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La comparación con Corea del Norte fue inmediata. La opinión pública, que ya calificaba a este país como la dictadura más represiva del hemisferio

Tras un par de meses sin apariciones públicas, Daniel Ortega reapareció el 19 de julio en el acto por el 47º aniversario de la Revolución Sandinista. Ahí sentenció: “aquí no volverá a haber elecciones”. Con esa frase, cerró la puerta a los comicios de 2027 y a la apariencia democrática del país.

La comparación con Corea del Norte fue inmediata. La opinión pública, que ya calificaba a este país como la dictadura más represiva del hemisferio, reforzó el discurso. Cuando se perciben rasgos autoritarios, las analogías parecen inevitables, como si nombrar el caso extremo permitiera medir la distancia que aún separa -y al tiempo acerca- de él. Sin embargo, las comparaciones son innecesarias en este contexto. La situación nicaragüense es delicada en sí misma desde hace un par de décadas.

Como la historia ha evidenciado, la erosión democrática tiende a ser progresiva. Ortega regresó a la presidencia en 2007 y, desde entonces -según la oposición y organismos internacionales-, el sistema electoral, los tribunales, la Asamblea Nacional y las fuerzas de seguridad han quedado bajo su control absoluto. La reforma constitucional de 2025 instauró la co presidencia con su esposa, Rosario Murillo, amplió el mandato y concentró el poder en el Ejecutivo.

Estas medidas no sorprenden, pues así ha funcionado el régimen por años. Lo que sí implicó un cambio importante es la institucionalización de esos mecanismos y la frontalidad de Ortega al declarar la eliminación del voto. Aunque varias voces sostienen que los comicios anteriores fueron procesos viciados -el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó las presidenciales de 2021 como una “pantomima”-, suprimirlas oficialmente indica una transformación en el ejercicio del poder.

¿Por qué necesitaría Ortega prescindir de unas elecciones que ya controla por completo? La oposición en el exilio da respuestas que desmontan la lectura del régimen fuerte. Algunas sostienen que es el reflejo de la falta de confianza en su propio círculo de poder, o de la canalización atomizada del rechazo acumulado.

A lo anterior se suma la incógnita en torno a su sucesión. Ortega afirma que estará diez años más en el poder, pero su edad genera incertidumbre. Detrás quedan Murillo y sus hijos, en particular Laureano Ortega Murillo. El Ejército será un actor decisivo, pues ha mantenido una lealtad inquebrantable a pesar de la purgación de sus filas. Si bien su autonomía ha sido debilitada, la historia regional invita a mantener alertas.

La atención también se ha dirigido a las posibles reacciones desde Washington. Marco Rubio advirtió que Estados Unidos “no se quedará de brazos cruzados”. Sorprende la falta de una respuesta más tajante. Los intereses económicos pesan: Estados Unidos ha sido un ávido comprador de oro nicaragüense, coopera en materia migratoria y mantiene al país en el CAFTA-DR. La doctrina Donroe, pese a su retórica, parece filtrarse según intereses distintos al del fortalecimiento democrático en el continente.

Que hoy no se vislumbre una movilización social fuerte dice mucho sin necesidad de enunciarlo. Tras la violenta represión de 2018 -que dejó más de 300 personas muertas- y la posterior “neutralización” de la oposición, la ciudadanía parece desarticulada. El miedo no es solo el arma de quien reprime, es también la marca de una población que ve repetirse su propia historia.

El caso es único. De acuerdo con V-Dem, no existe registro de que en el siglo XXI algún otro país haya anunciado que dejará de tener elecciones. Reducir a Nicaragua a una analogía es más simplista que observarla en sus propias particularidades. La democracia es, también, un conjunto de valores e instituciones que permiten al pueblo ejercer el poder.

El desmantelamiento de los mecanismos democráticos comenzó con la limitación de libertades y culmina con la concreción de las afirmaciones del mandatario. Nicaragua no se está convirtiendo en Corea del Norte, pero sí está construyendo otras realidades en la región.

La contundente victoria de Péter Magyar, al frente del partido “Tisza”, puso fin a dieciséis años de gobierno encabezado por Viktor Orbán. Con el 71% de los escaños en el Parlamento, la nueva mayoría cuenta con los votos suficientes para modificar la Constitución. Sus primeras decisiones, aunque deben leerse con cautela, anticipan un desafío central para los regímenes que suceden a un autócrata. Esto es, reconstruir la democracia utilizando reglas diseñadas para impedirlo. La mayoría calificada que Orbán utilizó para blindar su régimen es hoy la misma herramienta disponible para la nueva mayoría. La regla no cambió, únicamente cambió quien la controla.

