El frío congelante ha aislado a buena parte de la población y el periodo de campaña reduce la posibilidad de que el electorado conozca otras propuestas

A finales de octubre del 2025 Japón vivió un parteaguas histórico, por primera vez una mujer se convertía en Primera Ministra. A tres meses de ese momento, Takaichi vuelve a ser el centro de la conversación. Esta vez, la noticia es su decisión de convocar a elecciones anticipadas.

Aunque las diferencias entre sistemas presidenciales y parlamentarios se han estudiado durante décadas, este tipo de recursos nos recuerdan que la política real siempre va un paso más allá de lo que dice la literatura.

En la teoría, tenemos contrastes claros. En los sistemas presidenciales, el Poder Ejecutivo se elige por voto popular para un periodo fijo y no necesariamente quien encabeza al Ejecutivo es la misma persona que lidera al partido. En cambio, en los parlamentarios, quien ocupa el cargo de primer o primera ministra (PM) depende de la confianza del Parlamento; es decir, su permanencia depende de mayorías legislativas.

La literatura reconoce que un o una PM puede convocar a elecciones anticipadas o plantear votos de confianza para renovar su respaldo. En Japón, estas snap elections son más una constante que una excepción.

Las razones suelen ser estratégicas: aprovechar la debilidad de la oposición, capitalizar la “luna de miel” de los primeros días/meses en el cargo, superar una crisis política o legitimar el liderazgo partidista ante el electorado. En esta ocasión, la decisión gravita en un contexto complejo, donde la política doméstica y exterior se entrelazan.

Se pueden distinguir al menos tres elementos que ayudan a dimensionar la singularidad de estas elecciones anticipadas.

El primero responde al ajuste político del país. El Partido Liberal Democrático (PLD), que ha mantenido el poder durante décadas, perdió el apoyo del partido de centro-derecha Komeito por sus diferencias sobre Takaichi. Para sostenerse, el partido se alió con el Partido de Innovación de Japón. Esta coalición, que apenas es mayoría en la Cámara Baja por un asiento, no ha sido refrendada en las urnas. Desde la lógica de la lideresa, acudir al electorado es una forma de preguntar si esa ingeniería parlamentaria cuenta con respaldo ciudadano.

El segundo elemento: la tensión entre gobierno y partido. La PM tiene una aprobación que ronda el 70%, pero su partido apenas roza el 30%. Así, las elecciones se convierten en una apuesta de alto riesgo. Podrían servir para que la popularidad de Takaichi arrastre al partido y le devuelva una mayoría sólida. O, por el contrario, la debilidad partidista podría desgastar a la jefa de gobierno.

El tercer factor trasciende fronteras territoriales. La PM ha mostrado afinidad con Donald Trump y ha expresado la decisión de intervenir si China intentara anexarse a Taiwán. Estas posturas dialogan con el clima internacional actual y con el ascenso interconectado de expresiones de ultraderecha. La cercanía con Washington parece estar fortaleciendo su respaldo entre sectores juveniles que se identifican con el movimiento MAGA.

Pero la estrategia política no siempre encuentra eco en la ciudadanía. Algunas voces señalan que la participación del próximo 8 de febrero será baja. El frío congelante sin precedentes ha aislado a buena parte de la población y el corto periodo de campaña, de tan solo 12 días, reduce la posibilidad de que el electorado conozca a fondo otras propuestas.

Al final, la política suele esconderse en la instrumentalización de las reglas y en el uso fino, a veces oportunista, de los mecanismos institucionales. Pero la ciudadanía no es un actor pasivo. Conserva agencia aun en escenarios diseñados estratégicamente desde las cúpulas del poder.

Si la participación se erosiona, ¿estas elecciones fortalecerán el liderazgo de la PM o terminarán colocándola en una posición de vulnerabilidad difícil de revertir? Esa es la apuesta que hoy tiene a Japón mirando a las urnas.

Dra. Amalia Pulido Gómez

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México

Hace unos días, en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobamos cómo se administrarán los poco más de mil 760 millones de pesos asignados por el Congreso local para fomentar la democracia mexiquense en 2026. Pero importa poner este dato en contexto: no es lo mismo el "presupuesto del instituto" y el dinero con el que realmente opera.

Nuestro sistema parte de la decisión de financiar a los partidos políticos con recursos públicos para reducir el peso de intereses privados en lo público. Por eso, casi 6 de cada 10 pesos del presupuesto (58 por ciento) del IEEM va a directamente a su financiamiento.

Esta distinción no es menor. En realidad, la porción que corresponde al IEEM respecto del total asignado es la menor desde 2014. Esto coloca al Instituto en un escenario de planeación particularmente exigente, pues sin comprometer calidad ni integridad, estaremos operando dentro de un margen presupuestal estrecho.

