Comunicación
Social

“Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro”

Confucio

La presencia de los medios de comunicación en los procesos electorales juega un papel clave y son de vital importancia para el sistema democrático, por ser los principales mediadores entre las candidaturas, las propuestas políticas y la ciudadanía; al proporcionar información sobre las plataformas electorales y actividades de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas de manera cierta, oportuna, completa, plural e imparcial, con el fin de lograr que las elecciones se desarrollen en condiciones de igualdad y equidad; y así la ciudadanía emita su voto de manera libre y razonada.[1]

Para verificar que, en los procesos electorales, los medios de comunicación cumplan su labor informativa de manera veraz y en condiciones de igualdad y equidad, las autoridades electorales realizan el monitoreo a medios de comunicación electrónicos (noticiarios de radio y televisión), impresos (notas noticiosas en periódicos y revistas), internet (información noticiosa en páginas web y redes sociales), alternos (propaganda colocada en vía pública) y cine.[2]

El Instituto Electoral del Estado de México, efectúa el monitoreo durante los periodos de precampaña, intercampaña, campaña, reflexión y jornada electoral, de los procesos electorales en el Estado de México; los objetivos de esta actividad institucional son los siguientes:

1. Verificar la propaganda de los actores políticos, para identificar y cuantificar el número de las menciones en espacios noticiosos en radio y televisión, las inserciones, publicidad e información pagada en medios impresos y la publicidad en internet.

2. Realizar el análisis sobre el tratamiento positivo, negativo o neutro de la información que generen los actores políticos, en términos de las expresiones, adjetivos calificativos o expresiones idiomáticas utilizadas, vigilar la equidad en la cobertura informativa, así como identificar la participación directa o indirecta de los actores a valorar dentro de la información.

3. Conocer la cantidad y tipo de propaganda (política, electoral y gubernamental), colocada en todo tipo de espacio y equipamiento utilizado para difundir mensajes en los exteriores, complejos cinematográficos y, en su caso, la que se localice en el ámbito extraterritorial.

4. Coadyuvar a garantizar la equidad en la difusión de propaganda de los actores políticos, durante los procesos electorales en la entidad.

5. Coadyuvar en la fiscalización de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, aspirantes a candidatos independientes, candidaturas independientes, precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos.

6. Vigilar que se suspenda la difusión de toda propaganda gubernamental, desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral.

7. Identificar la publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.

8. Contribuir a una democracia sustantiva, fomentando una cultura de igualdad y respeto a los derechos humanos, a través del uso de un lenguaje no sexista e incluyente; evitando normalizar las desigualdades existentes y evitar conductas o la difusión de información que pueda actualizar violencia política contra las mujeres en razón de género.

La equidad en la contienda electoral es un elemento fundamental para generar certeza, objetividad y confianza no solo entre los actores políticos participantes, sino ante la propia sociedad; nuestro sistema político electoral contiene reglas jurídicas que buscan generar mecanismos que aseguren dicha equidad, a partir de reglas claras que garantizan piso parejo a las y los participantes en la contienda electoral, con la vigilancia de las autoridades electorales administrativas.

[1] Acuerdo INE/CG197/2020.

[2] Acuerdos IEEM/CG/24/2021, IEEM/CG/25/2021 e IEEM/CG/26/2021.

Las elecciones en México se llevan a cabo para la renovación de los cargos de elección popular a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, es decir, “representan una técnica de designación de representantes” (Nohlen, 1994), por lo que constituyen la base de la legitimación del sistema democrático de nuestro país.

Para que las elecciones puedan llevarse a cabo y se garantice la renovación de los cargos de elección popular, se realizan una serie de actos que conforman las etapas de los procesos electorales: preparación de la elección, jornada electoral, resultados y declaraciones de validez de las elecciones.

En cada una de las etapas del proceso electoral intervienen diferentes actores entre los que se encuentran los partidos políticos y las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales; así como, la ciudadanía a través del electorado, como observadora electoral, funcionaria de mesa directiva de casilla o bien, candidaturas independientes.

Al respecto, el marco constitucional mexicano establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales (OPL).

El INE tiene dentro de sus atribuciones garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para la renovación de la Presidencia de la República, Diputaciones Federales y Senadurías; mientras que, los OPL se encargan de las elecciones para la renovación de la Gubernatura, Diputaciones Locales e Integrantes de los Ayuntamientos.

