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Los procesos electorales suelen tener implicaciones que trascienden fronteras. La reciente victoria de Péter Magyar en Hungría representa, más que una alternancia política, un cambio de paradigma en el panorama mundial. De acuerdo con Freedom House 2025, Hungría era considerado como un país “parcialmente libre”. Fue gobernado desde 2010 por Viktor Orbán, político de derecha conservadora del Fidesz, Unión Cívica Húngara. Durante su mandato se consolidó un sistema de control progresivo de instituciones, medios de comunicación y recursos económicos. Su partido dio forma a lo que el Parlamento Europeo calificó, en 2022, como un “régimen híbrido de autocracia electoral”: elecciones sin garantías, competencia política electoral desigual y debilitamiento del Estado de derecho.

Pese al andamiaje institucional transformado, la ciudadanía húngara envió un mensaje contundente. Con una participación histórica del 77%, el electorado cambió radicalmente el escenario político. El partido Tisza, liderado por Péter Magyar, obtuvo una votación del 54% frente a 38% del partido en el poder. No fue sólo una derrota electoral, representó un golpe al aparato estatal-partidista diseñado para perpetuarse en el poder.

Sin embargo, y más allá de los resultados numéricos, conviene analizar el significado de este giro en la política húngara y las razones del triunfo de Magyar en Europa Central. Buena parte del desgaste del gobierno se explica por la percepción, cada vez más extendida, de corrupción estructural en torno a Orbán. Las investigaciones sobre el uso indebido de recursos públicos —incluidos señalamientos hacia círculos cercanos al poder— erosionaron la credibilidad del gobierno. A esto se sumó una gestión económica progresivamente deteriorada, que derivó en un crecimiento anémico y una inflación que llegó a figurar entre las más elevadas de la Unión Europea.

En segundo lugar, la capacidad de movilización política de Magyar resultó ser decisiva. El actor comprendió que la disputa no podía librarse solo en los grandes regiones urbanas. Recorrió pequeñas ciudades y zonas rurales tradicionalmente dominadas por Fidesz, amplió su base electoral y articuló un discurso que evitó los clivajes habituales. Esta estrategia le permitió conectar con un electorado más amplio y menos condicionado por lealtades políticas rígidas.

También resultó fundamental el uso eficaz de las herramientas digitales. Al ser candidato opositor en un país en donde los medios tradicionales son controlados por el gobierno, Magyar recurrió a las redes sociales para comunicarse de forma directa con la ciudadanía y desmontar campañas de desinformación. La combinación estratégica en el plano digital y la movilización territorial le permitió posicionarse con ventaja en un terreno político, e institucional, profundamente desigual.

Sin embargo, la victoria de Magyar es apenas un punto de partida. El actor político recibe un país cuyas instituciones han sido moldeadas durante años por el proyecto de Orbán para construir una autocracia electoral. Las redes de influencia de Fidesz permean, aún, la administración pública, la economía y la cultura política del país. Aunque se logró sacar del poder un liderazgo que se construyó durante 16 años, se ve más complejo desmontar la estructura que lo sostuvo durante años.

Los desafíos son múltiples. En el plano interno, el nuevo gobierno enfrenta presiones económicas significativas y expectativas elevadas por parte de su electorado, especialmente en cuanto al combate a la corrupción. En el ámbito regional, la posibilidad de reconstruir su relación con ña Unión Europea podría abrir puertas hacia la liberación de fondos condicionados a reformas concretas.

Conviene analizar esta elección con cautela. La victoria de Magyar fue, sin duda, una batalla crucial. Sin embargo, forma parte de una contienda más larga. Hoy, mientras miles celebran a orillas del Danubio, una incógnita persiste: ¿Puede la democracia reconstruirse dentro de un andamiaje institucional diseñado para perpetuar una autocracia?

En los últimos años, entre los acontecimientos que hemos presenciado, hay una verdad incómoda a la que los países democráticos nos enfrentamos con más frecuencia: garantizar elecciones periódicas no basta para sostener la legitimidad del poder público y sus instituciones.

La integridad electoral se ha convertido en un campo de batalla complejo, atravesado por amenazas para las que marcos normativos preexistentes resultan insuficientes. Desde la manipulación informativa con inteligencia artificial hasta la injerencia extranjera indebida en procesos internos, la organización comicial enfrenta riesgos que exigen respuestas institucionales más sofisticadas.

