En la época feudal los reyes y la divinidad eran quienes tomaban decisiones de poder importantes. Fue hasta la época de las revoluciones inglesa y francesa que ello comenzó a dar un giro distinto. A partir de esos momentos históricos, han pasado innumerables sucesos en el mundo para llegar a la democracia representativa de nuestros días.

La participación, hay que decirlo, es un acto social y está íntimamente vinculada con la representación política porque, es a través de quienes elegimos como gobernantes, que nos sentimos representados o no; y son ellos quienes están obligados a rendir cuentas de su actuar y de las decisiones políticas que toman.

Es decir, la participación se convierte en algo más que una sucesión de elecciones porque enlaza los procesos electorales con las decisiones políticas cotidianas, esas que en muchas ocasiones no son las mejores, sobre todo, cuando se trata de respeto al Estado de derecho o garantizar los derechos humanos.

Ejemplo de ello, la desaparición forzada de personas. Entre los elementos de su definición se encuentra “la privación de la libertad de una o más personas, cometida por agentes del Estado… seguida de la falta de información… o de informar sobre el paradero de la persona...”.

De acuerdo con Naciones Unidas de 1964 a la fecha han desaparecido 100,000 personas, de los cuales, 97% se refiere a casos posteriores a 2006, casos entre los que se encuentran los 43 estudiantes de Ayotzinapa de quienes últimamente hemos tenido noticias lamentables.

Para la ONU las desapariciones en nuestro país son una muestra de un prolongado patrón de impunidad, por ello, el tema de la participación resulta tan importante, pues pese a que es utópico participar en todo lo público, cierto es que no participar da un cheque en blanco a quienes sí participan para que decidan por todos.

La participación es también un acto colectivo y producto de una decisión personal que también se realiza para cuidar los intereses y los derechos particulares de grupos y de personas que se diluyen en el conjunto mucho más amplio. Sirve para corregir los defectos de la representación política. Es por ello por lo que debemos generar conciencia y hacer un trabajo permanente de incentivar la cultura de participación en todos los ámbitos, más, en lo público.

En 2014 la reforma político electoral llevó a cabo modificaciones para la emisión del voto de los mexicanos residentes en el extranjero: la vía postal, electrónica y la entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en embajadas y consulados.

Esta última no había sido puesta en práctica y a partir de la sentencia que emitió la Sala Superior del TEPJF el 14 de octubre de 2021 ordenó al INE que en los próximos procesos electorales implementara las 3 modalidades.

Por ello, en la renovación de la gubernatura del Estado de México los y las mexiquenses que radican en el extranjero podrán votar de manera presencial por medios electrónicos en los consulados y embajadas a través de la prueba piloto que se implementará por el INE y en la cual el IEEM coadyuvará para garantizar este derecho.

Las sedes para este ejercicio piloto son Los Ángeles, Dallas y Chicago en EE.UU y Montreal en Canadá por ser los países en donde más connacionales radican.

Retos para el propio IEEM: 1) Lograr incentivar la participación ciudadana de quienes residen en el extranjero, por lo cual habrá que hacerles llegar información de su derecho de votar en la elección de la gubernatura, para lo que será necesario establecer comunicación con lideres de organizaciones civiles organizadas y no organizadas, familias que radican en los municipios que tienen más altos niveles de mexiquenses radicando allá como son Ecatepec, Toluca, Naucalpan, Tejupilco y Nezahualcóyotl, por mencionar algunos 2) Promover la credencialización de quienes radican fuera, pues contar con su credencial para votar es el medio para poder ejercer el sufragio. 3) Explicar de forma sencilla y clara el mecanismo para que puedan votar a través de las modalidades que existen.

Hay un tema que debe ser debatido a propósito de la reforma electoral y es que actualmente está prohibido que partidos políticos, sus candidatos y candidatas hagan campaña en el extranjero o utilicen recursos de su financiamiento público o privado y resulta fundamental que quienes viven en otro país y quieran participar, cuenten con información de los proyectos de Estado que se tienen. Este, sin duda, también será un reto para la autoridad electoral: poder acercar la información con la que se cuenta legalmente para promover un voto razonado e informado.

Desde las mujeres que experimentan violencia, las mujeres indígenas que reprochan solo ser usadas para llevar votos a las urnas y exigen espacios de postulación, hasta la comunidad de la diversidad sexual que expresan ser considerados en lugares donde nunca ganarían por ser espacios no competitivos por quienes los postulan o la comunidad afrodescendiente que apenas comienza a ser visibilizada; todos ellos en franca violación de muchos de sus derechos humanos, entre los que destacan, sus derechos político- electorales.

Hoy centraré su atención, amable lector, lectora o lectore en las personas que cuentan con una discapacidad y que durante años han tenido que dar una gran lucha por ser no solo reconocidos sino dejar de ser vistos con un ánimo de asistencialismo; además debemos reconocer que nosotros mismos hemos levantado barreras que en ocasiones resultan infranqueables para quienes forman parte de esta comunidad.

