Comunicación
Social

De acuerdo con el informe Las mujeres en el multilateralismo 2026, desde la creación de la ONU en 1945, ninguna mujer ha ocupado su cargo más alto

El 31 de diciembre de 2026 concluye el mandato del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y el proceso de sucesión ya está en debate. Compiten ocho aspirantes, aunque una votación informal del Consejo de Seguridad el 21 de agosto apuntaló a tres favoritos: Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana), Rebeca Grynspan (Costa Rica) y Rafael Grossi (Argentina).

De acuerdo con el informe Las mujeres en el multilateralismo 2026, desde la creación de la ONU en 1945, ninguna mujer ha ocupado su cargo más alto y sólo ocho de las 56 candidaturas oficiales han sido de mujeres. En 2016, cuando más de la mitad de las postulaciones eran de mujeres, ninguna logró superar el cuarto lugar. Diez años después, la elección abre una nueva oportunidad para quienes creemos en una mayor presencia de mujeres en posiciones de poder.

La inclusión de las mujeres en organizaciones multilaterales es un eje central de la gobernanza global feminista, que comenzó a tomar forma en 1975 con la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer y se consolidó en 1995, con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. Ha habido avances: en 2025, 46% de las 62 organizaciones multilaterales estaban lideradas por una mujer y sólo una tenía menos de 25% de mujeres en su equipo directivo.

Sin embargo, la representación de las mujeres en el multilateralismo sigue siendo insuficiente, pues 21 organizaciones nunca han tenido una mujer al frente y otras 20 lo han hecho solo una vez. Además, la presencia femenina en los órganos de gobierno, donde se toman las decisiones clave, apenas alcanza 28% y, en la diplomacia internacional, sólo 23% de los representantes permanentes ante la ONU en Nueva York son mujeres, con 72 países que jamás han designado a una embajadora (GWL Voices, 2026).

Los enfoques feministas sobre la gobernanza global destacan las contribuciones de las mujeres a los procesos de paz y su papel en la seguridad y el desarrollo, así como en la garantía de los derechos humanos. Desde una perspectiva de género, un liderazgo feminista puede impulsar nuevas prioridades y enriquecer la toma de decisiones desde la pluralidad. Contar con una mujer del sur global al frente de la ONU sería un hito que permitiría cuestionar cómo se entiende y defiende la igualdad de la que la Carta de las Naciones Unidas es garante.

Como exponente de la gobernanza global, la ONU vivió avances importantes desde mediados del siglo pasado, pero los últimos años han mostrado un retroceso en el alcance de su mandato, su capacidad para resolver problemas y su legitimidad ante los Estados miembros. El organismo se enfrenta a retos como la retirada de Estados Unidos, su principal donante, la guerra en Ucrania, la crisis humanitaria en Gaza, las amenazas sistemáticas a la población iraní y la extensión de mandatos constitucionales en Centroamérica para perpetuar el autoritarismo político. Tener una mujer al frente del organismo multilateral más importante de nuestro tiempo abriría puertas que, desde hace un par de años, parecían cerrarse.

Es cierto, como advierten sus críticos, que la ONU es, a fin de cuentas, una representación de los Estados que la componen. Sin embargo, cuenta con reglas, normas y ámbitos de actuación propios. Por ello, el papel de las mujeres en la gobernanza global importa tanto por el espacio que han logrado abrir para ocupar posiciones de poder, como por el valor que añade a los procesos de formulación de políticas en organizaciones internacionales, mismo que abona a cuestionar normas y prácticas que suelen darse por sentadas. Como máxima representante administrativa y diplomática de la organización, una mujer al frente de la Secretaría General podría transformar la forma en que los Estados miembros piensan el mundo y sus coyunturas.

En el Estado de México, el registro de candidaturas es uno de los mayores desafíos operativos de cada proceso electoral. La cantidad de diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías que se renuevan, así como la revisión de los expedientes de las personas propietarias y suplentes, convierten esta etapa en una de las más intensas para el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

El número de candidaturas varía en cada elección. Depende de las fuerzas políticas que participan y de las coaliciones o candidaturas comunes que acuerdan los partidos. En 2018 se recibieron 13 mil 595 candidaturas; en 2021 fueron 13 mil 146, y en 2024 la cifra fue de 7 mil 780.

