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Se ha dejado de lado la firmeza de la presidenta para continuar con la elección de todos los juzgadores a través del voto popular y también un hecho importante que es el que destacó el día de hoy: la primera iniciativa de ley propuesta por ella: la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y erradicación de la brecha salarial por razones de género.[1]

Esta iniciativa de ley constituye un paso importante para seguir avanzando en la eliminación de las brechas de desigualdad que existen entre hombres y mujeres, ya que, si bien no resuelve de forma inmediata ninguno de los grandes malestares que aún laceran a muchas mujeres, sí establece formalmente la posibilidad de su materialización.

Esta ley propone elevar a rango constitucional el concepto de igualdad sustantiva al referir que: “el Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres.”

Establece que todas las personas tienen derecho a vivir una vida libre de violencias y habla sobre los deberes reforzados que tiene el Estado.

Destaca también en el artículo 116 que las instituciones de procuración de justicia deberán contar con fiscalías especializadas de investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres, adhiere la perspectiva de género como principio para la procuración de justicia y respecto de la reducción de la brecha salarial de género, expresa que a trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad.

Es importante visibilizar estos deberes reforzados a los que hace referencia la ley pues se trata de que estos derechos tengan sentido en la vida y práctica de quienes son titulares de ellos que somos las mujeres, esto es el efecto útil del derecho del que habla Ferrajoli [2] y que implica establecer obligaciones específicas para el Estado. Este efecto útil obliga a eliminar la tendencia de brindar servicios parcializados o segmentados. Es momento de construir políticas integrales y articuladas en favor de las mujeres.

[1] Iniciativa presentada el 8 de octubre ante la Cámara de Senadores.

[2] Derecho y Razón. Madrid, Trotta,2005.

La educación no solo es un derecho humano, sino que es un instrumento indispensable para alcanzar la igualdad de géneros; sin embargo, para las mujeres relegadas del ejercicio del poder y de la vida pública no ha sido fácil históricamente acceder a ella mucho menos ser parte de la ciencia o la literatura.

La construcción de habitaciones propias como las de Virginia Woolf o la propia Sor Juana Inés de la Cruz siguen siendo un reto en pleno siglo XXI. ¿Cómo generar sociedades igualitarias en cuestiones de género? Es a través del acceso a la educación a niños y niñas por igual.

Desde el año de 1979 se creó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en 1981 entro en vigor en México. A pesar de que La Convención establece el derecho a la educación y que el estado mexicano debe asegurar a las mujeres igualdad de derechos en la esfera de la educación, las mismas condiciones de orientación en materias de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en todas las categorías y zonas tanto rurales como urbanas, desde la enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior así como en todos los tipos de capacitación profesional esto no ha sido así.

Durante muchas décadas las mujeres de nuestro país no han tenido materializados estos derechos, basta ver los datos del INEGI sobre el porcentaje de población analfabeta por sexo en donde en 1990 15.0% eran mujeres y 9.6% hombres, en 2000 11.3% mujeres y 7.4 %hombres , si bien se ha reducido, muchas mujeres debido a los estereotipos y roles de género fueron privadas de ese derecho, lo vemos en que el mayor porcentaje actual de población analfabeta se encuentra entre las personas de 75 años y más edad, siendo mujeres las de mayor porcentaje.

En nuestro país más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela, mientras que 600 mil más están en riesgo de dejarla por diversos factores como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la violencia.

Es vital que se garantice plenamente este derecho a todas las niñas. Julieta Fierro en diversos foros ha dicho que la educación le salvó la vida y que se requiere de una actuación integral en donde el apoyo a mujeres en pobreza no solo sea con ayuda asistencialista sino con valoraciones de salud, de saber si requiere lentes o tienen sordera o su alimentación. Es necesario establecer una visión de género en la educación y la ciencia. Esta es una tarea que debe ser permanente y de la que todos y todas somos corresponsables.

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En su plan de gobierno, las y los jueces, los magistrados (as) y los ministros (as) deben ser electos por el pueblo, además, en los 100 puntos que presentó en el Zócalo también afirmó que los jueces corruptos deben ser sancionados.

Ante ello en el mes de septiembre la Cámara de Diputados generó los Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial, durante el diálogo inicial estuvieron invitados los ministros y ministras de la SCJN, con lo que se confirmó quienes están a favor y quienes en contra.