Y aunque el 2026 está marcado como un año sin comicios locales, la ausencia de casillas no es una pausa administrativa. Si sólo entendemos la democracia en términos de urnas y votos, el entramado institucional y jurídico que garantiza jornadas competitivas, imparciales e inclusivas queda invisibilizado y debilitado.

Además, éste no es un año cualquiera. Por el contrario, es el año de los preparativos de la elección más grande en la historia del Estado de México. Por primera vez, además de los cargos federales, la ciudadanía votará por diputaciones locales, ayuntamientos y Poder Judicial mexiquense. Es una combinación inédita que exige coordinación, logística, previsión normativa, capacidad operativa y condiciones de seguridad.

La reforma constitucional de 2014 concibió a los Organismos Públicos Locales Electorales como instituciones de trabajo continuo, pues una elección no se organiza con prisa ni se construye en los últimos meses. En realidad, la integridad se construye mucho antes de que la ciudadanía marque sus boletas. Tres frentes ilustran por qué.

Primero, la educación cívica. Parte del gasto se orientará a promoción de cultura democrática, actividades académicas y una mejor divulgación institucional. Sin una estrategia sostenida la planeación es estéril, lo que está en juego es participación informada, comprensión de derechos y confianza en las reglas.

Segundo, el factor humano. La Organización de los Estados Americanos ha destacado que los organismos electorales son instancias especializadas que deben de contar con personal calificado y profesional. Detrás de toda democracia hay personas y capacidades técnicas que requieren de actualización constante y mejora continua de herramientas de gestión. Esto permite que lo electoral funcione incluso cuando más presión recibe.

Tercero, la infraestructura tecnológica. Este año trabajaremos en mejorar más de 65 sistemas: perfeccionaremos el registro de candidaturas, cómputos y PREP, y desarrollaremos nuevas soluciones para garantizar la información oportuna, precisa y accesible. La transparencia del IEEM se sostiene con procesos y tecnología que resistan el escrutinio.

Sin embargo, con el ajuste presupuestal se aplicaron medidas de racionalidad y contención que dejaron fuera previsiones que habrían hecho más eficiente la preparación del proceso electoral local 2027: compra de materiales, instalación de Órganos Desconcentrados y otros rubros clave.

En años no electorales, el instituto no está en pausa. Con planeación, profesionalización y reglas claras, la democracia se sostiene antes y después de la jornada. Este año será decisivo para que, en 2027, la voluntad ciudadana se exprese con garantías y se traduzca en gobiernos y poderes locales legítimos.

La eventual reforma electoral mexicana ya tuvo sus primeros logros. Trajo a la discusión pública temas muy técnicos que antes permanecían acotados a un grupo pequeño de especialistas. De mantenerse así, este debate ciudadano fortalecerá el involucramiento en las cuestiones públicas y, por tanto, dará mayor riqueza a nuestra vida en comunidad.

En ese contexto, hay un tema que ha generado confusión. Hay quienes tienen dudas sobre el destino de los recursos que se asignan a las instituciones electorales del país. Hay, también, preocupación de que el eventual arribo de nuevos partidos encarezca aún más la política. El ejemplo del Estado de México es pertinente para poder esclarecer ambos temas.

Para el ejercicio fiscal 2026, el presupuesto aprobado al IEEM asciende a poco más de mil setecientos sesenta millones de pesos. De ese total, cerca del sesenta por ciento, es decir más de mil millones de pesos, corresponde al financiamiento público de los partidos políticos. Se trata de recursos que el Instituto debe transferir íntegramente.

Este punto es relevante porque permite distinguir dos bolsas claramente diferentes. Una es decreciente y se destina al funcionamiento del órgano electoral. La otra se canaliza a los partidos políticos y se calcula mediante una fórmula prevista en la legislación electoral.

En términos generales, la ley establece que la bolsa total de financiamiento a partidos se obtiene a partir de dos variables objetivas: el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y el tamaño del padrón electoral. Esto explica por qué el monto del financiamiento no aumenta por la existencia de nuevos partidos, pero sí lo hace cuando hay inflación o cuando aumenta la cantidad de personas de 18 años o más.

Una vez definida la bolsa total, la ley establece cómo se distribuye entre los institutos políticos. Por un lado. el 30% del financiamiento se reparte de manera igualitaria entre todos los partidos con registro. Por otro, el 70% restante se distribuye de forma proporcional a la votación obtenida en la última elección de diputaciones, reconociendo así el respaldo ciudadano expresado en las urnas. Esta fórmula garantiza un “piso mínimo” para que todas las fuerzas políticas se puedan sostener y, en su caso, desempeñar las funciones que la Constitución les exige.

