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Este país ha diseñado su sistema político electoral a través de diversas reformas que han dado cuenta del sentir de la ciudadanía, que ha exigido cambios para delinear una democracia a la cual han aspira un gran número de personas y que, sigue siendo un anhelo permanente.

 

Una de las primeras reformas electorales fue la de 1977, la cual se enfocó en erradicar el verticalismo monocolor que prevalecía prácticamente en todo el país, pues era el PRI el partido que controlaba y tenía cooptado[1] todos los espacios de gobierno tanto a nivel federal como en el ámbito local. Ese aparato funcional que ejercía el poder de manera discrecional y en el que las mujeres tampoco teníamos cabida, fue contenido con esta primera reforma que abrió paso al reconocimiento del pluralismo, en el que el Partido Comunista fundado en 1919, obtuvo el registro para contender durante las elecciones de 1979.

 

El año 1988 fue otro momento de quiebre para la vida institucional en el país; el fraude que ocurrió con la caída del sistema dio paso a una izquierda que comenzó a crecer y le arrebató al PRI la mayoría calificada en la Cámara baja. Con ello, la reforma de 1989-1990 creó el otrora IFE (Instituto Federal Electoral) concebido como un órgano autónomo e integrado por consejeros y consejeras ciudadanas con reconocido prestigio social. Ésta fue una reforma de gran calado, pues fijó nuevas reglas, construyó un nuevo padrón electoral y seleccionó ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla a través de una insaculación.

 

En 1993 aparecieron la fiscalización de los recursos de los partidos por parte del IFE y los topes de gastos de campaña. En 1994 el país vivió otro momento histórico, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y otros movimientos sociales obligaron a Ernesto Zedillo para que en su toma de posesión como presidente de la República anunciara que era necesaria una reforma electoral definitiva, consolidándose hasta 2006 con una integración diferente del IFE y con una nueva fórmula para calcular las prerrogativas de los partidos políticos.

 

La reforma de 2007 marcó cambio en las condiciones de la competencia y la regulación del acceso de los partidos a radio y televisión y, la última en 2014, que nació del Pacto por México y que generó el sistema hibrido en el que nos encontramos actualmente.



Las reformas han estado ligadas a momentos históricos de cambio en nuestro país. La opinión de la ciudadanía debe ser considerada. Hay quienes piensan que nuestro sistema electoral es caro y que debemos migrar a otras opciones, por ejemplo, del papel a la urna electrónica o modificar el monto de las prerrogativas que los partidos políticos reciben frente a la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia ellos y hacia otras instituciones del Estado. Son temas que impactan en la calidad de la democracia y que no deben soslayarse.

 

[1] Carpizo Jorge 1979, El presidencialismo mexicano, Siglo XXI, México

Lunes, 31 Octubre 2022 15:00

Corrupción política

Desde hace décadas el tema de la corrupción ha ocupado un espacio importante en la academia, las organizaciones defensoras de derechos humanos y la sociedad civil que han exigido transparencia en todos los actos que se gestan en los tres niveles de gobierno, en diferentes instancias, incluidos, por supuesto, los organismos autónomos como son los electorales, por ejemplo.

 

Lamentablemente es un tema vigente que debe ponerse al descubierto, pero, ¿quiénes son parte de la corrupción política? ¿Se pueden identificar? Yo creo que sí al analizar cada una de la actuaciones y conductas que se observan. Ayudan mucho los 3 elementos constitutivos de la corrupción: 1) el incumplimiento de una norma, 2) que la conducta se despliegue por una persona que desarrolla una función pública y 3) la obtención de esta persona de un beneficio ya sea propio o para alguien cercano, familiar, amigo, excolaborador subalterno o de mayor jerarquía.

 

Hablamos de actos deshonestos, que se cometen por autoridades, públicas, que abusan de su poder o su cargo e influyen en el mal uso intencional de los recursos humanos y/o financieros a los que tienen acceso, sin transparencia o maquillando ésta. Es un tema que daña a la sociedad y a quienes participan de diversos procesos que el Estado, a través de sus funcionarios y funcionarias, pone en práctica como parte de su función y organización de procesos.

 

Existen diferentes tipos de corrupción que van desde el uso ilegítimo de información privilegiada hasta el tráfico de influencias, las extorsiones, el compadrazgo o el nepotismo, por mencionar sólo algunos.

