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El surgimiento de las redes sociales creó una expectativa de terreno neutro en el que unas y otros podríamos interactuar sin los vicios y formas crueles de la desigualdad de género. Hoy sabemos que la modernidad no blindó a estas plataformas y las convirtió –de hecho– en espacios donde la violencia puede dañar la integridad de las mujeres y vulnerar su capacidad de participación.

Lo cierto es que la violencia digital no es un daño colateral de la tecnología. Es el resultado de un diseño sin perspectiva de género y de un ecosistema que ha permitido que las agresiones se incrementen en cantidad y profundidad. 

Internet prometía empoderamiento, pero para millones de mujeres se ha convertido en un territorio donde el anonimato, la impunidad y la inteligencia artificial (IA) amplifican violencias históricas. Lo que empieza en línea no se queda ahí. Se traslada a hogares, escuelas, trabajos y, especialmente, a la vida pública, expulsando a mujeres de espacios que nos pertenecen. Por eso, cobra relevancia que, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el foco se haya puesto en el mundo virtual. 

La violencia digital tiene efectos profundos en la participación política de las mujeres. Quienes ocupan cargos públicos o aspiran a ellos son blanco constante de campañas de desinformación sexista, o bien de deepfakes que falsifican la imagen o voz de las personas para dañar su reputación. Un estudio de ONU Mujeres de 2022 encontró que la violencia digital tiene un impacto directo: genera que, aproximadamente, un 80% de mujeres con perfil público limiten su participación en redes sociales, cerca del 40% se autocensure y que muchas más opten por abandonar la conversación pública. 

Pero sería un error creer que el problema radica en la tecnología misma. Aunque ésta no es neutral, tampoco es inmutable. Su diseño está atravesado por el mismo sistema de creencias que ha normalizado la discriminación y la desigualdad. Por eso, si queremos que la IA y los entornos digitales dejen de reproducir sesgos que dañan a las mujeres, necesitamos dirigir la innovación hacia la igualdad.

La regulación internacional muestra caminos posibles. La Unión Europea avanza con marcos que promueven la protección de las personas usuarias a través de la prevención de desinformación, eliminación de contenido ilegal y discursos de odio que obligan a evaluar niveles de riesgo en para el desarrollo ético y seguro de plataformas sociales. Canadá, Australia y Nueva Zelanda desarrollan normativas para moderar contenido dañino y brindar apoyo a víctimas de violencia digital.

La digitalidad ofrece oportunidades políticas inéditas. Las redes sociales pueden nivelar el terreno para candidatas con menos recursos, permiten construir redes de apoyo y facilitan la creación de identidades colectivas alejadas de estereotipos. 

Pero para que este potencial se materialice necesitamos un rediseño. No basta con reaccionar a cada nueva forma de agresión que emerge. Es necesario exigir que la tecnología incorpore la igualdad como principio estructural. Que los datos que alimentan los algoritmos reflejen la diversidad humana. Que los equipos que desarrollan IA incluyan más mujeres. Que la ética no sea un añadido opcional, sino la base del desarrollo tecnológico.

En un país donde las mujeres hemos conquistado espacios que antes nos fueron negados, no podemos permitir que la violencia digital nos empuje al silencio. No basta con no ejercerla: tampoco debemos tolerarla. Cada comentario sexista replicado y cada humillación compartida, alimenta un sistema que quiere vernos fuera. Hagamos del internet un lugar donde las mujeres no solo existamos, sino que opinemos, debatamos, lideremos y transformemos.

En los últimos meses, la discusión sobre el sistema electoral mexicano ha vuelto a ocupar titulares con una reforma próxima gestándose desde la Presidencia de la República. En un país que construyó su transición democrática a partir de mejoras sucesivas en su modelo electivo, el tema no debe sorprender. Siempre hay espacio para el fortalecimiento de la participación ciudadana y las instituciones.

Paradójicamente, el hecho de que el sistema mexicano sea tan confiable y robusto es ahora la fuente de preocupación. Es mucho lo que se ha ganado y no debe ponerse en juego. ¿Cómo innovar sin desmantelar aquello que, con esfuerzo y aprendizaje acumulado, ha demostrado funcionar?

La política comparada ofrece algunas pistas. Las reformas que mejor han resultado en el mundo se construyen a partir de la escucha a la ciudadanía y a los actores políticos. Parten, también, del conocimiento técnico que la academia, las instituciones electorales y las organizaciones especializadas pueden aportar. Resultan de diagnósticos precisos y planes de acción que incorporan rutas y mejores prácticas probadas en otras latitudes.

