El voto ciudadano, motor del cambio político
Escrito por Karina Ivonne Vaquera Montoya
La democracia como régimen político requiere de un ingrediente sencillo, pero complejo: el voto ciudadano.
La Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 21, expresa: “Toda persona tiene el derecho en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.”
En Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay el sufragio es obligatorio, contrario a Costa Rica, Honduras, Paraguay y México.
Pero más que hacer obligatorio un derecho humano, se requiere generar una fuerte conciencia del poder que se tiene, al detentar este derecho que ha permitido que partidos políticos con diferentes ideologías arriben a los espacios de poder en los tres niveles de gobierno y exista alternancia política.
Ese cambio o sustitución de un grupo gobernante por otro, que sucede de manera pacífica y de acuerdo a las reglas electorales del momento, premia o castiga el trabajo de los representantes populares.
Por ello, la participación ciudadana representa un reto permanente para instituciones electorales y partidos políticos, sobre todo para estos últimos, ya que la mayor debilidad de nuestra democracia reside en que la ciudadanía no se siente representada por los partidos políticos, gobernantes y legisladores[1], lo cual se refleja en los porcentajes de participación. Por ejemplo, en el Estado de México, a pesar de estar por arriba de la media nacional, en la última década ha sido contrastante; en 2018 fue de 67.18%, en 2021 de 54.05%, y en 2024 de 64.18%.
Un dato que llama la atención es que sólo un 10% de personas asocia el derecho al voto con la condición de ciudadanía. Y las personas de 20 a 29 años presentan el porcentaje más elevado de insatisfacción, respecto de lo que implica la democracia, al alcanzar un 43%.[2]
De los 15 municipios mexiquenses con la mayor lista nominal, se observa que el abstencionismo se ha incrementado, ejemplos: Ecatepec en 2018 registró un 34.84%, en 2024 un 38.07%, y en 2021 el abstencionsimos fue del 52.49%.
Se suman a esta lista Nezahualcóyotl, que en 2021 tuvo 47.88%, Naucalpan 49.82%, Chimalhuacán 55.75%, Tultitlán 50.64%, y Chalco 54.69%.
El 2026 es la antesala del proceso electoral de 2027, y aún con la nueva legislación electoral que se genere, estos datos deben ser considerados por los partidos políticos. La legitimidad también reside en un mayor porcentaje de participación, ganar sólo con el voto duro no tendría que ser el objetivo final.
[1] Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026.
[2] Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026.
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