Para 2027, el número de registros podría superar las 17 mil candidaturas. La estimación considera la incorporación de dos partidos políticos nacionales y uno local, con los cuales el Estado de México contará con diez fuerzas políticas. Además, de acuerdo con la normatividad, los tres partidos de reciente registro deberán participar individualmente en su primera elección, por lo que no podrán integrar coaliciones ni candidaturas comunes.

Cada postulación implica recibir y revisar información y documentos, verificar los requisitos de elegibilidad y, en su caso, formular requerimientos. Pero la labor del IEEM no termina ahí. También debe comprobar que el conjunto de postulaciones cumpla con la paridad en sus tres dimensiones: horizontal, vertical y transversal; los bloques de competitividad; las acciones afirmativas y la distribución prevista en los convenios de coalición o candidatura común.

La reforma al Código Electoral del Estado de México, publicada el 3 de junio de 2026, amplió de quince a treinta días el periodo para el registro de candidaturas. El cambio brinda mejores condiciones para revisar la documentación, detectar inconsistencias y permitir que los partidos atiendan oportunamente los requerimientos de la autoridad.

La ampliación del plazo coincide con una transformación más profunda. Durante décadas, el registro se sustentó en la entrega física de miles de expedientes: carpetas y cajas que debían recibirse, clasificarse y distribuirse en periodos muy breves. Esa dinámica exigía coordinación entre distintas áreas del Instituto para determinar la procedencia de cada postulación.

Esa imagen quedará atrás en 2027. El 31 de agosto, el Consejo General del IEEM aprobó un nuevo Reglamento para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular, que sustituye los expedientes físicos por un procedimiento desarrollado mediante un sistema informático.

Las solicitudes de registro y la documentación de las candidaturas serán presentadas electrónicamente ante el Instituto. El cambio no consiste únicamente en trasladar documentos de una carpeta a una pantalla. Implica replantear el procedimiento para ordenar la información desde su origen, incorporar validaciones, identificar omisiones o inconsistencias y dar seguimiento a cada postulación.

El sistema concentrará elementos que antes se revisaban por separado, como los bloques de competitividad, los espacios asignados en los convenios de coalición o candidatura común, la paridad, las acciones afirmativas y los requisitos individuales de cada candidatura. Así, los partidos podrán conocer con mayor claridad el estado de sus solicitudes y el Instituto contará con información estructurada para efectuar sus revisiones.

Después de décadas de recibir miles de expedientes en papel, 2027 abrirá una nueva etapa en el registro de candidaturas en el Estado de México. El objetivo permanece: garantizar que quienes aparezcan en las boletas cumplan los requisitos constitucionales y legales y que se respete la paridad. Lo que cambia es la manera de hacerlo, mediante un modelo que ofrecerá mayor certeza, trazabilidad y transparencia.

La experiencia comparada muestra una preocupación común: reducir el riesgo de que personas vinculadas con actividades delictivas accedan a una candidatura.

El pasado 2 de junio de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Se trata de un esfuerzo relevante frente a un problema poco reconocido hasta ahora: la violencia político-electoral en el país.

Esta Comisión contempla un análisis de riesgo sobre posibles actividades delictivas vinculadas con quien aspire a una candidatura, federal o local. La verificación se realiza previo al registro y sólo puede solicitarse a petición del partido político o de la candidatura independiente. No es vinculante y busca articular el trabajo de instituciones de seguridad, financieras, de inteligencia y de protección ciudadana.

Otros países cuentan con mecanismos semejantes. Colombia tiene desde 2015 la Ventanilla Única Electoral Permanente, a cargo del Ministerio del Interior. Partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos pueden solicitar la revisión de sus precandidaturas antes de avalarlas. El Ministerio canaliza consultas sobre antecedentes penales, disciplinarios, fiscales y judiciales. La Misión de Observación Electoral (MOE), además, ha planteado ampliar el catálogo de conductas para incorporar delitos sexuales y hechos de corrupción.

Perú creó ese mismo año su Ventanilla Única de Antecedentes. El Jurado Nacional de Elecciones cruza información y entrega a los partidos una ficha jurídica y patrimonial de sus precandidaturas. Como en México, la revisión no obliga a descartar una postulación.

La experiencia comparada muestra una preocupación común: reducir el riesgo de que personas vinculadas con actividades delictivas accedan a una candidatura. En México, esa preocupación adquiere especial relevancia frente a la violencia político-electoral documentada por distintos estudios. Los datos del proyecto Votar entre Balas permiten dimensionar este fenómeno y muestran cómo la competencia criminal por los territorios puede incidir en los procesos políticos locales.

