Lo ocurrido en las urnas costarricenses el domingo no puede leerse únicamente en clave ideológica. Bajo la superficie se mueve una tensión profunda que hemos tendido a ignorar por concentrarnos en el clivaje de izquierda y derecha.

Laura Fernández, la candidata oficialista, será la presidenta de Costa Rica, por lo que es pertinente preguntarse cuáles son las causas de esta victoria.

Tanto en la elección presidencial como en la legislativa se expresó un tipo de motor social que surge del miedo a la violencia y de la expectativa de orden. Esa fuente de legitimidad movilizadora, pero ambivalente, paradójicamente, puede pavimentar el camino a la debilitación de las instituciones que hacen posible a la democracia misma.

La conexión entre la demanda de orden y la expansión de la confianza hacia liderazgos populistas y antisistema no es nueva. Sin embargo, Costa Rica se posicionó como una de las democracias más estables de la región, con instituciones y cultura política sólidas. Esa imagen de excepcionalidad ha comenzado a desvanecerse por las dinámicas del crimen organizado y de la desigualdad social.

La sensación de vulnerabilidad se convirtió en el terreno fértil donde las propuestas de mano dura contra la delincuencia echó raíces. Entre estados de excepción, endurecimiento penal, la promesa de megaprisiones y una retórica refundacional iniciada por su predecesor, Laura Fernández consiguió una victoria irrefutable.

El triunfo de la segunda mujer electa para la presidencia del país de la “pura vida” no es menor. Se sustenta en una participación cercana al 70% y en un porcentaje de votos para esquivar una segunda vuelta. La nueva administración inicia la “tercera república” con un margen político respaldado por una movilización ciudadana.

Pero los contrapesos a las mayorías suelen emerger incluso cuando los liderazgos gozan altos niveles de aprobación. Aunque la elección de la candidata oficialista representa un respaldo a la continuidad del proyecto iniciado por Rodrigo Chaves –actual presidente sin posibilidad de reelección inmediata–, el escenario legislativo introduce matices.

Según los resultados preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) de Fernández y Chaves obtuvo una bancada amplia, pero insuficiente para aprobar reformas constitucionales sin coaliciones. Las 31 diputaciones le dan al partido la mayoría que le permite actuar en áreas como seguridad y presupuesto. Sin embargo, la generación de alianzas será impostergable para pasar el discurso “refundacional” a la acción.

El cambio observado en el votante mediano no puede reducirse a un apoyo superficial a soluciones punitivas. La inseguridad y la desigualdad operan como fuerzas que reconfiguran la relación entre ciudadanía e instituciones. Ahí donde la sensación de vulnerabilidad se vuelve la norma, la paciencia con los procedimientos y los equilibrios institucionales se esfuma.

En este contexto, el discurso de “refundación” adquiere un peso simbólico. Pero lo decisivo es su contenido: si se interpreta como el desplazamiento de controles para la concentración de poder, la fragilidad institucional que alimentó el malestar puede profundizarse. Si se asume como un proceso de fortalecimiento institucional y reconstrucción social, el horizonte cambia. El desafío está en transformar las instituciones para volverlas capaces de responder de manera sostenida dentro de los límites democráticos.

Costa Rica grita lo que la región ha susurrado: el miedo puede ser un motor político o un atajo peligroso. Más que una anomalía, lo ocurrido en Costa Rica parece un espejo de la creciente tensión entre orden y democracia; urgencia y procedimiento; miedo y Estado de derecho. Mirar esa tensión sin confusores es el primer paso para que la legitimidad que hoy se expande no sea la grieta del mañana.

La IA avanzó con una rapidez vertiginosa que dejó poco margen para que las instituciones entendiéramos qué nos puede aportar -y qué riesgos encierra

Hace unos días, el Museo Nacional de Antropología fue sede de la presentación de los Principios de Chapultepec y la Declaración de ética y buenas prácticas para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en México. El encuentro, coordinado entre la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, no fue un gesto simbólico menor: colocó pasado, presente y futuro en un mismo plano para encarar a una tecnología que ya opera en nuestras instituciones.

La IA avanzó con una rapidez vertiginosa que dejó poco margen para que las instituciones entendiéramos qué nos puede aportar -y qué riesgos encierra-. Aunque los postulados no sean vinculantes, estos principios son un primer paso valioso para dejar de fingir que la penetración de la IA en la esfera pública no requiere reglas claras.

En el centro del documento hay diez enunciados que orientan la integración de la IA en el actuar institucional. Algunos funcionan como líneas rojas: “La IA debe ampliar derechos, nunca reducirlos”; “Si una decisión no puede explicarse, no debe automatizarse”. Tener responsables humanos es, más que un tecnicismo, una salvaguarda democrática frente a la opacidad algorítmica y la dilución de responsabilidades.

