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Social

A partir de definiciones como aquella propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), podemos resumir que esta violencia parte de agresiones que utilizan redes sociales

En la década de 1970, Radia Perlman contribuyó de manera decisiva al desarrollo de un protocolo que hizo posible la interconectividad y, por lo tanto, la expansión del internet como lo conocemos hoy. Años después, ese espacio que fue pensado -y hecho realidad en parte por una mujer- para conectar a las personas de todo el mundo, se convirtió en un escenario donde la violencia encontró formas novedosas de reproducirse. La violencia digital contra las mujeres en razón de género forma parte de otra cara de la conectividad que no siempre queremos ver.

A partir de definiciones como aquella propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), podemos resumir que esta violencia parte de agresiones que utilizan redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas digitales para hostigar, amenazar, vigilar o exponer a las mujeres. El componente que no podemos perder de vista es que lo digital es real. Diversos estudios han demostrado que lo que ocurre en línea tiene impactos tangibles en la vida cotidiana. Desde daños psicológicos y autocensura hasta suicidios y feminicidios, los hallazgos relacionados a la violencia contra las mujeres en esta esfera deberían de estar empujando medidas proactivas y urgentes.

Sus manifestaciones son diversas. Van del ciberacoso a la suplantación de identidad, y del acceso no autorizado a cuentas personales a difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Pero el problema ya no necesariamente radica en su categorización, sino en que muchas de estas agresiones se realizan desde perfiles anónimos o identidades falsas, lo que dificulta identificar a las personas responsables y, al mismo tiempo, favorece la propagación e impunidad de estos ataques.

El Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del INEGI reporta que, en México durante 2024, el 21% de la población usuaria de internet de 12 años y más fue víctima de ciberacoso. Esto equivale a casi 19 millones de personas, entre las que más de la mitad se identificaron como mujeres. Destaca que en el 60% de los casos, la violencia fue ejercida por personas cuya identidad desconocían, caracterizándose por el envío de mensajes ofensivos en donde el hostigamiento permaneció como una constante.

Uno de los casos que permitió ampliar la visibilidad de esta violencia, y que lo puso en la agenda política, ocurrió hace más de una década. Olimpia Coral Melo, cuando apenas cumplía la mayoría de edad, se enfrentó a la difusión no consentida de un video íntimo. Lo que comenzó como exigencia de justicia frente a una agresión personal, al poco tiempo se convirtió en un movimiento social. De esa experiencia, surgió la llamada Ley Olimpia, un conjunto de reformas que reconoce la violencia digital como una forma de violencia de género y que sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

El impacto de esta iniciativa trascendió las fronteras nacionales. La Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA), reconoce en los movimientos de mujeres el impulso en la construcción de respuestas normativas. Olimpia y la ley que lleva su nombre son el referente regional para nombrar, visibilizar y avanzar en la erradicación de esta violencia.

Sin reglas claras, capacidades institucionales y corresponsabilidad social, el avance de la tecnología como amplificador de desigualdades y violencias puede llegar a un punto sin retorno. Por eso, garantizar que el internet sea un espacio seguro exige acción: responsabilidad de las plataformas, políticas públicas eficaces y una cultura digital sin impunidad. Sobre todo, es necesario promover la información y las herramientas necesarias para salvaguardar nuestras interacciones en la esfera digital.

POR AMALIA PULIDO GÓMEZ

CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA

En solo una década, Perú ha tenido ocho presidentes. Poco a poco, la inestabilidad se ha convertido en la normalidad política. Pero los periodos que no terminan con conteo de votos

Entre acusaciones de presunto tráfico de influencias, falta de idoneidad política, contrataciones públicas irregulares y reuniones al margen de los canales oficiales, Perú suma otro presidente que no logra completar su mandato. El 17 de febrero de este año, después de tan solo cuatro meses, el Congreso de Perú removió a José Jerí del Ejecutivo. La ciudadanía será convocada a las urnas el 12 de abril mientras un jefe de Estado transitorio llena la silla.

En solo una década, Perú ha tenido ocho presidentes. Poco a poco, la inestabilidad se ha convertido en la normalidad política. Pero los periodos que no terminan con conteo de votos y actas de mayoría no pueden explicarse únicamente a partir del comportamiento de una persona. En realidad, esta dinámica se cimenta en cuestiones menos visibles, pero de gran calado: contrapesos amplios, dispersión del poder generalizada y una ciudadanía relegada a un rol pasivo.