En el caso de nuestra entidad federativa, el Instituto Electoral del Estado de México es el OPL responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y en el ámbito de sus atribuciones tiene como fines los siguientes:

• Contribuir al desarrollo de la vida democrática.
• Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
• Garantizar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.
• Promover el voto y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.
• Coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política democrática.
• Coadyuvar y, en su caso, llevar a cabo la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de las autoridades auxiliares municipales.
• Llevar a cabo la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos de participación ciudadana.
• Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral.

La relevancia en general de los OPL y de forma específica del IEEM radica en que, como autoridad electoral debe garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones, observando los principios rectores que rigen su actuar: certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, realizando sus actividades con perspectiva de género.

En el ámbito local, cada entidad federativa presenta particularidades específicas en cuanto a los contextos económicos, sociales, culturales y políticos, por lo que las determinaciones que se adopten para garantizar la celebración pacífica y legal de las elecciones deben atender dichas condiciones en un momento determinado.

La forma de hacer política y de cómo se organizan elecciones para garantizar la renovación de cargos de elección popular es dinámica, ya que constantemente se establecen acciones, lineamientos y mecanismos que permiten mejorar los procedimientos implementados en el desarrollo de las actividades que integran cada una de las etapas de los procesos electorales, como: la educación cívica, registro y sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes, la observación electoral, la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, la impresión de documentación y producción de materiales electorales, los escrutinios y cómputos, las declaraciones de validez de las elecciones y la entrega de constancias en las elecciones locales, entre otras actividades sustantivas que, en suma, hacen posible que la ciudadanía pueda ejercer libremente su derecho al voto para elegir a las personas que habrán de representarlos en diferentes espacios de toma de decisiones.

Asimismo, de forma ordinaria, el IEEM se encarga de actividades que contribuyen al desarrollo de la vida democrática, como capacitaciones a la ciudadanía sobre el ejercicio de sus derechos político electorales, eventos que inciden en la educación cívica, así como, la actualización de la normatividad interna que le permita seguir garantizando el desarrollo de elecciones, y el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia y gestión documental. De esta manera, es como cada OPL desde su trinchera participa en la mejora continua de la democracia de nuestro país.

“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos”.

Michael Jordan.

La reforma al Estatuto del Sistema Profesional Electoral Nacional[1] en 2020, trajo consigo acciones innovadoras como el primer Certamen Interno como vía para el ascenso del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN); el rediseño de un esquema de profesionalización, a través de un nuevo Programa de Formación y una capacitación complementaria, orientada a desarrollar perfiles multifuncionales en el personal del Servicio; la introducción de ciclos trianuales para enmarcar la operación de los mecanismos del Servicio; el diseño de un estándar de competencia para la evaluación del desempeño; la recepción, en su caso, de solicitudes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para instrumentar de forma directa la operación de algunos mecanismos del SPEN y la realización de los procedimientos respectivos para dictaminar su procedencia; asimismo, en 2021 se aprobó la normativa secundaria para los mecanismos y procedimientos de selección, ingreso, profesionalización, capacitación, promoción, evaluación, incentivos, cambios de adscripción y rotación, permanencia, así como de disciplina.

Respecto de los incentivos, los artículos 438 al 441 del Estatuto los definen como los reconocimientos, beneficios o remuneraciones, individuales o colectivos, que el OPLE podrá otorgar al personal del SPEN que cumpla los méritos y requisitos establecidos, su otorgamiento estará supeditado al presupuesto disponible y se basará en los principios de méritos y de igualdad de oportunidades; asimismo en el 2021, mediante el acuerdo INE/JGE53/202, se aprobaron los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos al personal del SPEN en el Sistema OPLE; el cual determina que cada OPLE debe elaborar su programa de incentivos para el personal del Servicio en el que se describan los tipos de incentivos y los recursos económicos que se asignarán, así como los criterios, requisitos y procedimientos a seguir para su otorgamiento.

Conforme a lo anterior, el 13 de octubre de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó mediante el acuerdo IEEM/CG/178/2021, el Programa de incentivos para el personal del Servicio Profesional; y el pasado 21 de julio de 2022, aprobó mediante el acuerdo IEEM/CG/36/2022, los dictámenes de incentivos al personal del Servicio, por rendimiento, en el que se consideró el siguiente procedimiento:

Determinación de las y los candidatos a obtener los incentivos (20% del personal evaluado y que tuvo las mejores calificaciones, considerando la totalidad de los evaluados).

