eco y popularidad, extendiéndose  de forma sostenida a lo largo de la región. No podemos perder de vista que existe un vacío importante en las medidas implementadas para asegurar la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad que, además, se ubican en zonas de conflicto interno.

La seguridad, más que una estrategia que busca la contención de amenazas, debe entenderse como un instrumento orientado al fortalecimiento del Estado de derecho y a la procuración del bienestar social. El éxito de las medidas de seguridad no debería depender únicamente del número de operativos, decomisos, arrestos, efectivos desplegados o tecnologías incorporadas, sino de la capacidad estatal de los gobiernos para construir mecanismos de cooperación, desarrollo, protección ambiental y derechos humanos. Es responsabilidad de los gobiernos, sean de derecha o izquierda, priorizar y generar seguridad con legitimidad y protección.

El sistema electoral mexicano –además de la robustez normativa y profesionalización del funcionariado– destaca por su modelo de coordinación entre los niveles federal y estatal. Vigente desde 2014, la división de responsabilidades de uno y otro instituto permite que el Sistema Nacional Electoral sea más eficiente, eliminando las duplicidades de trabajos en la administración electoral.

Este modelo ha funcionado por más de una década, y recientemente se fortaleció con un acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). A través de éste, el INE ejerció su facultad de atracción para establecer fechas homologadas para la conclusión de los periodos de precampañas y de obtención de apoyo ciudadano de las personas aspirantes a candidaturas independientes en los próximos procesos electorales concurrentes de 2026-2027.

Conviene recordar que la facultad de atracción es un mecanismo excepcional previsto en la normatividad. No supone que el INE sustituya las atribuciones de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE): no suple las atribuciones que tenemos en el IEEM ni establece una relación jerárquica entre la autoridad nacional y las locales. Su propósito es, por el contrario, coordinar asuntos específicos para preservar la certeza e integridad de los procesos.

El objeto de la atracción fue preciso. El INE no modificó integralmente los calendarios locales ni asumió la organización de sus comicios. Lo que hizo fue homologar las fechas de conclusión de dos etapas específicas: precampañas y captación del apoyo de la ciudadanía. A partir de esas fechas comunes, cada organismo electoral deberá ajustar su calendario, respetando su legislación local y la duración prevista para cada etapa. Para el Estado de México, como resaltaba hace unos meses en esta misma columna, la legislatura local modificó el inicio del proceso electoral de la entidad. Anteriormente, la organización comicial arrancaba en enero del año de la elección, ahora lo haremos en septiembre del año previo. Esto permitirá mejor coordinación con nuestro homólogo nacional.

Pero más allá de ser un ajuste administrativo, la decisión refleja la necesidad de coordinar un proceso electoral que, por su dimensión, será uno de los más complejos.

En 2027 concurrirán el proceso electoral federal y los treinta y dos procesos electorales locales. En conjunto, se renovarán aproximadamente 20 mil 109 cargos de elección popular. Solamente en el Estado de México estarán en la contienda 75 diputaciones locales y –entre presidencias municipales, sindicaturas y regidurías– 1,216 cargos municipales. Así, la magnitud del ciclo electoral exige una coordinación que permita administrar tiempos, recursos y capacidades institucionales.

Por ello, el INE agrupó a las entidades federativas en bloques. El Estado de México quedó integrado en el Bloque 3, tanto para la conclusión del periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía como para el cierre de las precampañas. En ambos casos, la fecha homologada será el 12 de febrero de 2027. Esta organización permitirá que la verificación de los apoyos, los procesos de fiscalización y la presentación de dictámenes puedan desarrollarse de manera ordenada antes del inicio de las campañas.

La importancia de estas definiciones pasa desapercibida, pero los calendarios son una pieza central de la organización electoral. Cada fecha determina el inicio de una cadena de actividades que involucra a múltiples áreas técnicas y administrativas. La coordinación entre ambos niveles institucionales fortalece la capacidad operativa de las autoridades electorales. Buena parte del éxito del día de la Jornada Electoral comienza, precisamente, con un calendario correctamente diseñado.