Con esa convicción, la semana pasada participé en la Audiencia Pública que la Comisión Presidencial celebró en Toluca. Esperé a su llegada a esta ciudad porque considero que la escucha a las entidades federativas es – en sí mismo – un símbolo de pluralidad y compromiso federalista con el que bien empieza el proceso reformador.

En primer término, me referí al papel que desempeñan los institutos electorales de las entidades federativas. Lejos de ser simples extensiones administrativas, han constituido auténticos laboratorios de innovación democrática. La urna electrónica, la paridad horizontal, el Centro de Formación del IEEM o el voto trans constituyen – entre otros – innovaciones que surgieron desde el ámbito de los estados y luego adquirieron carta de naturalización nacional.

Centralizar las funciones en una sola estructura nacional significaría cerrar la puerta a esa diversidad creativa e introducir cuellos de botella que ponen en riesgo la integridad electoral. Sugiero, entonces, repensar el marco de competencias y diseñar esquemas de cooperación más eficientes entre autoridades nacional y locales. No se trata de retroceder, sino de redistribuir responsabilidades de manera estratégica.

Otro eje ineludible de la reforma es el presupuestal. Si bien la austeridad es invocada como principio rector, no debe confundirse con precariedad. Reducir costos no significa debilitar la calidad democrática. Existen áreas donde el ahorro es compatible con la innovación: una de ellas es la incorporación responsable del voto electrónico. Su implementación podría modernizar los procesos y disminuir significativamente los gastos recurrentes. Sin embargo, no basta con la voluntad política y avance tecnológico, pues el cambio debe sustentarse en un proceso pedagógico de construcción de confianza que por décadas ha sido el talón de Aquiles de la democracia mexicana. 

Finalmente, las reformas deben concebirse como procesos de innovación institucional más que como rupturas. Las transformaciones abruptas, especialmente en materia electoral, generan incertidumbre y riesgos operativos. Por eso propuse que la reforma que resulte se implemente a partir de cambios graduales que permitan consolidar aprendizajes, fortalecer capacidades y mantener la estabilidad política. 

Escuchar a los estados es reconocer que en la diversidad del país se tejen los aprendizajes que sostienen nuestra democracia. Desde las comunidades más pequeñas hasta las capitales estatales, las experiencias locales han nutrido los avances nacionales. Si la reforma electoral aspira a perdurar, debe construirse desde esa polifonía, con oídos atentos a lo que cada territorio ha sabido hacer bien. Porque cuidar la democracia también significa escuchar las voces que la han hecho posible.

La historia suele narrarse como una sucesión de ciclos pendulares. América Latina no ha sido la excepción. Durante años se habló de un nuevo auge de gobiernos de izquierda y progresistas. Hoy, ese diagnóstico resulta insuficiente

En Lima, en Medellín, en San José, en Puerto Príncipe o en barrios populares de São Paulo, millones de personas acudirán a las urnas en 2026 con una convicción común: participar importa. El próximo ciclo electoral en América Latina será el reflejo de una región que intenta decidir su futuro mientras el mundo se reconfigura en un contexto de creciente incertidumbre global.

Durante 2026, varias de las democracias más relevantes de la región —Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y Haití— renovarán sus gobiernos y, en algunos casos, también sus congresos. Dos de estos países concentran buena parte del peso económico de la región. Hacía tiempo que un ciclo electoral no coincidía ni con un momento tan claro de reordenamiento del sistema internacional, ni con una fatiga tan profunda de las promesas ideológicas que marcaron las últimas administraciones. Por eso, más que preguntarnos quién ganará, conviene preguntarnos qué está realmente en juego.

La historia suele narrarse como una sucesión de ciclos pendulares. América Latina no ha sido la excepción. Durante años se habló de un nuevo auge de gobiernos de izquierda y progresistas. Hoy, ese diagnóstico resulta insuficiente. No estamos ante un regreso prometedor de la izquierda ni frente a una restauración clara de la derecha. Lo que atraviesa a la región es la normalización del desencanto, la erosión de las instituciones y el ascenso de liderazgos que prometen orden, identidad o salvación, a veces sin contar con un plan viable para lograrlo.

