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La primera vuelta presidencial ha expuesto la falta de confianza en el proceso electoral, la politización del voto rural y la facilidad con que ciertas narrativas se propagan

Los elecciones no solamente definen ganadores y perdedores. También ponen a prueba la calidad de los regímenes democráticos que las convocan. Lo que sucede actualmente en Perú se inscribe en una de las muchas situaciones desalentadoras por las que atraviesan los sistemas democráticos. La desconfianza de la ciudadanía sobre la legitimidad del proceso electoral gana terreno frente al conteo de votos. 

La primera vuelta presidencial ha expuesto la falta de confianza en el proceso electoral, la politización del voto rural y la facilidad con que ciertas narrativas se propagan. En un contexto donde las ideologías partidarias claramente se contraponen, los comicios que se llevarán a cabo en junio de este año se caracterizan por ser una disputa por la representación de la ciudadanía peruana.   

Mientras Keiko Fujimori –por cuarta vez consecutiva– tiene asegurado su nombre en el balotaje, el segundo espacio se disputa entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Entre un conteo lento y una porción de las actas aún sujetas a revisión por parte de las instancias electorales, la diferencia entre ambos candidatos oscila con cada actualización del escrutinio. 

La atención no debe prestarse a las demoras administrativas que caracteriza cualquier conteo durante una elección, sino el carácter reñido de la contienda. El proceso evidencia cómo el pasado no pierde vigencia.

Tan sólo cinco años después volvemos a ver el patrón que distinguió la candidatura de Fujimori en 2021: la solicitud por la anulación de votos provenientes de regiones andinas y amazónicas. Rafael López Aliaga, candidato de la ultraderecha y tan sólo uno de los 35 contendientes, traslada la controversia a las mesas de la sierra norte. 

De una forma lamentable, el candidato de ultraderecha expresó que “en provincia no saben llenar un acta”. A esto se suma la propagación de expresiones discriminatorias, por parte de sus simpatizantes, en contra del electorado de zonas rurales. Esto ha detonado un número importante de denuncias de racismo y exclusión. 

Las manifestaciones excluyentes van más allá de lo legal, se inscriben en un ámbito moral y político. La deslegitimización del sufragio rural le resta agencia a un pilar clave de la ciudadanía. Además, se transmite un mensaje claramente antidemocrático: la voluntad expresada de ciertos grupos sociales en las urnas es válida, pero sólo si no se altera el resultado esperado. 

Esta elección nos deja una lección: las denuncias de fraude no siempre se aparecen al término de una elección. Se gestan antes y resuenan con fuerza donde ya existen desigualdades estructurales. En este contexto, el conteo electoral deja de ser un procedimiento técnico y se convierte en una batalla por la autoridad moral del resultado. 

Lo que más preocupa es que la desconfianza se ha alimentado de fallas concretas que entorpecieron el proceso. La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) expuso que existieron retrasos en la instalación de mesas, apertura tardía de algunos locales y obsáculos con el traslado de materiales. Estas cuestiones han sido instrumentalizadas para propagar desconfianza en las instituciones electorales. 

La segunda vuelta debe entenderse como una oportunidad frente al panorama desalentador que dejó la primera. El sistema político peruano puede aún reparar los daños ocasionados por la reiterada desestimación del sufragio de poblaciones indígenas, rurales y andinas. Perú, en una situación que pende de un hilo, debe demostrar que la igualdad todavía se defiende. 

POR AMALIA PULIDO

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México

@pulido_amalia

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda marcó hitos históricos. Fue el primero en reconocer que la violación y la violencia sexual podían constituir actos de genocidio

Cada año, a inicios de abril, la comunidad internacional conmemora el genocidio de 1994 contra los tutsis en Ruanda. El 7 de abril, más que un hito conmemorativo, nos incita a la reflexión. La historia de este país nos puede enseñar cómo una sociedad, devastada por la violencia, ha logrado reconstruirse.

La división étnica heredada del periodo colonial, exacerbada por la lucha de poder y desbordada por el asesinato repentino del entonces presidente hutu, derivó en el asesinato sistemático y deliberado, en un periodo menor a tres meses, de más de un millón de tutsis y de hutus que se oponían al genocidio. Además de la masacre, la violencia sexual se utilizó como arma de guerra. Se registró un saldo aproximado de 250 mil mujeres víctimas de violación.

