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Uno de los resultados más visibles del proceso electoral que concluye es el avance del principio de paridad de género en los cargos de elección popular. Se trata, sin lugar a dudas, de una de las mayores conquistas de nuestra democracia en los últimos años.

Tras la jornada electoral de junio de 2024, cuatro nuevas mujeres serán titulares de poderes ejecutivos locales (Ciudad de México, Guanajuato, Morelos y Veracruz), sumándose a las gobernadoras en funciones (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Quintana Roo, Tlaxcala), para dar un total histórico de 13 gobernadoras en el país. Asimismo, se prevé que la composición paritaria continúe su tendencia en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales.

Como han señalado diversas especialistas, estos resultados demuestran no solo un profundo cambio en la cultura política mexicana, sino la funcionalidad de las últimas reformas en materia de género en el ámbito electoral. Una de las lecciones que debemos entender es que no basta con modificar los patrones culturales en una sociedad, sino que los avances deben ser plasmados en la legislación para introducir nuevas dinámicas e incentivos institucionales.

A pesar de los avances, las mujeres mexicanas debemos ser conscientes de que un liderazgo femenino no siempre significa en un liderazgo feminista, es decir, comprometido con la agenda de género. No basta con asumir una posición de poder o de responsabilidad pública. Hace falta traducir las facultades adquiridas en acciones que empoderen a las mujeres, que nos procuren una vida libre de estereotipos, barreras o violencia de cualquier índole, que nos proporcione las mismas oportunidades y retribuciones que el resto de los miembros de nuestra sociedad.

Por ello, la llegada de más mujeres al poder representa una ventana de oportunidad histórica para renovar la vida pública en nuestro país, cambiar las estructuras y dinámicas de las instituciones políticas y democratizar aun más nuestra sociedad para convertirla en una más solidaria, tolerante, horizontal y participativa.

Aunque lo anterior demanda una tarea colectiva, el liderazgo de las mujeres representa un elemento clave. Es momento de transformar la percepción del liderazgo político en sí mismo, para abandonar ideas comúnmente asociadas a quienes detentan el poder en clave patriarcal (inflexibilidad, mano dura, intolerancia) y acercar el ejercicio público a virtudes que son necesarias en los tiempos actuales (diálogo, inclusión, flexibilidad). 

Pero también, se estima pertinente que gobernantes, legisladoras y servidoras públicas de todo el país impulsemos una nueva agenda pública, que ponga en el centro del debate problemas y sujetos que tradicionalmente han sido relegados. Se trata de convertir los cambios cuantitativos en aspectos cualitativos. Solo de esta manera podremos traducir la presencia femenina en una labor política genuinamente feminista y, a través de ello, más democrática.

Llegamos a la recta final del proceso electoral concurrente 2023-2024. Como ya se ha señalado, se trata no solo del proceso electoral más grande de nuestra historia sino del más incluyente. En el Estado de México, la autoridad electoral ha dado puntual seguimiento para que todos y cada uno de los procedimientos electorales se lleven a cabo en estricto apego a la normatividad vigente. De esta manera, se ha garantizado la paridad de género en la postulación de candidaturas, pero también el cumplimiento, por parte de los partidos políticos, de las disposiciones para asegurar la participación de personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual, comunidades y pueblos indígenas, afromexiquenses, así como personas con discapacidad.

A pocos días de nuestra cita con las urnas, es pertinente valorar el papel de nuestras instituciones democráticas. Cabe recordar que hemos construido uno de los sistemas electorales más complejos, innovadores y avanzados a nivel mundial. Su objetivo ha evolucionado sustancialmente para velar ya no solo por la certeza y legitimidad de los resultados electorales, sino por la participación de todos los grupos y sectores de la ciudadanía.

Gracias a la colaboración ciudadana en la organización del proceso electoral —patente a través de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, capacitadores asistentes electorales, supervisores, observadores y especialistas que forman parte de las tareas de auditoría a los diversos programas—, la actuación del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se robustece y se legitima. A lo largo de los últimos meses, las autoridades centrales y órganos desconcentrados del IEEM nos hemos dado a la tarea de preparar los materiales que se utilizarán en la jornada electoral, capacitar a las y los funcionarios que participarán, seleccionar y difundir la localización de las casillas, publicitar el perfil y propuestas de las candidaturas locales, instaurar el Programa de Resultados Electorales Preliminares, así como el resto de mecanismos que nos permitirán dar seguimiento al desarrollo de los comicios.

En todas estas tareas, el profesionalismo de las y los servidores públicos que conforman al IEEM, así como la experiencia acumulada y el constante escrutinio público, han sido elementos clave para cumplir a cabalidad con los principios rectores de la función electoral, a saber, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y paridad.