Posteriormente, de cada uno de las y los candidatos, se efectuó las siguientes ponderaciones individuales:

• El 50% de la calificación de la Evaluación del Desempeño de integrantes del SPEN del Sistema OPLE, periodo septiembre de 2020 a agosto de 2021[2].
• El 35% el resultado de la evaluación de aprovechamiento del periodo académico 2020/1 del Programa de Formación y desarrollo profesional.
• El 15% de la calificación final promedio de las actividades de capacitación obligatorias en el ejercicio 2021.

Resultado de lo anterior, tres servidoras públicas electorales adscritas a la Dirección de Partidos Políticos recibieron incentivo, lo que estimula al personal del Servicio a superarse en su desempeño, formación académica y desarrollo profesional con el consiguiente beneficio para el cumplimiento de los objetivos del IEEM.

[1] Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa publicado el 23 de julio de 2020, mediante el Acuerdo INE/CG162/202.

[2] Acuerdo IEEM/CG/05/2022, por el que se aprueba el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de integrantes del SPEN del Sistema OPLE, periodo septiembre de 2020 a agosto de 2021.

De acuerdo con el artículo 41, Base I de la Constitución Federal, los partidos políticos son entidades de interés público y la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, así como, sus prerrogativas, derechos y obligaciones.

Entre estas últimas, se encuentra el mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas para su constitución y registro; ya que, en caso de dejar de cumplir con los requisitos necesarios para obtener su registro, se actualizaría una causal de pérdida del mismo, esto en términos de lo señalado en los artículos 25, párrafo 1, inciso c), y 94, párrafo 1, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos.

Con relación a los partidos políticos nacionales, la normatividad en cita refiere que deben contar con 3,000 militantes en al menos 20 entidades federativas o bien 300 en por lo menos 200 distritos electorales y el equivalente al 0.26% del Padrón Electoral Federal que haya sido utilizado en la elección federal inmediata anterior; mientras que, en el caso de los partidos políticos locales, deben contar con militantes en cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad y el equivalente a 0.26% del Padrón Electoral Local que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior.

El proceso de verificación del cumplimiento del número mínimo de los padrones de militantes de los partidos políticos para la conservación de su registro, ya sea a nivel nacional o local, se realiza cada tres años para garantizar que cumplen con dicho requisito previo al inicio de los procesos electorales.

Con relación a lo anterior, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha emitido diversos acuerdos relativos a la verificación de padrones de afiliados, tales como:

• Acuerdo INE/CG172/2016
• Acuerdo INE/CG660/2016
• Acuerdo INE/CG851/2016
• Acuerdo INE/CG85/2017
• Acuerdo INE/CG33/2019
• Acuerdo INE/CG207/2022

La verificación de los padrones de afiliados de partidos políticos para la conservación de su registro, involucra el procedimiento de verificar que no exista la doble afiliación entre partidos políticos registrados o entre estos y aquellos que se encuentren en proceso de constitución.

La doble afiliación surge cuando una persona ciudadana se encuentra en más de un padrón de afiliados, por lo que, el INE o el Organismo Público Local (OPL) respectivo, deberá dar vista a los partidos políticos involucrados para que manifiesten lo que a su derecho convenga; de subsistir la doble afiliación, se requerirá a la persona para que se manifieste al respecto y, en caso de que no se manifieste, subsistirá la más reciente.

Esto atendiendo a que, el derecho de asociación de la ciudadanía debe ejercerse de manera libre, voluntaria e individual a un partido político.

Atendiendo a lo señalado en el artículo 76, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los partidos políticos nacionales y locales, deberán poner a disposición del público y actualizar la información relativa a su padrón de afiliados o militantes, que contendrá exclusivamente el nombre o nombres, apellidos, fecha de afiliación y entidad de residencia de las personas afiliadas; a efecto de garantizar a la ciudadanía, el acceso a la información en posesión de dichos sujetos obligados.

La máxima publicidad de la información contenida en los padrones de afiliados de partidos políticos, permite que la ciudadanía esté en posibilidad de ejercer su derecho de presentar solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales.