Desde esa fecha al día de hoy, han ocurrido diversos acontecimientos entre los que destacan: las manifestaciones que han realizado trabajadores del poder judicial, la discusión en medios de comunicación en la que ha prevalecido la descalificación a la reforma por parte de estos grupos de poder y también la semana pasada, la sentencia a Genaro García Luna, condenado por narcotraficante con severas críticas a la actual presidenta de la SCJN por el descongelamiento de cuentas bancarias a su esposa en México; todos estos hechos son sólo parte del contexto que envuelve la reforma al poder judicial, un poder que desde 1994 no había sido tocado y del que se ha puesto al descubierto los altos grados de corrupción y nepotismo existentes.

En los últimos días la presidenta enfáticamente ha dicho que no se eliminará del Diario Oficial de la Federación la reforma, ya que la jueza de Veracruz se extralimitó. Hay quienes expresan que nos encontramos en una crisis constitucional lo cual considero FALSO.

¿Hay tensión de poderes? Sí, y es parte del mismo espíritu de las leyes de Montesquieu. La división de poderes obedece a la necesidad de su adecuado ejercicio con el fin de contar con un sistema de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo, el Legislativo, que fueron considerados los poderes principales y después el Judicial.

Esta división se sustenta en la naturaleza humana que tiende al abuso del poder. En México el poder encargado de reformar la Constitución lo ha hecho y toca a los demás poderes cumplir. Es cierto que existen lagunas importantes por resolver para llevar a buen puerto la reforma, pero la tensión extrema de un poder ante la realidad del país y en contra de los otros dos poderes no abona al fondo, que es la necesaria reformulación de ese poder que se extravió en la cúpula por el grado de intereses personales y económicos en donde quien sigue perdiendo es la ciudadanía y sus derechos.

De esa cantidad un porcentaje importante se destina al financiamiento público de los partidos políticos en el caso del Estado de México es de $ 1,007,098,385.69

Considero que el financiamiento público es correcto prevalezca sobre el privado ya que de esa forma se puede, a través de la fiscalización, dar seguimiento al uso que hacen los partidos políticos de ese recurso que es público y que de acuerdo al artículo 134 de la Constitución General de la República, referente a que los recursos económicos se deben administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Sin embargo, se debe hacer una reflexión sobre ese gasto público que deriva del contenido del artículo 41 de la Constitución General y que se relaciona con la fórmula para dotar a los partidos de ese financiamiento que desde 2007 estableció que se calcularía tomando como base el número total de personas inscritas en el padrón electoral, lo que implica que, año con año, aumenta el financiamiento público para estas entidades de interés público.

Aunado a ello y con lo establecido en el el artículo 116 fracción IV del citado texto constitucional, que establece que los estados debían también proporcionar financiamiento a los partidos políticos vale la pena analizar también el artículo 66 del Código Electoral del Estado de México que dispone además del número total de personas inscritas en el padrón electoral de la entidad, también la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el cual es otro factor que aumenta anualmente.

Ejemplo de lo anterior es que en 2021 se proyectó un presupuesto de $3,019,445,124.21 (Tres mil diecinueve millones, cuatrocientos cuarenta y cinco mil, ciento veinticuatro pesos 21/100 M.N.), de los cuales $957,990,322.55 (novecientos cincuenta y siete millones, novecientos noventa mil, trescientos veintidós pesos 55/100 M.N.) fue para el financiamiento público para los partidos políticos (31.72%) y en 2024 de un presupuesto de $3,541,540,917.26 (Tres mil quinientos cuarenta y un millones, quinientos cuarenta mil novecientos diecisiete pesos 26/100 M.N.), $1,154,084,753.58 (Mil ciento cincuenta y cuatro millones, ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos 58/100 M.N.) fueron para el financiamiento público para los partidos políticos (32.58%).

Para 2025 que no es año electoral la aplicación de la fórmula refleja que el monto que se está presupuestando para el financiamiento de las fuerzas políticas es mayor al presupuesto estatal total para ciencia, tecnología e innovación; o corresponde al 79.65% del total del dinero que este año se destinó para la protección del medio ambiente en el Estado de México; o al 43.61% del total del dinero que este mismo año se destinó para la recreación, cultura y otras manifestaciones sociales en esta entidad federativa; Sin duda vale la pena reflexionar si la fórmula debe prevalecer o ser modificada. 1