Y es que las mujeres que participan en política siguen luchando contra el sistema patriarcal que es estructural y que apenas comienza a moverse derivado de sus demandas de respeto e inclusión, mediante juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano y de los criterios jurisprudenciales de la Sala Superior que, al juzgar con perspectiva de género, siguen marcando la línea en el tema de la paridad.

Resultado de los juicios presentados por Susana Harp[1]en Oaxaca y Maki Esther Ortiz Domínguez[2] en Tamaulipas, se vinculó a los partidos políticos nacionales para que a partir del próximo proceso electoral para gubernaturas definan reglas claras en las que precisen cómo aplicarán la competitividad. Estas sentencias dan cuenta de temas de fondo: carencia de mecanismos normativos internos en los partidos políticos para lograr paridad sustantiva con un enfoque de competitividad, pues se cumple con paridad formal, pero no sustantiva.

En los casos de Coahuila y Estado de México, de acuerdo con las sentencias, si se atiende su contexto histórico, ninguno ha sido gobernado por una mujer, por lo que es posible que los partidos políticos comprometidos con este tema, en cumplimiento de la paridad, postulen en ambas entidades a mujeres, ya sea de forma independiente o a través de una coalición.

Será la primera ocasión que se aplicará la reforma de paridad total para renovar la gubernatura en ambas entidades, lo que da la oportunidad de erradicar la infrarepresentación de las mujeres y de que la sociedad vote por mujeres para estos espacios

[1] SUP/JDC/0091/2022.

[2] SUP/JDC/434/2022.

A partir de los años 70 y con impulso de actores opuestos al régimen como líderes del PAN, partidos y movimientos de izquierda, se gestaron cambios que dieron paso a la voz de las minorías.

Fue el año 2000 el de la transición mexicana a la democracia, era la primera vez que existía alternancia en el poder ejecutivo después de 71 años del PRI; a pesar de ello, la falta de mayoría legislativa y de consensos dejó fuera reformas estructurales y constitucionales importantes ligadas a déficits sociales que ya se venían arrastrando del pasado, uno de ellos, el tema de Chiapas, por ejemplo.

A pesar de ello hubo continuidad con el siguiente gobierno emanado del mismo partido, al cual hoy en día, desde diferentes trincheras, se le hace el mayor reproche respecto del tratamiento que dio a temas relacionados con el crimen organizado o el incendio de la guardería ABC.

La sociedad mexicana ha modificado su visión de la política que vive diariamente, lo vemos en el viraje que dio de nueva cuenta el timón al PRI en las elecciones de 2012 y que finalmente concluyó con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018, quien ha gobernado con serias críticas a sus decisiones. La alternancia es parte de lo que caracteriza a las democracias.

Un régimen democrático de cualquier color debe materializar los rasgos y principios democráticos como la inclusión, la tutela de los derechos humanos, el principio de igualdad que permita que hombres, mujeres y personas de la diversidad sexual tengan las mismas oportunidades en todos los ámbitos de su vida personal, profesional y política, por ello mi pregunta inicial a usted amable lector o lectora.

La democracia no puede dejar de lado el proceso histórico que le ha dado vida; los acuerdos, las rupturas y los movimientos sociales acallados de forma violenta como el 68, Acteal o Ayotzinapa para poner fin a gobiernos autoritarios y dar paso a la democracia son parte de esa historia que sigue acumulando hechos.

En próximos meses iniciará el proceso electoral para renovar la gubernatura de la entidad, en donde a diferencia del plano nacional, nunca ha habido alternancia. Será importante ver el proceso histórico del propio estado, y por supuesto, el tema de la paridad que llegó para quedarse.

El mayor reto, sin duda, sigue siendo materializar la democracia a través de la inclusión y la generación de confianza en la ciudadanía mexiquense, desde este momento, en todos los actos que se generan por parte de quienes tomamos decisiones en el máximo órgano de dirección.

De igual forma, lo relativo a las consejerías electorales que formarán parte de estos órganos, un promedio de 540 mexiquenses, que actualmente son designados mediante un procedimiento de insaculación electrónico o manual, que debe ser revisado y generar una propuesta distinta que integre de igual forma ciudadanos imparciales. Este es un tema de atención prioritario, pues la propia normatividad establece que el Consejo General del IEEM los designará la primera semana del mes de enero de 2023.

