A 110 años del Primer Congreso Feminista, queda mucho por transformar
Hace 110 años se realizó el Primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, el Teatro Peón Contreras fue escenario, donde en plena Revolución Mexicana mujeres como Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo, Consuelo Zavala, Candelaria Ruiz Patrón, Dominga Canto Pastrana y Rosa Torre González, además de otras profesoras y escritoras, discutieron e impulsaron derechos civiles y políticos de las mujeres.
617 mujeres acudieron a este Congreso del 13 al 16 de enero de 1916. En esa época las mujeres no tenían reconocido el derecho a votar, tampoco podían firmar contratos civiles aun siendo propietarias de bienes inmuebles, ni administrar sus bienes o comparecer a juicio sin la autorización de su marido.
Los resultados de la lucha de las sufragistas, como todas las batallas de las mujeres, han sido tardíos, el derecho a votar fue una propuesta en 1917 y a nivel federal ocurrió hasta 1953.
También hay aciertos que debemos reconocer, la paridad total es uno de ellos. México es uno de los países donde el 50 por ciento de los espacios públicos son ocupados por mujeres, un gran logro a partir de la suma de mujeres de colectivos feministas y con diferentes ideologías, quienes unieron esfuerzos para hacerlo posible.
Sin embargo, sigue vigente la agenda de género para erradicar violencias en contra de niñas, adolescentes y mujeres, así como reducir las brechas de desigualdad que persisten.
Hay retos que atender y están relacionados con el entorno donde viven y laboran las mujeres. En un estudio elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en 2024, con datos obtenidos del INEGI, se reveló que en nuestro país una de cada cuatro mujeres de 15 años o más no cuenta con ingresos propios, lo cual la condiciona y hace vulnerable en un sistema que sigue siendo sumamente patriarcal.
Nuestro país ocupa uno de los últimos lugares en su capacidad de atracción y retención de talento de las mujeres en el mercado laboral, ocupa el lugar 110 de 146, cerca de economías como Costa de Marfil o Corea del Sur.
Las mujeres mexicanas ganan 14 por ciento menos que los hombres en los mismos cargos y les es más difícil en el ámbito privado ocupar espacios de dirección, debido a que se mantienen los roles y estereotipos, así como la tarea de cuidados a cargo de mujeres.
Además, en México una mujer destina 60.2 por ciento más horas al trabajo no remunerado que un hombre. Los estados con mayor desigualdad siguen siendo Chiapas y Puebla.
Todos estos indicadores son medibles y pueden revertirse, obligado es generar políticas públicas que reduzcan estas brechas y permitan igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Sigamos visibilizando y deconstruyendo esquemas patriarcales.
El voto ciudadano, motor del cambio político
La democracia como régimen político requiere de un ingrediente sencillo, pero complejo: el voto ciudadano.
La Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 21, expresa: “Toda persona tiene el derecho en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.”
En Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay el sufragio es obligatorio, contrario a Costa Rica, Honduras, Paraguay y México.
Pero más que hacer obligatorio un derecho humano, se requiere generar una fuerte conciencia del poder que se tiene, al detentar este derecho que ha permitido que partidos políticos con diferentes ideologías arriben a los espacios de poder en los tres niveles de gobierno y exista alternancia política.
Ese cambio o sustitución de un grupo gobernante por otro, que sucede de manera pacífica y de acuerdo a las reglas electorales del momento, premia o castiga el trabajo de los representantes populares.
Por ello, la participación ciudadana representa un reto permanente para instituciones electorales y partidos políticos, sobre todo para estos últimos, ya que la mayor debilidad de nuestra democracia reside en que la ciudadanía no se siente representada por los partidos políticos, gobernantes y legisladores[1], lo cual se refleja en los porcentajes de participación. Por ejemplo, en el Estado de México, a pesar de estar por arriba de la media nacional, en la última década ha sido contrastante; en 2018 fue de 67.18%, en 2021 de 54.05%, y en 2024 de 64.18%.
Un dato que llama la atención es que sólo un 10% de personas asocia el derecho al voto con la condición de ciudadanía. Y las personas de 20 a 29 años presentan el porcentaje más elevado de insatisfacción, respecto de lo que implica la democracia, al alcanzar un 43%.[2]
De los 15 municipios mexiquenses con la mayor lista nominal, se observa que el abstencionismo se ha incrementado, ejemplos: Ecatepec en 2018 registró un 34.84%, en 2024 un 38.07%, y en 2021 el abstencionsimos fue del 52.49%.