Perú es quizá el laboratorio más extremo de este fenómeno. Con más de 30 candidaturas presidenciales inscritas y una ciudadanía exhausta, el país enfrenta gobiernos que no concluyen su mandato, congresos fragmentados y figuras outsiders que emergen y se fortalecen al capitalizar el hartazgo social. Quien resulte electa o electo para encabezar el Ejecutivo —una de las múltiples personas que han gobernado el país en la última década— lo hará además en el contexto del retorno a una legislatura bicameral, dentro de un sistema marcado por alta fragmentación y polarización política.

En Colombia y Brasil, el dilema adquiere otra dimensión. Ambos países pondrán a prueba si la izquierda gobernante logra sobrevivir al desgaste del poder en contextos de alta polarización, inseguridad y presiones externas. Más allá del resultado electoral, sus comicios enviarán señales claras sobre el lugar que ocupará América Latina en el nuevo tablero geopolítico. Sin matices diplomáticos, Monroe con D se mantiene vigilante y su sombra podría imponerse mediante interferencia abierta, amenazas de sanciones selectivas y apoyo explícito a ciertos proyectos políticos.

Costa Rica, históricamente presentada como una democracia ejemplar, tampoco está exenta de tensiones. La disputa entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones —incluidos choques públicos por reglas de neutralidad en la antesala de 2026— muestra que la erosión institucional abre grietas incluso en los sistemas más estables. Haití, en contraste, representa el límite extremo: elecciones condicionadas a la posibilidad misma de garantizar seguridad y financiamiento en un país donde la política ha sido desplazada por la violencia y una crisis permanente.

Cada país tiene derecho a elegir, por la vía democrática, el gobierno que la voluntad popular determine. Pero ese derecho exige algo más que urnas y calendarios: requiere instituciones capaces de resistir presiones, mantener reglas claras y promover una ciudadanía informada. El ciclo electoral de 2026 definirá si la democracia latinoamericana puede adaptarse a un mundo en transición sin perderse a sí misma. En una era de incertidumbre global, el dilema central no es ideológico, sino democrático: elegir entre una democracia en el papel o una democracia en acción.

POR AMALIA PULIDO

CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA

Por eso resulta tan importante revisar los hallazgos académicos sobre la relación entre desempeño económico y participación. Cuando algún grupo poblacional

En el debate público mexicano suele plantearse, con cierta frecuencia, que los bajos niveles de participación electoral podrían corregirse mediante la adopción del voto obligatorio. Sin embargo, esta propuesta parte de una lectura parcial del problema. La experiencia comparada muestra que la desafección democrática no es consecuencia del carácter voluntario del sufragio, sino del contexto social en el que éste se ejerce.

Por eso resulta tan importante revisar los hallazgos académicos sobre la relación entre desempeño económico y participación. Cuando algún grupo poblacional percibe que el sistema no ofrece oportunidades reales de progreso o que las instituciones no operan con criterios de equidad, la distancia con la política se expresa inevitablemente en desconfianza y desencanto.

En este debate los trabajos de Thomas Piketty son especialmente influyentes. Su análisis muestra que cuando la desigualdad económica se vuelve persistente y estructural, el supuesto democrático de igualdad formal ante la ley se vacía de contenido. La desigualdad, así entendida, no sólo genera efectos económicos, sino también consecuencias políticas profundas.

Esta reflexión encuentra respaldo empírico en un interesante Informe que a finales de 2025 emitió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Es ilustrativo que incluso los países más ricos del planeta estén reconociendo que el ingreso de las familias y personas no depende en exclusiva del mérito o el esfuerzo. Existe una “desigualdad de oportunidades” que obedece a circunstancias que no están bajo su control. El origen social, el nivel educativo de padre y madre, el lugar de nacimiento y el género afectan de manera muy importante las trayectorias.

El documento To Have and Have Not arroja hallazgos contundentes. Más de una cuarta parte de la desigualdad observada en los países analizados obedece a factores que no dependen del esfuerzo individual. En muchos casos, este componente se hereda y se reproduce generación tras generación.

En el caso de México, estos hallazgos adquieren una relevancia particular. La evidencia disponible muestra que el origen social continúa siendo un factor decisivo en las trayectorias de vida. Las brechas educativas, las desigualdades territoriales y el acceso diferenciado a servicios públicos configuran un escenario en el que las oportunidades no se distribuyen de manera homogénea. Esta realidad impacta directamente en la percepción que tiene la ciudadanía sobre la eficacia del sistema político y sobre la capacidad de las instituciones para garantizar condiciones justas de competencia.