En la última mesa de reflexión que se generó en el IEEM a través de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación que hasta el día presido, contamos con la presencia de 2 testimonios: Angélica compañera del IEEM, quien dio cuenta de cómo sería nuestro mundo si la mayoría fueran ellos y nosotros la minoría: “tal vez chocaríamos con los marcos de las puertas”, expresó; hemos hecho un mundo sin considerar los requerimientos de quienes viven con alguna discapacidad.

No solo ello, Ernesto Martín Rosas Barrientos, quien es miembro de CONFE, explicó que lo que requieren es tener espacios en la vida pública, en los ámbitos de representación popular, que permitan generar políticas públicas desde su mirada y experiencia.

Hay un avance en el ámbito federal en donde el INE obligó a través de una acción afirmativa a postular 6 fórmulas de personas con discapacidad como candidatas a una diputación federal en cualquiera de los 300 distritos electorales por el principio de mayoría relativa y 2 fórmulas por el principio de representación proporcional en cualquiera de las 5 circunscripciones electorales y dentro de los primeros 10 lugares de la lista respectiva, de manera paritaria.

Estos avances, como lo refirió Claudia Zavala, quien es Consejera Electoral del INE, debe replicarse en las entidades federativas.

El IEEM aún no genera ninguna acción afirmativa, pero es claro que no podemos continuar sin atender una responsabilidad que tenemos: garantizar los derechos político electorales de la ciudadanía mexiquense. En la entidad, cerca de 2 millones de ciudadanos cuentan con una discapacidad. No puede seguir pasando desapercibido el tema.

Un gobierno de coalición es aquel que se forma cuando un grupo parlamentario no tiene mayoría suficiente para formar un gobierno, por lo que se ve obligado a pactar con otro grupo, normalmente de ideología a fin, para formar un gobierno conjunto.

Países desarrollados como Alemania, Países Bajos, Australia, Bélgica, Suiza, Suecia, Noruega y Dinamarca, han sido gobernados por coaliciones desde hace más de medio siglo. En América Latina los países que han adoptado gobiernos de coalición son Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, esto, porque son países con un presidencialismo con matices parlamentarios en donde existe un órgano colegiado que tiene la posibilidad de censurar, por ejemplo, a alguno de los ministros propuestos por el presidente, con lo que se rompe con la hegemonía presidencial.

Los regímenes presidencialistas como el nuestro tienen una rigidez institucional en donde los ejecutivos ganan sin mayorías en el espacio legislativo, esto se materializa en bloqueos y parálisis legislativa que impiden sacar adelante políticas públicas y leyes en beneficio de la ciudadanía.

La intención de los gobiernos de coalición es frenar el carácter unipersonal del Ejecutivo con un gabinete integrado por las diferentes fuerzas políticas que también obtuvieron votos en la elección y que en el sistema presidencial no son tomados en cuenta, ya que el ejecutivo es quien propone y remueve a los integrantes de su gabinete sin tomar opinión. Ante la falta de mayorías absolutas en el Congreso, la negociación de un programa de gobierno compartido tiene como fin tener gobernabilidad.

En suma, se trata de que con el convenio de coalición que debe consensarse y el programa de gobierno se tomen decisiones conjuntas entre el ejecutivo y el legislativo, lo que se traduce en restar el poder del que goza el ejecutivo en nombramiento de su gabinete y temas del presupuesto de egresos, por ejemplo.

La reflexión es si el contexto histórico y político de la entidad indica que estamos listos, tanto los actores políticos como la sociedad, para los gobiernos de coalición en los que la mayor beneficiada, por supuesto, sería la ciudadanía si se operan con la naturaleza y fin que tienen los gobiernos de coalición.

Y es que las mujeres que participan en política siguen luchando contra el sistema patriarcal que es estructural y que apenas comienza a moverse derivado de sus demandas de respeto e inclusión, mediante juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano y de los criterios jurisprudenciales de la Sala Superior que, al juzgar con perspectiva de género, siguen marcando la línea en el tema de la paridad.

Resultado de los juicios presentados por Susana Harp[1]en Oaxaca y Maki Esther Ortiz Domínguez[2] en Tamaulipas, se vinculó a los partidos políticos nacionales para que a partir del próximo proceso electoral para gubernaturas definan reglas claras en las que precisen cómo aplicarán la competitividad. Estas sentencias dan cuenta de temas de fondo: carencia de mecanismos normativos internos en los partidos políticos para lograr paridad sustantiva con un enfoque de competitividad, pues se cumple con paridad formal, pero no sustantiva.

En los casos de Coahuila y Estado de México, de acuerdo con las sentencias, si se atiende su contexto histórico, ninguno ha sido gobernado por una mujer, por lo que es posible que los partidos políticos comprometidos con este tema, en cumplimiento de la paridad, postulen en ambas entidades a mujeres, ya sea de forma independiente o a través de una coalición.

Será la primera ocasión que se aplicará la reforma de paridad total para renovar la gubernatura en ambas entidades, lo que da la oportunidad de erradicar la infrarepresentación de las mujeres y de que la sociedad vote por mujeres para estos espacios

[1] SUP/JDC/0091/2022.

[2] SUP/JDC/434/2022.