 

De acuerdo con Transparencia Internacional el “Índice de percepción de la corrupción 2021” revela que los niveles de corrupción se han estancado en los últimos 10 años, lo que sin duda significa un abuso a los derechos humanos y el deterioro de la democracia, pues la corrupción de los funcionarios o funcionarias para tener beneficios personales o para terceros vulnera los derechos humanos, y con ello, el Estado de Derecho de un país.

 

En el caso del el Estado de México, de acuerdo con el "Índice de Estado de Derecho 2021- 2022”, se encuentra en la posición 31 de los 32 estados de la república, con un puntaje general de 0.30, lo que significa que tiene una débil adhesión al Estado de Derecho.

 

Habrá quien seguro pueda ponerse este saco, eso ni dudarlo. Lamentable porque quien lo hace supone carecer de toda ética y moral.

 

Una recomendación es que se revisara y leyera el pasaje donde a Sócrates, condenado a beber cicuta, le ofrecen la posibilidad de fugarse con la ayuda de un guardia, sin que lo acepte. Si Sócrates no hubiese sido un hombre de convicciones hubiera salvado su vida.

 

Es claro que la corrupción sigue siendo el cáncer de la vida pública que hay que erradicar.

El pasado jueves 20 de octubre se llevó a cabo, por parte de la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de México, que actualmente presido, la premiación de quienes granaron el Concurso Crónicas Electorales IEEM 2022. Es el primer concurso de este tipo que se dirige a un grupo de la sociedad muy importante, como lo son los adultos mayores.

 

Al leer cada una de las crónicas y ver los obstáculos que enfrentaron en cada rubro, no pude dejar de pensar en la importancia que las personas adultas mayores deben tener en la sociedad y el papel que, sin duda, jugarán como parte del electorado y/o funcionario electoral en la elección a la Gubernatura 2023.

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020, los adultos mayores son 15,142,976 personas, que representan 12.02% de la población total del país. En el Estado de México hay 1,919,454, que representan 11.30% de la población total de la entidad. Los cinco municipios que cuentan con mayor población son: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla y Toluca.

 

Es un grupo que ha vivido la evolución de la democracia en el país, muchos de ellos vieron materializada la transición democrática en el ámbito nacional, cuando el PRI perdió como partido hegemónico en todas las instancias de gobierno: control y determinación de gobernadores, diputados, senadores y hasta presidentes municipales con el arribo de los gobiernos del PAN que lucharon por ser reconocidos como minoría y grandes críticos del PRI. En 2012 vieron también el regreso del PRI a la presidencia, y en 2018, de nueva cuenta, presenciaron una nueva alternancia con el arribo de MORENA.

 

Hoy en día existe una estrecha relación entre las personas adultas mayores y la pobreza. De acuerdo al informe del CONEVAL en su apartado Pobreza y personas mayores en México, la concentración de la población de 65 años o más en situación de pobreza expresa que más de la mitad se ubicaba en siete entidades: Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Jalisco y Guanajuato. [1]

 

Es un grupo que vive la discriminación en diferentes rubros: el acceso a créditos de vivienda, la falta de acceso al sistema bancario, el maltrato y violencia, los obstáculos en los cuidados paliativos son solo algunos de ellos.

 

Seguramente en el proceso electoral que iniciará en 2023 se podrán observar las propuestas a la ciudadanía mexiquense en este rubro. Y evitar lo que la literatura sobre el clientelismo político en México refiere que confirma que la utilización de programas sociales con esos fines tiene una larga y fuerte tradición y que esta práctica se ha modificado con el paso del tiempo, con una tendencia a la reducción de la coacción y una persistencia de acciones de compra de votos a cambio de acceder a programas sociales[2], lo que no es deseable en una democracia.

 

[1] Datos obtenidos de CONEVAL

[2] Fox, 1994; Cornelius, 2002; et al.

El pasado 10 de octubre el Consejo General del IEEM aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023. Será el gasto que se erogará para la elección de Gobernador o Gobernadora cuya jornada electoral será el 4 de junio de 2023.

 

El presupuesto y su elaboración son actos que deben ser explicados a la ciudadanía materializando principios de máxima publicidad y de rendición de cuentas, sobre todo, al ser recursos públicos los que se ejercen. Dentro del mismo se contemplan el financiamiento público de los partidos políticos para sus actividades permanentes y específicas, así como para la obtención del voto 2023, lo que representan 46.2 % del total del presupuesto. También los pagos de salarios de todo el personal del Instituto, consejeras y consejero electorales que, junto con el secretario ejecutivo, tomamos las determinaciones en materia electoral en la entidad.

