El 6 de mayo el Congreso del Estado de México aprobó una reforma electoral que, revela una transformación de fondo: las elecciones mexiquenses han entrado en una etapa de mayor complejidad institucional. La reforma armoniza disposiciones locales con cambios recientes de la Constitución federal y reconoce que el sistema electoral estatal enfrenta una dimensión operativa distinta, marcada por la concurrencia de elecciones locales y federales con la elección de personas juzgadoras. No es un ajuste aislado de fechas; es una forma de reconocer que la elección de 2027 exigirá tiempos distintos a los que durante años ordenaron la vida electoral local.
La magnitud logística y territorial de esa tarea modifica la arquitectura bajo la que el Instituto Electoral del Estado de México había organizado elecciones los últimos años. Entre los ajustes aprobados destaca el inicio formal del proceso electoral en la primera quincena de septiembre del año previo a la jornada. La medida responde a una necesidad concreta: contar con más tiempo para la planeación técnica, presupuestal y operativa.
Conviene insistir en un punto que suele pasar inadvertido. El proceso electoral no empieza el día de la jornada ni se reduce a la instalación de casillas. Antes de que la ciudadanía acuda a votar, se requiere integrar órganos desconcentrados, designar consejerías y vocalías, buscar inmuebles, planear presupuestos, reclutar SEL y CAEL, así como preparar candidaturas independientes. En los hechos, estas actividades ya rebasaban los tiempos previstos por la legislación anterior.
En el caso mexiquense, la complejidad adquiere una dimensión adicional por el tamaño del electorado, la incorporación de la elección judicial y la coexistencia de distintos cargos, boletas y procedimientos dentro de una misma jornada. Esa realidad obliga a revisar si las normas responden a las necesidades prácticas de la autoridad electoral, pero también a las expectativas de una ciudadanía.
Lo que está de fondo es la adaptación del sistema electoral del Estado de México a una nueva realidad institucional. La manera en que el IEEM logre traducir estos ajustes en elecciones técnicamente viables y administrativamente funcionales será una prueba relevante de su capacidad para responder a los retos democráticos en los próximos años. Esa será, quizá, la verdadera medida de la reforma: que los cambios legales se traduzcan en una elección mejor preparada.
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