En un ensayo publicado recientemente en el Journal of Democracy, la politóloga Kim Lane Scheppele, establece que las autocracias contemporáneas suelen dejar como legado instituciones previamente capturadas, órganos de control subordinados y prácticas políticas que permanecen incluso cuando existe alternancia en el poder. La autora sostiene que los gobiernos democráticos suelen heredar un Estado cuyas reglas se diseñaron para preservar la autoridad del régimen que le precedió. El desafío, entonces, ya no consiste únicamente en la derrota electoral del autócrata, sino en decidir cómo transformar un entramado institucional que fortalezca los principios democráticos que en algún momento se pretendió eliminar. Bajo gobiernos autoritarios, las instituciones dejan de ser árbitros neutrales y comienzan a actuar como mecanismos de protección del antiguo régimen.

El gobierno entrante debe gobernar con instituciones cuyos titulares fueron nombrados por “Fidesz”, partido encabezado por Orbán, y con una Constitución modificada a través de los años que tuvo la intención de reducir los contrapesos al poder ejecutivo. La inercia institucional obliga a elegir entre mantener las reglas actuales, que dificultan la implementación de cualquier reforma, o modificarlas para recuperar el funcionamiento institucional. Ninguna de las dos alternativas está exenta de costos para la democracia.

El caso del expresidente Tamás Sulyok, elegido durante el gobierno de Orbán, ilustra con claridad este dilema. Aunque inicialmente anunció su disposición a colaborar con la nueva administración, más tarde cuestionó varias de las reformas impulsadas por Magyar, al defender la necesidad de preservar los límites constitucionales. La respuesta de la mayoría parlamentaria fue promover una reforma constitucional para poner fin anticipado a su mandato, aprovechando la mayoría calificada obtenida en las urnas. El mecanismo que funcionó para consolidar el poder del régimen anterior fue, esta vez, la que se utilizó para remover a uno de sus propios herederos institucionales.

La transición húngara nos enseña que una elección, por sí sola, no promete automáticamente un gobierno democrático. Recuperar el Estado de derecho requiere la recuperación de instituciones debilitadas, evitando que esa misma transformación reproduzca las prácticas excepcionales que caracterizaron al régimen anterior. La legitimidad que otorga la contestación política puede facilitar la ejecución de reformas, aunque difícilmente sustituye la necesidad de reconstruir contrapesos duraderos.

Solo los próximos meses dirán hasta qué punto estas tensiones logran resolverse. Desde ahora es posible observar que la derrota electoral de una autocracia no elimina los incentivos, las reglas ni las instituciones que se dejaron como legado. El mayor desafío para Péter Magyar no será desarticular el andamiaje político de Viktor Orbán, sino demostrar que una democracia puede reconstruirse sin recurrir a los mismos instrumentos que habilitaron su deterioro.

Cada 18 de julio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recuerda al presidente del primer gobierno no racial elegido democráticamente en Sudáfrica

La universalidad de los derechos humanos impide jerarquizar las vidas. Nelson Mandelaya lo advertía: “Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad”. Con estas palabras expresó que negar los derechos que nos corresponden por nuestra condición humana equivale a desconocer aquello que compartimos, por encima de cualquier diferencia.

Cada 18 de julio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recuerda al presidente del primer gobierno no racial elegido democráticamente en Sudáfrica. La fecha no debería limitarse al homenaje biográfico, pues su legado plantea preguntas y aprendizajes para evitar que la historia se repita.

Vivimos en democracias donde la indignación parece ser el lenguaje predominante de la política. La polarización se utiliza como estrategia electoral, los discursos maniqueos ganan terreno y el consenso suele confundirse con debilidad. En este contexto, la figura de Mandela recuerda que existe otra forma de ejercer el liderazgo. Uno que no minimiza las vidas de unas sobre otros.

Durante décadas, Sudáfrica vivió bajo el apartheid, un régimen de segregación racial institucionalizada que privó de derechos y libertades a millones de personas. Madiba pasó 27 años en prisión por combatir ese sistema. Su elección de priorizar la paz para conducir a su país hacia una transición democrática basada en la verdad, la justicia y la reconciliación tiene todavía lecciones para países divididos.