 

El presupuesto es un plan numérico que se anticipa a las operaciones que se pretenden ejecutar, sus objetivos son la previsión, planeación, organización, coordinación, dirección y control, sin embargo, no puede pasar inadvertida por quienes formamos parte del Instituto, ni por los actores y actoras políticas que, una de las quejas más recurrentes de la ciudadanía es el alto costo que implica la organización de las elecciones.

 

La mayoría del electorado expresa que, sus demandas en diferentes rubros los cuales van desde la efectiva tutela de sus derechos humanos hasta los temas de servicios públicos en sus comunidades, no han logrado ser satisfechos. Son motivos suficientes por los que consideran que, si bien las elecciones son el mecanismo que se tiene para dar continuidad a los gobiernos que cumplen, castigar a quienes han incumplido o simplemente decidir el cambio de representantes, también es cierto que el alto costo que implica la organización de estas no es acorde con la realidad que día a día se vive.

 

Algunas cifras nos permiten dar cuenta que del total de los y las mexiquenses, solo 33.5% está satisfecho con los servicios públicos provistos por los municipios en los que reside y en cuanto al nivel de confianza de la ciudadanía sobre las Instituciones únicamente 5.1% tiene mucha confianza en el gobierno estatal y 24.6% le tiene mucha desconfianza; 2.2% tiene mucha confianza en los partidos políticos y 37.1% les tiene mucha desconfianza; en el caso de los Institutos Electorales 6.4% tiene mucha confianza en ellos y 15.6% mucha desconfianza1 lo que significa que aproximadamente 6 de cada 100 personas tiene mucha confianza en ellos. Datos sin duda que nos obligan a rendir cuentas de nuestro actuar y a ser sensibles a las demandas ciudadanas.

 

1 Encuesta Nacional de Calidad e impacto Gubernamental (ENCIG 2021) (INEGI)

 

En México, cerca de 5 millones de personas se autoidentifican con una orientación sexual e identidad de género LGBTI+. El Estado de México es la entidad federativa que cuenta con el mayor número de personas que se autoidentifican LGBTI+, aproximadamente 489,594.[1]

 

A pesar de ello, no se encuentran representadas en el ámbito legislativo y jurisdiccional. La entidad es una de las 6 en todo el país que no ha reconocido el matrimonio igualitario y que no tiene ninguna acción afirmativa que les permita acceder a cargos de elección popular sin discriminación.

 

A diferencia de lo que ocurre a nivel federal, en donde el INE implementó una acción afirmativa para personas de la diversidad sexual y 21 institutos electorales del país también lo hicieron, el IEEM no generó ninguna; por lo que tendremos que construir una ruta para trabajar colegiadamente en este tema y contar pronto con una propuesta que nos permita generar esa acción afirmativa.

 

El machismo[2] como parte de la cultura patriarcal es en gran medida lo que genera esta resistencia que, lamentablemente, no es exclusiva de hombres, sino también de algunas mujeres que, en conjunto, impiden la materialización de los derechos humanos entre los que se encuentran los político-electorales de la comunidad de la diversidad sexual.

 

Esta es una realidad en la que debemos comprender que la diversidad sexual y de género se refiere a todas las posibilidades que tienen las personas para expresar y vivir su sexualidad, sus preferencias u orientaciones e identidades sexuales y de género. Los Estados deben reconocer legalmente la identidad de género de las personas.

 

Que las personas no binarias son aquellas que no se sienten identificadas con ninguno de los términos de la dualidad tradicional entre lo femenino y lo masculino de la sociedad. Su identidad autoasignada no se percibe totalmente femenina o masculina[3], y que también, deben tener garantizado el respeto a sus derechos en todas las dimensiones.


Aguascalientes ha marcado un precedente, al haber designado por primera vez a un Magistrade no binario en el Tribunal Electoral, quien lo logró a través de un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales.

 

En nuestra entidad estos vacíos que prevalecen en las instituciones del Estado deben cambiar y ajustarse a la realidad. Los grupos históricamente discriminados comenzarán a cobrar relevancia en los próximos meses, pues han exigido durante décadas ser escuchados. Es justo y obligatorio que sus derechos efectivamente se materialicen: son parte de nuestra sociedad, son parte de la ciudadanía.


[1] Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021

[2] Glosario para la igualdad. Instiituto Nacional de la Mujeres

[3] Guía para la acción pública contra la homofobia. México, Conapred, 2012, p. 15.

 

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