El conteo electoral en Perú ha estado cargado de incertidumbre. El 10 de junio, por la mañana, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó una ventaja mínima –que pasaba una y otro sin tregua– para el candidato de izquierda Roberto Sánchez, con 50.01% de los votos. La candidata de derecha, Keiko Fujimori, sumaba un 49.98%. Apenas 5,813 sufragios separaban a las candidaturas.
El estrecho margen de la contienda confirma una de las premisas básicas de la democracia: cada voto cuenta. Aunque millones de personas acudieron a las urnas, la diferencia entre ganar y perder se decidirá con los votos del exterior. Son pocas las ocasiones donde resulta tan evidente el peso que conlleva una sola boleta. Ante una diferencia tan escasa, la confianza en las autoridades electorales y en las reglas que la rigen se vuelve indispensables para la credibilidad del resultado.
Este proceso electoral, además, ocurre en un contexto de profundo desgaste en las instituciones peruanas, que han atravesado un debilitamiento sostenido a lo largo de las últimas dos décadas. Sin embargo, el caso peruano pareciera desafiar el análisis generalizado sobre los retrocesos democráticos en América Latina: no se trata, en esta ocasión, de una concentración de poder en el Ejecutivo.
El académico peruano, Alberto Vergara, lo plantea con claridad en una de sus investigaciones (Peru: The Danger of Powerless Democracy). La dispersión y fragmentación política, caracterizada por partidos débiles e incapaces de representar intereses sociales de manera sostenida, se ha mantenido como uno de los mayores retos en el país sudamericano. Más que organizaciones políticas consolidadas, predominan plataformas electorales guiadas por liderazgos coyunturales.
En los últimos diez años, Perú ha tenido ocho presidencias y, en la primera vuelta de la elección actual, compitieron 36 candidaturas. Quienes lograron llegar a la segunda vuelta lo hicieron con poco apoyo de la ciudadanía: Keiko Fujimori con un 17.19% y Roberto Sánchez con un 12.04%. Las cifras evidencian la dificultad de construir proyectos políticos programáticos y duraderos, capaces de articular consensos. Los resultados también ayudan a entender el desencanto generalizado de la ciudadanía con los procesos democráticos actuales en el Perú.
Las consecuencias más evidentes han sido una sucesión de gobiernos inestables, sin mayorías legislativas continuas ni partidos con suficiente arraigo. De forma paradójica, estas mismas características permiten que la democracia peruana se mantenga en pie. La ausencia de una fuerza política con capacidad para dominar el sistema ha impedido, hasta ahora, una ruptura definitiva. La democracia peruana ha sido una democracia que se sostiene por la imposibilidad de que una sola fuerza política se imponga sobre el resto.
La elección entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se desarrolla sobre este terreno político. La persona que resulte electa deberá gobernar una sociedad polarizada con un sistema político fragmentado y el regreso al bicameralismo. Su permanencia dependerá de algo más que la victoria electoral, pues exige la capacidad para construir consenso en un entorno donde las diferencias políticas son amplias.
La principal lección ya es visible. Cuando los partidos políticos dejan de representar a la sociedad y las mayorías se vuelven más difíciles de construir, cada voto adquiere un valor extraordinario.
Los próximos días serán decisivos. El desenlace, además de definir una nueva presidencia de Perú, pondrá a prueba la capacidad del sistema electoral peruano para procesar un resultado cerrado con legitimidad y apego a los valores democráticos. Esta será, quizá, la prueba más importante para la democracia peruana en los últimos años.
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