Tras el intento de autogolpe de Estado protagonizado por Pedro Castillo en 2022, el Congreso fortaleció su capacidad de control, lo que en la práctica ha limitado el margen de acción de la presidencia. En este contexto, la “cuestión de confianza” -mecanismo que permite al Ejecutivo presionar al Legislativo e incluso propiciar su disolución- se convirtió en un eje central de la disputa por la supremacía política. Dentro de este escenario, el Tribunal Constitucional ha asumido un papel decisivo, pues sus interpretaciones pueden inclinar la balanza del poder; por ello, su composición y decisiones se han vuelto objeto de disputa entre mayorías circunstanciales.

Pero la presidencia peruana no es el único actor particular de la política andina. El Congreso de Perú no articula un proyecto ideológico estable. Por el contrario, predomina la inercia de una coalición heterogénea sin un rumbo común, sobre la creación de alianzas sostenibles. Incluso se han evidenciado élites económicas formales y redes ligadas a economías informales -minería, pesca, transporte y extracción de recursos renovables- cuyos objetivos residen en negociar excepciones y evadir reglas sobre hacer Estado.

Por eso no solo es la dispersión del poder lo que fomenta ese -no necesariamente positivo- dinamismo, sino su efecto práctico. Que la política se organice alrededor de transiciones y no de responsabilidades implica que la discusión se centre en quién ocupa el cargo y no en qué compromisos asume, con qué capacidades cuenta y qué incentivos tendrá para sostener decisiones estratégicas para lo público. El resultado es una presidencia temporal rodeada de redes permanentes que presionan por privilegios o excepciones. Más que sustituciones, la alternancia desordenada se convierte en una coreografía que simula control sin producir conducción. La pregunta es clara e incómoda: ¿quién conduce un país cuando la política se limita a reemplazar mandatos inconclusos?

La lección es clara: no podemos permitir que la ciudadanía se acostumbre al vacío. En Lima, la destitución del presidente fue recibida con la frase “todo es igual, nada cambia”. A esta fragmentación electoral por falta de entusiasmo hacia la oferta política, rechazo a las élites y desconexión con partidos, la politóloga María Victoria Murillo la ha bautizado como “descontento vertical” caracterizado, incluso, por menor participación y protestas masivas.

El desgaste político en Perú no radica en la constante sustitución de presidentes, sino en un sistema político donde el poder se disputa entre una rendición de cuentas limitada y una ciudadanía que observa a la distancia. El 12 de abril habrá elecciones, pero el verdadero reto está en que la oferta despierte entusiasmo. Más allá de las campañas y las urnas, las democracias se desgastan cuando cambia la superficie y el fondo queda inmóvil.

POR AMALIA PULIDO 

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México

@pulido_amalia

A finales del siglo XX, preguntaron a Amartya Sen –Premio Nobel de Economía– cuál consideraba el acontecimiento más trascendente de la centuria que concluía. La respuesta no era sencilla, pues esos años estuvieron marcados por dos guerras mundiales, el ascenso y colapso del comunismo, y el surgimiento y auge del fascismo. Por encima de ese manto de dolor y tragedia, el economista eligió destacar la expansión de la democracia.

Esta afirmación no era menor. La democracia permite a las personas participar, exigir y decidir sobre los asuntos públicos, al tiempo que permite a la sociedad debatir y definir sus propias prioridades. Lo que hoy vemos, un poco contrario a ese optimismo del siglo pasado, es que el valor democrático que creíamos universal es ahora incierto.

Varieties of Democracy (mejor conocido como V-Dem), año con año y con información de más de 200 países, se da a la tarea de producir la base de datos más amplia sobre el estudio de la democracia a nivel global. Su último informe presenta un panorama inquietante. Las mediciones promovidas desde la universidad sueca que aloja este proyecto, basadas en dimensiones electorales, liberales, participativas y deliberativas, muestran un deterioro amplio y sostenido.

El nivel de democracia para la persona ciudadana promedio ha regresado a niveles de 1978, generando que los avances de la llamada “tercera ola de democratización” prácticamente se hayan desvanecido. Pero el dato más impactante es que, mientras apenas el 7% de las personas viven en democracias liberales, el 74% de la población mundial vive hoy en regímenes autocráticos.

El cambio no es solo cuantitativo, sino cualitativo. Las democracias liberales –aquellas que garantizan contrapesos, libertades y Estado de Derecho– han disminuido de forma significativa. Por el contrario, las autocracias no solo aumentaron en número, sino en su naturaleza restrictiva. La censura, la persecución de la oposición y el uso de mecanismos de coerción para silenciar son cada vez más comunes.