Pero el valor agregado de los principios reside en su enfoque en la justicia social. La tecnología no es neutral: sus sesgos provienen del diseño humano y su inaccesibilidad puede profundizar brechas. En una región donde coexisten extremos de riqueza y exclusión, la IA puede amplificar desigualdades si no se orienta con criterios de equidad.

Las mesas del foro sobre IA que acompañaron la presentación tocaron puntos esenciales y complementarios, como el dilema respecto a los derechos de autor, el rol del Estado frente al mercado, y su relación con la justicia, la seguridad y la participación democrática. La discusión centrada en la cooperación interinstitucional e integración de perfiles diversos es clave para responder a la diversidad cultural del país.

Aunque este encuentro supone un avance considerable para la agenda pública, aún existen vacíos. Hay tres retos que, considero, no hemos terminado de delinear.

En primer lugar, es necesario alejarnos de una agenda tecnológica androcentrista o extractivista. México no puede limitarse a consumir tecnología ni replicar modelos que ponen la competitividad por encima de la ética. Para cambiar el rumbo, hay que combinar participación pública, profesionalización de talento local y reglas que permitan auditorías y evaluación ambiental. La carrera por “ponernos al día” no puede convertirse en nuestra “hora cero”.

En segundo término, los Principios no pueden quedarse en papel. Avanzar al terreno legislativo es indispensable para que la regulación no se quede en buenas intenciones. Hasta el año pasado, en la LXVI Legislatura se habían presentado 87 iniciativas relacionadas con IA. Aun así, seguimos sin un marco regulatorio consolidado. Esa tensión exige instrumentos que permitan evaluar y auditar sin renunciar a derechos fundamentales.

Y con eso el tercer y último punto. El nombre de estos principios representa una continuidad simbólica con el pasado. En 1994, la Declaración de Chapultepec estableció 10 principios bajo la convicción de que el poder no puede limitar la libertad de expresión o de prensa. La lección permanece: cualquier regulación democrática debe buscar expandir las libertades, no coartarlas.

Si queremos que la IA fortalezca la democracia y reduzca desigualdades, debemos ir más allá de lo técnico. Solo cuando estos principios se traduzcan en prácticas evaluables, la discusión dejará de ser una carrera declarativa para convertirse en una apuesta real por un desarrollo tecnológico justo y democrático.

Dra. Amalia Pulido Gómez

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México

El frío congelante ha aislado a buena parte de la población y el periodo de campaña reduce la posibilidad de que el electorado conozca otras propuestas

A finales de octubre del 2025 Japón vivió un parteaguas histórico, por primera vez una mujer se convertía en Primera Ministra. A tres meses de ese momento, Takaichi vuelve a ser el centro de la conversación. Esta vez, la noticia es su decisión de convocar a elecciones anticipadas.

Aunque las diferencias entre sistemas presidenciales y parlamentarios se han estudiado durante décadas, este tipo de recursos nos recuerdan que la política real siempre va un paso más allá de lo que dice la literatura.

En la teoría, tenemos contrastes claros. En los sistemas presidenciales, el Poder Ejecutivo se elige por voto popular para un periodo fijo y no necesariamente quien encabeza al Ejecutivo es la misma persona que lidera al partido. En cambio, en los parlamentarios, quien ocupa el cargo de primer o primera ministra (PM) depende de la confianza del Parlamento; es decir, su permanencia depende de mayorías legislativas.

La literatura reconoce que un o una PM puede convocar a elecciones anticipadas o plantear votos de confianza para renovar su respaldo. En Japón, estas snap elections son más una constante que una excepción.

Las razones suelen ser estratégicas: aprovechar la debilidad de la oposición, capitalizar la “luna de miel” de los primeros días/meses en el cargo, superar una crisis política o legitimar el liderazgo partidista ante el electorado. En esta ocasión, la decisión gravita en un contexto complejo, donde la política doméstica y exterior se entrelazan.

Se pueden distinguir al menos tres elementos que ayudan a dimensionar la singularidad de estas elecciones anticipadas.

El primero responde al ajuste político del país. El Partido Liberal Democrático (PLD), que ha mantenido el poder durante décadas, perdió el apoyo del partido de centro-derecha Komeito por sus diferencias sobre Takaichi. Para sostenerse, el partido se alió con el Partido de Innovación de Japón. Esta coalición, que apenas es mayoría en la Cámara Baja por un asiento, no ha sido refrendada en las urnas. Desde la lógica de la lideresa, acudir al electorado es una forma de preguntar si esa ingeniería parlamentaria cuenta con respaldo ciudadano.

El segundo elemento: la tensión entre gobierno y partido. La PM tiene una aprobación que ronda el 70%, pero su partido apenas roza el 30%. Así, las elecciones se convierten en una apuesta de alto riesgo. Podrían servir para que la popularidad de Takaichi arrastre al partido y le devuelva una mayoría sólida. O, por el contrario, la debilidad partidista podría desgastar a la jefa de gobierno.

