La contundente victoria de Péter Magyar, al frente del partido “Tisza”, puso fin a dieciséis años de gobierno encabezado por Viktor Orbán. Con el 71% de los escaños en el Parlamento, la nueva mayoría cuenta con los votos suficientes para modificar la Constitución. Sus primeras decisiones, aunque deben leerse con cautela, anticipan un desafío central para los regímenes que suceden a un autócrata. Esto es, reconstruir la democracia utilizando reglas diseñadas para impedirlo. La mayoría calificada que Orbán utilizó para blindar su régimen es hoy la misma herramienta disponible para la nueva mayoría. La regla no cambió, únicamente cambió quien la controla.
En un ensayo publicado recientemente en el Journal of Democracy, la politóloga Kim Lane Scheppele, establece que las autocracias contemporáneas suelen dejar como legado instituciones previamente capturadas, órganos de control subordinados y prácticas políticas que permanecen incluso cuando existe alternancia en el poder. La autora sostiene que los gobiernos democráticos suelen heredar un Estado cuyas reglas se diseñaron para preservar la autoridad del régimen que le precedió. El desafío, entonces, ya no consiste únicamente en la derrota electoral del autócrata, sino en decidir cómo transformar un entramado institucional que fortalezca los principios democráticos que en algún momento se pretendió eliminar. Bajo gobiernos autoritarios, las instituciones dejan de ser árbitros neutrales y comienzan a actuar como mecanismos de protección del antiguo régimen.
El gobierno entrante debe gobernar con instituciones cuyos titulares fueron nombrados por “Fidesz”, partido encabezado por Orbán, y con una Constitución modificada a través de los años que tuvo la intención de reducir los contrapesos al poder ejecutivo. La inercia institucional obliga a elegir entre mantener las reglas actuales, que dificultan la implementación de cualquier reforma, o modificarlas para recuperar el funcionamiento institucional. Ninguna de las dos alternativas está exenta de costos para la democracia.
El caso del expresidente Tamás Sulyok, elegido durante el gobierno de Orbán, ilustra con claridad este dilema. Aunque inicialmente anunció su disposición a colaborar con la nueva administración, más tarde cuestionó varias de las reformas impulsadas por Magyar, al defender la necesidad de preservar los límites constitucionales. La respuesta de la mayoría parlamentaria fue promover una reforma constitucional para poner fin anticipado a su mandato, aprovechando la mayoría calificada obtenida en las urnas. El mecanismo que funcionó para consolidar el poder del régimen anterior fue, esta vez, la que se utilizó para remover a uno de sus propios herederos institucionales.
La transición húngara nos enseña que una elección, por sí sola, no promete automáticamente un gobierno democrático. Recuperar el Estado de derecho requiere la recuperación de instituciones debilitadas, evitando que esa misma transformación reproduzca las prácticas excepcionales que caracterizaron al régimen anterior. La legitimidad que otorga la contestación política puede facilitar la ejecución de reformas, aunque difícilmente sustituye la necesidad de reconstruir contrapesos duraderos.
Solo los próximos meses dirán hasta qué punto estas tensiones logran resolverse. Desde ahora es posible observar que la derrota electoral de una autocracia no elimina los incentivos, las reglas ni las instituciones que se dejaron como legado. El mayor desafío para Péter Magyar no será desarticular el andamiaje político de Viktor Orbán, sino demostrar que una democracia puede reconstruirse sin recurrir a los mismos instrumentos que habilitaron su deterioro.
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