Puede ser no grato escuchar que hay una crisis de partidos políticos pero es real y ante la aprobación el pasado 18 de enero por el Consejo General del IEEM del monto de financiamiento público para los partidos políticos, vale la pena explicar lo siguiente:
- El financiamiento público se otorga como una de las prerrogativas que los partidos políticos tienen a nivel nacional y también a nivel local a través de una formula aritmética[1]que la ley establece, en la que se considera el 65% del valor diario de la UMA vigente que en 2024 es de $ 70.57 pesos, cantidad que se multiplica por el número de ciudadanía inscrita en el padrón electoral con corte a julio de 2023 que es de 12 millones 829 mil 909 y el resultado es $905,406,678.13 (novecientos cinco millones, cuatrocientos seis mil, seiscientos setenta y ocho pesos 13/100 M.N.) esta cantidad se distribuye a los partidos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.
- Para esa distribución la regla establece que 30% se hará de forma igualitaria es decir $271,622,003.44 (doscientos setenta y un millones, seiscientos veintidós mil, tres pesos 44/100 M.N.) y el resto que es el 70%, equivalente a $633,784,674.69 (seiscientos treinta y tres millones, setecientos ochenta y cuatro mil, seiscientos setenta y cuatro pesos 69/100 M.N.) de acuerdo con la votación valida efectiva de cada partido político en la última elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa, es decir: quien más votos haya tenido tendrá más recursos.
- Aunado a ese monto los partidos políticos cuentan con recursos por la cantidad de $271,622,003.44 (doscientos setenta y un millones, seiscientos veintidós mil, tres pesos) para la obtención del voto y $27,162,200. para actividades específicas (educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales).
- Cada partido deberá destinar anualmente el 3% del financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres así como para la creación, el fortalecimiento y la difusión de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, esto es lo que establece la ley.
Este es un tema central de debate político, sobre todo con una ciudadanía que se observa alejada de quienes hacen política además de que existen diferencias que se multiplican y se complejizan ante un electorado que ya no forma parte de clases sociales sino que opina de forma individual y colectivamente, que usa las redes sociales y se autoconvoca cuando algo considera debe ser visibilizado.
Si la ciudadanía de hoy dibuja nuevos perfiles, busca otras formas de participación y exige acción, se debe considerar realmente a la sociedad e incluirla en todo; no hacerlo deslegitima lo que en política se pretenda hacer incluido a las y los futuros ganadores más aún si el porcentaje de participación de 2021 que fue de 56.4% no es altamente rebasado.