Comunicación
Social

No cabe duda de que el mundo atraviesa momentos sombríos. Los conflictos bélicos son, acaso, la cara más visible de la violencia estatal en diversas regiones del mundo. Pero, por desgracia, no es la única. Al interior de diversas sociedades se replican discursos violentos contra una multiplicidad de grupos sociales: activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, mujeres, extranjeros o migrantes.

En este contexto, uno de los grupos históricamente discriminados a nivel global ha sido el de la comunidad LGBTTTIQ+. La discriminación que padecen es múltiple. A menudo las personas de la diversidad sexual y de género enfrentan el desafío de la aceptación, incluyendo a sus propias familias, y pueden llegar a enfrentar barreras económicas, burlas sociales o violencia política, por sus preferencias personales. Detrás de ello se logran advertir causas diversas, como lo son: conductas machistas, intolerancia, falta de empatía y, debe decirse, una voluntad que puede ser directa o indirecta de dañar.

¿Puede una democracia alcanzar sus objetivos permitiendo este discurso de odio hacia el otro? A la luz de la experiencia histórica, la respuesta es negativa. Un régimen auténticamente democrático no se funda en instituciones de papel, ni se limita a caracterizaciones puramente formales. Vivir en democracia tiene implicaciones más profundas. Requiere construir, promover y defender los valores de igualdad, libertad, solidaridad y diversidad para que éstos guíen la convivencia social en sus múltiples niveles.

En México, de acuerdo con el INEGI, alrededor de 5 millones de personas se autoidentifican con una orientación sexual e identidad de género LGBTTTIQ+. A su vez, el Estado de México es la entidad federativa con más personas pertenecientes a esta comunidad, con casi 500 mil personas. Por ello, el Mes del Orgullo LGBTTTIQ+ es un buen momento para evaluar la deuda histórica y pendientes que, como sociedad, tenemos con las personas de la diversidad sexual y de género. Mucho hemos avanzado en materia legal y reglamentaria. Desde 2015 se garantizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, a pesar de que algunos Congresos locales aun no emiten legislaciones al respecto. En materia electoral, las autoridades han emitido lineamientos y protocolos para proteger los derechos político-electorales de estas personas, así como sentencias que garantizan su derecho a votar y ejercer cargos públicos en todos los niveles.

Sin embargo, debemos socializar estas modificaciones para que cualquier sociedad que disfruta de los beneficios de convivir en un marco democrático sea consecuente en su actuar diario. No podemos olvidar que todas y todos ocupamos una posición en nuestra comunidad y que discriminar al otro nos vulnera inmediatamente para ser discriminados por cualquier otra razón. Por ello, entender y defender la diversidad sexual y de género es, al mismo tiempo, defender nuestras las libertades y derechos de todas las personas.

Desde nuestros espacios familiares, laborales, vecinales, cívicos y digitales podemos detener el avance del discurso opuesto. El resentimiento, el temor, la hostilidad, el nativismo y la supremacía étnica han ocupado un lugar central en la oferta política. Partir desde esta posición ética y política no permite que ninguna política pública entregue resultados democráticos, es decir, incluyentes, equitativos, exhaustivos o incrementales. El momento histórico que atravesamos exige, de autoridades y ciudadanía, sumarnos a la defensa irrestricta de los derechos de todos y cada uno de los individuos de nuestra sociedad.