Frente a esto escenario, ¿qué papel corresponde a las autoridades electorales en la defensa de la representación democrática? Su actuación debe respetar la vida interna de los partidos políticos y, al mismo tiempo, contribuir desde sus competencias a la construcción de mecanismos que se acompañen, coordinen y complementen para atender, a la vez, la seguridad de las candidaturas, la calidad de la competencia y el ejercicio de una democracia representativa.

Un ejemplo de esa colaboración es el convenio entre las secretarías General de Gobierno y de Seguridad de la entidad, la Fiscalía General de Justicia y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), por medio del cual se pudieron brindar tres modalidades de protección para personas candidatas: auxilio inmediato al momento de solicitarlo, vigilancia domiciliaria y protección policial en el lugar en el que se encuentren. En todos los casos, la Secretaría de Seguridad, a través de la Subsecretaría de la Policía Estatal, otorga medidas de protección precautorias por 48 horas. Entre abril y junio de 2024 se recibieron 156 solicitudes de protección y se iniciaron 76 carpetas de investigación. Del total de solicitudes, 48 candidaturas resultaron electas.

Las instancias electorales, sin embargo, no pueden actuar solas. Se necesitan mecanismos coordinados entre autoridades. Hay avances, pero es necesario dotarlos de más herramientas. Insisto, la nueva Comisión es un paso en esa dirección. A quienes integramos el servicio público y a la ciudadanía nos corresponde seguir pensando en el alcance de los mecanismos que buscan fortalecer, al mismo tiempo, la seguridad, la calidad de las candidaturas y la representación democrática.

A dos semanas de las elecciones regionales en Alemania –que podrían marcar la pauta para el control político de la derecha en el país–, su sistema democrático se encuentra ante una encrucijada sobre los límites de la intolerancia: la posible ilegalización del partido Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán).

AfD es uno de los partidos de derecha más radicales de Europa occidental. El pasado 30 de julio, su dirigente, Alice Weidel, aprovechó la crisis migratoria en Ceuta –donde en una sola noche cruzaron de forma irregular 50 mil personas, y el acumulado que se aproximó a los 72 mil hacia principios de agosto– para exigir el cierre de fronteras alemanas y, de ser necesario, la suspensión del espacio Schengen, al advertir que “es probable que su destino sea Alemania”. La declaración se suma a prácticas intolerantes y discriminatorias que, como muestra el eco de sus palabras en otros líderes europeos, ya trascienden fronteras.

Las elecciones del próximo 6 de septiembre en Sajonia-Anhalt llegan en un momento en el que más de un millar de juristas alemanes han reclamado al Gobierno federal y al Bundestag, que se declare inconstitucional la existencia de la AfD. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley Fundamental alemana, aquellos partidos –o sus miembros– que busquen menoscabar o eliminar el orden fundamental democrático y libre pueden ser declarados inconstitucionales.

Las razones por las que un país incluye esto en su ley fundamental están dadas, muy probablemente en este caso, por la experiencia: la sociedad alemana conoce los riesgos de justificar políticamente, aunque sea por decisión de la mayoría, prácticas intolerantes. No sería la primera vez que Alemania recurre a este mecanismo, pues ya sucedió en 1952, contra un partido considerado heredero del nazismo, y en 1956, contra el Partido Comunista. El mecanismo no está exento de críticas, pues poner límites a la libertad de expresión es, para algunos, una amenaza a la propia democracia.

Concuerdo. Las democracias se fundamentan en la existencia de una pluralidad de visiones sobre lo que se puede y debe hacer en la esfera social. La pluralidad y la libertad de expresión son un bien que deben ser defendido. Sin embargo, cuando los discursos comienzan a vulnerar la dignidad de terceros, aparece una segunda premisa para decidir los límites de la tolerancia.

La tolerancia solo se le debe a aquello que cualquier ser racional estaría dispuesto a tolerar. De ahí la animadversión hacia la AfD: su discurso suele negar la dignidad de opositores políticos, población musulmana, alemanes con raíces extranjeras y comunidad LGTBIQ. La Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), una organización de la sociedad civil alemana, recogió aproximadamente 2,500 pruebas –entre declaraciones públicas, mensajes en redes sociales, documentos del partido– que, según la organización, demuestran que ‘es un partido que trabaja premeditadamente para acabar con el orden democrático liberal’. Ahí se traza, entonces, el límite de la libertad de expresión: la justificación para no tolerar un discurso comienza cuando su intolerancia daña a terceros. La libertad de creer y de expresar creencias no puede alcanzar hasta el daño al prójimo.