La finalidad última de todo este trabajo acumulado es consolidar la legitimidad de nuestras instituciones democráticas, la renovación cívica y pacífica del poder público, así como la participación de la ciudadanía en condiciones de libertad. Por ello, sea cual sea el resultado, la actuación de las autoridades electorales, partidos y candidaturas debe ser ejemplar para que la ciudadanía mexiquense mantenga su confianza en el voto como el mecanismo idóneo para elegir a representantes, programas de gobierno y proyectos políticos. Acudamos, pues, este domingo 02 de junio a la cita con las urnas para ratificar nuestra confianza y nuestro compromiso con la democracia.

Nos acercamos a una de las etapas más decisivas del proceso electoral 2024. De acuerdo con el calendario electoral, el próximo 26 de abril inician las campañas para Ayuntamientos y Diputaciones Locales en el Estado de México. En nuestro estado, las y los ciudadanos acudiremos a las urnas para elegir 75 diputaciones locales, 125 presidencias municipales, 136 sindicaturas y 966 regidurías, para un total de 1,302 cargos de elección popular.

Al insertarse los comicios del Estado de México dentro del proceso electoral más grande de nuestra historia a nivel nacional, es común que el flujo de información sea tan masivo como dinámico. Prácticamente todos los diarios, programas televisivos o radiofónicos, así como las redes sociales comienzan a centrar su atención en las campañas electorales, candidaturas, propuestas y escenarios políticos.

La conversación pública en torno a los comicios, las alternativas y la contienda por el poder son una de las mejores evidencias de la vitalidad de una sociedad. Justamente en la participación y el interés ciudadano descansa buena parte de la construcción de una mejor democracia. Sin ello, ninguna sociedad sería capaz de mejorar la calidad de sus instituciones y liderazgos políticos.

No obstante, además de la cantidad de información que recibimos, debemos prestar atención a su calidad y a nuestra capacidad para discernir la validez y consistencia de la información. Desde luego, no se trata de descalificar a priori algunas fuentes, testimonios o evidencias. Menos aún de invalidar los señalamientos críticos hacia candidaturas, partidos o autoridades.

Lo que se busca es construir una conversación pública y una contienda electoral basadas en el civismo, la veracidad de la información, la cultura de la paz y el respeto a la legalidad. No podemos olvidar que la libertad de expresión debe ejercerse con responsabilidad. Por ello, como sociedad debemos rechazar los señalamientos que pretendan lesionar la imagen de cualquier candidatura basados en comentarios discriminatorios por razón de género, edad, origen étnico, aspecto físico, condición social, de salud o cualquier otra.

Pero también debemos tener mucho cuidado de caer y difundir noticias falsas que circulan en las redes sociales. La mejor manera de lograr esto es contrastando la información en diversos medios o fuentes oficiales. La inmediatez no siempre es compañera de la veracidad.

Para abonar a la transparencia y derecho a la información de la ciudadanía, el Instituto Electoral del Estado de México ha puesto en marcha, como en procesos electorales previos, el sistema “Candidatas y candidatos, conóceles”. A través de esta plataforma, la ciudadanía mexiquense podrá conocer la trayectoria profesional, académica, antecedentes políticos y propuestas principales de cada uno y cada una de sus candidatas. Se trata de una herramienta sumamente útil que debemos difundir, pues incentiva el conocimiento de los perfiles y el análisis de sus propuestas como elementos indispensables para el ejercicio de un voto crítico e informado, lo cual supone la base de una democracia sólida.

En las sociedades contemporáneas suele aceptarse que un gobierno democrático parte de dos principios bien establecidos: el voto universal y la regla de la toma de decisiones por mayoría. Sin embargo, una democracia incluyente debe revisar constantemente la instrumentalización de estos dos principios para garantizar una efectiva representación de intereses diversos, pero, al mismo tiempo, el respeto a los derechos de las minorías.

En este sentido, el primer principio —del voto universal— se refiere a los avances que históricamente se han alcanzado para extender el reconocimiento del derecho al voto a cada vez más sectores sociales. La evolución misma del concepto de universalidad ha sido fundamental, pues en siglos pasados bastaba con que los hombres libres votaran para que una sociedad se considerara democrática. Posteriormente, el sufragio se reconoció como derecho de las mujeres y en general de todas las personas sin distinción de su origen étnico, edad, condición social, religión, opiniones o preferencias, transitando a una verdadera universalidad. De este modo, y como señala Bobbio, a mayor universalidad del voto, mayor democratización de la sociedad.

Por otra parte, en una democracia incluyente, el segundo principio democrático referido —la toma de decisiones a partir del principio de mayoría— debe ser respetuoso de los derechos humanos reconocidos para las minorías. En un Estado constitucional, ningún proyecto político, decisión u objetivo puede vulnerar los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales. Pero, además de ello, una democracia incluyente debe incorporar los intereses y necesidades de las minorías que, aunque no cuenten con el peso demográfico, político o simbólico de la mayoría, sí se reservan su derecho a ser atendidas por el poder público.

