La medida en que las mujeres han ido dejando atrás los estereotipos de género que se reproducen al interior de la familia, la escuela, el trabajo, entre otros, y despegándose del piso pegajoso, que es el término empleado para referirse a las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en comparación con los hombres para abandonar puestos de trabajo precarios o con peor remuneración, la violencia ha ido en aumento.

Lo mismo pasa en el ámbito político con los techos de cemento donde las mujeres que deciden no incursionar en la esfera política lo hacen por los altos costos personales y familiares que se autoimponen como parte del sistema patriarcal. Y cuando decidimos participar, nos enfrentamos a violaciones que son, en la mayoría de los casos, sistemáticas por parte de los hombres que portan la bandera del género, pero son los primeros y más violentadores. A pesar de contar con mecanismos como el PES[2], este no ha logrado que se sancione a quienes vulneran los derechos de las mujeres.

Es necesario redoblar esfuerzos para informar qué actos, omisiones o tolerancias configuran violencia contra las mujeres. Es necesario conocer la Convención Belem Do Pará: el primer instrumento internacional vinculante en reconocer que la violencia contra las mujeres es una violación sancionable de derechos humanos y que define la violencia como aquel acto que cause muerte, dolor, sufrimiento físico, sexual o psicológico a una mujer, tanto en lo privado, como en el ámbito público.

Nos encontramos en proceso electoral con mujeres participando en la etapa de precampaña, pero también con muchas mujeres en espacios de toma de decisión, mujeres militantes, simpatizantes, mujeres en la sociedad civil, empresarias, líderesas de opinión, capacitadoras electorales, comunicadoras, reporteras, un sinfín de mujeres que, en caso de ser violentadas, debemos alzar la voz y no callar ninguna vulneración a nuestros derechos humanos. ¡No es no! a cualquier tipo de violencia de género.

Durante muchos siglos atrás las civilizaciones más antiguas sortearon su permanencia y forma de organización política, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la Alta y Baja Edad Media de los siglos XI y XV en los que la política era solo fuerza: la fuerza de quien era o se convertía en el más fuerte de entre los reyes, duques y príncipes, hasta que se llegó a la época de las revoluciones que lograron que el reducido grupo que detentaba el poder tuviera que hacer concesiones que nunca antes había pensado y fue cuando apareció el concepto de democracia liberal.

A pesar de que en algunos círculos hay actos incorrectos y contrarios a las virtudes democráticas, hay que reconocer que la democracia como sistema de gobierno se ha impuesto y con ella se garantiza el respeto a los derechos humanos, civiles y políticos de los individuos, no solo eso, también ha dejado clara la relevancia del respeto a la libertad, esa que Benjamín Constant expresó en su discurso en 1819 y que definió la estructura del Estado Moderno.

La libertad de nuestros días hace que nos encontremos sometidos a leyes donde no nos pueden detener, arrestar o maltratar de forma arbitraria si no es bajo lo que la ley dice.

Libertad que tenemos para dedicarnos al oficio o profesión que nos satisfaga, el derecho de reunión y asociación. Estas libertades son parte de la democracia, y con ellas, la libertad de participar en los asuntos públicos a través de la elección de las personas que queremos que nos representen en los diferentes ámbitos de gobierno.

Entender la democracia que hoy tenemos implica también ejercer esos derechos y exigir de quienes se encuentran como funcionarios públicos de cualquier nivel que cumplan cabalmente con su encomienda.

De la autoridad electoral se exige y espera actuar con legalidad, certeza, máxima publicidad en sus decisiones. Pero quizás, por la propia historia de nuestra entidad la que, sin duda estará muy observada, será la imparcialidad con la que actuemos.

Resulta de multiplicar el 65% del valor diario de la UMA vigente en el 2023 es de: $103.74[1], equivalente a $67.431 por el número total de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral de la entidad con corte a julio del año 2022, que es de 12,474,257 dando como resultado la cantidad de $841,151,623.77 (ochocientos cuarenta y un millones, ciento cincuenta y un mil, seiscientos veintitrés pesos 77/100 M.N.), que será distribuida en un 30% de forma igualitaria y un 70% proporcional directa a su votación válida efectiva obtenida en la última elección de diputados locales, es decir, la de 2021.

Las cantidades son muy altas, y por ello, la ciudadanía muestra descontento al no ver satisfechas las demandas sociales respecto a la inseguridad, los servicios públicos, la salud, la erradicación de la violencia contra las mujeres, por mencionar algunos.

Este año los 8[2] partidos tendrán, además de la cantidad anterior, $420,575,811.88 (cuatrocientos veinte millones, quinientos setenta y cinco mil ochocientos once pesos 88/100 M.N) para la obtención del voto en la campaña para renovar la Gubernatura y $25,234,548.71 (veinticinco millones, doscientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho pesos 71/100 M.N) para el desarrollo de actividades específicas, en donde se encuentra el 3% para el liderazgo político de las mujeres, mismo que resulta insuficiente para cerrar la brecha de desigualdad que existe.

Nuestro país tiene un financiamiento mixto en el que prevalece el público, son recursos de toda la ciudadanía y es necesario que se debata si la fórmula es adecuada, sobre todo considerando los índices de pobreza y desigualdad que hay. Sin duda vienen momentos para escuchar propuestas.

[1] Con base en el cálculo y determinación del valor actualizado realizado por el INEGI publicado en el DOF el diez de enero de dos mil veintitrés, se dio a conocer que el valor diario de la UMA es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 M.N.), mismo que estará vigente a partir del primero de febrero de dos mil veintitrés.

[2] PAN, PRI, PRD, PT, VERDE, MOVIMIENTO CIUDADANO, MORENA, NUEVA ALIANZA.

Este tema de las vocalías, hay que reconocer, ha evolucionado, pues años atrás era un acuerdo que se generaba entre las fuerzas políticas que daban sus propuestas. Ahora existe un reglamento que rige el proceso de selección a través de un examen, una entrevista, requisitos y ponderaciones; sin embargo, sigue careciendo de inclusión de la ciudadanía que nunca ha sido parte de estos órganos desconcentrados.

Muestra de ello, es que de los 135 espacios que se designaron, solo 17 de ellos serán ocupados por personas que será la primera vez que participen en el proceso electoral. Esto representa un deficiente 13% para los poco más de doce millones de mexiquenses que tendrán el derecho de votar y ser votados el próximo domingo 4 de junio y que pueden integrar estos órganos.

Las otras 118 personas que fueron designadas ya han participado en otros procesos electorales, 19 de ellas en cuatro, 36 en tres, 31 en dos y 32 en un proceso electoral, respectivamente.

El debate entre tener experiencia y carecer de ésta, no puede ser un obstáculo o justificación para no ser incluyentes. Es necesario generar acciones afirmativas en favor de sectores y grupos históricamente discriminados para que se integre al máximo la ciudadanía y se involucre en los procesos de renovación de poderes que, son característica de las democracias constitucionales como la de nuestro país.

Tampoco se demerita la experiencia adquirida que resulta importante para el aprendizaje, capacitación y eficaz renovación. Lamentablemente existen muchos vicios que, a través de los años, se han generado y que laceran el trabajo y organización de los procesos electorales. En el último de ellos, el de 2020-2021, se sumaron quejas y denuncias por motivos de violencia, lo que es intolerable y recriminable, y no puede observarse de nueva cuenta.

Nos deja como tarea inmediata tal y como se expresó por integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, la revisión del Reglamento de Órganos Desconcentrados y preguntarnos: ¿Qué es lo que pasa?, ¿es el examen?, ¿son las ponderaciones?, ¿es el requisito de la experiencia?, y múltiples preguntas que nos obligarán a modificar lo que sea necesario para el proceso electoral de 2024.

Históricamente el Estado de México nunca ha sido gobernado por una mujer, desde la llegada de Isidro Fabela en 1942 y hasta 2022 son hombres quienes han detentado este cargo.

Un texto publicado por el Colegio de México refiere que la elite de este grupo de políticos [hombres] lograron esa estabilidad gracias a la denominada “familia revolucionaria”, una familia basada en un sistema patriarcal cuyo único movil era el interés material de ascender, conseguir poder y dinero, un conjunto de individuos que al igual que las mafias y pandillas ejercían una férrea disciplina basada en el terror y las ganancias.

Actualmente a pesar de ser poco más de 6 millones, las mujeres mexiquenses aún no estamos representadas con igualdad en los Ayuntamientos ya que, actualmente sólo 47 mujeres son presidentas municipales de los 125 municipios (37.6%) en contraste con los 78 hombres que arribaron a este cargo (62.4%).

Los avances son aún insuficientes, del total de sindicaturas 136 son ocupadas por mujeres y 49 por hombres, pero en las regidurías de 966, las mujeres ocupan 448 y los hombres 518.

En la Cámara de Diputados solo una mujer de 37 forma parte de la Junta de Coordinación Política y nunca ha sido designada una mujer como Secretaria de Gobierno.

Las mujeres siguen ocupando posiciones inferiores y eso hay que dejarlo claro, sobre todo para quienes dan respuestas simplistas como: “pues la ciudadanía no quiere votar por las mujeres o las mujeres prefieren participar en cargos de menor responsabilidad, lo cual es falso.

Sí, existen temas que atender y cumplir a cabalidad como los refiere la Convención Belem Do Para y son: el combate y erradicación de los estereotipos, los prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas que se basan en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros, los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer.

Toda mujer mexiquense tiene derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y en el privado, derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas incluyendo la toma de decisiones.

Habrá que prestar atención al proceso electoral que inicia el miércoles 4, sin duda las mujeres tendremos un papel relevante.