En México, alrededor de 6% de la población vive con alguna discapacidad, porcentaje que representa más de 5 millones de personas[1] y debe quedar claro que, la discapacidad no puede ser un motivo ni criterio para privar a las personas del acceso a programas de desarrollo y del ejercicio de los derechos humanos, tal y como lo refiere la Agenda 2030.

Respecto del voto en prisión preventiva, el 20 de febrero de 2019, la Sala Superior resolvió las sentencias SUP-JDC-352/2018 y SUP-JDC-353/2018[2], cuyos efectos precisaron que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar porque se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia y que el INE debía implementar una primera etapa de prueba para garantizar el voto activo de los presos no sentenciados a fin de garantizar su derecho a votar.

En cifras, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 realizada por el INEGI, la población privada de la libertad en México durante ese año fue de 220.5 mil personas, de las cuales, 94.3% corresponde a la población de hombres y 5.7% corresponde a la población de mujeres. El INE en el proceso electoral de 2021 implementó esta prueba en cinco Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) en Sonora, Guanajuato, Chiapas, el Femenil de Morelos y Michoacán, toca el turno a nuestra entidad.

Sobre el voto presencial de mexiquenses que radican en el extranjero, las casillas se instalarán en los Consulados de Los Ángeles, Chicago y Dallas en Estados Unidos y en Montreal, Canadá; lugares elegidos de acuerdo con el número de matrículas consulares expedidas.

Esta será, como lo anticipé, una elección incluyente cuyos resultados será importante analizar para posteriores ejercicios.

_{[1] Datos de la División de Rehabilitación Pediátrica del Instituto Nacional de Rehabilitación.}

_{[2]Derivado de 2 escritos presentados por personas aprehendidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas}

La medida en que las mujeres han ido dejando atrás los estereotipos de género que se reproducen al interior de la familia, la escuela, el trabajo, entre otros, y despegándose del piso pegajoso, que es el término empleado para referirse a las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en comparación con los hombres para abandonar puestos de trabajo precarios o con peor remuneración, la violencia ha ido en aumento.

Lo mismo pasa en el ámbito político con los techos de cemento donde las mujeres que deciden no incursionar en la esfera política lo hacen por los altos costos personales y familiares que se autoimponen como parte del sistema patriarcal. Y cuando decidimos participar, nos enfrentamos a violaciones que son, en la mayoría de los casos, sistemáticas por parte de los hombres que portan la bandera del género, pero son los primeros y más violentadores. A pesar de contar con mecanismos como el PES[2], este no ha logrado que se sancione a quienes vulneran los derechos de las mujeres.

Es necesario redoblar esfuerzos para informar qué actos, omisiones o tolerancias configuran violencia contra las mujeres. Es necesario conocer la Convención Belem Do Pará: el primer instrumento internacional vinculante en reconocer que la violencia contra las mujeres es una violación sancionable de derechos humanos y que define la violencia como aquel acto que cause muerte, dolor, sufrimiento físico, sexual o psicológico a una mujer, tanto en lo privado, como en el ámbito público.

Nos encontramos en proceso electoral con mujeres participando en la etapa de precampaña, pero también con muchas mujeres en espacios de toma de decisión, mujeres militantes, simpatizantes, mujeres en la sociedad civil, empresarias, líderesas de opinión, capacitadoras electorales, comunicadoras, reporteras, un sinfín de mujeres que, en caso de ser violentadas, debemos alzar la voz y no callar ninguna vulneración a nuestros derechos humanos. ¡No es no! a cualquier tipo de violencia de género.

Durante muchos siglos atrás las civilizaciones más antiguas sortearon su permanencia y forma de organización política, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la Alta y Baja Edad Media de los siglos XI y XV en los que la política era solo fuerza: la fuerza de quien era o se convertía en el más fuerte de entre los reyes, duques y príncipes, hasta que se llegó a la época de las revoluciones que lograron que el reducido grupo que detentaba el poder tuviera que hacer concesiones que nunca antes había pensado y fue cuando apareció el concepto de democracia liberal.

A pesar de que en algunos círculos hay actos incorrectos y contrarios a las virtudes democráticas, hay que reconocer que la democracia como sistema de gobierno se ha impuesto y con ella se garantiza el respeto a los derechos humanos, civiles y políticos de los individuos, no solo eso, también ha dejado clara la relevancia del respeto a la libertad, esa que Benjamín Constant expresó en su discurso en 1819 y que definió la estructura del Estado Moderno.

La libertad de nuestros días hace que nos encontremos sometidos a leyes donde no nos pueden detener, arrestar o maltratar de forma arbitraria si no es bajo lo que la ley dice.