Además, es inquietante analizar en dónde ocurre este deterioro. No se trata únicamente de países históricamente autoritarios. El retroceso en esta ida pendular alcanzó a democracias consolidadas. Estados Unidos, por ejemplo, que fungió como referente regional y mundial por décadas, por primera vez en más de medio siglo perdió su estatus de democracia liberal. El caso de nuestro vecino se extendió al norte global, pues Europa occidental y América del Norte registran sus niveles más bajos en años. Con el efecto dominó del que tendemos a ser objeto, América Latina comienza igualmente a mostrar signos de reversión.

Esta tendencia se refleja, naturalmente, en la calidad de los procesos democráticos. La libertad de expresión se deteriora en decenas de países, la integridad electoral enfrenta retrocesos y los espacios de deliberación pública se reducen. Aunque la democracia no desaparece de forma abrupta, estos signos de erosión temprana son especialmente importantes si no queremos llegar a un punto sin retorno.

Lo que está en juego, más allá de formas de gobierno, es el equilibrio del orden global. Cuando países con gran peso poblacional, económico y político se alejan de estándares democráticos, el impacto trasciende sus fronteras. La respuesta de Sen, hoy más que nunca, debe recordarnos qué nos llevó a las urnas, cuántos años nos costó que todas las personas llegáramos y lo frágiles que pueden ser las garantías a nuestros derechos básicos.

La democracia, más que un ideal, es un mecanismo que permite a las sociedades expresar demandas, corregir decisiones y exigir rendición de cuentas. Su debilitamiento no es menor: implica reducir esa capacidad de incidir en lo público.

Las elecciones legislativas celebradas en Colombia el pasado 8 de marzo dejaron una fotografía que debe leerse más allá de la repartición de escaños y curules. No se trata únicamente de quién ganó y quién perdió, sino de analizar qué tan incluyentes son las democracias latinoamericanas. En ese terreno, los preconteos avanzan una verdad incómoda: la paridad no llega por inercia, ni como consecuencia natural del voto. Es el resultado de reglas y mecanismos eficaces para contener la violencia política de género.

Colombia eligió 102 escaños del Senado y 183 curules de la Cámara de Representantes. Pero la magnitud no es lo relevante, sino por la distancia entre el discurso igualitario y sus resultados. Aun cuando el país ha avanzado hacia reglas más favorables para la inclusión de las mujeres, su representación política está lejos de una lógica paritaria.

Los datos del preconteo muestran que sólo el 31.4% de los escaños del Senado fue ganado por mujeres, mientras que –con un porcentaje menor–el 29.8% de las curules de la cámara baja serán ocupadas por legisladoras. Este desfase tiene una explicación institucional.

En Colombia, la legislación ha reforzado la inclusión de mujeres en determinadas listas, pero no impuso una alternancia obligatoria entre hombres y mujeres. Esa diferencia es decisiva. Cuando la norma permite cumplir la cuota sin ordenar la ubicación competitiva de las candidaturas, los partidos conservan margen para simular apertura y, al mismo tiempo, reservar espacios más viables para hombres. Además, las fuerzas políticas tienen la posibilidad de elegir entre presentar listas preferentes o no preferentes. Con esta instrumentalización, la desigualdad permanece y se vuelve jurídicamente sofisticada.

Por eso conviene mirar no solo cuántas mujeres resultan electas, sino en dónde empieza la exclusión. Las candidaturas de mujeres rondaban apenas cuatro de cada diez postulaciones. El problema comienza en la antesala de los comicios, cuando los partidos avalan candidaturas, definen la posición en las listas, reparten recursos y priorizan visibilidad. Aunque ese momento sea menos visible que la votación misma, ahí se decide buena parte de la representación futura y las probabilidades de victoria en el tarjetón.

Hay otro factor que no puede considerase secundario: la violencia política contra las mujeres. En Colombia, ONU Mujeres documentó que casi el 77% de las candidatas a las elecciones territoriales de 2023 sufrió violencia durante la campaña. La cifra dialoga con la calidad de la democracia, donde participar implica, para muchas, asumir un costo diferenciado y cotidiano.

Las brechas de género en el acceso a cargos de elección popular suelen producirse, sabemos, al seno de los institutos políticos y en el andamiaje jurídico. Por eso, México ofrece una referencia. La reforma constitucional de 2019 en materia de paridad amplió la exigencia de igualdad a todos los cargos públicos y consolidó una visión más robusta que la sola cuota de candidaturas. Sus efectos fueron visibles: más allá de la postulación, cada vez más espacios tuvieron una conformación paritaria. Después la reforma de 2020 en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género agregó un componente indispensable: reconocer que no basta con abrir el acceso si no se protege a quienes entran.

