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El pasado 2 de junio, seis estados de nuestro país vecino del Norte acudieron a las urnas para definir candidaturas rumbo a noviembre: California, Iowa, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur. Aunque los resultados deben leerse con cautela, ofrecen señales del ánimo político entre Demócratas y Republicanos. California es un caso que, considero, merece una atención especial por una variable que no comparte con las demás entidades: el peso del voto latino.

A inicios de los 2000, el politólogo Samuel Huntington—en su libro Who Are We? The Challenges to America's National Identity— sostenía que las personas de origen latino eran un grupo relativamente homogéneo, con preferencias culturales y políticas propias, distinguibles del resto de la sociedad estadounidense. A partir de esa premisa, Huntington decía que la inmigración latinoamericana podría representar un desafío para la cohesión nacional en Estados Unidos.

Durante años, el crecimiento de la población latina se vio como una ventaja electoral para el Partido Demócrata. El argumento era sencillo: comunidades con historias migratorias tenderían a respaldar a la fuerza política más sensible con la inmigración y diversidad. Más de dos décadas después, la realidad muestra algo distinto.

El electorado latino no se comporta como un bloque uniforme. La comunidad latina no responde de forma automática a una identidad partidista, como lo ha señalado en diversos estudios el profesor De La Garza, aunque en términos generales personas inmigrantes latinas se identifican en mayor medida con el Partido Demócrata que con el Republicano, existen diferencias que se explican con la propia experiencia en sus países.

Las primarias de California parecen confirmar ese cambio en el comportamiento electoral estadounidense. Lo que ocurre no es la formación de un bloque político latino. Por el contrario, éste electorado es diverso en sus preferencias: más parecido al conjunto de la población y menos predecible para los partidos políticos.

Xavier Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos y una de las figuras latinas relevantes del Partido Demócrata, se perfila para noviembre bajo el sistema de jungle primary, en el que las dos candidaturas más votadas continúan sin importar su partido. Su eventual llegada a la boleta final tendría un peso simbólico, ya que podría ser la primera vez que el electorado de California elija a un gobernador latino.

Pero lo que más llama la atención es que, en zonas con alta presencia latina, las candidaturas republicanas han mostrado una competitividad que hace años habría sido poco probable en este estado. Esa tendencia obliga a replantear la premisa de que el voto latino pertenece a una fuerza política.

Un ejemplo es el Distrito 22 de California, una región agrícola, donde aproximadamente el 70% de su población es latina. Es una zona competitiva en el estado: en 2020 votó por Joe Biden y cuatro años después respaldó a Donald Trump. Este año, en espera de resultados, parece que el candidato republicano lleva la delantera.

La principal lección de estas primarias será abandonar ciertas ideas, y estereotipos, que dominaron la conversación política durante décadas. El crecimiento demográfico latino no garantiza victorias para ningún partido, del mismo modo que la identidad compartida no produce preferencias electorales idénticas.

Las elecciones de noviembre mostrarán hasta qué punto estas tendencias se consolidan. Pero desde ahora es posible observar que el voto latino dejó de ser visto como un electorado cautivo y se convierte en uno de los espacios más disputados. Paradójicamente, esa evolución parece refutar algunas preocupaciones de Huntington. La integración política se expresa en los clivajes, debates y acuerdos que atraviesan a la sociedad, no en la uniformidad social.

Cuando un grupo deja de comportarse como una excepción electoral, tal vez la señal más clara no sea su diferencia, sino su incorporación plena a la competencia democrática.

En la última columna que escribí en este medio sostuve que, en materia electoral, anticipar no es un lujo, sino una condición necesaria para dar certeza a la ciudadanía en la organización de elecciones en las que debe existir certidumbre sobre las reglas, los procedimientos y las etapas, aunque nunca sobre el resultado de la votación electoral. Las reformas, especialmente aquellas que modifican las reglas del juego institucional, requieren planeación, coordinación y claridad operativa. 

Bajo esa lógica debe entenderse la propuesta de reforma judicial presentada el pasado 18 de mayo por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sin dejar de reconocer que toda modificación al Poder Judicial genera debate público, hay dos dimensiones que conviene observar detenidamente: sus efectos sobre la organización electoral y el impacto de la forma en que deberán prepararse las próximas elecciones de personas juzgadoras. 