En este contexto, México no es el único país con reformas electorales en puerta. La Strong and Free Elections Act, presentada el 26 de marzo en Canadá, es un caso relevante. Más que una actualización técnica al marco legal existente, se trata de una redefinición al alcance de la protección democrática en un entorno marcado por la digitalización y la interdependencia aceleradas.

Uno de los elementos más significativos de esta iniciativa es su respuesta a la creciente preocupación por el uso de tecnologías emergentes para manipular la opinión pública, en particular las deepfakes. Este debate, que también hemos visto en México, se mueve entre la regulación y la censura, por lo que, aunque la respuesta canadiense apunta a sancionar estas prácticas cuando buscan engañar al electorado, también procura preservar espacios legítimos de expresión como la sátira.

Otro eje clave de la reforma es la transparencia en el financiamiento político. En un entorno donde los flujos económicos pueden atravesar fronteras con facilidad y adoptar formas difíciles de rastrear, fortalecer los mecanismos de control es indispensable. Respondiendo a la necesidad de evitar que la competencia política sea distorsionada por recursos de origen indebido o extranjero, la iniciativa pone sobre la mesa la prohibición de donaciones mediante, por ejemplo, criptomonedas. En democracias donde el financiamiento privado es un componente importante, poder rastrear los orígenes del dinero contribuye a proteger la integridad de la competencia democrática. Además, reconoce que estas intromisiones no se limitan a los plazos de los calendarios electorales.

No menos importante es el énfasis en la protección de los datos personales. En una era donde la información se ha convertido en un recurso estratégico –e inevitablemente bajo la sombra de Cambridge Analytica–, el manejo de grandes volúmenes de datos personales no puede ser invisibilizado. Establecer obligaciones claras sobre su resguardo y uso, además de proteger derechos individuales, ayuda a evitar abusos que podrían erosionar la confianza pública en las instituciones.

Finalmente, el endurecimiento de los mecanismos de sanción y supervisión revela una apuesta por dotar de eficacia real al marco normativo. Las leyes electorales, más que definir conductas prohibidas, deben asegurar que su incumplimiento tenga consecuencias tangibles. De lo contrario, el costo de violar las reglas puede ser menor que el beneficio potencial de incumplirlas.

Para México, estas transformaciones deben invitar a una reflexión amplia. Nuestro país ha construido un entramado institucional robusto en materia electoral, pero los desafíos actuales –mutables y dinámicos– exigen actualizarlas herramientas para que nuestra democracia preserve la integridad y la confianza como ejes rectores. La experiencia canadiense sugiere que la defensa de la democracia exige una visión integral que articule dimensiones legales, tecnológicas y políticas.

En última instancia, se trata de reconocer que la confianza en las elecciones se garantiza con la previsión institucional, misma que debe estar a la altura de cada nueva amenaza.

Las redes sociales se han convertido en una de las infraestructuras comunicativas más influyentes del siglo XXI. Sin embargo, en los últimos meses distintos países comenzaron a cuestionar sus efectos en la vida cotidiana, particularmente, en la vida de las infancias y juventudes. El debate ya no gira únicamente en torno a su utilidad, sino sobre los riesgos que pueden representar para las nuevas generaciones.

Esta discusión impulsó una oleada de iniciativas en distintas regiones del mundo. Australia fue el primer caso visible: en diciembre del año pasado aprobó una ley para prohibir el uso de redes sociales a personas menores de 16 de años, bajo la premisa de proteger a las infancias de contenidos nocivos, acoso en línea y dinámicas de adicción.

La iniciativa australiana abrió una discusión que pronto encontró eco en otros países. En Europa, el presidente de España, Pedro Sánchez, anunció su intención de avanzar con una medida similar. En la misma línea, la segunda cámara del Parlamento británico votó en enero por limitar su uso para menores de edad. Francia, Austria, República Checa, Dinamarca y Grecia ya analizan propuestas semejantes.

El debate no se limita a Europa. En Asia, gobiernos como los de Indonesia y Malasia comenzaron a explorar el mismo camino. En América Latina, Brasil discute mecanismos de verificación de edad en plataformas digitales, mientras que en Ecuador se analiza una iniciativa legislativa para restringir el acceso de menores de edad a redes sociales.

A primera vista, estas medidas parecen responder a una preocupación legítima. Sin embargo, hay dos cuestiones centrales que han quedado parcialmente fuera del debate público: cómo pretenden implementarse prohibiciones y si realmente resolverían el problema que buscan contener.