La contención de la violencia resultó en más de 120 mil personas detenidas y acusadas de participar en el genocidio, una cifra que ningún sistema judicial convencional podría soportar. La búsqueda por la justicia impulsó una respuesta internacional, nacional y comunitaria sin precedentes.

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda marcó hitos históricos. Fue el primero en reconocer que la violación y la violencia sexual podían constituir actos de genocidio. El Tribunal también estableció precedentes relevantes al condenar a personas con altos rangos en el gobierno, incluyendo al entonces primer ministro.

Los tribunales nacionales, por su parte, lograron procesar aproximadamente diez mil personas sospechosas, particularmente aquellas relacionadas con la planificación del genocidio. Sin embargo, los mecanismos de justicia implementados hasta ese momento resultaban claramente insuficientes para atender la dimensión real del problema. A ello se sumaba la saturación carcelaria en centros penitenciarios con más de 130 mil personas sospechosas y en condiciones inhumanas.

La solución consistió en la creación de un sistema de justicia un tanto controversial: los tribunales Gacaca. Retomando mecanismos tradicionales de resolución de conflictos –y con el objetivo primordial de conseguir justicia y reconciliación a nivel comunitario– esta figura permitió procesar cientos de miles de casos en las comunidades. Más de doce mil tribunales locales llegaron a tratar alrededor de 1.2 millones de expedientes.

Este modelo se reconoce como único en su tipo, pues la comunidad participaba activamente en la impartición de justicia. Las personas juzgadoras fueron elegidas popularmente, las víctimas tenían la posibilidad de conocer el paradero de sus familiares y las personas acusadas debían confesar y otorgar una disculpa pública en sus comunidades. Esta combinación de mecanismos permitió avances importantes para la reconstrucción del tejido social.

Pero no podemos dejar de lado el costo en la implementación. Diversos análisis documentaron omisiones importantes: desde limitaciones al derecho de defensa hasta acusaciones falsas, corrupción e intimidación de testigos. La justicia comunitaria, sin las garantías del debido proceso, generó vacíos que todavía pesan en la memoria colectiva.

Aun así, sería un error valorar el proceso únicamente desde sus deficiencias. Ruanda enfrentó el desafío de juzgar a decenas de miles de personas en un tiempo menor al esperado con mecanismos preexistentes e implementó un sistema que fue ampliamente aceptado por la población. La justicia no puede limitarse al punitivismo. Por el contrario, poner en el centro a las víctimas permite priorizar una reconstrucción social que equilibre la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Hoy, al recordar el genocidio de 1994, la pregunta sigue vigente en muchos rincones del mundo: ¿cómo otorgar medidas de justicia para sanar sin olvidar?

POR AMALIA PULIDO

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México

@pulido_amalia

Los procesos electorales suelen tener implicaciones que trascienden fronteras. La reciente victoria de Péter Magyar en Hungría representa, más que una alternancia política, un cambio de paradigma en el panorama mundial. De acuerdo con Freedom House 2025, Hungría era considerado como un país “parcialmente libre”. Fue gobernado desde 2010 por Viktor Orbán, político de derecha conservadora del Fidesz, Unión Cívica Húngara. Durante su mandato se consolidó un sistema de control progresivo de instituciones, medios de comunicación y recursos económicos. Su partido dio forma a lo que el Parlamento Europeo calificó, en 2022, como un “régimen híbrido de autocracia electoral”: elecciones sin garantías, competencia política electoral desigual y debilitamiento del Estado de derecho.

Pese al andamiaje institucional transformado, la ciudadanía húngara envió un mensaje contundente. Con una participación histórica del 77%, el electorado cambió radicalmente el escenario político. El partido Tisza, liderado por Péter Magyar, obtuvo una votación del 54% frente a 38% del partido en el poder. No fue sólo una derrota electoral, representó un golpe al aparato estatal-partidista diseñado para perpetuarse en el poder.

Sin embargo, y más allá de los resultados numéricos, conviene analizar el significado de este giro en la política húngara y las razones del triunfo de Magyar en Europa Central. Buena parte del desgaste del gobierno se explica por la percepción, cada vez más extendida, de corrupción estructural en torno a Orbán. Las investigaciones sobre el uso indebido de recursos públicos —incluidos señalamientos hacia círculos cercanos al poder— erosionaron la credibilidad del gobierno. A esto se sumó una gestión económica progresivamente deteriorada, que derivó en un crecimiento anémico y una inflación que llegó a figurar entre las más elevadas de la Unión Europea.