Se suman a esta lista Nezahualcóyotl, que en 2021 tuvo 47.88%, Naucalpan 49.82%, Chimalhuacán 55.75%, Tultitlán 50.64%, y Chalco 54.69%.
El 2026 es la antesala del proceso electoral de 2027, y aún con la nueva legislación electoral que se genere, estos datos deben ser considerados por los partidos políticos. La legitimidad también reside en un mayor porcentaje de participación, ganar sólo con el voto duro no tendría que ser el objetivo final.
[1] Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026.
[2] Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026.
Irrupción en Venezuela obliga a profunda reflexión
Este 2026 inició con un ataque bélico en contra de Venezuela.
Desde finales de agosto, la Operación Resolución Absoluta comenzó con la presencia de tropas navales estadounidenses en el sur del Caribe. El objetivo que expresó Trump fue combatir el narcotráfico que mata a miles de ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos, argumentando que es droga que proviene de países latinoamericanos, entre los cuales ha mencionado a México.
La realidad es otra, tanto el combate al narcotráfico, como la migración son temas secundarios para el presidente del país vecino. El principal interés radica en el control del petróleo.
De acuerdo con información de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Venezuela es la nación con el mayor volumen de hidrocarburos en yacimientos con 304 mil millones de barriles, que corresponde al 18% de las reservas de petróleo a escala mundial, después se encuentran Arabia Saudita, Irán e Irak.
En este negro episodio hay potentes intereses económicos y políticos en juego. El tablero político mundial fue sacudido y todo indica que veremos un reacomodo geopolítico.
Desde que se dio a conocer la noticia, a través de las redes sociales, las cuales han ganado el espacio dominante en la política; líderes y lideresas políticos de ideologías, incluso opuestas, además de la academia e intelectuales de diferentes naciones, han expresado su rechazo a lo que se considera una arbitrariedad por parte de los Estados Unidos, al violentar lo establecido en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas.
En América Latina, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó y rechazó la intervención militar en Venezuela, haciendo un llamado urgente a respetar el derecho internacional y reafirmado la posición del gobierno de México para apoyar cualquier esfuerzo de diálogo. También lo hicieron los presidentes Gabriel Boric y Lula da Silva.
Aunque Trump en entrevista con la agencia Fox no dejó pasar el momento para mencionar a México como parte de su intervencionismo, el golpe a Venezuela está encaminado a cumplir las ambiciones geopolíticas de expansión y control de un hombre populista, estridente, que polariza y quien ha dado un paso adelante de otros países como China y Rusia.
Este contexto, también obliga a pensar en la democracia y la seria crisis de legitimidad y credibilidad que enfrentan los partidos políticos y los actores que forman parte de ella.
Un punto prioritario son los derechos humanos de la ciudadanía del mundo y la soberanía que radica en ella. Maduro llevó al exilio a millones de venezolanos. Tras las elecciones altamente cuestionadas de 2024 estaba en el año 12 de su gobierno, algo inaceptable en democracia.
Respeto e inclusión de las minorías
Se considera minorías a las personas que pertenecen a grupos étnicos, religiosos y lingüísticos que siguen en marginación y excluidos del ejercicio del poder.
En México hay millones de personas que cotidianamente se enfrentan a diferentes barreras para el ejercicio pleno de sus derechos, lo que las mantiene sin la posibilidad de acceder a educación y empleos, en pobreza y pobreza extrema a pesar de los esfuerzos que realiza el gobierno federal, quien ha instrumentado diversos programas sociales para ir reduciendo la brecha de la pobreza.
En el ámbito del ejercicio de sus derechos político-electorales, grupos como la comunidad LGBTTIQ+, personas y pueblos afrodescendientes, personas indígenas, personas con discapacidad, y personas migrantes han alzado la voz y exigido condiciones de igualdad para poder participar y arribar a espacios en donde puedan tomar decisiones que beneficien a sus comunidades.
Es así como han surgido las acciones afirmativas, estas medidas de carácter temporal, correctivo y compensatorio, diseñadas especialmente para revertir la desigualdad estructural.