Hasta ahora, pocos países han explicado con claridad cuáles son las medidas operativas para aplicar estas restricciones. Australia es el único país que ha planteado un mecanismo concreto mediante sistemas de reconocimiento facial para verificar la edad de las personas usuarias. Sin embargo, estas tecnologías han sido cuestionadas por sus sesgos y por la facilidad con la que pueden ser burladas, desde gestos faciales hasta el uso de identidades de adultos.

El uso de estos sistemas abre un debate delicado sobre las medidas de verificación. La recopilación de datos biométricos, el escaneo de documentos oficiales o el registro de rasgos faciales implican almacenar información sensible. Para muchos especialistas en privacidad digital, estas soluciones podrían derivar en esquemas de vigilancia sin precedentes.

No se trata de una preocupación hipotética. En octubre pasado, la plataforma Discord sufrió un hackeo que expuso documentos oficiales y datos personales de usuarios. Episodios como este recuerdan que concentrar grandes volúmenes de información sensible también implica riesgos.

Pero el problema de fondo no es solo cómo se aplicarían estas restricciones, sino si la prohibición es realmente la mejor respuesta. Algunos investigadores advierten que impedir el acceso no elimina los riesgos, sino que los desplaza.

Una madre en España lo resumía con claridad: prohibir puede sonar convincente, pero no significa que las y los adolescentes dejarán de estar en internet; significa que probablemente lo harán de forma discreta, a través de espacios que suelen quedar fuera de estas restricciones, como aplicaciones de mensajería cifrada, comunidades de videojuegos o foros en línea.

El problema, por tanto, no desaparece: simplemente cambia de espacio. Por eso la discusión debería desplazarse de la prohibición hacia la regulación de las grandes empresas tecnológicas. Más que expulsar a las juventudes del espacio digital, habría que exigir plataformas seguras, mecanismos de protección efectivos y entornos en línea que no reproduzcan los riesgos que hoy preocupan a gobiernos y familias.

El 2 de marzo de 1996, como resultado de las demandas ciudadanas, nació el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) con un objetivo preciso: dotar de certeza y legalidad a la disputa por el poder político. Treinta años después, sería simplista medir el impacto del IEEM solo con el número de elecciones organizadas. Por el contrario, debemos ponderar su capacidad para preservar confianza pública y generar certidumbre a los procesos electorales y a los actores políticos.

La trayectoria del IEEM puede leerse a partir de tres dimensiones que explican su solidez. La primera: capital humano. En una democracia, las reglas importan, pero su eficacia depende de quienes las interpretan, ejecutan y sostienen día a día. Buena parte de la legitimidad descansa en equipos técnicos, jurídicos y operativos que han hecho del servicio electoral una vocación.

Desde las y los Capacitadores Asistentes Electorales Locales (CAEL) que recorren el territorio para invitar a la ciudadanía a participar en la integración de Mesas Directivas de Casilla (MDC), hasta auxiliares logísticos, jefaturas de departamento, subdirecciones, direcciones y consejerías, hay una cadena institucional cuya relevancia no es decorativa. El Instituto no se explica solo por su diseño formal, sino por la calidad profesional de quienes lo hacen funcionar.

La segunda dimensión: organización electoral. En 30 años, el IEEM ha organizado 24 procesos electorales: 5 de Gubernatura; 10 elecciones de diputaciones y ayuntamientos; 8 extraordinarias: Ayapango, Chalco, Atenco, Tepotzotlán, Ocoyoacac, Chiautla, Nextlalpan, Atlautla y la elección de personas juzgadoras.

Además, el IEEM atiende el padrón y la lista nominal más grande del país, integrada por más de 13 millones de ciudadanas y ciudadanos, en la entidad con más distritos electorales: 45 en total. Cada elección implica una planeación minuciosa, logística compleja y rigor técnico para garantizar que la voluntad expresada en las urnas se traduzca en representación legítima y certeza.

Sin embargo, la complejidad no es solo operativa. También supone crear condiciones para que el ejercicio de los derechos político-electorales ocurra en términos de igualdad. Por ello, el Instituto incorpora de manera transversal la perspectiva de género y despliega medidas específicas para fortalecer la participación de pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, población LGBTTTIQ+ y personas afromexiquenses. Vistas así, la inclusión no es un elemento accesorio, sino un criterio que orienta el diseño y organización de cada elección.

La tercera dimensión ocurre fuera de los reflectores de la jornada electoral. La democracia no se termina en la instalación de casillas requiere de una labor permanente de educación cívica y promoción de la democracia. A lo largo de estos treinta años, más de 11 millones de mexiquenses han participado en programas orientados a fortalecer el conocimiento de sus derechos político-electorales, haciendo suya esta institución.