Las lecciones son claras para toda Latinoamérica, la región más desigual del planeta. La calidad de las democracias no basta para sostener la legitimidad del sistema si amplios sectores de la población sienten que el futuro está condicionado desde el nacimiento. Se necesitan condiciones mínimas de equidad que permitan a las personas sentirse parte del proyecto colectivo.

El informe de la OCDE subraya la importancia de políticas públicas orientadas a reducir estas brechas, fortalecer la educación desde etapas tempranas y atender las desigualdades territoriales. Estas medidas no solo tienen efectos económicos, sino que inciden directamente en la confianza social y en la relación entre ciudadanía e instituciones.

En este contexto, el papel de las instituciones democráticas resulta fundamental. Mientras persistan desigualdades tan marcadas en el acceso a oportunidades, el riesgo de desafección democrática seguirá presente. Los institutos electorales tienen un rol clave en la formación cívica, en la promoción de la participación y en la construcción de confianza, incluso en entornos donde el mercado no ha logrado corregir las brechas de origen.

POR AMALIA PULIDO

CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA

América Latina atraviesa un momento de reconfiguración política en el que avanzan ideologías que no siempre tienen una inscripción clara con este sistema

Chile vuelve a ocupar un lugar central en la conversación pública. Lo que hace unas semanas se discutía como escenario abierto entre dos agendas políticas opuestas, se resolvió con una victoria holgada para José Antonio Kast, identificado con una derecha dura.

El triunfo de la oposición puede explicarse por temas sustantivos. Hay una percepción de problemas de inseguridad acentuados y creciente inestabilidad económica en el país del Cono Sur. 

Pero el giro político va más allá. Daniel Zovatto lo ha calificado como “péndulo radical”, haciendo alusión a la brecha que separa al historial comunista de la candidata perdedora, respecto de los postulados de ultraderecha que ha abrazado el presidente electo.

Lo cierto es que, desde 2006, Chile ha transitado por un patrón consistente de cambios ideológicos en la presidencia. Este historial es ideal para tratar de responder una pregunta central: ¿cómo se procesan democráticamente las alternancias?

En el caso chileno, la posibilidad de cambio no es una anomalía, sino una característica inherente a su dinámica electoral. El relevo presidencial es el resultado de las elecciones como un mecanismo de rendición de cuentas, en donde el electorado puede evaluar los gobiernos y en su caso canalizar el descontento.

Pero el desenlace de los comicios de 2025 también puso en primer plano tensiones que no pueden ser ignoradas. Kast es el primer presidente electo desde la democratización que no ha ocultado ni su admiración por Pinochet ni sus posturas conservadoras estrictas. Y, aunque algunas personas apuntan a una moderación reciente en su discurso, el hecho es que estamos frente a una ciudadanía que prefiere propuestas drásticas y respuestas inmediatas a problemas percibidos como urgentes, incluso cuando eso implique convivir con símbolos y trayectorias sensibles para su pasado colectivo.

Sin embargo, más allá del perfil ideológico del ganador, es imperativo amplificar las actitudes y valores democráticos de la clase política chilena. Cuando Boric ganó la elección presidencial en 2021, el candidato derrotado —José Antonio Kast— salió a medios a reconocer el resultado y ofrecer su respaldo al proyecto ganador. Cuatro años después, fue refrescante ver al actual presidente replicar el gesto y respaldar el triunfo democrático de quien fuera su opositor. Este intercambio revela una cultura política en la que el reconocimiento de la voluntad popular es la norma, incluso en un escenario de polarización creciente.

América Latina atraviesa un momento de reconfiguración política en el que avanzan proyectos de diversas ideologías que no siempre tienen una inscripción clara con el sistema democrático. En ese entorno, el riesgo no reside en la alternancia, sino en la eventual erosión de contrapesos.

Por eso es importante destacar el sendero por el que avanza el sistema político chileno. Ha procesado sus cambios dentro de cauces institucionales reconocidos y aceptados. No hubo desconocimiento del resultado ni crisis institucional. Por el contrario, el proceso fue validado por los principales actores y aceptado como legítimo.

Más que un caso excepcional, la elección chilena ofrece una oportunidad para observar cómo operan hoy las democracias sometidas a ciclos rápidos de cambio, electorados volátiles y agendas públicas con nuevas prioridades. El resultado electoral no elimina las tensiones existentes, pero sí confirma que los mecanismos institucionales todavía son el canal principal para procesarlas. Frente a estas dinámicas, los países latinoamericanos debemos recordar que, en democracia, la alternancia es siempre una carta abierta y, probablemente, la manifestación de funcionamiento democrático por excelencia.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA