Comunicación
Social

Las redes sociales se han convertido en una de las infraestructuras comunicativas más influyentes del siglo XXI. Sin embargo, en los últimos meses distintos países comenzaron a cuestionar sus efectos en la vida cotidiana, particularmente, en la vida de las infancias y juventudes. El debate ya no gira únicamente en torno a su utilidad, sino sobre los riesgos que pueden representar para las nuevas generaciones.

Esta discusión impulsó una oleada de iniciativas en distintas regiones del mundo. Australia fue el primer caso visible: en diciembre del año pasado aprobó una ley para prohibir el uso de redes sociales a personas menores de 16 de años, bajo la premisa de proteger a las infancias de contenidos nocivos, acoso en línea y dinámicas de adicción.

La iniciativa australiana abrió una discusión que pronto encontró eco en otros países. En Europa, el presidente de España, Pedro Sánchez, anunció su intención de avanzar con una medida similar. En la misma línea, la segunda cámara del Parlamento británico votó en enero por limitar su uso para menores de edad. Francia, Austria, República Checa, Dinamarca y Grecia ya analizan propuestas semejantes.

El debate no se limita a Europa. En Asia, gobiernos como los de Indonesia y Malasia comenzaron a explorar el mismo camino. En América Latina, Brasil discute mecanismos de verificación de edad en plataformas digitales, mientras que en Ecuador se analiza una iniciativa legislativa para restringir el acceso de menores de edad a redes sociales.

A primera vista, estas medidas parecen responder a una preocupación legítima. Sin embargo, hay dos cuestiones centrales que han quedado parcialmente fuera del debate público: cómo pretenden implementarse prohibiciones y si realmente resolverían el problema que buscan contener.

Hasta ahora, pocos países han explicado con claridad cuáles son las medidas operativas para aplicar estas restricciones. Australia es el único país que ha planteado un mecanismo concreto mediante sistemas de reconocimiento facial para verificar la edad de las personas usuarias. Sin embargo, estas tecnologías han sido cuestionadas por sus sesgos y por la facilidad con la que pueden ser burladas, desde gestos faciales hasta el uso de identidades de adultos.

El uso de estos sistemas abre un debate delicado sobre las medidas de verificación. La recopilación de datos biométricos, el escaneo de documentos oficiales o el registro de rasgos faciales implican almacenar información sensible. Para muchos especialistas en privacidad digital, estas soluciones podrían derivar en esquemas de vigilancia sin precedentes.

No se trata de una preocupación hipotética. En octubre pasado, la plataforma Discord sufrió un hackeo que expuso documentos oficiales y datos personales de usuarios. Episodios como este recuerdan que concentrar grandes volúmenes de información sensible también implica riesgos.

Pero el problema de fondo no es solo cómo se aplicarían estas restricciones, sino si la prohibición es realmente la mejor respuesta. Algunos investigadores advierten que impedir el acceso no elimina los riesgos, sino que los desplaza.

Una madre en España lo resumía con claridad: prohibir puede sonar convincente, pero no significa que las y los adolescentes dejarán de estar en internet; significa que probablemente lo harán de forma discreta, a través de espacios que suelen quedar fuera de estas restricciones, como aplicaciones de mensajería cifrada, comunidades de videojuegos o foros en línea.

El problema, por tanto, no desaparece: simplemente cambia de espacio. Por eso la discusión debería desplazarse de la prohibición hacia la regulación de las grandes empresas tecnológicas. Más que expulsar a las juventudes del espacio digital, habría que exigir plataformas seguras, mecanismos de protección efectivos y entornos en línea que no reproduzcan los riesgos que hoy preocupan a gobiernos y familias.

El 2 de marzo de 1996, como resultado de las demandas ciudadanas, nació el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) con un objetivo preciso: dotar de certeza y legalidad a la disputa por el poder político. Treinta años después, sería simplista medir el impacto del IEEM solo con el número de elecciones organizadas. Por el contrario, debemos ponderar su capacidad para preservar confianza pública y generar certidumbre a los procesos electorales y a los actores políticos.

La trayectoria del IEEM puede leerse a partir de tres dimensiones que explican su solidez. La primera: capital humano. En una democracia, las reglas importan, pero su eficacia depende de quienes las interpretan, ejecutan y sostienen día a día. Buena parte de la legitimidad descansa en equipos técnicos, jurídicos y operativos que han hecho del servicio electoral una vocación.

Desde las y los Capacitadores Asistentes Electorales Locales (CAEL) que recorren el territorio para invitar a la ciudadanía a participar en la integración de Mesas Directivas de Casilla (MDC), hasta auxiliares logísticos, jefaturas de departamento, subdirecciones, direcciones y consejerías, hay una cadena institucional cuya relevancia no es decorativa. El Instituto no se explica solo por su diseño formal, sino por la calidad profesional de quienes lo hacen funcionar.

La segunda dimensión: organización electoral. En 30 años, el IEEM ha organizado 24 procesos electorales: 5 de Gubernatura; 10 elecciones de diputaciones y ayuntamientos; 8 extraordinarias: Ayapango, Chalco, Atenco, Tepotzotlán, Ocoyoacac, Chiautla, Nextlalpan, Atlautla y la elección de personas juzgadoras.

Además, el IEEM atiende el padrón y la lista nominal más grande del país, integrada por más de 13 millones de ciudadanas y ciudadanos, en la entidad con más distritos electorales: 45 en total. Cada elección implica una planeación minuciosa, logística compleja y rigor técnico para garantizar que la voluntad expresada en las urnas se traduzca en representación legítima y certeza.

Sin embargo, la complejidad no es solo operativa. También supone crear condiciones para que el ejercicio de los derechos político-electorales ocurra en términos de igualdad. Por ello, el Instituto incorpora de manera transversal la perspectiva de género y despliega medidas específicas para fortalecer la participación de pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, población LGBTTTIQ+ y personas afromexiquenses. Vistas así, la inclusión no es un elemento accesorio, sino un criterio que orienta el diseño y organización de cada elección.

La tercera dimensión ocurre fuera de los reflectores de la jornada electoral. La democracia no se termina en la instalación de casillas requiere de una labor permanente de educación cívica y promoción de la democracia. A lo largo de estos treinta años, más de 11 millones de mexiquenses han participado en programas orientados a fortalecer el conocimiento de sus derechos político-electorales, haciendo suya esta institución.

A ello se suma la formación gratuita de especialistas mediante posgrados que profesionalizan la materia electoral y producen conocimiento. Ese esfuerzo también puede leerse en resultados concretos: 14 generaciones de la Maestría en Derecho Electoral, 11 de la Maestría de Administración Electoral y 13 de la especialidad en Derecho Procesal Electoral.

Estas tres dimensiones —profesionalización interna, capacidad organizativa y trabajo permanente con la ciudadanía — permiten entender por qué el IEEM se ha consolidado como referente nacional. En tiempos en que la confianza institucional suele ser frágil, la experiencia mexiquense muestra que la estabilidad democrática no surge por inercia. A lo largo de estas tres décadas de existencia, el IEEM ha generado las condiciones necesarias para que las elecciones sean el único mecanismo de transferencia pacífica del poder.

Se suele decir que lo que no se mide no se puede mejorar. En sociedades desiguales y patriarcales como las que todavía imperan en el mundo, esta afirmación adquiere un sentido urgente

Durante años asumimos que los datos bastaban para dialogar con objetividad. Pero si algo sabemos ahora –y tenemos tiempo intentando subsanar– es que el sujeto de estudio por default todavía suele ser el hombre. Sí, en masculino.

Cuando tenemos datos que no están desagregados por algo tan básico como el género, la duda es inevitable. Si analizamos, por ejemplo, la violencia contra candidaturas sin distinguir por ubicación geográfica, afiliación política, identidad étnica y género, ¿qué tanto podemos realmente comprender? ¿Qué dimensiones permanecen invisibles? ¿Qué riesgos quedan sin atender?

Se suele decir que lo que no se mide no se puede mejorar. En sociedades desiguales y patriarcales como las que todavía imperan en el mundo, esta afirmación adquiere un sentido urgente. Si no entendemos cómo, dónde y cuándo ocurre aquello que buscamos atender, difícilmente podremos avanzar respuestas firmes y contextualizadas.

Ahí radica el valor del análisis basado en evidencia. No solo se trata de contar con la estadística, sino en tener datos rigurosos y oportunos para generar análisis relevante para la toma de decisiones.

Para dimensionar lo que significa diseñar a medias, pienso en algunos casos ampliamente documentados, como la fatalidad de los accidentes automovilísticos. La mujer invisible de Caroline Criado Perez expone que las mujeres tenemos 47% más probabilidad de sufrir lesiones graves y 17% más probabilidad de morir en el mismo accidente de tránsito que los hombres. El porqué es tan simple que resulta doloroso, pues reside en que los cinturones de seguridad y las pruebas de choque se han basado en modelos con anatomía masculina.

Aunque la ingeniería está fuera del ámbito inmediato de aplicación de algunas personas lectoras –del mío propio–, el ejemplo me permite derivar una realidad: no estudiar con las mujeres en mente puede tener consecuencias graves e incluso letales.

Para la vida pública, esta afirmación es especialmente relevante. La ausencia de diagnósticos adecuados y marcos normativos eficaces para atender las brechas de género y la violencia política puede derivar en escenarios extremos, incluido el feminicidio. Entre uno y otro polo existe una amplia gama de agresiones –simbólicas, digitales, psicológicas, económicas y físicas– que son reales y exigen atención seria.

Los datos muestran avances importantes en términos de representación, pero también desafíos persistentes. El último Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que, para 2024, una cuarta parte de los ayuntamientos estaban encabezados por presidentas municipales.

Y, aunque la paridad en lo local todavía no es una realidad, hay razones para ser optimistas. Allí donde las reglas de paridad rigen la postulación e integración de órganos de elección popular, los resultados son tangibles. De acuerdo con el mismo Censo, el 60% de las sindicaturas y el 54% de las regidurías de nuestro país son ocupadas por mujeres.

Esto confirma que cuando las instituciones incorporan la evidencia y diseñan reglas con perspectiva de género, la realidad puede cambiar. No basta con saber que en México existen más de dos mil municipios y que algunos son encabezados por hombres y otros por mujeres. Sin conocer su distribución, las barreras específicas que enfrentan y las condiciones bajo las cuales ejercen el cargo, no podemos tomar decisiones informadas ni implementar intervenciones eficaces.

Medir con perspectiva de género e interseccionalidad es, en esencia, un acto democrático. Significa reconocer que todas las personas cuentan, que cada experiencia es valiosa y que una democracia que no ve a las mujeres no logra verse a sí misma.

POR AMALIA PULIDO

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México

@pulido_amalia

A partir de definiciones como aquella propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), podemos resumir que esta violencia parte de agresiones que utilizan redes sociales

En la década de 1970, Radia Perlman contribuyó de manera decisiva al desarrollo de un protocolo que hizo posible la interconectividad y, por lo tanto, la expansión del internet como lo conocemos hoy. Años después, ese espacio que fue pensado -y hecho realidad en parte por una mujer- para conectar a las personas de todo el mundo, se convirtió en un escenario donde la violencia encontró formas novedosas de reproducirse. La violencia digital contra las mujeres en razón de género forma parte de otra cara de la conectividad que no siempre queremos ver.

A partir de definiciones como aquella propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), podemos resumir que esta violencia parte de agresiones que utilizan redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas digitales para hostigar, amenazar, vigilar o exponer a las mujeres. El componente que no podemos perder de vista es que lo digital es real. Diversos estudios han demostrado que lo que ocurre en línea tiene impactos tangibles en la vida cotidiana. Desde daños psicológicos y autocensura hasta suicidios y feminicidios, los hallazgos relacionados a la violencia contra las mujeres en esta esfera deberían de estar empujando medidas proactivas y urgentes.

Sus manifestaciones son diversas. Van del ciberacoso a la suplantación de identidad, y del acceso no autorizado a cuentas personales a difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Pero el problema ya no necesariamente radica en su categorización, sino en que muchas de estas agresiones se realizan desde perfiles anónimos o identidades falsas, lo que dificulta identificar a las personas responsables y, al mismo tiempo, favorece la propagación e impunidad de estos ataques.

El Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del INEGI reporta que, en México durante 2024, el 21% de la población usuaria de internet de 12 años y más fue víctima de ciberacoso. Esto equivale a casi 19 millones de personas, entre las que más de la mitad se identificaron como mujeres. Destaca que en el 60% de los casos, la violencia fue ejercida por personas cuya identidad desconocían, caracterizándose por el envío de mensajes ofensivos en donde el hostigamiento permaneció como una constante.

Uno de los casos que permitió ampliar la visibilidad de esta violencia, y que lo puso en la agenda política, ocurrió hace más de una década. Olimpia Coral Melo, cuando apenas cumplía la mayoría de edad, se enfrentó a la difusión no consentida de un video íntimo. Lo que comenzó como exigencia de justicia frente a una agresión personal, al poco tiempo se convirtió en un movimiento social. De esa experiencia, surgió la llamada Ley Olimpia, un conjunto de reformas que reconoce la violencia digital como una forma de violencia de género y que sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

El impacto de esta iniciativa trascendió las fronteras nacionales. La Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA), reconoce en los movimientos de mujeres el impulso en la construcción de respuestas normativas. Olimpia y la ley que lleva su nombre son el referente regional para nombrar, visibilizar y avanzar en la erradicación de esta violencia.

Sin reglas claras, capacidades institucionales y corresponsabilidad social, el avance de la tecnología como amplificador de desigualdades y violencias puede llegar a un punto sin retorno. Por eso, garantizar que el internet sea un espacio seguro exige acción: responsabilidad de las plataformas, políticas públicas eficaces y una cultura digital sin impunidad. Sobre todo, es necesario promover la información y las herramientas necesarias para salvaguardar nuestras interacciones en la esfera digital.

POR AMALIA PULIDO GÓMEZ

CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA

En solo una década, Perú ha tenido ocho presidentes. Poco a poco, la inestabilidad se ha convertido en la normalidad política. Pero los periodos que no terminan con conteo de votos

Entre acusaciones de presunto tráfico de influencias, falta de idoneidad política, contrataciones públicas irregulares y reuniones al margen de los canales oficiales, Perú suma otro presidente que no logra completar su mandato. El 17 de febrero de este año, después de tan solo cuatro meses, el Congreso de Perú removió a José Jerí del Ejecutivo. La ciudadanía será convocada a las urnas el 12 de abril mientras un jefe de Estado transitorio llena la silla.

En solo una década, Perú ha tenido ocho presidentes. Poco a poco, la inestabilidad se ha convertido en la normalidad política. Pero los periodos que no terminan con conteo de votos y actas de mayoría no pueden explicarse únicamente a partir del comportamiento de una persona. En realidad, esta dinámica se cimenta en cuestiones menos visibles, pero de gran calado: contrapesos amplios, dispersión del poder generalizada y una ciudadanía relegada a un rol pasivo.

Tras el intento de autogolpe de Estado protagonizado por Pedro Castillo en 2022, el Congreso fortaleció su capacidad de control, lo que en la práctica ha limitado el margen de acción de la presidencia. En este contexto, la “cuestión de confianza” -mecanismo que permite al Ejecutivo presionar al Legislativo e incluso propiciar su disolución- se convirtió en un eje central de la disputa por la supremacía política. Dentro de este escenario, el Tribunal Constitucional ha asumido un papel decisivo, pues sus interpretaciones pueden inclinar la balanza del poder; por ello, su composición y decisiones se han vuelto objeto de disputa entre mayorías circunstanciales.

Pero la presidencia peruana no es el único actor particular de la política andina. El Congreso de Perú no articula un proyecto ideológico estable. Por el contrario, predomina la inercia de una coalición heterogénea sin un rumbo común, sobre la creación de alianzas sostenibles. Incluso se han evidenciado élites económicas formales y redes ligadas a economías informales -minería, pesca, transporte y extracción de recursos renovables- cuyos objetivos residen en negociar excepciones y evadir reglas sobre hacer Estado.

Por eso no solo es la dispersión del poder lo que fomenta ese -no necesariamente positivo- dinamismo, sino su efecto práctico. Que la política se organice alrededor de transiciones y no de responsabilidades implica que la discusión se centre en quién ocupa el cargo y no en qué compromisos asume, con qué capacidades cuenta y qué incentivos tendrá para sostener decisiones estratégicas para lo público. El resultado es una presidencia temporal rodeada de redes permanentes que presionan por privilegios o excepciones. Más que sustituciones, la alternancia desordenada se convierte en una coreografía que simula control sin producir conducción. La pregunta es clara e incómoda: ¿quién conduce un país cuando la política se limita a reemplazar mandatos inconclusos?

La lección es clara: no podemos permitir que la ciudadanía se acostumbre al vacío. En Lima, la destitución del presidente fue recibida con la frase “todo es igual, nada cambia”. A esta fragmentación electoral por falta de entusiasmo hacia la oferta política, rechazo a las élites y desconexión con partidos, la politóloga María Victoria Murillo la ha bautizado como “descontento vertical” caracterizado, incluso, por menor participación y protestas masivas.

El desgaste político en Perú no radica en la constante sustitución de presidentes, sino en un sistema político donde el poder se disputa entre una rendición de cuentas limitada y una ciudadanía que observa a la distancia. El 12 de abril habrá elecciones, pero el verdadero reto está en que la oferta despierte entusiasmo. Más allá de las campañas y las urnas, las democracias se desgastan cuando cambia la superficie y el fondo queda inmóvil.

POR AMALIA PULIDO 

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México

@pulido_amalia