Algo que resalta en este proceso electoral es el alto grado de polarización que existe en la sociedad mexicana, son polos extremos, que como su nombre lo dice parecieran irreductibles.
La opinión pública está dividida, los discursos de odio y violencia son alimentados por los grupos de poder y seguidores que conforman ambos extremos, pues se deja ver que no hay medias tintas, es blanco o negro, falso o verdadero, correcto e incorrecto incluso se ha introducido el término bueno y malo ligado a temas más religiosos, esto último muy peligroso e ilegal.
Y lo es porque se vulnera el artículo 130 constitucional que determina la separación de la Iglesia y el Estado, una lucha que viene desde la Ley Juárez, anterior a la promulgación de la Constitución de 1857. La limitación hecha a la iglesia ha sido correcta pues ninguna institución religiosa debe tener materializado el doble poder que tiene temporal y espiritual inmiscuido en temas de carácter político.
Los sacerdotes y miembros de la iglesia están impedidos para participar en la política partidista, no pueden hacer proselitismo a favor de candidato o partido político alguno lo que significa que tampoco deben emitir opiniones en contra de ningún o ninguna contendiente, pues afecta la equidad en la contienda.
En México la población profesa mayoritariamente la religión católica, 77.94% que son poco más de 93 millones, más de 13 millones, la religión protestante/cristiano evangélico y casi 13 millones manifestaron sin adscripción religiosa alguna; esa es la materialización de la libertad de culto que debe prevalecer.
El principio de autoridad y poder NO descienden de Dios. La democracia es un régimen de gobierno incluyente, con elecciones periódicas, en donde deben prevalecer las propuestas para dar solución a los problemas que como sociedad nos aquejan, un voto libre e informado sin ningún tipo de velo.
La iglesia católica ha estado y sigue sumida en graves problemas de pederastia, por ejemplo, ese es un tema que sin duda debe ser condenado y resuelto. Aunado a ello los miembros de la iglesia católica pueden participar votando tal y como se estableció con la reforma de 1992, incluso pueden ser votados si se separaran de su ministerio. Garantizar el estado laico es parte fundamental de la democracia. La ciudadanía debe votar libre, informada, sin ataduras ni presión de ningún tipo.