Estudios académicos elaborados por la Universidad Autónoma del Estado de México y otras Universidades han revelado la conformación histórica en el gobierno, por “castas de poder” lideradas exclusivamente por hombres.

Al analizar la paridad desde distintos enfoques se observa que durante años se ha restringido la posibilidad para que las mujeres participen en los espacios de toma de decisión más relevantes para nuestra entidad.

Por ejemplo, en Estado de México no ha existido una mujer al frente del Poder Ejecutivo y en su historia moderna solo 6 han sido candidatas para ocupar ese cargo, en la presente administración estatal de 16 puestos titulares en el gabinete solo 3 mujeres están al frente de secretarias de gobierno.

Por fortuna, las reformas sobre paridad que se gestaron a nivel federal desde 2008, 2014 y la última de 2020 son un avance importante que comienza a dibujarse en el ámbito local que por primera vez en su historia en la legislatura tiene una integración casi paritaria.

A pesar de lo anterior, es necesario seguir impulsando la reivindicación de derechos a través de la generación de acciones afirmativas en el contexto de la esfera política.

Las acciones afirmativas son mecanismos que buscan equilibrar las desigualdades sociales y equiparar la participación real en los espacios democráticos para los grupos históricamente desventajados.

En nuestra entidad el mayor reto está en los Ayuntamientos, ya que solo el 31% de ellos son gobernados por una mujer.

Actualmente, los denominados bloques de competitividad permiten hacer un análisis para identificar que las mujeres no sean postuladas en distritos perdedores.

Sin duda son un avance, pero es claro que falta un buen tramo que recorrer para que las mujeres participen en condiciones de igualdad, arriben a los cargos y puedan ejercerlos libremente, sin presión de ninguna índole, sin sujeción a nadie solo a partir de sus convicciones democráticas.

Es claro que la igualdad de trato y oportunidades no debe ser para unos cuantos ni para un solo género.

Normativamente está la obligación de que existan mujeres postuladas en un 50% pero una verdadera democracia exige más que solo ese piso mínimo.

Pérdida laboral, en ingresos, de oportunidades, pérdida de libertad, de relaciones sociales, pérdida de salud física, emocional y de los seres queridos.

Ante esta realidad, es claro que una de las grandes demandas de la ciudadanía está relacionada con la economía y la solución a la falta de empleo ante esta difícil crisis sanitaria.

Las preguntas son varias: ¿Cómo atender estas demandas? ¿Qué hacer para que la economía mejore? ¿Qué proponer de manera concreta que ayude a resarcir el déficit económico que existe y no aumente la pobreza, aún más de lo que ya existía desde décadas pasadas?

La respuesta, en efecto, no es sencilla, lo que hace ineludible reflexionar sobre la manera en la que se puede lograr prosperidad económica como sociedad y cómo en algunas otras latitudes se ha logrado no ahora, sino desde centenares de años atrás; me refiero a la constitución de capital social.

El capital social del que hablo es aquel que se compone de una serie de virtudes sociales como son: la honestidad, la confiabilidad, la cooperación y el sentido de responsabilidad para con los demás; todos ellos son de una naturaleza esencialmente social y los individuos deben considerarlos así y llevarlos a la práctica en lo individual y lo colectivo. El resultado es una sociedad próspera económicamente.

La generación de prosperidad por la colectividad y la adecuada distribución de la riqueza se observan también a través del andamiaje axiológico e institucional de aquellos países que ha podido llevar a la práctica las virtudes sociales.

Ha quedado demostrado históricamente como lo dice el científico social Francis Fukuyama que los países que prosperan económicamente son aquellos en donde su ciudadanía tiene un estricto apego a conductas éticas; contrario a aquellos países en donde se toleran conductas corruptas e individualistas que lo único que generan son estancamiento de su economía.

Esta crisis sanitaria nos ha dejado ver lo frágiles que somos, pero también las áreas de oportunidad que tenemos como sociedad.

Erradiquemos la corrupción que es una de las causas principales de estancamiento económico.

Comencemos por nuestro entorno: el Estado de México con un 79.6 % de su población en situación de pobreza o de vulnerabilidad por carencia de ingresos en 2018 y con el lugar 29 de 32 en ausencia de corrupción.

Es vital invertir en educación humanística para desarrollar virtudes sociales que permitan crear una nueva forma de organización.

Por ello resulta importante reflexionar en torno a lo que la seguridad pública significa de cara también a los procesos electorales en marcha tanto en el ámbito federal como el local.

Seguridad proviene del latín securitis que significa confianza, tranquilidad de una persona y lo que nos dice es que no hay nada que temer, es como tendríamos que sentirnos ¿nos sentimos así?

Así, la seguridad ha transitado y evolucionado a travez de la historia desde la época medieval en donde la sociedad se gobernaba por leyes que procedían de la voluntad divina y en donde el Estado absolutista usaba a los ejércitos al servicio del monarca para imponer orden.