En segundo lugar, la capacidad de movilización política de Magyar resultó ser decisiva. El actor comprendió que la disputa no podía librarse solo en los grandes regiones urbanas. Recorrió pequeñas ciudades y zonas rurales tradicionalmente dominadas por Fidesz, amplió su base electoral y articuló un discurso que evitó los clivajes habituales. Esta estrategia le permitió conectar con un electorado más amplio y menos condicionado por lealtades políticas rígidas.

También resultó fundamental el uso eficaz de las herramientas digitales. Al ser candidato opositor en un país en donde los medios tradicionales son controlados por el gobierno, Magyar recurrió a las redes sociales para comunicarse de forma directa con la ciudadanía y desmontar campañas de desinformación. La combinación estratégica en el plano digital y la movilización territorial le permitió posicionarse con ventaja en un terreno político, e institucional, profundamente desigual.

Sin embargo, la victoria de Magyar es apenas un punto de partida. El actor político recibe un país cuyas instituciones han sido moldeadas durante años por el proyecto de Orbán para construir una autocracia electoral. Las redes de influencia de Fidesz permean, aún, la administración pública, la economía y la cultura política del país. Aunque se logró sacar del poder un liderazgo que se construyó durante 16 años, se ve más complejo desmontar la estructura que lo sostuvo durante años.

Los desafíos son múltiples. En el plano interno, el nuevo gobierno enfrenta presiones económicas significativas y expectativas elevadas por parte de su electorado, especialmente en cuanto al combate a la corrupción. En el ámbito regional, la posibilidad de reconstruir su relación con ña Unión Europea podría abrir puertas hacia la liberación de fondos condicionados a reformas concretas.

Conviene analizar esta elección con cautela. La victoria de Magyar fue, sin duda, una batalla crucial. Sin embargo, forma parte de una contienda más larga. Hoy, mientras miles celebran a orillas del Danubio, una incógnita persiste: ¿Puede la democracia reconstruirse dentro de un andamiaje institucional diseñado para perpetuar una autocracia?

En los últimos años, entre los acontecimientos que hemos presenciado, hay una verdad incómoda a la que los países democráticos nos enfrentamos con más frecuencia: garantizar elecciones periódicas no basta para sostener la legitimidad del poder público y sus instituciones.

La integridad electoral se ha convertido en un campo de batalla complejo, atravesado por amenazas para las que marcos normativos preexistentes resultan insuficientes. Desde la manipulación informativa con inteligencia artificial hasta la injerencia extranjera indebida en procesos internos, la organización comicial enfrenta riesgos que exigen respuestas institucionales más sofisticadas.

En este contexto, México no es el único país con reformas electorales en puerta. La Strong and Free Elections Act, presentada el 26 de marzo en Canadá, es un caso relevante. Más que una actualización técnica al marco legal existente, se trata de una redefinición al alcance de la protección democrática en un entorno marcado por la digitalización y la interdependencia aceleradas.

Uno de los elementos más significativos de esta iniciativa es su respuesta a la creciente preocupación por el uso de tecnologías emergentes para manipular la opinión pública, en particular las deepfakes. Este debate, que también hemos visto en México, se mueve entre la regulación y la censura, por lo que, aunque la respuesta canadiense apunta a sancionar estas prácticas cuando buscan engañar al electorado, también procura preservar espacios legítimos de expresión como la sátira.

Otro eje clave de la reforma es la transparencia en el financiamiento político. En un entorno donde los flujos económicos pueden atravesar fronteras con facilidad y adoptar formas difíciles de rastrear, fortalecer los mecanismos de control es indispensable. Respondiendo a la necesidad de evitar que la competencia política sea distorsionada por recursos de origen indebido o extranjero, la iniciativa pone sobre la mesa la prohibición de donaciones mediante, por ejemplo, criptomonedas. En democracias donde el financiamiento privado es un componente importante, poder rastrear los orígenes del dinero contribuye a proteger la integridad de la competencia democrática. Además, reconoce que estas intromisiones no se limitan a los plazos de los calendarios electorales.

No menos importante es el énfasis en la protección de los datos personales. En una era donde la información se ha convertido en un recurso estratégico –e inevitablemente bajo la sombra de Cambridge Analytica–, el manejo de grandes volúmenes de datos personales no puede ser invisibilizado. Establecer obligaciones claras sobre su resguardo y uso, además de proteger derechos individuales, ayuda a evitar abusos que podrían erosionar la confianza pública en las instituciones.