Libertad que tenemos para dedicarnos al oficio o profesión que nos satisfaga, el derecho de reunión y asociación. Estas libertades son parte de la democracia, y con ellas, la libertad de participar en los asuntos públicos a través de la elección de las personas que queremos que nos representen en los diferentes ámbitos de gobierno.

Entender la democracia que hoy tenemos implica también ejercer esos derechos y exigir de quienes se encuentran como funcionarios públicos de cualquier nivel que cumplan cabalmente con su encomienda.

De la autoridad electoral se exige y espera actuar con legalidad, certeza, máxima publicidad en sus decisiones. Pero quizás, por la propia historia de nuestra entidad la que, sin duda estará muy observada, será la imparcialidad con la que actuemos.

Resulta de multiplicar el 65% del valor diario de la UMA vigente en el 2023 es de: $103.74[1], equivalente a $67.431 por el número total de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral de la entidad con corte a julio del año 2022, que es de 12,474,257 dando como resultado la cantidad de $841,151,623.77 (ochocientos cuarenta y un millones, ciento cincuenta y un mil, seiscientos veintitrés pesos 77/100 M.N.), que será distribuida en un 30% de forma igualitaria y un 70% proporcional directa a su votación válida efectiva obtenida en la última elección de diputados locales, es decir, la de 2021.

Las cantidades son muy altas, y por ello, la ciudadanía muestra descontento al no ver satisfechas las demandas sociales respecto a la inseguridad, los servicios públicos, la salud, la erradicación de la violencia contra las mujeres, por mencionar algunos.

Este año los 8[2] partidos tendrán, además de la cantidad anterior, $420,575,811.88 (cuatrocientos veinte millones, quinientos setenta y cinco mil ochocientos once pesos 88/100 M.N) para la obtención del voto en la campaña para renovar la Gubernatura y $25,234,548.71 (veinticinco millones, doscientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho pesos 71/100 M.N) para el desarrollo de actividades específicas, en donde se encuentra el 3% para el liderazgo político de las mujeres, mismo que resulta insuficiente para cerrar la brecha de desigualdad que existe.

Nuestro país tiene un financiamiento mixto en el que prevalece el público, son recursos de toda la ciudadanía y es necesario que se debata si la fórmula es adecuada, sobre todo considerando los índices de pobreza y desigualdad que hay. Sin duda vienen momentos para escuchar propuestas.

[1] Con base en el cálculo y determinación del valor actualizado realizado por el INEGI publicado en el DOF el diez de enero de dos mil veintitrés, se dio a conocer que el valor diario de la UMA es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 M.N.), mismo que estará vigente a partir del primero de febrero de dos mil veintitrés.

[2] PAN, PRI, PRD, PT, VERDE, MOVIMIENTO CIUDADANO, MORENA, NUEVA ALIANZA.

Este tema de las vocalías, hay que reconocer, ha evolucionado, pues años atrás era un acuerdo que se generaba entre las fuerzas políticas que daban sus propuestas. Ahora existe un reglamento que rige el proceso de selección a través de un examen, una entrevista, requisitos y ponderaciones; sin embargo, sigue careciendo de inclusión de la ciudadanía que nunca ha sido parte de estos órganos desconcentrados.

Muestra de ello, es que de los 135 espacios que se designaron, solo 17 de ellos serán ocupados por personas que será la primera vez que participen en el proceso electoral. Esto representa un deficiente 13% para los poco más de doce millones de mexiquenses que tendrán el derecho de votar y ser votados el próximo domingo 4 de junio y que pueden integrar estos órganos.

Las otras 118 personas que fueron designadas ya han participado en otros procesos electorales, 19 de ellas en cuatro, 36 en tres, 31 en dos y 32 en un proceso electoral, respectivamente.

El debate entre tener experiencia y carecer de ésta, no puede ser un obstáculo o justificación para no ser incluyentes. Es necesario generar acciones afirmativas en favor de sectores y grupos históricamente discriminados para que se integre al máximo la ciudadanía y se involucre en los procesos de renovación de poderes que, son característica de las democracias constitucionales como la de nuestro país.

Tampoco se demerita la experiencia adquirida que resulta importante para el aprendizaje, capacitación y eficaz renovación. Lamentablemente existen muchos vicios que, a través de los años, se han generado y que laceran el trabajo y organización de los procesos electorales. En el último de ellos, el de 2020-2021, se sumaron quejas y denuncias por motivos de violencia, lo que es intolerable y recriminable, y no puede observarse de nueva cuenta.

Nos deja como tarea inmediata tal y como se expresó por integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, la revisión del Reglamento de Órganos Desconcentrados y preguntarnos: ¿Qué es lo que pasa?, ¿es el examen?, ¿son las ponderaciones?, ¿es el requisito de la experiencia?, y múltiples preguntas que nos obligarán a modificar lo que sea necesario para el proceso electoral de 2024.