El tercer factor trasciende fronteras territoriales. La PM ha mostrado afinidad con Donald Trump y ha expresado la decisión de intervenir si China intentara anexarse a Taiwán. Estas posturas dialogan con el clima internacional actual y con el ascenso interconectado de expresiones de ultraderecha. La cercanía con Washington parece estar fortaleciendo su respaldo entre sectores juveniles que se identifican con el movimiento MAGA.

Pero la estrategia política no siempre encuentra eco en la ciudadanía. Algunas voces señalan que la participación del próximo 8 de febrero será baja. El frío congelante sin precedentes ha aislado a buena parte de la población y el corto periodo de campaña, de tan solo 12 días, reduce la posibilidad de que el electorado conozca a fondo otras propuestas.

Al final, la política suele esconderse en la instrumentalización de las reglas y en el uso fino, a veces oportunista, de los mecanismos institucionales. Pero la ciudadanía no es un actor pasivo. Conserva agencia aun en escenarios diseñados estratégicamente desde las cúpulas del poder.

Si la participación se erosiona, ¿estas elecciones fortalecerán el liderazgo de la PM o terminarán colocándola en una posición de vulnerabilidad difícil de revertir? Esa es la apuesta que hoy tiene a Japón mirando a las urnas.

Dra. Amalia Pulido Gómez

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México

Hace unos días, en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobamos cómo se administrarán los poco más de mil 760 millones de pesos asignados por el Congreso local para fomentar la democracia mexiquense en 2026. Pero importa poner este dato en contexto: no es lo mismo el "presupuesto del instituto" y el dinero con el que realmente opera.

Nuestro sistema parte de la decisión de financiar a los partidos políticos con recursos públicos para reducir el peso de intereses privados en lo público. Por eso, casi 6 de cada 10 pesos del presupuesto (58 por ciento) del IEEM va a directamente a su financiamiento.

Esta distinción no es menor. En realidad, la porción que corresponde al IEEM respecto del total asignado es la menor desde 2014. Esto coloca al Instituto en un escenario de planeación particularmente exigente, pues sin comprometer calidad ni integridad, estaremos operando dentro de un margen presupuestal estrecho.

Y aunque el 2026 está marcado como un año sin comicios locales, la ausencia de casillas no es una pausa administrativa. Si sólo entendemos la democracia en términos de urnas y votos, el entramado institucional y jurídico que garantiza jornadas competitivas, imparciales e inclusivas queda invisibilizado y debilitado.

Además, éste no es un año cualquiera. Por el contrario, es el año de los preparativos de la elección más grande en la historia del Estado de México. Por primera vez, además de los cargos federales, la ciudadanía votará por diputaciones locales, ayuntamientos y Poder Judicial mexiquense. Es una combinación inédita que exige coordinación, logística, previsión normativa, capacidad operativa y condiciones de seguridad.

La reforma constitucional de 2014 concibió a los Organismos Públicos Locales Electorales como instituciones de trabajo continuo, pues una elección no se organiza con prisa ni se construye en los últimos meses. En realidad, la integridad se construye mucho antes de que la ciudadanía marque sus boletas. Tres frentes ilustran por qué.

Primero, la educación cívica. Parte del gasto se orientará a promoción de cultura democrática, actividades académicas y una mejor divulgación institucional. Sin una estrategia sostenida la planeación es estéril, lo que está en juego es participación informada, comprensión de derechos y confianza en las reglas.

Segundo, el factor humano. La Organización de los Estados Americanos ha destacado que los organismos electorales son instancias especializadas que deben de contar con personal calificado y profesional. Detrás de toda democracia hay personas y capacidades técnicas que requieren de actualización constante y mejora continua de herramientas de gestión. Esto permite que lo electoral funcione incluso cuando más presión recibe.

Tercero, la infraestructura tecnológica. Este año trabajaremos en mejorar más de 65 sistemas: perfeccionaremos el registro de candidaturas, cómputos y PREP, y desarrollaremos nuevas soluciones para garantizar la información oportuna, precisa y accesible. La transparencia del IEEM se sostiene con procesos y tecnología que resistan el escrutinio.

Sin embargo, con el ajuste presupuestal se aplicaron medidas de racionalidad y contención que dejaron fuera previsiones que habrían hecho más eficiente la preparación del proceso electoral local 2027: compra de materiales, instalación de Órganos Desconcentrados y otros rubros clave.

En años no electorales, el instituto no está en pausa. Con planeación, profesionalización y reglas claras, la democracia se sostiene antes y después de la jornada. Este año será decisivo para que, en 2027, la voluntad ciudadana se exprese con garantías y se traduzca en gobiernos y poderes locales legítimos.