Finalmente, el endurecimiento de los mecanismos de sanción y supervisión revela una apuesta por dotar de eficacia real al marco normativo. Las leyes electorales, más que definir conductas prohibidas, deben asegurar que su incumplimiento tenga consecuencias tangibles. De lo contrario, el costo de violar las reglas puede ser menor que el beneficio potencial de incumplirlas.

Para México, estas transformaciones deben invitar a una reflexión amplia. Nuestro país ha construido un entramado institucional robusto en materia electoral, pero los desafíos actuales –mutables y dinámicos– exigen actualizarlas herramientas para que nuestra democracia preserve la integridad y la confianza como ejes rectores. La experiencia canadiense sugiere que la defensa de la democracia exige una visión integral que articule dimensiones legales, tecnológicas y políticas.

En última instancia, se trata de reconocer que la confianza en las elecciones se garantiza con la previsión institucional, misma que debe estar a la altura de cada nueva amenaza.

Las redes sociales se han convertido en una de las infraestructuras comunicativas más influyentes del siglo XXI. Sin embargo, en los últimos meses distintos países comenzaron a cuestionar sus efectos en la vida cotidiana, particularmente, en la vida de las infancias y juventudes. El debate ya no gira únicamente en torno a su utilidad, sino sobre los riesgos que pueden representar para las nuevas generaciones.

Esta discusión impulsó una oleada de iniciativas en distintas regiones del mundo. Australia fue el primer caso visible: en diciembre del año pasado aprobó una ley para prohibir el uso de redes sociales a personas menores de 16 de años, bajo la premisa de proteger a las infancias de contenidos nocivos, acoso en línea y dinámicas de adicción.

La iniciativa australiana abrió una discusión que pronto encontró eco en otros países. En Europa, el presidente de España, Pedro Sánchez, anunció su intención de avanzar con una medida similar. En la misma línea, la segunda cámara del Parlamento británico votó en enero por limitar su uso para menores de edad. Francia, Austria, República Checa, Dinamarca y Grecia ya analizan propuestas semejantes.

El debate no se limita a Europa. En Asia, gobiernos como los de Indonesia y Malasia comenzaron a explorar el mismo camino. En América Latina, Brasil discute mecanismos de verificación de edad en plataformas digitales, mientras que en Ecuador se analiza una iniciativa legislativa para restringir el acceso de menores de edad a redes sociales.

A primera vista, estas medidas parecen responder a una preocupación legítima. Sin embargo, hay dos cuestiones centrales que han quedado parcialmente fuera del debate público: cómo pretenden implementarse prohibiciones y si realmente resolverían el problema que buscan contener.

Hasta ahora, pocos países han explicado con claridad cuáles son las medidas operativas para aplicar estas restricciones. Australia es el único país que ha planteado un mecanismo concreto mediante sistemas de reconocimiento facial para verificar la edad de las personas usuarias. Sin embargo, estas tecnologías han sido cuestionadas por sus sesgos y por la facilidad con la que pueden ser burladas, desde gestos faciales hasta el uso de identidades de adultos.

El uso de estos sistemas abre un debate delicado sobre las medidas de verificación. La recopilación de datos biométricos, el escaneo de documentos oficiales o el registro de rasgos faciales implican almacenar información sensible. Para muchos especialistas en privacidad digital, estas soluciones podrían derivar en esquemas de vigilancia sin precedentes.

No se trata de una preocupación hipotética. En octubre pasado, la plataforma Discord sufrió un hackeo que expuso documentos oficiales y datos personales de usuarios. Episodios como este recuerdan que concentrar grandes volúmenes de información sensible también implica riesgos.

Pero el problema de fondo no es solo cómo se aplicarían estas restricciones, sino si la prohibición es realmente la mejor respuesta. Algunos investigadores advierten que impedir el acceso no elimina los riesgos, sino que los desplaza.

Una madre en España lo resumía con claridad: prohibir puede sonar convincente, pero no significa que las y los adolescentes dejarán de estar en internet; significa que probablemente lo harán de forma discreta, a través de espacios que suelen quedar fuera de estas restricciones, como aplicaciones de mensajería cifrada, comunidades de videojuegos o foros en línea.

El problema, por tanto, no desaparece: simplemente cambia de espacio. Por eso la discusión debería desplazarse de la prohibición hacia la regulación de las grandes empresas tecnológicas. Más que expulsar a las juventudes del espacio digital, habría que exigir plataformas seguras, mecanismos de protección efectivos y entornos en línea que no reproduzcan los riesgos que hoy preocupan a gobiernos y familias.