Hasta el Estado moderno en donde la seguridad pública modifico su visión y se relaciono con el concepto de bien común; esos bienes y valores que la sociedad asegura en beneficio de la persona humana materializados en el orden, la paz, la justicia, el bienestar y claro, la seguridad.

En esta época la seguridad pública se vincula con el concepto de policía, entendido como un subsistema del sistema político que funciona a través de demandas en torno a la regulación de conductas y de obediencia de las leyes por quienes las infrinjan.

Vemos que la dicotomía de la seguridad pública se observa en la función que tiene por un lado de proteger y tutelar a la sociedad y por el otro de frenar y castigar a quienes cometen actos arbitrarios, violentos y contrarios a la ley.

Si nos situamos en los regímenes democráticos sabemos que en ellos es vital la existencia de seguridad pública, una seguridad que funcione adecuadamente y que realmente tutele los derechos humanos de la sociedad; que todos y todas nosotras salgamos sin miedo a la calle para ejercerlos plenamente.

En el caso de nuestro sistema electoral, éste contempla que la ciudadanía pueda ser parte de la organización de las elecciones a travez de diferentes formas, en nuestra entidad por ejemplo nuestros órganos desconcentrados distritales y municipales se conforman con ciudadanía mexiquense que tiene importantes responsabilidades en la organización de la elección.

Otro ejemplo son los monitoristas que se encargan de la verificación de la propaganda electoral y también los consejeros electorales tanto de los órganos locales como federales que realizan tareas muy importantes, uno de ellos el recorrido a los lugares en donde se instalarán las casillas el día de la jornada electoral.

Qué decir de los Capacitadores Asistentes Electorales (CAEs) que tocan a nuestras puertas para invitarnos a ser funcionarios de mesa directiva de casilla y de los observadores electorales, todos ellos deben salir de sus casas para llevar a cabo su trabajo y lamentablemente en muchas ocasiones se encuentran con actos de completa inseguridad.

Peor aún, existen casos en los que el Estado se puede ver rebasado por grupos delictivos y organizaciones criminales que generan miedo en la sociedad, por ello resulta importante que se atienda este tema ya que el riesgo de no hacerlo es grave.

De acuerdo con el índice de Estado de Derecho en México 2019- 2020 realizado por World Justice Project, el Estado de México ocupa en el tema de orden y seguridad la posición número 30 de 32 muy por debajo del promedio; lo cual debe hacernos reflexionar y por supuesto actuar en consecuencia quienes tienen a su cargo tal facultad.

La ausencia de seguridad pública puede inhibir a la ciudadanía para que sea partícipe del ciclo electoral que comprende todas las etapas en las que se desarrolla el proceso electoral y es algo que no se debe permitir.

La seguridad pública es una tarea que corresponde al Estado como institución, las autoridades estatales son quienes deben garantizar la protección y la tutela de los derechos humanos a la sociedad mexiquense.

La no participación de la ciudadanía en las elecciones que son el mecanismo que tenemos para la construcción de mayorías para designar a los representantes en el poder, lamentablemente puede llegar a deslegitimar no solo el proceso electoral sino a quienes resultan ganadores de una contienda cuando existe un bajo nivel de participación ciudadana.

En las democracias, la ciudadanía con la emisión de su voto ratifica o retira su apoyo a las fuerzas políticas que contienden. Es a través del sufragio como expresa su confianza e incide en la conducción de la vida pública de su municipio, entidad o país, de acuerdo con el tipo de elección de que se trate.

La no participación puede tener como causas: el desencanto con la democracia como forma de gobierno, la protesta contra el sistema o incluso una apatía que se convierte en auto marginación del régimen democrático.

En todas ellas hay una responsabilidad compartida por actores políticos e instituciones.

La existencia del abstencionismo nos debe llevar a la reflexión de nuestras actuaciones en cada uno de los espacios en los que nos encontramos. Combatirla y lograr que exista una gran participación sin duda es obligación también compartida.

Lo peligroso del abstencionismo es que puede permitir que una minoría se constituya en mayoría y sea quien decida el rumbo de las políticas publicas a través de quienes nos representen, lo cual no es lo mas saludable para una democracia incipiente que ha pasado por décadas de transformación erradicando prácticas autoritarias.

En el Estado de México, el nivel de abstencionismo en la elección de 2015 que es la elección equivalente a 2021 fue del 49.48%.

Otro dato relevante del proceso electoral 2017-2018 es la existencia de 48 municipios que representan el 38.4% en donde se identificó que requieren de atención especial a través de estrategias diferenciadas para fortalecer la participación electoral de sus habitantes.

Actores políticos, organismos electorales e instituciones jurisdiccionales tenemos un gran compromiso que es fomentar a través del mayor número de medios posibles la importancia que tiene votar, ejercer este derecho como parte del involucramiento de la ciudadanía en lo público y como un verdadero contrapeso a la autoridad.

El próximo 06 de junio es importante que toda la ciudadanía mexiquense acuda a las urnas y exprese su voluntad, hay protocolos de salud que garantizan que el acudir a las casillas electorales será seguro y confiable.

¡Participemos!