Uno de los principales cambios que plantea esta propuesta, es el adelanto en la emisión de la convocatoria general de la elección judicial. La intención es clara: permitir que los Comités de Evaluación cuenten con tiempo suficiente para revisar perfiles, valorar trayectorias y procesar técnicamente las candidaturas. Este cambio reconoce que la complejidad de este tipo de elección exige mayores márgenes de preparación institucional 

Aunado a ello, la propuesta incorpora una figura inédita: la Comisión Coordinadora, la cual sería la encargada de resolver uno de los principales desafíos que dejó visible el modelo anterior: la necesidad de homologar criterios de la ciudadanía que se postula como candidatos y candidatas.  

Cada poder integrará un Comité de Evaluación conformado por tres personas. Posteriormente, estos comités designarán una representación para integrar la Comisión Coordinadora, cuya función sería supervisar metodologías, verificar requisitos formales y revisar criterios de evaluación, incluyendo los exámenes de conocimientos aplicados a las personas aspirantes.

Las implicaciones también alcanzan a las entidades federativas. En el caso del Estado de México, más del 80 por ciento de las personas juzgadoras serían electas mediante voto popular: 36 magistraturas y 393 juezas y jueces aproximadamente. La magnitud de esa elección obliga a pensar en mecanismos técnicos mucho más robustos.

Por ello, la propuesta federal parece encaminarse hacia la homologación de criterios mínimos en todo el país: comités de evaluación con metodologías similares, insaculación obligatoria de candidaturas, reducción del número de perfiles en las boletas y esquemas de evaluación y capacitación permanente para las personas juzgadoras.

Sin embargo, cualquier modificación al calendario electoral también tiene implicaciones presupuestales y administrativas. Si la elección judicial modifica formalmente sus plazos, organismos como el Instituto Electoral del Estado de México tendrían que revisar qué actividades permanecen, cuáles se reprograman y cuáles podrían ajustarse técnicamente.

Además, si ya existieran recursos autorizados para actividades originalmente previstas en 2027, su eventual reconfiguración tendría que apegarse estrictamente a la normatividad presupuestal vigente y a las determinaciones de las autoridades financieras correspondientes.

Las próximas elecciones judiciales representan uno de los ejercicios institucionales más complejos que ha enfrentado el sistema electoral mexicano en décadas. Por eso, además del debate político que naturalmente generan, resulta indispensable mirar su dimensión operativa: organizar una elección judicial requiere previsión, coordinación interinstitucional y capacidad técnica.

Porque en democracia, improvisar no fortalece la confianza pública. Anticipar sigue siendo, más que nunca, una condición para que la ciudadanía pueda mirar estos procesos con certeza y seriedad.

Hoy es impensable hablar de feminismo y de justicia sin referirnos a Marcela Lagarde y de los Ríos.

En un país donde la violencia contra las mujeres ha sido invisibilizada durante décadas, nombrar es un acto político. Hablar de Marcela Lagarde conlleva reconocer a una mujer que nos ha enseñado a leer nuestra realidad y la vida cotidiana en clave feminista.

Hace unos días, mi alma mater, la Universidad Autónoma del Estado de México, le otorgó el Doctorado Honoris Causa -su máxima distinción académica- a Marcela Lagarde y de los Ríos. El reconocimiento celebra una trayectoria intelectual y la capacidad de transformar paradigmas en la vida cotidiana. Se celebra una vida dedicada a colocar en el centro de la discusión pública temas incómodos para algunos sectores y urgentes para muchos otros.

Este reconocimiento no es menor. Lagarde ha dedicado décadas a la reflexión y al análisis, trascendiendo las aulas en muchos sentidos. Una de sus aportaciones -que modificó por completo nuestras aproximaciones a la justicia- fue plantear el concepto de feminicidio. Éste hace explícito que existen asesinatos de mujeres que ocurren por el simple hecho de ser mujeres.

Antes de que introdujera este término en la discusión pública, los crímenes cometidos contra mujeres eran fácilmente minimizados como casos aislados de “crímenes pasionales”. Pasaron años hasta que se comenzaron a contar y juzgar con el rigor que ameritan. El término permitió entender que existe un patrón de violencia vinculado a una estructura patriarcal sustentada en la impunidad. Nombrar el fenómeno permitió abrir la puerta a una demanda más igualitaria de justicia.

Las palabras se vuelven parte de nuestra vida cotidiana, pero conviene destacar que ciertos términos son el mecanismo para visibilizar. Por eso, sin duda, ésta fue la contribución más trascendental del pensamiento de Lagarde a la sociedad y a los feminismos. Su legado nos recuerda que lo que no es nombrado, permanece en los márgenes de la justicia.

Así fue como Lagarde y la fuerza de su pensamiento superaron los límites del discurso escrito. Desde el Congreso fundó y presidió la Comisión Especial para dar seguimiento a los feminicidios en la República Mexicana. Ahí, junto con 70 investigadoras, demostraron que la violencia feminicida es un problema de escala nacional, que no se detiene en las fronteras de Ciudad Juárez.

La evidencia fue decisiva para que, poco tiempo después, Lagarde tuviera un rol central en la elaboración de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una de las legislaciones más importantes en la materia en América Latina.

Lagarde continúa recordándonos que la causa de las mujeres exige perseverancia. Sus palabras en el Edificio de Rectoría de la institución auriverde estuvieron atravesadas por una idea que nos debe retumbar en nuestra vida diaria: la utopía es lo que nos hace caminar. Entender el feminismo como la búsqueda continua de una sociedad más ética, sostenible y basada en la igualdad sustantiva debe seguir empujándonos a esa meta colectiva. Por más que ésta pudiese sonar un tanto inalcanzable.

Pero este encuentro también dejó claro que la igualdad sustantiva es distante. La primera rectora de la máxima casa de estudios del Estado de México recalcó que únicamente ocho de los 62 doctorados Honoris Causa otorgados desde 1980 han reconocido la trayectoria de alguna mujer. La lucha solo se sostiene desde las trincheras que conocemos y desde las que imaginamos.

Hoy es impensable hablar de feminismo y de justicia sin referirnos a Marcela Lagarde y de los Ríos. Esa mujer que se sigue atreviendo a desafiar al patriarcado, a nombrar, a incomodar y a señalar que este mundo le sigue debiendo justicia y reconocimiento a las mujeres. Ese mundo que deberíamos entender en clave feminista: “por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas”.

Cada Día de las Madres replicamos y escuchamos discursos sobre amor incondicional, sacrificios y entrega. Pero detrás de éstos, hay una estructura económica que descansa sobre un trabajo de cuidados –muchas veces invisible y no remunerado– que hemos normalizado. Por eso, hablar de deuda soberana también implica discutir desigualdad de género.

Las finanzas públicas suelen presentarse como un asunto técnico, pero sus efectos invariablemente impactan en la vida cotidiana de millones de personas. Particularmente la de aquellas que, cuando el Estado se retrae, absorben silenciosamente los costos del ajuste.

Un reciente estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que el creciente peso de la deuda en países en desarrollo está expandiendo las desigualdades estructurales y revirtiendo décadas de avances. El estudio concluye que el pago de la deuda externa que hacen los países, tiene un impacto desproporcional sobre la calidad de vida de las mujeres, ya que se generan recortes en los sistemas de salud y de cuidados.

La advertencia del organismo internacional es contundente: "la deuda soberana no es un problema matemático. Es un problema humano". Esta conclusión revela que buena parte de las consecuencias de las crisis fiscales terminan trasladándose directamente al espacio doméstico y familiar, recayendo principalmente sobre las madres.

El informe estima que estas dinámicas de retracción estatal ponen en riesgo el equivalente a 55 millones de empleos femeninos en el corto plazo. De transitar a una carga de endeudamiento alta, en el largo plazo, la cifra podría llegar a 92.5 millones de puestos de trabajo perdidos con una disminución de 17% en el ingreso per cápita de las mujeres. Para los hombres, el mismo estudio calcula pérdidas equivalentes a 18.5 millones de empleos en el corto plazo y 35.5 millones en el largo plazo sin impacto significativo en sus ingresos.

