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El instituto, se dijo en varias ocasiones, estuvo siempre en permanente cercanía con quienes detentaban el poder en el gobierno, desde ahí, se decía, se organizaban las elecciones y se configuraba al gran ejército humano que siempre ha sido el IEEM en cada proceso electoral.

En este tema, vale la pena mencionar, que hasta antes de este proceso electoral 2023-2024 había vocales que tenían 8, 9, 10 y hasta 11 procesos electorales sin dar oportunidad a la ciudadanía que nunca había formado parte de la institución de serlo.

En este proceso electoral por primera ocasión se hizo un cambio en el procedimiento de selección de los y las vocales con mecanismos más transparentes e incluyentes, una renovación de poco más del 46%.

Este cambio fue significativo ya que son ellos los y las vocales quienes desarrollan las etapas del proceso electoral en campo, en cada distrito y municipio y será sin duda valioso hacer un análisis y reflexión de qué funcionó y qué debemos mejorar.

Algunos otros temas son la transparencia y si efectivamente cumplimos con ese principio en los actos del IEEM, en las licitaciones y en todo lo que la misma implica.

Es necesario hacer una revisión de la normatividad pues hay alguna que requiere ser actualizada por ser obsoleta o por no cumplir con su finalidad. Revisar si los protocolos y documentos normativos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género han funcionado o porqué no.

Un tema reciente es la implementación de acciones afirmativas que se dio por primera ocasión y fuimos la última entidad en el país en implementarlas y que tuvo críticas en diferentes medios de comunicación e incluso una organización de la comunidad LGBTTTIQ+ como es “Fuera del Closet” que presentó un escrito en el que denunció simulaciones; ante ello debemos revisar los criterios y la forma en la que se garantizó de manera efectiva el derecho de quienes pertenecen a algún grupo vulnerable.

Todo ello requiere de una autoevaluación y una seria y profunda reflexión, tenemos tiempo para hacerlo y debe ser una prioridad.

Es mediante el voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, el voto que el 60.92% de la ciudadanía que participó en las urnas manifestó el pasado 2 de junio y en donde la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el respaldo de 33,226,602 millones de personas, es decir, el 59.35%.

Estos números forman parte de la aritmética que juegó su papel a la hora de dar cumplimiento al artículo 54 constitucional, el mismo que establece las bases para la asignación de los 200 diputados plurinominales en donde los partidos requieren acreditar que participan con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales y alcanzar por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales; además del corrimiento de la fórmula que permite materizalizar el sistema electoral mixto que tenemos en México.

En esta elección, como en todas las anteriores, los votos obtenidos por cada partido y los convenios de coalición jugaron preponderantemente en uno de los fines del actual sistema electoral que es traducir los votos en escaños.

Además de construir legitimidad y hacerlo a través de establecer reglas de competencia para acceder al poder con reglas que se consideran justas y permiten que los resultados de las elecciones sean acatados, la aplicación de la fórmula que analiza los límites de sub y sobre representación fueron fundamentales para tener números concretos en la configuración de la cámara de diputados y de senadores.

Hay muchas críticas al sistema electoral que tenemos y en efecto, el mismo es barroco y lo es porque está sobrerregulado, también hay etapas que deben ser reflexionadas y eliminadas porque con otros procedimientos implementados por todas las fuerzas políticas resultan obsoletas, como la etapa de pre campaña, sin embargo, en esta ocasión como en los últimos procesos electorales en donde gobernaron otros partidos la fórmula es la misma y los operadores jurídicos están obligados a su aplicación y con ello dar cabal cumplimiento a lo que la ley dice.

Lo anterior no exime de hacer los análisis, críticas y propuestas de reforma que correspondan en el ámbito de competencia de cada institución, por ejemplo ¿la aplicación de la ley genera supuestas distorsiones? Si es así, entonces tendrá que ser discutido al seno del poder legislativo que es el facultado para ello.

La democracia como refirió el politólogo y político francés Condorcet, debe servir para generar deliberaciones, debate en el que el pueblo que es soberano se involucre y exprese también su sentir.

Es claro que el respaldo de la mayoría de la ciudadanía quedó expresado en las urnas con una gran contundencia, esa que se observa en los 37 puntos de diferencia entre una y otra de las contendientes y esa que se da al correr la fórmula y existir una mayoría calificada que cumpla con el mandato que la ciudadanía les delegó con su voto.

Vendrán la reforma al poder judicial y otras determinaciones importantes que ya desde el pasado viernes se dieron en cuanto a los organismos autónomos. El ámbito electoral no está excento de escrutinio y la propuesta de reforma tiene fechas concretas como septiembre de 2025, habrá que prestar atención a la forma en la que se da la correspondencia con quien detenta la soberanía popular.