Desde 2021, las acciones afirmativas comenzaron a consolidarse tanto en el ámbito federal, como en diferentes entidades federativas. Desde el Instituto Nacional Electoral se generaron acuerdos para poder establecer pisos mínimos de postulación de estos grupos.
Las sentencias emitidas por las instancias jurisdiccionales también han sido piezas clave para establecer elementos que garanticen una verdadera inclusión, como lo es la adscripción calificada para garantizar una representación efectiva de estas comunidades.
En el caso de la entidad mexiquense, el camino aún es largo por recorrer, nuestra entidad paradójicamente es la que tiene la mayor lista nominal, pero fue la última en incorporar las acciones afirmativas, lo hizo hasta 2024 y con resultados poco óptimos, pues se denunciaron irregularidades y usurpación de espacios por parte de la organización Fuera del Clóset.
La consejera electoral del INE, Carla Humprey, ha expresado que desde su implementación los partidos políticos se resisten a postular a personas de grupos vulnerables, pues hay quienes se han dedicado a hacer trampas, fraudes, buscando cualquier resquicio legal para no cumplir con la ley.
En México, según datos del INEGI, el 1.16% de la población nacional se identifica como afromexicana, por lo cual, al ser un grupo históricamente discriminado por cuestiones de raza y color de piel, afronta la dificultad de ejercer plenamente sus derechos y se enfrenta a la falta de inclusión en la toma de decisiones.
En diversas mesas de análisis, organizadas en 2020, cuando presidí la comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del IEEM, destacadas activistas expresaron que es un derecho de las comunidades afrodescendientes participar en política y conocer el nombre de las personas que se postulan, lo cual tendrá que ser revisado de nueva cuenta ante el próximo proceso electoral 2027.
¿Cuál debe ser la transformación de los órganos electorales?
Con una participación de 5 mil 294 personas, 356 propuestas enviadas y 65 eventos programados, según las últimas cifras publicadas, cerraron las audiencias públicas de la Comisión Presidencial para la reforma electoral, donde una de las prioridades será la transformación de los órganos electorales, tanto federal, como locales.
La Comisión Presidencial para la reforma electoral colocó varios ejes sobre los cuales debatir y proponer, sin embargo, desde que se reconoció la necesidad de una reforma electoral, uno de los temas ha girado en torno a la posible desaparición de los órganos locales electorales.
En este rubro, más allá del debate que pueda existir sobre su permanencia o desaparición, lo relevante para la ciudadanía es cómo estas instancias comiciales podrían aumentar su cercanía, transparencia, austeridad y utilidad para la sociedad. Así, la reforma que se proponga debe responder a la pregunta de ¿cuál es la transformación que requieren estos órganos?
Toda reforma electoral debe tener como objetivo principal beneficiar a la ciudadanía, garantizando que se respete su sufragio, que el mismo se exprese en total libertad, sin presiones o clientelismos, además de establecer reglas claras que impidan ventajas para una élite o partido político ¿se ha logrado este ideal?
Con tardanza y bajo la presión social se ha ido avanzando, desde la reforma político-electoral de 1977 que buscó incluir a sectores ciudadanos que habían optado por alternativas extremas ante la cerrazón de un régimen autoritario; en este contexto surgieron las diputaciones plurinominales, las mismas que hoy en día se propone eliminar o reducir, debido a que se volvieron espacios de élites partidistas.
Las tareas o retos en esta perspectiva van hacia cómo transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los órganos locales electorales para que sean más cercanos a la ciudadanía y no sean espacios cerrados de élites comiciales.
Además, se tendrá que atender la necesidad de contar con instituciones más transparentes, sobre todo en el ámbito local, donde muchas instituciones consideran que por ser instancias autónomas no deben sujetarse a la normatividad estatal en su desempeño financiero y administrativo.
También se espera generar un diseño que consiga que la organización de las elecciones no represente erogaciones onerosas para la sociedad, incluido el monto que reciben los partidos políticos por financiamiento público.
La reforma debe buscar nuevos esquemas en la organización de las votaciones, considerar el voto digital o la urna electrónica como medios para frenar a los monopolios electorales, pues pocas empresas se llevan ganancias millonarias en cada proceso electoral.
La transformación de las instancias electorales está en gestación, en cuanto se presente la iniciativa veremos si el rumbo atiende las demandas de la ciudadanía.
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