Aunque lo anterior se ha reconocido teórica y legalmente, queda pendiente el reto de instrumentalizar estos principios de manera plena en nuestras sociedades de hoy. Al respecto, la autoridad electoral de nuestro país ha avanzado en materia de implementación del voto anticipado para personas con alguna discapacidad. Esta modalidad de voto fortalece los dos principios democráticos referidos, pues extienden aún más la universalización del voto e integran a minorías en la agregación de intereses.

Para este proceso electoral concurrente 2023-2024, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se ha comprometido a implementar las acciones necesarias a efecto de garantizar el Voto Anticipado en el estado de México para la ciudadanía que tenga alguna incapacidad física que impida, limite o dificulte su asistencia ante la casilla que le corresponda durante la Jornada Electoral. En ese sentido, el pasado 20 de febrero, el Consejo General del IEEM aprobó los Formatos Únicos de la Documentación Electoral, para el Voto Anticipado de la Elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2024. Dichos formatos cumplen con las especificaciones técnicas de la documentación electoral, los requerimientos establecidos en las disposiciones legales y, no menos importante es que se encuentran personalizados atendiendo a las particularidades de la elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2024.

Con esta decisión, se procede ahora a la impresión de los formatos y su posterior distribución. Con ello, el IEEM da un paso firme hacia la inclusión y la no discriminación, de manera que nuestra democracia siga consolidándose bajo un paradigma de inclusión, para que ninguna persona se quede sin ejercer su derecho humano al voto.

El pasado domingo 4 de febrero, El Salvador concurrió a elecciones presidenciales. El resultado no fue sorpresivo para nadie: con 82.6% de los votos recibidos, Nayib Bukele consiguió reelegirse para un nuevo periodo presidencial de cinco años. Se trata del primer presidente salvadoreño, en ocho décadas, en presentarse a una reelección. La Constitución del país centroamericano prohibía, en al menos seis artículos, que un presidente ejerciera un nuevo mandato. ¿Cómo interpretar lo sucedido?

El caso salvadoreño debe alertar a toda la región Latinoamericana. Son muchas las aristas que admiten un análisis a profundidad. Sin embargo, me gustaría apuntar solo tres; todas ellas, una muestra de una profunda vocación antidemocrática. 

1. El gobierno de Bukele implantó con éxito la idea de que un gobierno electo debe conseguir resultados a cualquier costo. Por desgracia, la crítica situación de inseguridad y pobreza que padece El Salvador alimentó las expectativas de una sociedad urgida de mejores condiciones de vida. Desde un inicio, Bukele volcó a las fuerzas de seguridad para encarcelar, en tiempo récord y sin debidos procesos, a miles de ciudadanos. Es célebre la construcción de un magno centro de detención —la cárcel más grande de América— que en pocos años ha llenado de presuntos miembros de pandillas. Sin embargo, en una democracia los objetivos políticos, cualesquiera que sean, deben perseguirse dentro de los márgenes permitidos por la ley y el respeto a los derechos humanos. Cualquier violación a estos límites es propia de las dictaduras.

2. El poderosos aparato propagandístico no solo consiguió posicionar la figura personal de Bukele, sino erosionar las coordenadas de la realidad. El mejor ejemplo de ello es, justamente, el combate al crimen. Decenas de miles de personas han sido exhibidas ante la opinión pública como criminales sin que medie ni importe un juicio sobre su culpabilidad. Adicionalmente, se ha replicado la versión de que El Salvador se ha convertido en el segundo país más seguro del continente, solo después de Canadá. Sin embargo, las cifras que “sustentan” tal afirmación emanan del propio gobierno, sin que otras autoridades o instituciones puedan proporcionar información al respecto. El cerco informativo ha vulnerado el derecho de acceso a la información de la sociedad salvadoreña, sustituyendo la realidad con un discurso oficial.

3. Los excesos autoritarios pudieron detenerse a tiempo por medio de contrapesos constitucionales. Aunque su gobierno gozara de mayoría legislativa y aprobación popular, las garantías judiciales, el respeto a las leyes y a los tratados internacionales debieron imponer límites a su actuación. Sin embargo, Bukele atropelló las instituciones, destituyó a funcionarios incómodos y colocó a personajes subordinados, no para desempeñar sus obligaciones, sino para favorecer al presidente con interpretaciones sesgadas a la ley.

Una dictadura no solo se impone con las armas, también lo hace cuando burla los contrapesos institucionales. En una auténtica democracia, cualquier proyecto político, por más legítimo que sea, debe sujetarse al debate de ideas, al control de otros Poderes y a la sujeción a las leyes. Las fuerzas políticas que caminen en sentido contrario, traicionan peligrosamente a la democracia.