Con el Acuerdo INE/CG207/2022 se realiza una actualización al procedimiento para que el INE y los OPL verifiquen de manera permanente que no exista doble afiliación a partidos políticos ya registrados tanto a nivel nacional como local, establecido en el Acuerdo INE/CG85/2017.

Asimismo, se aprueba la solicitud de baja y los comprobantes de búsqueda que se emitirán en la salida pública del sistema respectivo, que permitirán a la ciudadanía contar con un documento oficial para acreditar si se encuentra o no registrada en el padrón de personas afiliadas a un partido político.

Finalmente, se regula la obligación de los partidos políticos de informar en sus avisos de privacidad que los datos de las personas que voluntariamente decidan afiliarse serán transferidos al INE para su verificación y, en su caso, publicidad.

“Si uno no cambia, no evoluciona y termina por dejar de pensar”

Rem Koolhaas

Seguramente en las próximas semanas nuestros legisladores discutirán iniciativas presentadas por algunos partidos políticos que tienen por objetivo realizar una reforma electoral. Entre las propuestas contenidas en estas iniciativas se encuentra la factibilidad e implementación del voto electrónico como una alternativa para recibir la votación de la ciudadanía en los procesos electorales y mecanismos de democracia directa.

Una acepción amplia del concepto de voto electrónico, implica “la referencia a todos los actos electorales factibles de ser llevados a cabo apelando a la tecnología de la información. Estos incluyen el registro de los ciudadanos, la confección de mapas de los distritos electorales, la gerencia, administración y logística electoral, el ejercicio del voto en sí mismo, culminando con los escrutinios, la trasmisión de resultados y su certificación oficial” (Rial, 2001). En una acepción restringida refiere exclusivamente a la posibilidad de votar utilizando Internet, o al voto electrónico, realizado por medio de máquinas y programas que no están conectados a la Red.

En cuanto a su clasificación, el voto electrónico se divide en presenciales y no presenciales (Carracedo, 2010). El proceso de votación es presencial cuando se vota con la ayuda de una maquina instalada (puede ser la urna electrónica) en un lugar específico (casilla electoral o módulo de votación); y para acceder a ella el votante, previamente es identificado manualmente por los funcionarios de casilla acreditados para tal efecto, quienes autorizan para utilizar la máquina, ingresando una contraseña. 

Por el contrario, cuando el voto es ejercido de forma remota, utilizando Internet, el sistema lo hace todo (identificar y enviar el voto) y probablemente con independencia del dispositivo (ordenador especial o equipamiento equivalente). Por tanto, en este caso el equipo no es específico.

En los lugares en donde se ha utilizado el voto electrónico, ya sea en su forma presencial o en su forma remota (en el ámbito internacional se pueden mencionar a Francia, Estados Unidos o Argentina; en el ámbito nacional a Coahuila, Jalisco o Baja California Sur), nos hablan de importantes ventajas que tienen sobre el modelo tradicional. Se destacan las siguientes:

• Aumento de la participación ciudadana.
• Incremento en la precisión y exactitud en la selección de la preferencia electoral.
• Facilita el proceso electoral.
• Ahorro de recursos financieros.
• Obtención de los resultados en poco tiempo.
• Funciona como un modelo de sustentabilidad ecológica.

No obstante, lo anterior, hay claras resistencias a la utilización del voto electrónico como mecanismo de recepción del sufragio de la ciudadanía. Los que están en contra de este modelo argumentan, entre otras cosas, que abre las puertas a un fraude electoral o a un hackeo de la información; que se requiere una inversión elevada para su implementación; que se perderían muchos empleos; y que se tendría que llevar a cabo una complicada reforma electoral.

No se debe olvidar que la importancia del voto, en su modelo tradicional o en el modelo electrónico, radica en ser la principal herramienta de la ciudadanía para participar en la democracia. Así, buscar nuevas y mejores formas de ejercerlo, siempre y cuando se garanticen sus características señaladas en el artículo 116, fracción cuarta, inciso a), de nuestra Carta Magna —universal, libre, secreto y directo—, es un ejercicio necesario para el desarrollo democrático del país.

Fuentes de consulta:

Carracedo, J. (2010). Democracia digital, participación y voto electrónico. Ediciones del Centro de Estudios Políticos y Sociales. España.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CEPUM). Texto vigente. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2021.

Rial, J. (2001). Modernización del proceso electoral: voto electrónico en América Latina. Programa de Reforma Política del PNUD.