Los binarismos siguen imponiendo falsos dilemas en el imaginario social, pero pensar en sociedades cohesionadas ahí en donde las diferencias se entienden como debilidades implica ver más allá. Mandela mostró que las diferencias pueden coexistir cuando las instituciones son capaces de reconocer el daño, garantizar la verdad y reconstruir la confianza. La reconciliación logró impedir que el resentimiento definiera el futuro de una nación.

Gobernar un país profundamente dividido implicó renunciar a la lógica absoluta de ganadores y perdedores. Esa decisión permitió que Sudáfrica transitara hacia una democracia multirracial pese a los pronósticos de una guerra civil.

Este año, además, el organismo ha decidido centrar la conmemoración en una dimensión de la lucha de Mandela que a veces recibe menos atención, pero que no por eso es menos relevante: denunciar la pobreza y la desigualdad. La democracia difícilmente puede consolidarse cuando millones de personas carecen de oportunidades reales de acceso a  educación, salud, trabajo digno o protección social. La exclusión económica también limita los derechos.

La reflexión es especialmente pertinente para América Latina. Las elecciones periódicas conviven con desconfianza institucional, desigualdades persistentes y una conversación pública cada vez más confrontativa. Defender la democracia exige garantizar el voto y su accesibilidad, pero también construir sociedades donde la dignidad no dependa del origen, la condición económica, la identidad de género o la pertenencia étnica. El consenso no elimina las diferencias: permite procesarlas sin convertirlas en enemistad.

Madiba nos enseñó que las transformaciones profundas no son producto de un liderazgo aislado, enfurecido y confrontativo. Su figura es el símbolo por excelencia del fin de la segregación racial legal en Sudáfrica, pero esto solo fue posible después de años de movilización social, presión internacional, reconocimiento de las injusticias y fortalecimiento de instituciones.

Cuando la división promete beneficios políticos inmediatos, reconciliar es una decisión exigente. Requiere verdad, justicia e instituciones capaces de incluir la pluralidad. Ninguna democracia puede llamarse representativa mientras la dignidad de algunas personas continúe en disputa.

El pasado treinta de junio, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó la implementación para Voto de Mexiquenses Residentes en el Extranjero (VMRE) para la elección de diputaciones locales por el principio de representación proporcional, correspondiente al Proceso Electoral Local 2026-2027. No será la primera vez que este Instituto lleve a cabo un ejercicio de esta naturaleza. La ciudadanía mexiquense residente en el extranjero ejerció su voto en el 2017 y 2023 para la gubernatura del Estado y en 2024 lo hizo en la elección de diputaciones locales por el principio de representación proporcional.

Esta decisión da continuidad a una medida afirmativa que abrió una vía concreta para ejercer derechos político-electorales desde fuera del país. En 2024, su implementación permitió ampliar el alcance del voto de la diáspora mexiquense; mantenerla para 2026-2027 responde al principio de progresividad y evita que ese avance quede como una experiencia aislada.

De acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) en el 2024, México representaba uno de los países con mayor intensidad migratoria del mundo. Para ese año alrededor de 11.2 millones de personas nacidas en México residían fuera del territorio nacional; de ellas casi 11, vivían en Estados Unidos lo que equivale cerca del 96% del total

La experiencia del Proceso Electoral 2024 muestra que hay interés por participar cuando las instituciones plantean rutas claras. De acuerdo con la base de datos histórica del INE, en el proceso electoral pasado, cerca de 16 mil mexiquenses residentes en el extranjero se registraron para votar y de ellos, poco más de 14 mil personas ejercieron su derecho al voto. Detrás de esas cifras hay personas que, pese a construir su proyecto de vida fuera del país, desean seguir formando parte de las decisiones públicas de la entidad donde nacieron.

También conviene destacar que, de acuerdo con el IME, en Estados Unidos existen alrededor de 1381 organizaciones de mexicanos y mexicanas que se agrupan para atender las necesidades de la comunidad migrante, defender sus derechos y mantener vínculos con sus comunidades de origen en México. Estos datos muestran que la migración no implica una ruptura con la identidad ni con el interés por participar en la vida pública. La ciudadanía no desaparece cuando una persona cruza una frontera; simplemente adquiere nuevas formas de ejercerse.

Los avances alcanzados también muestran los retos pendientes. Aún existe un número importante de mexiquenses residentes en el extranjero que no se registra para votar, y la participación política continúa concentrada en el ejercicio del sufragio. La organización de actividades comunitarias y culturales mantiene una presencia significativa, mientras que la participación en espacios de deliberación o en asuntos políticos sigue siendo menor. El voto abre una puerta, pero la relación política con la diáspora requiere más que una jornada electoral.