Las cifras muestran una diferencia de fondo: conforme aumentan las restricciones fiscales, más mujeres salen del empleo formal y son desplazadas hacia trabajos precarios e informales o hacia labores de cuidado no remuneradas, pero las consecuencias más alarmantes aparecen en materia de salud pública. El estudio estima que el servicio de la deuda puede provocar un incremento de 32.5% en la mortalidad materna en el largo plazo, equivalente a 67 muertes adicionales por cada 100 mil nacimientos.

La deuda no solo limita el gasto gubernamental. También reorganiza silenciosamente la distribución del tiempo, del trabajo y de las responsabilidades dentro de los hogares. Lo que para unas personas es una cuestión de restas y ahorros, para otras implica postergar proyectos, dejar empleos, cuidar sin apoyo o enfrentar servicios públicos de mala calidad.

La estrategia es poco sostenible. La salida de mujeres del empleo formal reduce la base tributaria y limita la capacidad recaudatoria de los Estados. El PNUD pone en evidencia que cuando las mujeres son desplazadas del empleo formal, el Estado también pierde capacidad económica recaudatoria y social.

Cuando los gobiernos reducen la inversión en bienestar para cumplir obligaciones financieras, las desigualdades existentes no desaparecen. Por el contrario, se profundizan, de manera más abrupta para las mujeres. La deuda soberana no solo se paga con recursos públicos. Muchas veces también se paga con el tiempo, la salud, las oportunidades, la sobrecarga y el cuerpo de millones de mujeres.

Después del 10 de mayo, conviene cuestionar las estructuras económicas que dependen del trabajo de cuidados para sostenerse. La maternidad no puede honrarse solo desde el sacrificio, sino con políticas públicas que reconozcan que además de madres, las mujeres somos personas con derechos, autonomía y proyectos propios.

El 6 de mayo el Congreso del Estado de México aprobó una reforma electoral que, revela una transformación de fondo: las elecciones mexiquenses han entrado en una etapa de mayor complejidad institucional. La reforma armoniza disposiciones locales con cambios recientes de la Constitución federal y reconoce que el sistema electoral estatal enfrenta una dimensión operativa distinta, marcada por la concurrencia de elecciones locales y federales con la elección de personas juzgadoras. No es un ajuste aislado de fechas; es una forma de reconocer que la elección de 2027 exigirá tiempos distintos a los que durante años ordenaron la vida electoral local.

La magnitud logística y territorial de esa tarea modifica la arquitectura bajo la que el Instituto Electoral del Estado de México había organizado elecciones los últimos años. Entre los ajustes aprobados destaca el inicio formal del proceso electoral en la primera quincena de septiembre del año previo a la jornada. La medida responde a una necesidad concreta: contar con más tiempo para la planeación técnica, presupuestal y operativa.

Conviene insistir en un punto que suele pasar inadvertido. El proceso electoral no empieza el día de la jornada ni se reduce a la instalación de casillas. Antes de que la ciudadanía acuda a votar, se requiere integrar órganos desconcentrados, designar consejerías y vocalías, buscar inmuebles, planear presupuestos, reclutar SEL y CAEL, así como preparar candidaturas independientes. En los hechos, estas actividades ya rebasaban los tiempos previstos por la legislación anterior.

En el caso mexiquense, la complejidad adquiere una dimensión adicional por el tamaño del electorado, la incorporación de la elección judicial y la coexistencia de distintos cargos, boletas y procedimientos dentro de una misma jornada. Esa realidad obliga a revisar si las normas responden a las necesidades prácticas de la autoridad electoral, pero también a las expectativas de una ciudadanía.

Lo que está de fondo es la adaptación del sistema electoral del Estado de México a una nueva realidad institucional. La manera en que el IEEM logre traducir estos ajustes en elecciones técnicamente viables y administrativamente funcionales será una prueba relevante de su capacidad para responder a los retos democráticos en los próximos años. Esa será, quizá, la verdadera medida de la reforma: que los cambios legales se traduzcan en una elección mejor preparada.