Aunado a ello también se ha hecho presente en esas mesas de análisis un reclamo a la oposición y sus líderes de partido por el gran déficit que ven para poder controvertir el tema de fondo, lo que nos lleva a plantear de nueva cuenta la crisis de partidos políticos por la que las democracias atraviesan; una crisis que no es menor pero tampoco nueva si consideramos que desde los años ochenta se habla de ella y que las diferentes formas de medición que existen demuestran que la ciudadanía tiene muy poca confianza en los partidos políticos y ello se ve reflejado también en los niveles de abstencionismo que hay en cada elección.

Es con ese porcentaje de participación ciudadana que votó con el que se gana bajo el principio de mayoría y con el que se debe dar cabida al reflejo de esos votos convertidos en escaños, no hay más y claro que existe la interpretación que debe dársele a lo que la ley expresa, por ello tal y como sucedió en el caso de la entidad mexiquense, la autoridad administrativa federal correrá la fórmula y en su caso será la autoridad jurisdiccional quien confirme o modifique la forma en la que se proyectó la misma.

Lo álgido del debate no es nuevo, de hecho, no es privativo de México, muchos países a lo largo de su historia han tenido que debatir y buscar la mejor alternativa para poder materializar y ver reflejados los votos de todos los votantes en los escaños de representación popular a través del principio de representación proporcional.

Desde la mitad del siglo XX la relación causal entre sistemas electorales y sistemas de partidos ha sido parte de los estudios y análisis que se hacen sobre el funcionamiento de los sistemas electorales.

En Europa con un sistema parlamentario y la puesta en marcha del sufragio universal, el principio de representación proporcional se dio, por ejemplo, con cálculos de poder de la vieja clase política que no quería ver más diezmado su poder en el parlamento.

Alemania es otro claro ejemplo de cómo se han gestado controversias y reformas, su sistema es muy parecido al nuestro, también es mixto y el Tribunal Constitucional Federal Alemán ha tenido que resolver sobre los escaños excedentes en el sistema de representación proporcional personalizado

La representación proporcional también es una cuestión de poder, ligada a la historia y contexto social, político y cultural del Estado-nación.

En México persiste el presidencialismo con un sistema mixto para la integración del Congreso, con una larga historia de cómo se han gestado y determinado esos espacios, recordemos que la legalidad, otro principio también del sistema electoral, implica atender la literalidad de la ley.

En América Latina está muy ligado al presidencialismo y cómo no estarlo si el máximo cargo que es la presidencia de la república se vota de manera unipersonal en la mayoría de los países y no deriva de una decisión del parlamento como en el principio de proporcionalidad.

“El presidente es el órgano constitucional más fuerte y quien domina a menudo la práctica política”(Dieter Nohlen, profesor titular emérito en la Universidad de Heidelberg, Alemania); sin embargo, hay que poner especial cuidado pues se considera que puede existir un serio riesgo de usar esta mayoría y tener dictaduras plebiscitarias encubiertas a través de mecanismos de participación ciudadana.

El principio de proporcionalidad está ligado a las democracias consociativas, su fin es que todos los partidos estén representados en el órgano a ser elegido en una relación lo más aproximada posible al número de votos recibidos.

Aunado a ello debe entenderse como una regla de decisión en la que se dan diferentes acuerdos entre los actores políticos y la conformación de las coaliciones que han sido conformadas.

La elección de uno u otro principio está ligado a la cultura política de las sociedades, a su contexto social e institucional. En México tenemos un sistema mixto, la presidencia de la república se elige bajo el principio mayoritario, pero en la conformación del Congreso de la Unión y las legislaturas estatales aplican ambos.

La asignación de los escaños donde se aplica el principio de representación proporcional siempre han tenido su grado de complejidad y tensión política, más ahora en donde también se debe analizar la paridad y la inclusión de los grupos históricamente discriminados.

No debemos olvidar que se trata de cuestiones de poder, en donde hay intereses y cálculos políticos y todos los partidos buscan beneficiarse del sistema electoral.

Hay una regla y es que los grandes partidos políticos preferirán una representación menos proporcional a diferencia de los pequeños que sí están por la mayor proporcionalidad.

Lo cierto es que ninguno de estos 2 principios son políticamente neutrales y éste será un momento oportuno para también revisar, analizar y en su caso determinar si la fórmula y principio de proporcionalidad debe seguir vigente o tener algunos cambios.