A ello se suma la formación gratuita de especialistas mediante posgrados que profesionalizan la materia electoral y producen conocimiento. Ese esfuerzo también puede leerse en resultados concretos: 14 generaciones de la Maestría en Derecho Electoral, 11 de la Maestría de Administración Electoral y 13 de la especialidad en Derecho Procesal Electoral.

Estas tres dimensiones —profesionalización interna, capacidad organizativa y trabajo permanente con la ciudadanía — permiten entender por qué el IEEM se ha consolidado como referente nacional. En tiempos en que la confianza institucional suele ser frágil, la experiencia mexiquense muestra que la estabilidad democrática no surge por inercia. A lo largo de estas tres décadas de existencia, el IEEM ha generado las condiciones necesarias para que las elecciones sean el único mecanismo de transferencia pacífica del poder.

Se suele decir que lo que no se mide no se puede mejorar. En sociedades desiguales y patriarcales como las que todavía imperan en el mundo, esta afirmación adquiere un sentido urgente

Durante años asumimos que los datos bastaban para dialogar con objetividad. Pero si algo sabemos ahora –y tenemos tiempo intentando subsanar– es que el sujeto de estudio por default todavía suele ser el hombre. Sí, en masculino.

Cuando tenemos datos que no están desagregados por algo tan básico como el género, la duda es inevitable. Si analizamos, por ejemplo, la violencia contra candidaturas sin distinguir por ubicación geográfica, afiliación política, identidad étnica y género, ¿qué tanto podemos realmente comprender? ¿Qué dimensiones permanecen invisibles? ¿Qué riesgos quedan sin atender?

Se suele decir que lo que no se mide no se puede mejorar. En sociedades desiguales y patriarcales como las que todavía imperan en el mundo, esta afirmación adquiere un sentido urgente. Si no entendemos cómo, dónde y cuándo ocurre aquello que buscamos atender, difícilmente podremos avanzar respuestas firmes y contextualizadas.

Ahí radica el valor del análisis basado en evidencia. No solo se trata de contar con la estadística, sino en tener datos rigurosos y oportunos para generar análisis relevante para la toma de decisiones.

Para dimensionar lo que significa diseñar a medias, pienso en algunos casos ampliamente documentados, como la fatalidad de los accidentes automovilísticos. La mujer invisible de Caroline Criado Perez expone que las mujeres tenemos 47% más probabilidad de sufrir lesiones graves y 17% más probabilidad de morir en el mismo accidente de tránsito que los hombres. El porqué es tan simple que resulta doloroso, pues reside en que los cinturones de seguridad y las pruebas de choque se han basado en modelos con anatomía masculina.

Aunque la ingeniería está fuera del ámbito inmediato de aplicación de algunas personas lectoras –del mío propio–, el ejemplo me permite derivar una realidad: no estudiar con las mujeres en mente puede tener consecuencias graves e incluso letales.

Para la vida pública, esta afirmación es especialmente relevante. La ausencia de diagnósticos adecuados y marcos normativos eficaces para atender las brechas de género y la violencia política puede derivar en escenarios extremos, incluido el feminicidio. Entre uno y otro polo existe una amplia gama de agresiones –simbólicas, digitales, psicológicas, económicas y físicas– que son reales y exigen atención seria.

Los datos muestran avances importantes en términos de representación, pero también desafíos persistentes. El último Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que, para 2024, una cuarta parte de los ayuntamientos estaban encabezados por presidentas municipales.

Y, aunque la paridad en lo local todavía no es una realidad, hay razones para ser optimistas. Allí donde las reglas de paridad rigen la postulación e integración de órganos de elección popular, los resultados son tangibles. De acuerdo con el mismo Censo, el 60% de las sindicaturas y el 54% de las regidurías de nuestro país son ocupadas por mujeres.

Esto confirma que cuando las instituciones incorporan la evidencia y diseñan reglas con perspectiva de género, la realidad puede cambiar. No basta con saber que en México existen más de dos mil municipios y que algunos son encabezados por hombres y otros por mujeres. Sin conocer su distribución, las barreras específicas que enfrentan y las condiciones bajo las cuales ejercen el cargo, no podemos tomar decisiones informadas ni implementar intervenciones eficaces.

Medir con perspectiva de género e interseccionalidad es, en esencia, un acto democrático. Significa reconocer que todas las personas cuentan, que cada experiencia es valiosa y que una democracia que no ve a las mujeres no logra verse a sí misma.

POR AMALIA PULIDO

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México

@pulido_amalia