También destaca el área de Comunicación Social, la cual deberá tener una comunicación asertiva al interior y exterior del instituto.

Todo tendrá que decidirse mediante acuerdos y consensos que se exigen para cumplir con la integridad electoral, con diagnósticos y metodología adecuada.

Este tema siempre resulta espinoso y no debería serlo, particularmente, en pleno siglo XXI en el que hay un avance muy importante que se ha gestado desde el ámbito internacional por eliminar la discriminación hacia una comunidad que ha ido creciendo en todas las latitudes: la LGBTTTIQ+.

Este mes de junio ha sido declarado como el mes del orgullo. Concretamente el día veintiocho de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo Gay con el fin de que exista tolerancia, igualdad y dignidad de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans y demás categorías incluyentes.

En 1969 en Stonewall (Nueva York, EE. UU) se gestó el inicio de un movimiento de liberación homosexual; la resistencia a los ataques y acoso marcó el hecho. Penosamente estos acontecimientos no han dejado de ocurrir, incluso en Toluca, el pasado mes de mayo se presentaron agresiones a la comunidad LGBTTTIQ+ cuando exigía la aprobación del matrimonio igualitario en el momento en que se realizaba la toma de posesión e inicio del Ministerio Pastoral de Monseñor Gómez González, de acuerdo con diversas notas periodísticas.

Hoy en día existen convenciones y tratados internacionales que tutelan la igualdad y la no discriminación. Aunado a ello se ha avanzado en garantizar también los derechos político-electorales de quienes integran esta comunidad, al menos a nivel federal y en algunas entidades. La forma de incluirlos ha sido a través de acciones afirmativas que pueden ser implementadas desde la autoridad electoral.

En nuestra entidad no existen acciones afirmativas para ningún grupo históricamente discriminado en el que se incluye a quienes integran esta comunidad. Hay que cambiar la cultura de odio y violencia que existe a la comunidad LGBTTTIQ+ y ser incluyentes, eso toca en democracia.

Todas ellas representan serios obstáculos para que las personas puedan alcanzar una vida plena, una vida digna a propósito de la universalidad de los derechos humanos; mismos que todo Estado tiene la encomienda y obligación de tutelar y claro está materializar.

Debe ser contundente que cualquier democracia que tome en serio la igualdad, debe atender y poner cartas en el asunto de la pobreza pues su erradicación representa un gran reto y desafío desde el ámbito internacional hasta el propio ámbito local.

La pobreza es la falta de ingresos, de acceso a la salud, educación, servicios básicos de vivienda digna, servicios púbicos; lo que afecta de forma lacerante a la sociedad.

En el caso del Estado de México en donde habitan cerca de 12.5 millones de mexiquenses el tema de la pobreza es lastimosamente un asunto permanente que miles de familias viven día a día y que por cierto no es reciente; son décadas en las que la pobreza existe, ejemplo de ello son los porcentajes de 2012 con 45.3% ó 2014 donde llego a 49.6%.

De acuerdo con cifras recientes del CONVEVAL el porcentaje de pobreza en 2020 representó el 48.9%.

Atender el tema de la pobreza en nuestra entidad es uno de los mayores desafíos que se tienen. Es imperativo resolverlo al ser un problema polifacético de dimensiones económicas, políticas, ambientales y por supuesto institucional.

Pero además a quienes más afecta es a las mujeres, quienes sufren esa brecha de desigualdad.

La pobreza tiene género y la feminización de ella es evidente, las mujeres trabajan y generan mas del 50% de los alimentos que se consumen, pero reciben un porcentaje mínimo de ganancia y muchas de ellas no cuentan con el control de las tierras, no son titulares de ninguna propiedad, no son sujetas de crédito y todo ello vulnera sus derechos.

Si a eso agregamos que una mujer es adulta mayor, de una etnia indígena, contar con una discapacidad y vivir en situación de pobreza o extrema pobreza es a todas luces evidente que esta interseccionalidad la hace una persona vulnerable.

¿Cuántas mujeres en estas condiciones viven en el Estado de México? Y ¿cuánta aporobofia[1] existe? Vaya que es un tema de atención.

[1] Neologismo que da nombre al miedo, rechazo o aversión a los pobres.