Las elecciones del próximo 6 de septiembre mostrarán qué tan fuerte es ya el respaldo a la AfD y sentarán el terreno para enero de 2027, cuando se defina la elección presidencial alemana. Conviene recordar, sin embargo, que los mecanismos para limitar la intolerancia tampoco deben utilizarse como arma para silenciar a partidos con los que no se está de acuerdo. Su uso debe ser equilibrado o corremos el riesgo de terminar donde empezamos, siendo tan intolerantes como aquello que buscamos frenar. La experiencia enseña y este caso lo demuestra, que tolerarlo todo no es tolerar.

Detrás de cada elección, hay una infraestructura poco notoria. Cuando el Estado de México renueva diputaciones y ayuntamientos, el proceso no solamente se organiza en las oficinas centrales de Toluca. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se extiende a todas las regiones de nuestra entidad. Para esta labor, instala órganos desconcentrado: estructuras que se despliegan en los 45 distritos electorales locales y 125 municipios, todo ello para que la ciudadanía exprese sus preferencias el día de la jornada electoral.

En cada proceso electoral, un equipo capacitado del IEEM recorre la entidad para evaluar inmuebles, es decir espacios físicos en los cuales se instalarán las oficinas del IEEM. Desde la definición de las rutas hasta las características que deben reunir los espacios, las sedes de los órganos desconcentrados se selecciona mediante de un proceso meticuloso. Así, en cada distrito se instala una Junta y un Consejo Distrital; en cada municipio, una Junta y un Consejo Municipal. Nacen con el proceso electoral y concluyen con él.

Las Juntas están integradas por personas que ocupan Vocalías, y los consejos por personas Consejeras. Aunque son figuras diferentes, ambas tienen un fin común: cuidar la voluntad ciudadana. Por un lado, las vocalías son el músculo operativo. Una Junta Distrital se integra por tres personas que ocupan las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral y de Capacitación. Las Juntas municipales, se integran por las Vocalías Ejecutiva y de Organización. Estas personas participan en un proceso de selección, cumpliendo requisitos, pruebas y entrevistas, para ser designadas en diciembre por el Consejo General. Las vocalías, entonces, cumplen programas, rinden informes y sostienen una parte importante del andamiaje logístico.

Por otra parte, las consejerías sostienen el espíritu colegiado de nuestro modelo electoral.  Su integración es mixta, pues los consejos son encabezados por dos personas de su junta –la Vocalía Ejecutiva, que preside con voz y voto, y la de Organización Electoral, que funge como secretaría con voz pero sin voto– y a su lado participan seis consejerías electorales con voz y voto, más una representación de cada partido, con voz pero sin voto. Hay un diálogo permanente entre aparato profesional y vigilancia ciudadana.

El Consejo General también las designa en diciembre del año previo después de un proceso de selección, y por cada propietaria hay una suplente. Las consejerías deben cumplir los mismos requisitos que aquellas del Consejo General –ciudadanía mexicana, credencial para votar vigente, no haber sido candidata en los últimos 4 años, entre otras–, salvo dos: la residencia se entiende referida al distrito o municipio y el título profesional no es necesario. 

Los consejos distritales y municipales no son una ocurrencia de nuestros ordenamiento, por el contrario son una parte fundamental de la integridad electoral. Entre otras funciones, realizan los cómputos y extienden las constancias de mayoría. Detrás de los resultados hay revisión de actas, resolución de inconsistencias y, cuando corresponde, recuentos de votos. Las representaciones partidistas acompañan estos actos, pueden formular observaciones y participan en su documentación. Todo acto es verificable.

En este modelo, la cercanía territorial se acompaña de coordinación y rendición de cuentas. El órgano central supervisa; existen informes periódicos, y los actos de los órganos distritales y municipales pueden ser impugnados conforme a la ley.

Hay una decisión de fondo: acercar la organización electoral a todos los rincones del Estado y generar confianza ciudadana. Vale la pena recordar que detrás de los comicios hubo decenas de personas armando, desde cada distrito y municipio, las piezas de la elección.