Aunque México no es un modelo perfecto, deja una lección útil para la región: las reglas importan. Importa el orden de las listas, si la paridad es vertical y horizontal, si existen sanciones, si el Estado reconoce la violencia política como una forma específica de exclusión democrática. Será importante observar la aplicación de la Ley 2453 de 2025 en materia de violencia contra las mujeres en política. Sin esa arquitectura, la representación de las mujeres queda expuesta a la discrecionalidad.

Es cierto que las cuotas no eliminan las dinámicas estructurales que reproducen la desigualdad, pero sí contribuyen a generar condiciones más equitativas de competencia para abrir paso a una presencia efectiva de mujeres en espacios de poder. Espacios en donde su presencia no es accesoria, sino sustantiva.

El pasado 12 de febrero se convocó a elecciones en Bangladesh. En esta ocasión, la ciudadanía no solo decidió quién ocupará la titularidad del Poder Ejecutivo, sino cómo deberá gobernar. 

La jornada electoral se desarrolló en un contexto particular. La ex primera ministra, Sheikh Hasina, después de un gobierno autoritario que duró 15 años, se encuentra en el exilio tras haber sido condenada por crímenes de lesa humanidad. Si bien su liderazgo fue un referente político de democracia por años, la posterior concentración de poder y el debilitamiento de contrapesos institucionales generó una profunda fractura social. Entre sus consecuencias se encuentran aproximadamente 1,400 muertes y miles de personas heridas durante la represión de la llamada Revolución del Monzón de 2024.

Este movimiento, liderado por estudiantes, buscaba expresar inconformidad con la reintroducción del sistema de cuotas —que destina el 30% de los empleos públicos a familiares de veteranos de la guerra de independencia—. Pero el uso de la fuerza por parte del Estado opacó la lucha inicial. El centro de las protestas gravitó de la falta de oportunidades laborales para las juventudes a la búsqueda de justicia.

Como resultado, la movilización estudiantil provocó la dimisión de Hasina y abrió un espacio inédito de diálogo entre fuerzas partidistas, organizaciones de la sociedad civil y el gobierno interino, liderado hasta hace unos días por Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz. Del consenso surgió la llamada Carta de Julio, documento que fue sometido a escrutinio público el mismo día de la elección.

Con el respaldo del 60% del electorado, el referéndum busca cambios sustantivos en la democracia de Bangladesh. Entre otros, la transición a un sistema bicameral, medidas para incrementar la participación política de las mujeres y, sobre todo, garantizar un sistema de contrapesos mediante la independencia judicial y la limitación de los mandatos del Poder Ejecutivo.

Pero los logros de las juventudes en términos normativos no se replicaron en el ámbito legislativo. El Partido Nacional Ciudadano (PNC), encabezado por las juventudes bangladesíes, formó una coalición con el Partido Jamaat-e-Islami —de corte tradicionalista—. Esta alianza generó descontento en el sector que inicialmente buscaba representar y, más allá de una desalineación, el movimiento se desarticuló. Argumentando que las propuestas del Jamaat-e-Islami son contrarias a los principios de la Revolución del Monzón, algunos liderazgos estudiantiles dejaron de militar en el PNC para, en su lugar, postularse mediante candidaturas independientes.

En consecuencia, con una participación ciudadana de 59%, el Partido Nacionalista de Bangladesh (PNB) obtuvo 212 escaños, mientras que la coalición liderada por el Jamaat-e-Islami alcanzó 77, de los cuales apenas 6 son del PNC. La paradoja es evidente: las personas jóvenes fueron el motor de la movilización que derribó al antiguo régimen, pero esa fuerza no logró traducirse en representación política significativa.

Lo que ocurre en la Tierra de los Ríos no es un fenómeno aislado. Las nuevas generaciones están enviando un mensaje contundente: los cambios estructurales son impostergables y su representación en la política no es plena. El sur asiático, entre Nepal y Bangladesh, es ejemplo de esa presión que tiene el potencial de reconfigurar sistemas políticos.

Pero las elecciones no son el punto final. El gobierno entrante deberá implementar las reformas aprobadas en las urnas, integrar a las juventudes en la política y avanzar medidas de reparación social. La forma en que se aborden estos retos será determinante para que la transición no se limite a un relevo de élites, sino que abra paso a una etapa de profundización democrática.