Para las instituciones electorales, el desafío consiste en facilitar el voto desde el extranjero desde una óptica accesible, clara y con la información necesaria a quienes desean participar desde otro país. También implica fortalecer los mecanismos de registro, generar confianza institucional y construir canales permanentes de comunicación con las comunidades migrantes.

La tarea involucra al IEEM y a los partidos políticos. La diáspora mexiquense forma parte del electorado; sus intereses, preocupaciones y experiencias deben tener un lugar en la agenda pública.

La representación política requiere algo más que la emisión del voto: mantener un diálogo constante con quienes, desde otro país, continúan formando parte de la comunidad política mexiquense. El reto está en que esa pertenencia también tenga un lugar en las decisiones públicas del Estado de México.

De confirmarse la llegada de Andy Burnham a Downing Street, el Reino Unido habrá tenido siete primeros y primeras ministras (PM) en apenas una década

La ciencia política ha entendido al parlamentarismo como un sistema capaz de dar mayor estabilidad a las democracias. La lógica parece obvia: cuando un gobierno pierde respaldo político, se sustituye el liderazgo sin la necesidad de provocar una crisis institucional. Pero el caso del Reino Unido advierte que ninguna arquitectura gubernamental garantiza estabilidad sin las condiciones económicas y sociales que la sostengan.

De confirmarse la llegada de Andy Burnham a Downing Street, el Reino Unido habrá tenido siete primeros y primeras ministras (PM) en apenas una década. Esta situación contrasta con que, entre 1979 y 2010, el país tuvo únicamente cuatro jefaturas de gobierno. Desde entonces, la duración de los mandatos ha fluctuado de forma importante.

Sería fácil concluir que el problema reside en sus personajes: David Cameron, marcado por el referéndum del Brexit; Theresa May, por el bloqueo parlamentario; Boris Johnson, por el escándalo de las fiestas durante la pandemia, y la lista continúa. Reducir el análisis a los errores individuales de cada gobierno resulta insuficiente. En su lugar, resalta una economía poco productiva, una infraestructura pública desatendida y servicios públicos bajo tensión. Gobernar en estas condiciones obliga a administrar expectativas que difícilmente pueden satisfacerse a corto plazo y hacerlo exige, sobre todo, una ruta definida.

Es una paradoja que aquello que por décadas se consideró la mayor fortaleza del parlamentarismo pueda ser también fuente de fragilidad. Las y los PM permanecen en el cargo mientras conserven la confianza del Parlamento. Cuando las encuestas empeoran o las personas legisladoras comienzan a temer por sus propios escaños, la presión por reemplazar al liderazgo puede volverse irresistible. Cambiar de PM es institucionalmente sencillo y ofrece al partido la ilusión de resolver los problemas que amenazan con costarle el poder.

A esto se suma un fenómeno característico de la actualidad: el aumento en la demanda de resultados inmediatos por parte del electorado. Especialistas han evidenciado que las y los PM disponen de un margen cada vez más reducido para demostrar resultados antes de que la ciudadanía y sus propias fuerzas políticas comiencen a buscar un reemplazo. Las redes sociales intensifican la demanda de soluciones inmediatas para problemas cuya naturaleza exige horizontes temporales más largos.

Andy Burnham llega con una narrativa distinta. Apunta a fortalecer los gobiernos locales y redistribuir recursos fuera de Londres. Uno de sus principales diagnósticos: el Reino Unido se ha convertido en uno de los países más centralizados de Europa y buena parte de sus desequilibrios derivan precisamente de esa concentración de decisiones.

Pero incluso quienes observan con simpatía el proyecto advierten las dificultades de la maniobra. Gobernar implicará adoptar decisiones que probablemente desgasten la popularidad del nuevo gobierno. Y en un sistema donde la supervivencia depende de una confianza política que se renueva de forma cotidiana, la impaciencia tenderá a imponerse sobre la necesidad de construir políticas de largo aliento.

Quizá la lección más importante del caso británico no sea que el parlamentarismo puede también ser inestable, sino que ninguna democracia sostiene mandatos duraderos cuando se privilegian soluciones inmediatas sobre transformaciones estructurales. Cambiar de PM ante la pérdida de popularidad no es un defecto en sí, el defecto aparece cuando éste se vuelve su principal recurso y la rotación se vuelve tan frecuente que las políticas públicas no se consolidan.

Cambiar de PM puede ser relativamente sencillo, pero cambiar las condiciones que hacen insostenibles a los gobiernos es infinitamente más difícil.