La existencia de financiamiento público no es una particularidad mexicana. La Comisión de Venecia, por ejemplo, ha destacado que muchos países europeos otorgan recursos públicos a sus partidos, a efecto de proteger la equidad en la competencia política. El objetivo central es evitar que el acceso a recursos económicos sea el factor decisivo para ganar una elección y reducir la dependencia excesiva de aportaciones privadas.

En nuestro país el financiamiento público debe predominar sobre el privado. Esto evita que lleve ventaja quien tenga mayores recursos económicos. La ciudadanía debe tener acceso a todas las propuestas y planteamientos para nutrir la voluntad que expresa en las urnas.

La discusión sobre el financiamiento a los partidos es legítima y necesaria en toda democracia. Puede y debe revisarse. Pero ese debate resulta más constructivo cuando parte de información clara: los montos no se fijan de manera discrecional, no crecen por la aparición de nuevos partidos, y su distribución responde a reglas conocidas que combinan equidad y representatividad.

Sobra decir que el uso de estos recursos por parte de los partidos es fiscalizable. Si bien hay todavía áreas de oportunidad que deben solventarse para garantizar que todos los recursos se apliquen conforme a la norma, lo cierto es que el proceso de revisión mexicano es uno de los más avanzados. La claridad presupuestal no solo fortalece la rendición de cuentas, sino también la confianza ciudadana en las reglas del juego democrático.

Hace unos días el presidente de los Estados Unidos publicó un mensaje oficial para conmemorar el bicentenario de la Doctrina Monroe. En éste afirmó que la consigna de “América para los americanos” debe volver a guiar la política exterior de su país y que su gobierno está decidido a “recuperar” ese principio. Aunque presentado como continuidad histórica, el comunicado reinterpreta la doctrina para justificar un papel más activo de Estados Unidos en los asuntos del hemisferio.

Conviene recordar el sentido original de la Doctrina. En las primeras décadas del siglo XIX, cuando los países latinoamericanos acababan de independizarse, algunas naciones europeas vacilaban con la idea de recuperar influencia. Frente a ello, Monroe estableció dos reglas: Estados Unidos no intervendría en Europa y Europa debía abstenerse de intervenir en el continente. Era una declaración anticolonial, no una autorización para intervenir en países vecinos.

La evolución posterior alteró ese espíritu. Roosevelt proclamó el rol de Estados Unidos como “policía internacional” para evitar intervenciones en la región. Lo cierto es que, con ese argumento, el poderío estadounidense justifico ocupaciones en el Caribe y  -durante la Guerra Fría- múltiples operaciones encubiertas en países latinoamericanos. En algunos momentos la idea de un hemisferio bajo tutela estadounidense se convirtió en amenaza permanente.

Si bien la tercera oleada democrática hizo visible que las democracias latinoamericanas están equipadas para trazar su propio destino, hoy el marco ideológico de Roosevelt reaparece con nuevas implicaciones. La nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos no deja lugar a dudas: el subcontinente emerge como prioridad estratégica para ese país. El texto critica abiertamente a la Unión Europea, relativiza amenazas tradicionales y sostiene que los riesgos más urgentes se encuentran en los países que se encuentran al sur del Río Bravo. 

La estrategia de seguridad recién publicada permite ver la racionalidad detrás de muchas medidas arancelarias y para-arancelarias que se han anunciado para los países de la región. También pone de relieve el significado de los apoyos que en los últimos meses han dado funcionarios estadounidenses de primer nivel a contendientes en procesos electorales extranjeros. Los apoyos al oficialismo argentino o a candidaturas de extrema derecha en países europeos no dejan lugar a dudas.

Por supuesto desde la Carta de Naciones Unidas se prohíbe la injerencia extranjera en comicios de otros países, pero este límite no necesariamente abarca a las declaraciones en medios. De hecho, desde 2023 el Parlamento Europeo advirtió sobre los vacíos del derecho internacional que permiten a actores extranjeros influir en campañas, financiar propaganda digital o incidir mediante redes de lobby. La academia ha demostrado que, incluso cuando esas intervenciones no son efectivas, pueden erosionar la confianza y polarizar a las y los votantes. 

Al mirar nuestro presente, conviene recordar a Rubén Darío. El poeta nicaragüense advirtió, en su célebre mensaje a Roosevelt, que “la América nuestra” es un continente con alma, dignidad y memoria; un espacio que no se rinde porque conoce el valor de su propia historia. Hoy, esa conciencia se expresa en la construcción de instituciones sólidas, en la defensa del voto y en el compromiso de que sólo la voluntad ciudadana determine el rumbo de nuestros gobiernos. La mejor respuesta frente a cualquier intento de injerencia —abierta o encubierta— es un sistema electoral robusto, transparente y confiable; que aporte información cierta y sea capaz de honrar a un pueblo que decide libremente su destino.